Gaceta

Raúl Terrazas

01/11/17

Dinero para campañas

Seguro habrá quienes traten de cuestionar en todos los sentidos la determinación del INE sobre los topes máximos de gastos de precampañas y campañas para el proceso eleccionario de 2018, que comenzó el pasado mes de septiembre.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tiene a su cargo el consejero Benito Nacif Hernández, llevó a cabo los cálculos mediante la fórmula prevista en la ley, de acuerdo a las diferentes etapas de la elección, esto es, las precampañas y las campañas.
Para la precandidatura presidencial, los que la busquen tienen un tope máximo de 67 millones y para la campaña, una vez que sean postulados y registrados ante la autoridad electoral, no deben rebasar los 429 millones 633 mil 325 pesos.
Referente a las 300 diputaciones federales, los prospectos no pueden gastar más de 252 mil pesos para ganar la postulación y ya cuando deban hacer campaña, el tope máximo es de un millón 432 mil 111 pesos, de lo cual se infiere que, por candidato en la entidad, cada partido puede invertir en los nueve distritos de la entidad 12 millones 888 mil 999 pesos.
Por cierto, esta última cantidad, es la que los candidatos a senadores pueden invertir en sus campañas políticas, en el entendido de que, el INE hizo ver que la definición del tope máximo se determina por entidad de la República y se basa en la cantidad de distritos.
En Tamaulipas, un millón 432 mil 111 pesos para campaña de diputado, por nueve Distritos Federales Electorales, son los casi 13 millones de pesos y para las precandidaturas es lo mismo, se multiplican los 252 mil pesos que se invierten para la postulación a la diputación federal y se multiplica por los nueve distritos, para que, los que quieren ser senadores, dispongan de dos millones 268 mil pesos.
Las inversiones para campañas, que los partidos pueden hacer en Tamaulipas, representan un costo mediano a nivel nacional, ya que, los casi 13 millones de pesos quedan por debajo de los más de 18 millones que se utilizarán en Chiapas, los más de 28 millones de la Ciudad de México, más de 21 millones de Guanajuato, 28 de Jalisco, también 28 del Estado de México, 17 de Michoacán, 17 de Nuevo León, 21 de Puebla y 28 de Veracruz.
Los que gastarán menos, obvio, corresponden a las entidades con menos distritos, casi tres millones en Baja California Sur, Campeche y Colima, arriba de cuatro millones Aguascalientes, Nayarit y Tlaxcala, poco más de cinco millones, Durango, Quintana Roo y Zacatecas.
Los de entre siete y 10 millones de pesos para la campaña de candidatos a diputados federales de toda la entidad son Morelos, Querétaro, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Los críticos del financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos independientes para que puedan llevar a cabo las acciones proselitistas, dirán que es dinero que puede invertirse en necesidades urgentes de los habitantes del país, pero, tendríamos que subir al tren de las necesidades la democracia, por la sencilla razón de que da estabilidad social a la nación, para que, de esa forma las prerrogativas que significan dinero para las precampañas y las campañas, pueda dimensionarse en positivo.
Subrayar el hecho de que la Legislación Electoral del país considere respaldar a los partidos políticos y establecer con claridad de dónde debe de llegar el dinero para las precampañas y campañas políticas, es una de las grandes virtudes de las leyes electorales, ya que, evita miles de broncas postelectorales.
Ahora bien, la parte punitiva de las leyes, estriba en que, los precandidatos o candidatos que rebasen los topes fijados a inicios de esta semana por el INE, serán sancionados con la cancelación de su registro, la pérdida de la candidatura, con la salvedad de que, los partidos conservarán el derecho de realizar sustituciones de candidatos.
Por otro lado, el INE, definió también el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que pretendan formar coaliciones para las elecciones de presidente de la República, senadurías y diputaciones, por el principio de mayoría relativa
Quedó que tienen de plazo hasta el 14 de diciembre venidero para presentar las solicitudes, basadas en los requisitos y procedimientos, entre los que destaca el hecho de que, sólo podrán celebrar un convenio de coalición, eso sí, que contemple las modalidades básicas o lo que es lo mismo que pueda ser total, parcial o flexible.
Total, se refiere a toda la elección federal, Presidente, los 64 senadores y los 300 diputados federales, en tanto que, parcial es cero o uno en el caso de Presidente, la mitad de las senadurías y la mitad de los diputados federales y flexible se refiere a la cuarta parte en cada tipo de legisladores.

Los otros
Ya que andamos con asuntos de diputados, los del Congreso de Tamaulipas, llegaron con cuchara grande, porque presentaron documentos para leyes, exhortos y puntos de acuerdo.
En el primer caso, se trata de la Ley de Asociaciones Público Privadas en Tamaulipas y la hizo la diputada Georgina Cárdenas y la idea es que sirva para dar certidumbre al sector privado que tiene interés en participar en proyectos de infraestructura, promover la competencia en las licitaciones y mejorar las condiciones de financiamiento para las obras públicas de infraestructura y desde luego fortalecer la economía de las ciudades.
Son puntos que suenan un poco extraños, pero, allí estará el documento para ser analizado y tratar de encontrar el alcance que tiene este tipo de ley.
En el rumbo de los exhortos, el diputado Rogelio Arellano Banda pidió que se pida al Instituto Nacional de Migración y a todas las autoridades, que se coordinen para garantizar el egreso, tránsito y salida de los paisanos que vienen de vacaciones, en tanto que su colega Carlos Morris Torre pidió al Instituto de Infraestructura Educativa que implemente un programa de construcción y reparación de la infraestructura sanitaria de jardines de niños y primarias.
La diputada Amelia García Velazco, pidió que se establezca en el presupuesto 2018 del Estado una partida para mantenimiento de edificios, espacios y monumentos que están registrados en el patrimonio histórico y cultural de Tamaulipas. El asunto de los puntos de acuerdo corrió a cargo de la diputada de Victoria, Teresa Aguilar de Salinas.