Ejército se va; Estado no les paga

19/05/2018 – TAMAULIPAS.- La salida de más de 2 mil militares que participaban en el operativo especial de combate al crimen en Tamaulipas se debió a un rompimiento en la colaboración entre el gobierno del Estado y el Ejército, afirmaron fuentes oficiales federales y estatales.

Según los informantes, el incumplimiento de pago de la Administración del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca por servicios de seguridad pública y acusaciones estatales de “bajo desempeño” militar en esas tareas, causaron el quiebre.

Mandos militares señalaron ayer que no han recibido desde abril los recursos estatales por el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, por lo que abandonaron los objetivos del acuerdo.

El convenio, que se firmó en el 2011 y se ha renovado anualmente, implica que militares realicen labores especiales, entre ellas funciones de Policía estatal, así como de agentes en 22 de los 43 municipios de Tamaulipas.

Un mando de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, dijo ayer que el Ejército seguirá apoyando al Estado, pero ya no bajo el marco del acuerdo.

“Seguimos en Tamaulipas porque una parte del personal está adscrito a la Octava Zona Militar, a dos guarniciones, una en Nuevo Laredo y otra en Matamoros.

“El personal continuará realizando operaciones de seguridad para aplicar la Ley de Armas y Explosivos y contra el narcotráfico, no propiamente como estábamos (bajo las condiciones del convenio)”, añadió.

Ayer se publicó que 2 mil 466 militares que realizaban labores especiales de seguridad salieron de Tamaulipas desde mediados de marzo, pese a que debían ser retirados hasta diciembre.

La vigilancia del Ejército en Tamaulipas quedaría a cargo de unos 3 mil 500 efectivos dispersados en Unidades Orgánicas de la Sedena, en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Mier y Tampico, con cerca de 500 efectivos por localidad..

SE VA LALA POR LA VIOLENCIA

La inseguridad que reina en Tamaulipas es cada vez más critica al grado que empresas importantes buscan mejor cerrar que ser blanco de la violencia.

Es el caso de la empresa Lala de Ciudad Mante, que por la inseguridad y el aumento de cuotas del crimen organizado además de secuestros a empleados, prefirió terminar sus actividades en esta ciudad.

El problema de violencia que vive el Estado obligó a que los directivos de la empresa optaran por salir de la región.

La violencia en esta ciudad inició con el año y provocó una baja de al menos un 25% en la actividad comercial.

Agencias

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