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Con el arranque de una nueva administración, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, buscará configurar un nuevo delito que permita sancionar el fraude electoral en su concepto más amplio.
“Los fraudes no son actos aislados, se orquestan, son formas de conspiración con un factor central que organiza y que orquesta. Habrá que mejorar mucho la definición sobre los delitos y en especial su penalización”, explicó el fiscal, a la par que anticipó que ya trabajan en una propuesta legislativa.
En entrevista, el fiscal electoral aseguró que el nuevo régimen tiene como bandera fundamental lograr la democracia en México, lo que será un elemento fundamental para que la oficina a su cargo busque el apoyo del gobierno federal exclusivamente para impedir el fraude en los comicios.
Ante este panorama, garantizó que las resoluciones de la fiscalía estarán totalmente apegadas a la ley, acreditando que exista causa suficiente para perseguir a los delincuentes electorales y no en función a la política. “Pero lo tendríamos que probar”.
Ortiz Pinchetti aseguró que las cosas han variado dramáticamente, ya que hasta su llegada la fiscalía se encontraba acotada fuertemente por el gobierno, y si no había voluntad de respetar las reglas democráticas por parte del Estado, era imposible hacer algo.
El mejor ejemplo, dijo, fue el caso de Santiago Nieto, que trató de romper esos límites y que le costó la chamba en una forma muy dura; un tema que aseguró no se reproducirá bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a actuar, no vamos a ser parciales, ni a favor del Presidente ni a favor de ninguno de los partidos. Vamos a ser enteramente rigurosos, efectivamente la elección intermedia es lo más importante y es donde se va a demostrar que ha habido un cambio de régimen”, dijo.
Ante ello, habló sobre la investigación en curso sobre el fideicomiso de Morena, que generó polémica el año pasado por la entrega de recursos a los damnificados del sismo del 19 de septiembre en pleno proceso electoral.
“Han avanzado las investigaciones, pero todavía no hay conclusiones. Para nosotros es apenas un mes, al recibir la fiscalía había avances, pero no los suficientes para cerrar el caso, para ejercer la acción penal. No será el primer ejemplo, pero será uno muy fuerte”, dijo.
Otro de los casos emblemáticos que se mantienen en proceso es el de Odebrecht, en el que el fiscal general declaró voluntad de impulsar la acción penal respecto a delitos que no son de orden necesariamente electoral, aunque en esta materia ya se está revisando a fondo; así como el caso OHL, que habrán de estudiar a fondo.
No obstante, señaló que la base penal con la que debe funcionar la fiscalía es muy endeble y requiere de una modificación. El primer cambio que ya se logró, dijo, es la reforma del artículo 19 que considera como delito grave algunas formas de ilícito electoral; aunque es necesario revisar completamente la ley penal, y en la ley los delitos electorales “son muy endebles”.
En lo inmediato, señaló que para los comicios de Puebla será la fiscalía electoral la que atienda los casos que se presenten; no obstante, confió en que el escenario sea muy distinto al que se presentó el año pasado, cuando se dieron varios incidentes que ensombrecieron la elección.
Aseguró que a pesar de que se habrán de investigar a fondo las denuncias y atender todos los rumores que surjan, consideró que frente a una gran diferencia en las preferencias electorales es probable que se desincentive una comisión de fraude.
“No veo esos elementos característicos del fraude general que se han dado, como se daban en un régimen anterior, pero estamos en guardia y vamos a hacer una investigación en serio”, garantizó.
Agencias
