Las escuelas públicas cobran como colegios

1/09/2015 – Reynosa.- Con el pretexto de que la infraestructura que ofrecen tales planteles es de primera calidad, los directivos, muchas veces amafiados con las sociedades de padres de familia, establecen elevadas cuotas de inscripción.

Las cuotas
Si bien en teoría dichas cuotas son voluntarias, en la práctica son instrumentos que condicionan la inscripción de los niños y representan una violación flagrante al artículo Tercero de la Constitución. En un afán por funcionar como un exclusivo colegio particular, escuelas como la Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el boulevard Del Maestro con Fuente de Diana, establecen férreas medidas de disciplina, se ve siempre limpia y cada padre de familia debe pagar una cuota de inscripción, más algunas otras aportaciones en el transcurso del año. La Carrillo Puerto es un modelo para las demás escuelas primarias de Reynosa. La prueba es que se trata de una de las instituciones con mayor demanda de inscripciones, y cada año se quedan fuera cientos de escolapios por falta de cupo. Pero mientras en algunas todo parece funcionar correctamente porque se ubican en sectores cuyo nivel socioeconómico es medio alto y alto, gracias a que los padres pagan las cuotas de inscripción con gusto, en otras escuelas la situación es muy diferente.

Conflictos
En colonias como la Arco Iris, la Jacinto López, Rancho Grande, o en fraccionamientos como La Joya, Balcones de Alcalá y Rincón de las Flores, donde la mayoría de las familias tiene un nivel socioeconómico de medio para abajo, es frecuente que trasciendan los casos particulares donde un niño no es admitido al siguiente ciclo escolar porque su padre no tuvo el dinero para pagar la cuota. En el 2011, luego de incontables conflictos en todo el Estado donde los directores y mesas directivas de padres rechazaron a los niños que acudían con sus progenitores a inscribirse sin dinero para pagar la cuota, el Congreso del Estado de Tamaulipas recibió algunas iniciativas para reglamentar dichas aportaciones y hacer valer los preceptos constitucionales acerca de que todo mexicano tiene derecho a la educación gratuita que imparte el Estado. El Congreso de Tamaulipas recibió una iniciativa de ley para tipificar como abuso de autoridad la exigencia de cuotas escolares, con sanción de entre dos y nueve años de prisión para el funcionario educativo que se rehúse a aceptar a un niño en las escuelas porque sus padres no pagaron la cuota escolar.

Situación
Ni la Constitución, ni los argumentos ni los amparos han hecho mella en muchos directores escolares o mesas directivas de padres de familia para que no condicionen la inscripción al pago de cuotas. Es común que las mesas directivas de padres de familia realicen reuniones. Es más común que los directores, metidos en su papel de máxima autoridad de la escuela, influyan para que personas de su confianza formen parte de dichas directivas. De eso dependerá, en buena medida, que se establezcan cuotas «voluntarias» a su gusto, suficientes para cubrir las necesidades del plantel, como la compra de agua purificada, papel higiénico y materiales educativos. El 22 de enero de 2015, el jefe del Centro Regional de Desarrollo de la Educación, Antonio Caballero Galván, sostenía que las cuotas escolares o de preinscripción son acuerdos de los padres de familia, así que la secretaría no interviene. Los directores no deben intervenir porque es claro el reglamento y no debe afectar al menor.

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