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12/10/2018 – Dallas/Agencias.- Armando Rivera, un indocumentado, perdió su empleo en una fábrica en una redada de Inmigración. Sus hijos son estadounidenses y tienen derecho a asistencia en comida y salud de programas federales, pero no los ha inscrito en ellos.
Expediente perfecto
María de Jesús Fuerte quiere ser residente permanente; por eso está prescindiendo de subsidios públicos como cobertura de salud para su hijo, quien es estadounidense. Fuerte dice que su expediente tiene que ser “perfecto”. Una estudiante de 20 años no buscó atención médica varios días después de que fue violada. Dice que corre el riesgo de ser deportada por su condición de indocumentada. Los tres dicen que tienen miedo de lo que consideran una campaña del presidente Donald Trump para hacerle la vida difícil a los inmigrantes. Y muy pronto su vida podría volverse aún más difícil.
Cambio
El gobierno federal propuso un cambio de reglas que, dice, garantizará que los futuros inmigrantes y quienes quieran ajustar su condición migratoria sean autosuficientes. Las nuevas reglas cambiarían la forma en que los inmigrantes son catalogados como “carga pública”, es decir, dependientes de servicios sociales federales. Esa designación reduciría la posibilidad de que los inmigrantes se legalicen si han recurrido o es posible que recurran a esos servicios.
Posible carga pública
También podrían ser designados como “posible carga pública” en el futuro en base a indicadores como ingreso, tamaño de familia y si hablan inglés o no. Aún faltarían meses para implementar las reglas y se esperan impugnaciones en corte. Pero activistas de inmigración y analistas dicen que el nuevo código pondría en peligro la salud de muchos inmigrantes de bajos ingresos y sus hijos nacidos en Estados Unidos. Los inmigrantes por su parte dicen que están renunciando a los servicios sociales por miedo. Pero ese miedo no es nuevo, afirman, y la propuesta de cambiar las reglas de «carga pública» se siente como un ataque más a la comunidad inmigrante.
Instrucción de 1999
La actual definición de “carga pública” se remonta a una instrucción ejecutiva de 1999. La orden decía que un inmigrante será considerado una «carga pública» si se ha vuelto dependiente de ciertos subsidios públicos. Anteriormente, recurrir a programas como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (SNAP), Medicare y Medicaid generalmente no implicaba que un inmigrante fuera catalogado como “carga pública” a menos de que obtuvieran más del 50% de su ingreso de esos subsidios y los utilizara para atención médica prolongada. Los políticos de línea dura en inmigración dicen que “ya era hora” que actualizaran la definición de «carga pública».
Cultura
En Dallas-Area Interfaith, una coalición de iglesias y organizaciones no lucrativas, las organizadoras Josephine López-Paul y Socorro Perales dicen que casi a diario reciben llamadas de personas que preguntan sobre la propuesta de cambios. “Es una pieza más en fomentar una cultura de miedo”, dijo López-Paul.
