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La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la República, aseguró que sí está facultada para implementar un sistema paralelo para el registro de incidencia delictiva, a partir de 2020.
El pasado domingo, el director del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, protestó porque la FGR y el INEGI, así como las 32 fiscalías estatales, hayan acordado, por su propia cuenta, implementar dicho sistema, cuando la atribución constitucional es del CNI.
En respuesta al reclamo, el vocero de la CNPJ y fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, señaló que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano público, colegiado que tiene entre sus facultades la de formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia.
“De igual manera, está facultada para determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos, juicios de amparo y otros procedimientos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que integren las bases de datos que le competen”, apuntó.
Vasconcelos explicó que las instancias de procuración de justicia, reunidas en la Conferencia Nacional, tienen facultades para emitir acuerdos que homologuen, estandaricen y mejoren sus procesos de registro, con el fin de mejorar los estándares de calidad de la información.
“Por esta razón se ha considerado inaplazable establecer un sistema estadístico nacional en materia de procuración de justicia, bajo las más altas reglas de calidad”, detalló.
El pasado 6 de diciembre, en la XLII Asamblea Plenaria de la CNPJ se aprobó por unanimidad la creación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia y su implementación gradual a partir del 1 de enero de 2020.
“Finalmente, es importante señalar que el diseño constitucional y legal del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe concebirse a partir del reconocimiento de la autonomía que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constitucionales locales otorgan a las instituciones de procuración de justicia.
“Por tanto, es necesario que la Ley General del Sistema Nacional se adecúe a esta nueva realidad constitucional, con objeto de respetar dicha autonomía de nuestras constituciones legales, que siempre se han coordinado con todas las instancias necesarias, y así lo seguirán haciendo».
Agencias
