Emporios construidos a la sombra de la venta de gasolina

11/02/2019 – Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera tiendas de conveniencia– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay en México un club exclusivo de familias que acumularon fortunas con el negocio de la gasolina: estos “zares”, de la mano de gobiernos generalmente priistas, construyeron emporios con decenas de gasolinerías esparcidas en varios estados.
En la revisión de una muestra de 4 mil 793 permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Proceso encontró que varios de estos potentados, que obtuvieron decenas o cientos de permisos durante el sexenio de Peña Nieto, incluso participaron en maniobras fraudulentas que favorecieron a los gobernantes.
Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera tiendas de conveniencia– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo, ese emporio es sospechoso, por lo que, en el marco de la estrategia federal de combate al robo de hidrocarburos, bloqueó las cuentas bancarias de William Karam y lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas junto con otros presuntos lavadores de dinero, según reportó el diario Reforma el 31 de enero.

Amparo
Karam solicitó un amparo el pasado 28 de enero y un juez le otorgó la suspensión provisional dos días después.
En las últimas tres décadas, los Karam Kassab se vincularon con personajes involucrados en maniobras fraudulentas a favor del PRI. Uno fue el exbanquero yucateco Carlos Cabal Peniche. También se asociaron con Moisés Mansur Cysneiros, uno de los operadores de la red de lavado de dinero del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
Los hermanos Issa Tafich también tejieron relaciones en Pemex desde hace décadas. Su tío, Antonio Juan Marcos Issa, fue asesor del priista Rogelio Montemayor Seguy durante los 10 meses en los que éste dirigió la petrolera y juntos operaron los desvíos millonarios de fondos a la campaña del priista Francisco Labastida, en la trama conocida como Pemexgate.
Actualmente, mediante la empresa Energía y Servicios Coordinados, que registraron en diciembre de 2014, Salomón Issa Tafich y sus hermanas controlan 75 gasolinerías, principalmente en Coahuila y Durango, pero también en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz.
En 2016 los poderosos consorcios gasolineros LodemoRed, E.S.G.E.S., CorpoGas, Enerkom e Hidrosina se aliaron para formar la franquicia externa a Pemex llamada La Gas.
E.S.G.E.S. opera 49 gasolinerías en los siete estados del sureste; fue fundada por el empresario Carlos Mouriño Terrazo, hermano del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien falleció en noviembre de 2008 en un accidente aéreo.
La familia Loret de Mola Gómory, dueña del consorcio LodemoRed, posee decenas de gasolinerías en la región y se asoció con los Mouriño en junio de 2007 para crear la empresa Administración de Estaciones del Sureste, que controla cuatro gasolinerías en Campeche y Yucatán.
En la región opera, asimismo, Ricardo Antonio Vega Serrador, vinculado a las redes de desvío del exgobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo, ahora preso. Junto con su socio Anuar Fayad Hassan, Vega encabeza un imperio de al menos 176 gasolinerías en siete estados, principalmente en Quintana Roo (donde tiene 80), el Estado de México (51) y la Ciudad de México (32).
El empresario regiomontano Antonio Espinosa de los Monteros Leal y su familia controlan al menos 48 concesionarias de gasolina, 45 de ellas en Tabasco y las demás en Campeche y Veracruz. Espinosa de los Monteros participó en los saqueos al erario tabasqueño operados durante el sexenio del priista Andrés Granier Melo –ahora en prisión domiciliaria–, al que también rentaba aviones y vehículos blindados. Según la todavía Procuraduría General, el empresario puede haber participado en un fraude de 144 millones de pesos a través de la venta de un predio al gobierno estatal para construir casas destinadas a los damnificados por las inundaciones de 2007.

Sexenio presidencial
En el sector gasolinero también operan los financieros Salvador Oñate Ascencio y su hijo Santiago Oñate Barrón, cuyos negocios crecieron durante el sexenio presidencial de su amigo Vicente Fox. Oñate Ascencio, también presidente de Banco del Bajío y decenas de empresas registradas a su nombre en esa región, opera 51 gasolinerías con la empresa Mega Gasolineras y otras nueve con Servicio El Once, la mayor parte de ellas en Guanajuato, uno de los estados más afectados por el huachicoleo.
En noviembre pasado el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua, acusó al Grupo Soni –de Oñate Barrón y Oñate Ascencio– de operar tomas clandestinas conectadas a los ductos de Pemex. La PGR abrió una carpeta de investigación.
En San Luis Potosí, la familia de Juan Carlos Valladares Eichelmann –enlace del PRI con los empresarios del estado e integrante del jet set– controla 19 gasolinerías; en el norte del país opera Luis Carlos Valencia Rosas, un amigo de López Obrador que tiene 37 gasolinerías. (Con información de corresponsales)

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