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Hermosillo,28/12/15.- Autoridades judiciales de nivel federal y estatal, además de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, investigan a familiares y colaboradores cercanos al exmandatario panista Guillermo Padrés Elías; principalmente al hermano menor de nombre Miguel, de quien el propio exgobernador de Sonora se refería como “el más rico de la familia”.
La semana pasada, Periódico Excélsior dio a conocer la declaración ministerial del veterinario Luis Arístides López Moreno, quien al momento de ser arrestado por agentes de la Policía Estatal Investigadora, confesó que trabajaba como administrador del rancho El Pozo Nuevo, bajo las ordenes de los hermanos Guillermo y Miguel, para quienes había transportado y escondido entre cinco a seis hieleras con alrededor de 35 millones de pesos en efectivo, dinero que supuestamente fue robado del erario público durante el sexenio 2009-2015.
A raíz de esta detención, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) inició una investigación en contra de los hermanos Padrés Elías por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, el cual está sancionado por el artículo 329 del Código Penal en Sonora, que establece una penalidad de cinco a 15 años de prisión, más otra mitad de sentencia en caso de que el inculpado sea un servidor público, además que al ser considerado como un delito grave no alcanzarían fianza.
Como parte de las pesquisas, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y peritos de la fiscalía catearon al menos 10 lujosas propiedades del ex mandatario y colaboradores cercanos, incluyendo la mansión de su cuñado de nombre José Dagnino Acuña, ubicada en el exclusivo residencial Los Lagos, donde se encontraron varias armas de uso exclusivo del ejército por lo que se dio vista a la Procuraduría General de la República para que investigue este delito considerado como grave y del fuero federal.
Por su parte, el pasado mes de septiembre, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, atrajo la indagación por sustracción y tráfico de bebés recién nacidos que involucra a 40 ex funcionarios de la administración de Guillermo Padrés, incluyendo a su esposa la ex primera dama y ex presidenta del Sistema DIF Estatal, Iveth Dagnino de Padrés, quien está en calidad de indiciada como parte del proceso penal, según reveló Juan Manuel Estrada representante ciudadano en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Por si todo esto fuera poco, a principios del 2015 el diario estadounidense The Wall Street Journal, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, estaba investigando a Miguel Padrés Elías; además que funcionarios del Departamento de Justicia en los Estados Unidos se habían reunido para intercambiar información del caso contra la familia Padrés, de acuerdo a bitácoras de acuerdos binacionales en materia de combate al lavado de dinero, en las que habían participado la PGR, la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro en la Unión Americana.
Para conocer los avances de esta investigación y el expediente que integra la PGR en su contra, el hermano del exgobernador de Sonora habría promovido un juicio de amparo para conocer los detalles de la averiguación previa identificada con el número de expediente AP/GPR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/15; dicho recurso fue interpuesto por su defensa ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, considerando que la fiscalía en Sonora está violentando su derecho de petición a una defensa adecuada.
Cabe recordar que en el mes de marzo, Guillermo Padrés Elías presentó junto a sus hermanos la declaración patrimonial de la familia, fue justamente en esa rueda de prensa donde el ex gobernador de Sonora se refirió a su hermano Miguel como “el más rico de la familia”; acto seguido, la dirigencia del PRI en el Estado hizo notar que la fortuna familiar del ex mandatario panista había crecido en un nueve mil por ciento durante el sexenio, para pasar de dos millones 700 mil pesos en 2008, un año antes de asumir la administración, a 261 millones de pesos en 2015.
Excélsior/El Bravo
