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3/10/2017 – México.- El jurista y académico Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que las propuestas que han hecho los partidos políticos para renunciar a los recursos públicos que se les asignan con fines electorales y destinarlos a la reconstrucción tras los terremotos de septiembre, son inconstitucionales.
En su ponencia al participar en la conferencia magistral «¿Es posible hacer vida democrática sin dinero?», ofrecida en el IIJ de la UNAM, detalló que ante los planteamientos partidistas «los márgenes de ilegalidad son amplios».
El constitucionalista explicó que en caso de que los recursos públicos que hoy manejan terminen aplicándose a objetivos no electorales, los partidos políticos serán merecedores de una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
«El INE tendrá que rechazar todas las justificaciones de gastos y tendrá que responsabilizarlos por desvío de los recursos», expuso.
«Son recursos públicos y tienen que rendir cuenta pública, como cualquier institución», agregó.
Además advirtió que destinar cualquier cantidad de recursos con fines electorales para financiar cualquier otra actividad puede vulnerar el principio de equidad en la contienda del proceso que ya comenzó y que culminará con la elección presidencial de 2018.
«Habría muchos argumentos para la anulación de la elección si se diera el caso de que solo algunos partidos renunciaran a sus recursos y los otros no, por lo que se entraría en un periodo de incertidumbre», dijo.
Valadés también criticó la propuesta de que los partidos políticos dejen de recibir 100 por ciento de los recursos públicos, pues afirmó que con eso dejarían de ser entidades de interés público para convertirse en entes de interés privado, a los que las minorías sin dinero no podrían acceder para ser representados, lo que a su vez, podría considerarse discriminación política y violaría otros principios constitucionales.
El ex procurador general de la República calculó que si se destinara la totalidad de los recursos etiquetados para el proceso electoral 2018, que sería de más de 6 mil millones de pesos, no alcanzaría para hacer frente a un desafío de reconstrucción y rehabilitación calculado en 40 mil millones de pesos.
«Que una organización política diga que puede ir a campaña electoral con cero recursos y sin personal es una falta de seriedad», aseguró.
Agregó que el recorte que hagan los partidos a su presupuesto podría también violar la normatividad laboral al usar recursos destinados al pago de nómina de sus trabajadores.
«No hay lugar para pactos»
Diego Valadés explicó que aunque los partidos políticos sí pueden renunciar a sus prerrogativas, no está permitido que éstos acuerden con el Poder Ejecutivo qué uso se les va a dar a los recursos no ejercidos.
«Lo que no se puede plantear es que la Tesorería de la Federación convenga con los partidos el cambio de destino de partidas establecidas por la Cámara de Diputados. Hay un principio general en el cual el cumplimiento de la ley no está sujeto a pactos. Los recursos que se revierten a la Tesorería por no utilización por parte de los entes que los tenían presupuestados, no queda sujeto a que esos entes determinen su destino», dijo.
Se le preguntó si las propuestas fueron demagógicas ante la tragedia por los terremotos, a lo que Valadés dijo que, sin calificarlos, «cualquier acto que no corresponda a lo que la Constitución dice es pura y simplemente inconstitucional».
El académico se pronunció por mantener la prioridad del financiamiento público, con un menor monto del actual, sobre el privado, pues dijo que renunciar a 100% del financiamiento público abriría la puerta a un régimen plutocrático, lo que implicaría que los partidos políticos dejaran de ser instituciones de interés público y que sobre ellos decidieran los grandes grupos de interés que los financiarían.
Esto, además implicaría un riesgo de excluir a las minorías en el país, quienes por no contar con recursos económicos, quedarían fuera de poder aportar a los partidos políticos para que los representen.
El PRD, sin definir su plan de austeridad para apoyar a víctimas
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD no había llegado hasta el cierre de esta edición a algún acuerdo respecto del plan de austeridad que propuso la dirigencia nacional para el apoyo a damnificados del sismo del 19 de septiembre, y con el cual se esperaba recaudar 25 millones de pesos, en primera etapa, debido a que su presidenta, Alejandra Barrales, reveló los detalles ante los medios antes que al propio CEN.
Hasta la media noche, la 34 sesión ordinaria de dicho comité continuaba su curso, pues de acuerdo con algunos de sus integrantes, «no fue la forma en la que se debía de conducir la presidenta del partido».
Además, comentaron que uno de los temas en los que «está atorado el debate» es en lo que se refiere al recorte de más de 60 por ciento de los trabajadores.
«Aunque no se trata de personal sindicalizado, quienes laboran por honorarios perderían sus ingresos y eso como partido no lo podemos permitir, pues son familias que dependen del trabajador».
Expusieron que hay otros rubros en los que se puede ahorrar sin dañar a terceros.
Agencias
