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En los centros penitenciarios de Nuevo León los reclusos son sometidos a explotación laboral, además de que los servicios médicos que gozan en esos lugares son deficientes, sobre todo con desabasto de medicamentos de especialidad.
De acuerdo con el Diagnóstico de la Situación Penitenciaria de Nuevo León 2018-2019, los internos que trabajan en las naves industriales instaladas en los penales de Apodaca y Cadereyta son sometidos a jornadas de hasta 10 horas y no tienen las prestaciones de ley.
Sofía Velasco, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), quien presentó el diagnóstico, expuso que no es el mismo trato laboral que se les otorga a los trabajadores de esas mismas empresas que no están recluidos.
«Se constató que muy pocas personas privadas de la libertad realizaban actividades escolares y que no todas las que trabajaban contaban con las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley Nacional de Ejecución Penal”, expuso.
Sostuvo que además de jornadas que exceden las ocho horas de trabajo no reciben aguinaldo y no son dados de alta a un servicio médico.
«Afuera si pagan la seguridad social, las vacaciones, las incapacidades», observó.
Estableció que si bien es cierto que es bueno que tengan un trabajo, éste debe de darse en condiciones dignas.
El diagnóstico reveló que actualmente los penales estatales tienen una población de 6 mil 634 personas y la capacidad instalada es de 8 mil 527.
La CEDHNL también observó que no existen registros de la escolaridad en los centros penitenciarios.
«No se puede saber con qué escolaridad vienen desde afuera», comentó.
En el tema de salud, se detectó la falta de uniformidad en los registros de enfermedades e infecciones.
«Trayendo como consecuencia que no fueran atendidas como era debido», sostuvo.
Añadió que se encontró desabasto de medicamentos y un déficit en atención a las enfermedades inmunoalérgicas y aquellas derivadas de intoxicaciones.
La CEDHNL también confirmó 113 quejas por omisiones a la obligación de la autoridad a garantizar la seguridad de los internos.
«Las quejas se refieren principalmente a agresiones físicas, amenazas y cobras por parte de sus iguales, así como agresiones del propio personal de seguridad», detalló.
Expuso que el personal de custodia continúa siendo insuficiente en los centros penitenciarios.
Agencias
