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Ciudad de México, 26/03/18.- El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) debe ordenar a la Fiscalía de Veracruz que entregue una versión pública en la cual se den a conocer los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en las fosas clandestinas del predio Colinas de Santa Fe, en la mencionada entidad, determinó un juez federal.
En la sentencia, se establece que el solo hecho de que la información se encuentre inmersa en una investigación ministerial no demuestra que su difusión impida u obstruya las funciones que ejerce el Ministerio Público durante la investigación o en ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó un amparo a una quejosa que reclamó porque el INAI no requirió la información a la Fiscalía veracruzana.
El juzgador consideró que no se acreditó que la divulgación de la información numérica y estadística solicitada representa un riesgo real de perjuicio al interés público, toda vez que la publicación de esos datos se desvincula de las personas y objetos de los cuales deriva, además de que no se revelarán los nombres de los servidores públicos relacionados con la persecución del delito y no se entregará información sobre las líneas de investigación o que permita identificar a las víctimas y a los responsables.
En el fallo se subraya que si bien es cierto que existe un interés público en la protección de la actividad persecutora de delitos, debe prevalecer la trascendencia social del fenómeno del descubrimiento de fosas clandestinas.
Por esa razón, se estimó que es necesario poner en contexto el origen de la información solicitada y la importancia de conocer cifras y estadísticas que permitan a la sociedad civil, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos conocer la dimensión del problema, realizar los análisis correspondientes para diagnosticarlo y solucionarlo y abonar a la transparencia sobre este fenómeno.
El juez mencionó que la reserva de absolutamente toda la información derivada de la investigación no es proporcional para proteger los intereses en conflicto ni es la opción que restringe en menor manera el derecho de acceso a la información.
La elaboración de una versión pública, en la cual se den a conocer los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en el predio, que no revelen las líneas de investigación ni información para identificar a las víctimas o los responsables de la comisión de ilícitos, no representa un riesgo real de perjuicio al interés público, concluyó el juez.
Agencias
