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3/12/2015 – México.- La Procuraduría General de la República (PGR) gastó 12 millones 913 mil 797 pesos en el contexto de la investigación del caso Iguala, entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, según un informe obtenido por MILENIO vía transparencia.
El gobierno federal pagó en este periodo 16 mil 830 euros al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se realizaron análisis de restos óseos para determinar si pertenecen a normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Este monto fue equivalente a 308 mil 236 pesos de acuerdo con el tipo de cambio que estaba vigente, informó la PGR mediante el oficio SJAI/DGAJ/14812/2015.
La unidad administrativa de la institución dio a conocer que de octubre de 2014 a septiembre de 2015 se otorgaron recursos por concepto de viáticos (hospedaje, alimentación y traslado) para las diligencias ministeriales realizadas en la indagatoria de Ayotzinapa.
El gasto ascendió a 3 millones 212 mil 840 pesos, de los cuales un millón 307 mil 365 correspondieron a 2014 y un millón 905 mil 475 a viáticos de 2015.
La PGR señaló que en ese lapso no se generó pago alguno a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para difundir desplegados de prensa con las fotografías, nombres y recompensas que se ofrecen por datos que lleven a la localización de los jóvenes la PGR pagó 9 millones 392 mil 721 pesos.
En una primera etapa, la procuraduría erogó en medios impresos nacionales y de Guerrero un total de 5 millones 128 mil 933 pesos. Mientras que en medios de Guerrero gastó 4 millones 263 mil 788 pesos.
El 21 de octubre de 2015, la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo específico A/087/14 para la localización de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
Se ofrece hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil para ubicar a los 43 normalistas, así como otro millón 500 mil pesos para la detención de cada uno de los probables responsables en este caso.
Los gastos de la indagatoria relacionada con la desaparición de los normalistas fue proporcionada en noviembre pasado, con base en información de la Seido, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor, que entonces eran las unidades administrativas facultadas para ello.
En octubre de 2015, el expediente del caso Iguala pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR que estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.
El 5 de octubre de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (Ueidms), dependiente de la Seido) inició la investigación por “los delitos de delincuencia organizada y los que resulten”, en agravio de los 43 estudiantes, ocurridos el 26 de septiembre de aquel año en Iguala, Guerrero.
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