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Las declaraciones de los funcionarios públicos que acudieron a Washington muestran que se busca preservar las posiciones originales del gobierno mexicano: realizar un nuevo peritaje sobre la presunta cremación de los cuerpos en el basurero de Cocula; mantener la investigación en manos de la misma Procuraduría General de la República (PGR) –cambiarla de una subprocuraduría a otra es una medida cosmética–; y evitar que los militares sean entrevistados por el GIEI.
29/10/2015 – MEXICO, DF.- El gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lograron 10 puntos de acuerdo los cuales, de aplicarse a cabalidad, podrían modificar radicalmente la investigación sobre los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios públicos que acudieron a Washington muestran que se busca preservar las posiciones originales del gobierno mexicano: realizar un nuevo peritaje sobre la presunta cremación de los cuerpos en el basurero de Cocula; mantener la investigación en manos de la misma Procuraduría General de la República (PGR) –cambiarla de una subprocuraduría a otra es una medida cosmética–; y evitar que los militares sean entrevistados por el GIEI.
La PGR, sin importar el cambio de su titular, persiste en su pretensión de culpar de los hechos a las policías municipales de Iguala y Cocula y deslindar de cualquier responsabilidad a las fuerzas federales (Policía Federal, Ministerial Federal y Ejército).
El informe
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostiene que “el informe es coincidente con la investigación que hizo el Ministerio Público, ya que los perpetradores de estos hechos son corporaciones policiacas de Iguala, Cocula y los expertos apuntan a la responsabilidad del gobierno municipal de Iguala…”
Sin embargo Campa ignora las recomendaciones 8 y 9 del informe del GIEI que solicitan: “Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”; e “investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias.”
El informe, en la página 325, señala explícitamente: “Los escenarios de violencia de esa noche muestran un panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no sólo por el hecho de que se trataba de policía municipal, sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas.”
En la 318 destaca: “Además de la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia, de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del Ejército, de la Policía Federal y ministerial en distintos momentos.”
El documento señala además que hay dos momentos en que no hay comunicaciones en el C-4 y que un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo señala “que no tiene acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche, porque la comunicación está intervenida por Sedena.”
Hoy incluso se sabe (Proceso 2033) que tanto el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como el entonces procurador, Iñaky Blanco, hablaron directamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y solicitaron el apoyo del Ejército y la Policía Federal, mismos que les fueron negados.
Responsabilidades
Efectivamente, como señala Campa, hasta el momento en la investigación del GIEI no hay “absolutamente ningún elemento o evidencia que haga suponer la participación de miembros de las Fuerzas Armadas”, pero sí hay muchos elementos que obligan a seguir las dos recomendaciones del GIEI ya citados, pues sus responsabilidades pueden ser por omisión, al no proteger a los normalistas; como por haber brindado protección a los actores directos de la desaparición forzada.
Contrario a lo que señala Campa hay muchos cabos sueltos en la investigación de la PGR y muchos de éstos ya fueron claramente señalados en el informe del grupo de expertos. Las diferencias entre las investigaciones no se limitan a si fueron o no cremados en el basurero de Cocula.
Dentro de estos 10 puntos de acuerdo hay cuatro que pueden modificar radicalmente el rumbo de la investigación o convertirse en fuente de conflicto entre la PGR y el GIEI, ya que obligan a la Procuraduría a someterse a los lineamientos de los expertos: el 3 que señala que el nuevo equipo de trabajo se conformará con gente “de confianza de la Procuraduría General de la República (PGR) y del GIEI”; el 5, que compromete que “las autoridades mexicanas deberán de trabajar de manera conjunta con el GIEI, informando las diligencias a realizar y líneas de investigación”; el 7, que obliga a formalizar reuniones entre el GIEI y el nuevo equipo de trabajo; y el 8, que indica: “El grupo de expertos proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación.”
De cumplirse estos cuatro puntos el cambio de subprocuraduría responsable de la investigación sería más que cosmético, pero hasta hoy todo indica que la PGR está más empeñada en preservar “la verdad histórica” para deslindar a las fuerzas federales de cualquier responsabilidad, a pesar de que cada día surgen más evidencias de que en el mejor de los casos fueron negligentes, pues tuvieron la información de lo que ocurría el 26 de septiembre del 2014 con toda oportunidad y no hicieron nada para evitarlo.
Así que el forcejeo entre los organismos internacionales y el gobierno federal se prolongará, por lo menos durante los siguientes seis meses, en los cuales el grupo de expertos continuará su labor en el país.
Jeús Cantú / Proceso
