Header_728x90 GPT Adslot5
El jueves 13 la propuesta legislativa fue aprobada prácticamente como la envió la Presidencia: se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se fomenta la libre sindicalización, se da un paso para abolir los sindicatos blancos y se regulan los llamados contratos de protección.
21/10/2016 – CIUDAD DE MEXICO.- El gobierno de Enrique Peña Nieto doblegó a los sindicatos charros, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al exsecretario del Trabajo Javier Lozano, que buscaban modificar la iniciativa de reforma laboral que el propio jefe del Poder Ejecutivo presentó.
Así, el jueves 13 la propuesta legislativa fue aprobada prácticamente como la envió la Presidencia: se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se fomenta la libre sindicalización, se da un paso para abolir los sindicatos blancos y se regulan los llamados contratos de protección.
Esos logros, sin embargo, no son una concesión gubernamental a los trabajadores, sino producto de la presión internacional derivada del Acuerdo de Comercio Transpacífico, firmado el 4 de febrero pasado en Nueva Zelanda. Tampoco, dicen sus críticos, son una panacea.
El Congreso del Trabajo (CT), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) nunca estuvieron de acuerdo con la iniciativa presidencial.
Iniciativa
A principios de mes, Peña Nieto envió la iniciativa al Senado. Fue celebrada por los sindicatos llamados independientes. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados Unidos y no por la histórica exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos desde hace décadas.
Por primera vez en lo que va del sexenio –y debido a esta iniciativa– el sindicalismo “charro” (sometido al poder en turno) se manifestó contra el gobierno. A principios de octubre, el CT envió una carta a Peña Nieto para expresarle su rechazo a la propuesta. Argumentó que el marco jurídico prevaleciente “ha llevado una marcada paz laboral” (Proceso 2083).
La “chicanada”
En la sesión del miércoles 5, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos elaboraron un acuerdo para reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución.
Las cámaras empresariales tuvieron un papel importante en este debate. Estaban divididas. Algunos empresarios apoyaban la reforma, pero otros querían mantener los contratos de protección, que son aquellos firmados opacamente con sindicatos registrados pero sin afiliados. Esto permite imponer condiciones abusivas y opacas a los trabajadores reales.
Avanzada la negociación, el presidente de la Coparmex, Lorenzo Roel, abogó por este tipo de contratos e hizo causa común con el senador panista Javier Lozano, secretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón.
En esa sesión –que duró varias horas– se realizaron cambios de redacción a las fracciones 18 y 22 del artículo 123 constitucional, que atañían a la contratación colectiva y el derecho a huelga. Respecto de este último se agregaron requisitos para emplazarla, pero que sólo afectaban a los trabajadores y no a los patrones.
Las propuestas fueron consensuadas entre Roel, Lozano y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actual, Alfonso Navarrete Prida. El encargado de la política laboral del país fue convencido y ordenó a los senadores priistas de las comisiones unidas apoyar esa nueva versión. “Sorprendieron a todo el mundo, pero por consigna votaron a favor los del PAN y los del PRI”, indicó un funcionario presente.
Pese a ello, los panistas se molestaron con Lozano, pues consideran que actuó a espaldas de la fracción para defender sus intereses con las cámaras patronales.
Un día después, el jueves 6, Lozano y Roel fueron a la STPS a presionar a Navarrete Prida para mantener el acuerdo cuando se votara en el pleno senatorial.
Doblegaron a los charros
A fin de cuentas la “fracción Lozano” no pasó. El abogado laboralista Arturo Alcalde explica en entrevista que fue un gran logro quitarla: “Una cosa que ayudó mucho fue la posición de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del PRD, que votaron en contra, y el gobierno quería sacar la reforma en consenso. ¿Por qué? Porque el sindicalismo independiente es el que tiene más relaciones en el extranjero”.
Al final, las centrales de trabajadores cercanas al poder dieron la última batalla, pero ya no en contra de la fracción 18, sino de la fracción 22 del 123 constitucional.
La propuesta que los senadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) plantearon durante toda la semana –y hasta el jueves 13– fue que el voto libre y secreto de los trabajadores en los sindicatos estuviera condicionado y acotado por los estatutos. Lograron cambios, pero nada de calado. La redacción quedó así: “La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos entre sindicatos”.
“Los ‘charros’ dijeron: ‘Ya no nos importa la reforma, lo que nos importa es nuestra sobrevivencia en el poder’. Y dan la última batalla y terminan con una victoria muy vana, muy superflua. Porque nada más les dieron una redacción donde dice que el procedimiento de elección será por sus estatutos”, añade Alcalde.
Por su parte, el sindicalismo independiente quería tres cosas: la conversión de las juntas de Conciliación a tribunales; que los trabajadores fueran consultados a la hora de redactar los contratos colectivos y que hubiera voto secreto en las elecciones gremiales, los conflictos intersindicales y a la hora de optar o no por la contratación colectiva.
“Y se cumplieron sus reclamos. Las autoridades estaban atrapadas por el condicionamiento internacional”, abunda Alcalde.
En la sesión del jueves 13, el senador priista Enrique Burgos presentó el dictamen final, que se terminó aprobando por 98 votos a favor, de un total de 128 legisladores.
El perredista Luis Miguel Barbosa Huerta registró que no fue fácil alcanzar los consensos. “Se tuvieron que estar defendiendo derechos laborales que han sido parte de toda la historia jurídica laboral. Hubo quien intentó eliminar la fracción 21 del 123 constitucional, y afortunadamente hubo la altura de miras para reconocer que debería de preservarse. Se intentó alterar la fracción 18, y con eso el derecho de huelga, y afortunadamente se alcanzó el consenso para dejarla intacta, haciéndole sólo un segundo párrafo en el que todos coincidimos. Y, finalmente, se incorporó la fracción 22 Bis, que coloca al voto personal, libre y secreto como un nuevo derecho laboral en la Constitución”.
En contraparte y antes de la votación, el senador de Nueva Alianza Manuel Cárdenas Fonseca explicó que transformar las juntas en tribunales significa crear más burocracia en el Poder Judicial, que de suyo ofrece caminos tortuosos y propensos a la corrupción. “Pero así lo quieren los líderes laborales, (así que) retiro la reserva que tenía sobre el dictamen”, indicó y votó a favor.
El priista Isaías González Cuevas, dirigente también de la CROC, resaltó que apoyaron la iniciativa presidencial porque entienden que se necesitaban cambios: “Estamos de acuerdo, también, en responder a los compromisos internacionales firmados por nuestro país, y los que están en proceso de ratificación, como el Convenio 98 de la OIT”.
En entrevista, el senador Armando Neyra (PRI) confirma que esta reforma responde a las adecuaciones requeridas por el Acuerdo Transpacífico. “Por el momento que vivimos, por el mundo globalizado, es histórica esta reforma porque van a venir bastantes empleos bien pagados. Y los trabajadores van a tener la oportunidad de nombrar a sus dirigentes y conocer sus contratos colectivos”.
Así, subraya, desaparecerán los despachos de abogados que negocian los contratos de protección con los empresarios. “Esto va a motivar que aquellos trabajadores que laboren en compañías con contratos de protección ocultos se puedan organizar sindicalmente o buscar sindicatos serios”.
«Jaloneos»
Destaca que en la CTM hubo muchos “jaloneos” para aprobarla, pero a fin de cuentas la reforma fue avalada por las siete fracciones parlamentarias.
En el texto aprobado, además, se conservó la referencia a “laudos” en el artículo 107 constitucional, que en la práctica permite mantener la figura de amparo directo e indirecto.
Para el senador del PT Manuel Bartlett se trata de una modificación legal que tendrá que demostrar su valor. “Será histórica cuando aplique la justicia laboral”, resume en entrevista. “La reforma está muy influida por una corriente internacional. Ahora lo importante es que se maneje bien ese concepto de representación, no vaya a ser que equivalga a lo mismo”.
Detalla que hay un régimen transitorio para crear los tribunales de lo laboral. “Va a requerir tiempo que el Poder Judicial se prepare, porque no es tan independiente como se dice, está dominado por intereses. No tenemos una justicia para aplaudir. Entonces, si pasa lo laboral de un lado a otro, ¿va a haber una justicia pronta, expedita, equitativa? No sabemos”.
Agencias
