En Concreto

¡Paren esa «carnicería»!

14/04/2018 – ¿Alguien lleva cuenta de la cantidad de bajas que ha provocado en la sociedad civil esta torpe e infructuosa guerra contra la delincuencia organizada en el país?
Nosotros, no.
Y no, porque desconocemos si la “verdad oficial” -es decir, la que conocemos a través de los conductos gubernamentales-, corresponde a la realidad de los hechos.
Y no hablamos de memoria:
El reciente asesinato colectivo de una familia en Nuevo Laredo, masacrada a tiros disparados desde un helicóptero artillado de la Marina Armada de México, cimbró a la sociedad por la barbaridad del hecho.
Y más, porque el destacamento de la SEMAR en Nuevo Laredo negó de inmediato haber hecho los disparos.
Sin embargo…
Sin embargo, una revisión exhaustiva del lugar de los hechos, el vehículo en el que viajaba la familia y la trayectoria de los proyectiles que provocaron la muerte de las víctimas -disparados de arriba hacia abajo- no dejaron ninguna duda de la responsabilidad de los marinos.
Tan deplorable el asesinato de la familia, como la pretendida y frustrada evasión de responsabilidades por parte de los miembros de la Marina involucrados en el hecho.
Y el caso de Reynosa, fue el colmo:
El fuego cruzado entre militares y grupos antisociales, provocó la baja -es decir, la muerte, el asesinato por «balas perdidas»- de seis personas más: tres miembros de una familia, y tres obreros de maquiladora.
Más un estudiante de prepa al que un proyectil le perforó un pulmón y lo mantiene en los bordes de la muerte.
¿Y cuántos sicarios cayeron en esa acción?
Lo ignoramos: la “verdad oficial” parece simplificar los hechos, pero las familias que sufren en carne propia los estragos “colaterales” -como los llamó con frivolidad el ex presidente FELIPE CALDERÓN-, opinan lo contrario, pues las “balas perdidas” que segaron la vida de sus consanguíneos [hayan sido disparadas por militares o miembros de la delincuencia organizada], les transformó radicalmente la vida por el resto de sus años.
¿Alguien sabe quién y cómo indemniza el gobierno federal a las víctimas directas de la violencia que genera esta torpe y fallida guerra contra la delincuencia organizada?
Nosotros, víctimas también directas de la violencia [esta violencia torpe y estúpida], no.
Y no, porque cuando tuvimos necesidad de gestionar una beca escolar para mi nieta, hija de mi hijo desaparecido en una acción delictiva, tuvimos que tocar muchas puertas, pero puertas de los amigos colocados en puestos desde donde se activan los resortes que mueven la obesa maquinaria burocrática.
Otra hija mía salió huyendo de la violencia y se fue a la Ciudad de México, a perseguir su sueño. Aplicó y hoy pisa los peldaños del 5º semestre -¡5 de 8!, va a la mitad de su sueño-, de la licenciatura en Actuación, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, del Instituto Nacional de Bellas Artes…[¡a puro tirón, porque tampoco hay presupuesto para becas, y vamos que es la única mujer tamaulipeca en esa institución, lo cual es muy meritorio para ella].
… Y un empleíto, conseguido casi de limosna para la ex esposa de mi hijo Ángel, madre de mi nieta, hoy de 10 años… casi ocho de ellos en la orfandad.
Mi hijo “desapareció” -hoy le llaman así al casi asesinato que puso en vilo nuestras vidas- 75 días antes de que el casi gobernador priísta RODOLFO TORRE CANTÚ, cayera abatido por las balas asesinas de esa misma delincuencia que desapareció a mi hijo.
… Ya lo dije otra vez.
Pero ni EGIDIO, con sus lágrimas de cocodrilo y las alforjas llenas de dinero, se tocó el corazón para cumplir una disposición emanada desde la institución PROVÍCTIMA, del gobierno del ex presidente FELIPE CALDERÓN, para abrir un espacio laboral para ella.
Se le fue el sexenio y no cumplió su palabra de crear una plaza.
Y desde entonces, andamos como judío errante persiguiendo ese empleo, aunque sea una modesta posición que hay que refrendar bajo contrato cada seis meses.
Es decir: sin derecho de antigüedad, con un salario magro y sin servicios asistenciales, como IMSS, INFONAVIT, etcétera.
Vuelvo al principio:
¿Cuántas bajas ha provocado en la sociedad civil esta torpe e infructuosa guerra contra la delincuencia organizada?
Más aún: ¿Cuál es la situación actual de esas familias, cuyo padre, hijo, madre, hermana, niños, etcétera, cayeron abatidos por las balas de alto calibre del Ejército o las bandas delincuenciales que operan en el país?
¿Sabe alguna institución de gobierno, en alguno de sus tres niveles, cómo le están haciendo estas familias para sobrevivir a su tragedia?
Por último:
¿Vale la pena seguir con esta guerra estúpida, en la que la sociedad civil con sus muertos y desaparecidos, ha quedado harta de asesinatos, balas y bloqueos que desquician la vida comunitaria y afecta gravemente a la familia tocada por el infortunio?
A estas alturas del sexenio -es decir, en vísperas de un cambio, que se intuye ya como una inminente Alternancia-, es oportuno replantear el tema y pedir a partidos y candidatos que expongan con claridad el método que contempla su propuesta de gobierno en el campo de seguridad pública.
¿Quién tiene la mejor propuesta?
LÓPEZ OBRADOR con su idea de dialogar con la delincuencia, o sus contendientes, que proponen seguir con el Ejército en las calles, pero modificando esquemas?
La sociedad está harta ya de tanta violencia, y la idea de «experimentar» con AMLO desde la Presidencia de la República, tienta la sensibilidad ciudadana.
Pero el problema sigue, ahí está en las calles, provocando bajas, secuestros, bloqueos, desaparecidos y robo de vehículos a mano armada.
Es tan grave la situación de inseguridad en el país, que no se vale politizar el tema y sacarle raja, pese a que, por ser la principal demanda social, requiere formalizar Foros de Consulta ciudadana para enriquecer las propuestas y determinar las acciones a seguir.
¿Quién le entra?
A propósito de «polaca», VERÓNICA SALAZAR VÁSQUEZ, candidata a diputada federal por el IV Distrito, realizó un recorrido por las calles de la colonia Los Pinos, en donde tuvo la oportunidad de saludar casa por casa y escuchar de viva voz el sentir de los ciudadanos matamorenses.
En el recorrido, VERITO se encontró con ciudadanos que comparten un descontento hacia las instituciones encargadas de brindar los servicios de atención psicológica y las terapias de rehabilitación.