La deuda de los estados se pasa al erario público

México. (Agencias). Los senadores del PRI, apoyados por PAN, PRD y PVEM, aprobaron con 85 votos a favor y tres en contra, una reforma en materia de endeudamiento de estados y municipios que hará borrón y cuenta nueva a los créditos solicitados por gobernadores y presidentes municipales.

Deuda pública

Los cambios aprobados en el Senado de la República eximen a los ex gobernadores a rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado a la sociedad, por lo que los ciudadanos de todo el país serán los directamente responsables de pagar los 489 mil 693.4 millones de pesos que, hasta el cierre de junio pasado, sumaba la deuda de estados y municipios, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5 por ciento en relación a junio del año pasado (443 mil 38.9 millones de pesos). Esto significa que las obligaciones financieras de los estados y los municipios del país representó 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, porcentaje ligeramente menor al 3.1 por ciento que se reportó en diciembre de 2013, pero superior al 2.8 por ciento de junio del año previo

 

Deudas de estados

Las entidades más endeudadas hasta junio de 2014 fueron el Distrito Federal, con 61 mil 402.8 millones de pesos; Nuevo León, con 58 mil 443.9 millones de pesos; Chihuahua, con 41 mil 603.1 millones de pesos; Veracruz, con 40 mil 767.4 millones de pesos, y el Estado de México, con 39 mil 124.1 millones de pesos. Estas cinco entidades federativas sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, monto que representa el 49.28 por ciento del total de la deuda local al cierre del primer semestre de 2014, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda. Como proporción del PIB por entidad federativa, los estados más endeudados son: Chihuahua, con 9.0 por ciento; Quintana Roo, con 7.5 por ciento; Chiapas, con 6.8 por ciento; Coahuila con 6.5 por ciento, y Nayarit con 5.8 por ciento.

Deudas multimillonarias

Han pasado 18 meses desde que la Cámara de Diputados aprobó la primera reforma constitucional que pretendía controlar el endeudamiento excesivo y descontrolado de gobernadores y presidentes municipales, quienes heredaron a sus ciudadanos deudas públicas por miles de millones de pesos. Son deudas que los contribuyentes, sus hijos y en algunos casos, hasta sus nietos habrán de pagar. Era un tiempo en que estaba reciente en la memoria colectiva casos como el del priista Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, que dejó una deuda aproximada de 33 mil millones de pesos; o el del también priista Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco, que superó los 23 mil millones de pesos. Hace 18 meses, el Senado se concentró en sus comisiones a enmendar lo que consideraron algunos vacíos que habían

dejado los diputados; por ejemplo, eliminaron la propuesta para crear una comisión bicameral (una comisión integrada por diputados y senadores) a nivel federal que revise y apruebe el endeudamiento de un estado, previo a que se consumara su contratación.

 

Aprobación

En la última sesión del Senado de la República del 2014, los legisladores aprobaron, por fin, la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas. Sin embargo, a decir de algunos legisladores de oposición, el resultado final quedó muy lejos del propósito original de atar las manos de los gobernadores para evitar que endeuden más a sus ciudadanos. Por el contrario, lo que se aprobó fue un cúmulo de reformas que dotan de mayor control a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no inhibe la contratación excesiva de deuda y tampoco obliga a los ex gobernadores a rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado a los ciudadanos. La reforma fue avalada con el voto afirmativo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), con el argumento de que detendrá el endeudamiento sin control de estados y municipios.

 

Peligros de la nueva ley

A decir del Senador perredista, Mario Delgado Carrillo, uno de los tres que votaron en contra del dictamen, la reforma aprobada es un contrasentido de lo que se esperaba para regular los contratos de deuda ilegales. De caminar la reforma constitucional, se modificaría el artículo 73 fracción octava que contiene un candado para limitar la contratación de deuda pública: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, en otras palabras se autoriza a los Ejecutivos a contratar deuda sólo para proyectos de inversión.

 

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