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30/03/2016 – Los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa acabarán en abril y no habrá prórroga, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la dependencia, dijo que al grupo de expertos sólo le queda un mes más en el que deberá dar a conocer las conclusiones de su labor sobre los normalistas desaparecidos en Guerrero.
Hasta el momento, no ha habido una línea de investigación diferente a la de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo Osorio Chong en entrevista radiofónica.
El secretario de Gobernación recordó que fueron los propios miembros de ese organismo, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes manifestaron que requerían cuatro meses más para terminar su trabajo.
Sin embargo, en concordancia con organizaciones no gubernamentales y abogados de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, se acordó dar al GIEI no cuatro, sino seis meses más.
El 2 de octubre pasado, se informó que México destinaría dos millones de dólares para financiar la estancia del GIEI.
GIEI no tendrá prórroga, informa Segob
Más que discutir sobre ese tema, se necesitan conclusiones sobre lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa, dice Osorio Chong.
El senador Armando Ríos Piter conminó al gobierno federal a mantener en México a los integrantes del GIEI el tiempo que sea necesario para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Secretario de la Comisión de Gobernación del Senado, planteó que “hay la sensación por parte del grupo y por parte de quienes respaldan al grupo de que incluso se han querido instalar imágenes negativas respecto a varios de sus integrantes, hacerles una suerte de campaña sucia”.
El 7 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en entrevista con Excélsior que el gobierno federal no prorrogará la estancia de los integrantes del GIEI, lo que confirmó ayer la Segob.
Ríos Piter consideró que “es una torpeza por parte del gobierno de la República el no mantener el tiempo que sea necesario a este grupo de expertos, que no solamente están dando luces respecto al asunto de Guerrero, sino que dan luces respecto a una problemática estructural que prevalece en muchos rincones del país, y Veracruz nos lo acaba de volver a enseñar en Papantla”.
La semana pasada, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dijo, durante una visita al Senado, que México no emprende ninguna campaña en contra de los integrantes del GIEI, como han acusado organizaciones sociales.
En abril terminará el periodo otorgado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y no habrá prórroga, declaró ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En entrevista con Radiofórmula, el responsable de la política interior recordó que fueron los propios miembros de ese organismo, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes manifestaron que requerían que se ampliara cuatro meses el periodo para concluir su trabajo.
Por ello, en concordancia con integrantes de organizaciones no gubernamentales y abogados de los familiares de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se acordó en su momento otorgar al GIEI no cuatro sino seis meses más con el objetivo de concluir sus pesquisas.
“Quedó muy claro en el segundo acuerdo, recordemos que fue en dos tiempos, en el que se dijo que necesitaban, no dijeron seis meses, dijeron cuatro meses más y el acuerdo con todas las ONG´s, con el grupo de abogados que ayudaba a los papás de los 43 jóvenes desaparecidos, es que se alargara seis meses más, definitivo y último tiempo”, destacó el funcionario.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) manifestó que todavía les queda un mes y “en lugar de estar discutiendo el plazo necesitamos conclusiones, porque no encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la PGR”.
“Nosotros estamos puestos en el tiempo y seguimos trabajando con ellos dándoles, dentro del marco de nuestras leyes, todas las facilidades y todo lo que han solicitado para seguir adelante en la investigación de este hecho tan lamentable”, declaró.
De esta manera, no habrá otra ampliación al plazo que se les dio a los integrantes del GIEI, sostuvo el secretario de Gobernación, por lo cual consideró que deben aprovechar ese tiempo y acelerar el trabajo realizado.
Los acuerdos
En noviembre de 2014, la Secretaría de Gobernación anunció la firma del Convenio de Asistencia Técnica con la CIDH para coadyuvar en las acciones emprendidas por el gobierno federal para atender el caso de la desaparición de los normalistas.
La dependencia federal señaló que se acordó con los familiares trabajar en la Comisión Mixta de Seguimiento e Información, cuyo propósito fue establecer mecanismos ágiles para proporcionar información a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles.
El acuerdo fue resultado de distintos trabajos realizados por el Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los representantes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en seguimiento a la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014, donde se le pedía al Estado mexicano investigar y reparar el daño por la desaparición de los estudiantes.
El acuerdo se dio en cumplimiento de uno de los diez compromisos alcanzados el 29 de octubre de 2014 entre los beneficiarios de las medidas y el presidente Enrique Peña Nieto, según un comunicado del 12 de noviembre de 2014, signado por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como por la Procuraduría General de la República.
El acuerdo se oficializó días después con la presencia del comisionado James Cavallaro, así como del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
El documento fue suscrito por el embajador Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la OEA; la entonces subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la Procuraduría General de la República (PGR), y la entonces subsecretaria Lía Limón, en nombre de la Secretaría de Gobernación.
Por parte de la CIDH el comisionado James Cavallaro, Relator para México; y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de los beneficiarios de las medidas cautelares.
En octubre pasado, la CIDH anunció que el plazo se extendería al próximo 30 de abril, gracias a un acuerdo alcanzado con el gobierno mexicano y dijo que “con posibilidad de renovar”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó lo que consideró una “campaña de desprestigio” en México contra el grupo de expertos independientes que investigó la matanza y desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014.
En ese contexto, rechazó de forma enérgica una averiguación previa contra su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez.
La CIDH expresó que “rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI”, el grupo internacional que investiga el caso Ayotzinapa.
La averiguación se produjo “tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”, señaló la entidad.
La Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su “consternación” por la denuncia, que consideró “inadmisible”.
De acuerdo con la CIDH, la “contribución financiera voluntaria” del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo con la OEA para investigar la desaparición de los estudiantes “fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas”.
“La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el secretario ejecutivo”, afirmó la organización en un comunicado.
Cabe recordar que se investiga de oficio una denuncia presentada hace algunos días por José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que acusa a Álvarez Icaza de un supuesto fraude cometido contra la Federación con el dinero destinado para el GIEI.
En su alegato, la CIDH recordó que la llegada del grupo de expertos a México fue a petición del propio gobierno mexicano y los representantes de estudiantes.
Asimismo, dijo, la CIDH respalda a Álvarez Icaza porque en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la comisión.
Expresó además su confianza absoluta en la probidad de su secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión.
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