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20/02/19.- La Fiscalía General de la República tiene que entregar copias completas del expediente de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, sin testar, a los familiares de migrantes extranjeros que fueron localizados en ellas, en 2011, asesinados por Los Zetas.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien declaró fundado el recurso de inconformidad promovido por las salvadoreñas Bertila Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño Alvarado.
Las mujeres reclamaron que el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México emitió un acuerdo donde dio por cumplida la sentencia de la Primera Sala dictada en 2016, quien les reconoció el carácter de víctimas, además de que podían tener copia del expediente y demandar la reparación del daño.
Sin embargo, se inconformaron porque el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México interpretó de manera errónea y restrictiva el fallo de la Primera Sala, ya que el juzgador consideró que sólo tenían derecho a recibir copias de las personas que buscaban, es decir de sus familiares, y no de las demás víctimas.
La Procuraduría General de la República se negó en su momento reconocer como víctimas a las dos mujeres, quienes fueron informadas sobre el hallazgo de los restos de Carlos Alberto Osorio (hijo de Bertila) y de Manuel Antonio Realegeño (hermano de Yessenia), en fosas clandestinas. En San Fernando, la PGR documentó el hallazgo de 193 cuerpos.
En marzo de 2016, la Primera Sala de la Corte emitió un fallo histórico porque abrió el camino que deben seguir mexicanos y extranjeros que han perdido a sus familiares en matanzas ocurridas en territorio nacional, ya que en su calidad de víctimas pueden demandar la reparación del daño y tener copia de las averiguaciones previas.
El fallo derivó de un litigio de casi cinco años contra la PGR, que se negaba a reconocer como víctimas a las salvadoreñas, a quienes se les notificó de la muerte de su hijo y hermano.
Con la resolución este miércoles de la Primera Sala, la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero está obligada a dar copia total del expediente que consta de casi 150 tomos.
Parada de Osorio y Realegeño Alvarado son apoyadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
No obstante, al igual que las familias de los 72 migrantes asesinados en 2010, no han recibido el apoyo del Estado Mexicano.
