En Guerrero, rechazan juicio político contra 27 diputados locales

El Pleno del Congreso de Guerrero declaró improcedente la denuncia de juicio político promovida por el diputado federal morenista, Rubén Cayetano García, en contra de 27 diputados locales, entre ellos integrantes de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Comisión Permanente del Congreso.

El 1 de agosto de 2019, el diputado se presentó ante la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso de Guerrero, donde presentó un juicio de responsabilidad en contra de los 27 diputados locales.

La denuncia fue turnada a la Comisión de Examen Previo, que preside el perredista Robell Uriostegui Patiño y que tiene como secretaria a la morenista Nilsan Hilario Mendoza, en la que además fungen como vocales Omar Jalil Flores Majúl del PRI, Servando de Jesús Salgado Guzmán y Erika Valencia Cardona, los dos últimos de Morena.

En el desahogo del procedimiento se excusaron las morenisas Nilsan Hilario y Erika Valencia Cardona, pues al estar dentro de la relación de diputados incorporados a la denuncia, cuidaron no incurrir en conflictos de interés.

El diputado Cayetano García acusó a los integrantes del Congreso de Guerrero de autorizarse 21 días de asueto, cuando la Ley Orgánica establece que la Comisión Permanente tiene la obligación de sesionar por lo menos una vez a la quincena.

Mencionó el periodo de crisis en que entró el Poder Legislativo, cuando en medio del paro laboral de sus trabajadores se convocaron para sesionar en hoteles de cinco estrellas, en el puerto de Acapulco y salones de fiestas de lujo.

“En los hechos, con el comportamiento de los diputados acusados, no sólo se desertó del cargo, si no que se desampararon las funciones del legislativo y se creó un desgobierno que deja la representación popular en desatención e indefensión perjudicial”, dijo el diputado.

Los diputados de Guerrero rechazaron que se haya incurrido en la agravante de abandonar la función para la que fueron electos, también señalan que el actor del juicio no especificó cuál fue la afectación de la función pública que ocasionó.

Agencias