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22/10/2015 – México – El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, aseguró que la responsabilidad de la segunda etapa de la investigación de los hechos de Iguala está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) participará como coadyuvante y tiene un mandato para analizar, evaluar y hacer comentarios a la autoridad, pero “en el caso de intervenir, solamente puede ser a través del Ministerio Público”.
Afirmó que “hay ciertamente un compromiso y estamos empeñados, además, en aprovechar la experiencia y el conocimiento del grupo, pero la responsabilidad de la investigación, de las tareas de búsqueda, de la atención a las víctimas y, naturalmente, de la política pública, que son los cuatro temas convenidos en el informe y en este documento, son responsabilidad de las autoridades competentes en México”.
Entrevistado por Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Campa detalló los alcances del acuerdo firmado el martes por el gobierno mexicano con el GIEI, en el contexto del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, y destacó que entre los compromisos se establece que el GIEI coadyuvará con el Ministerio Público también en el nuevo peritaje que se hará en el basurero de Cocula, donde, de acuerdo con la investigación de la PGR, fueron incinerados los cuerpos de los 43 jóvenes, versión que el informe del grupo de expertos sobre el caso pone en duda.
“Todos los casos, lo que dice el acuerdo es que tiene que ser lo que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia. Entonces, es un esquema de colaboración y de participación, pero quien toma las decisiones es el Ministerio Público y en este caso es la procuraduría”, expresó.
Campa reiteró que los expertos “tienen esta encomienda, esta asistencia técnica, que se deriva del acuerdo firmado con ellos y con los representantes de los familiares, en este caso particular, pues habrán de participar en la elaboración de este nuevo estudio sobre el basurero de Cocula y en una serie de tareas de acompañamiento y de apoyo a lo que habrá de realizar el Ministerio Público”, dijo.
Además fue categórico al afirmar que se dijo a la CIDH, a pregunta expresa del comisionado James Cavallaro, que “solamente hay posibilidad de una diligencia” para que los integrantes del batallón 27 del Ejército con sede en Iguala amplíen sus declaraciones “por conducto del Ministerio Público”.
Aseguró que se trata “simplemente de acatar la ley y el mandato” del GIEI. “Sí pueden acercarse, buscar ampliar la información si es que todavía hay necesidad, pero tiene que ser a través del Ministerio Público”, afirmó.
Campa dijo que a los elementos del Ejército puede interrogarlos “solamente el Ministerio Público; se trata de asuntos que son cruciales en la investigación y por ello en este caso lo que hemos dicho es que debemos sujetarnos estrictamente a lo que manda la ley”, y aclaró que visitar el cuartel en Iguala nunca ha estado en la agenda del GIEI.
El subsecretario dijo que el acuerdo del gobierno con el GIEI incluye la “búsqueda de restos y disponer de tecnologías para identificar cavidades o fosas donde pudiesen estar los jóvenes” .
En tanto, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Omar Betanzos, explicó que el de Iguala no solo es un asunto criminal, sino también hay una violación a derechos humanos y por ello ahora el área a su cargo se encargará de la investigación, en respuesta a la demanda de justicia de los familiares de las víctimas.
Betanzos dijo que el nuevo equipo de trabajo a cargo de las pesquisas no tiene otro propósito que el que se llegue a la verdad, así como mantener cercanía con los familiares de los 43 normalistas.
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