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1/03/2017 – Únicamente dos estados del país cuentan con los requisitos mínimos necesarios para arrancar con el desarrollo de su propio Sistema Local Anticorrupción (SLA), es decir, 30 entidades incumplen con su implementación o apenas tienen iniciativas en proceso de aprobación.
A poco más de cuatro meses de que se cumpla el plazo (18 de julio) para que tengan una base sólida desde sus constituciones locales e implementación, sólo Chiapas y Nayarit ya pueden iniciar con los nombramientos de su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas secundarias.
Contrario a estos dos estados, Jalisco, Morelos y Veracruz son los que más observaciones en sus iniciativas presentan, según el Semáforo Anticorrupción.
“Incumplen con varios de los elementos más importantes en la conformación de sus órganos y comités de participación ciudadana, comités coordinadores, secretariados técnicos, tienen deficiencias desde su reforma constitucional; por lo tanto los van a arrastrar a sus reformas locales”, explicó Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Por ejemplo, de acuerdo con la medición del Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Morelos es el Estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto.
En el caso de Jalisco, se limitó a incorporar el SLA de manera general. No incluyeron el nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni reforzaron su Tribunal Administrativo, es decir, una reforma incompleta.
Cabe señalar que en 2016, se aprobó el paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); en él se establece la creación de 32 sistemas locales anticorrupción que deben contar con una estructura y facultades equivalentes.
Retraso
El semáforo del Imco revela que sólo diez estados cuentan con un sistema local, mientras que nueve aún no tienen una reforma constitucional.
“Es una alianza que hemos establecido para que el SNA avance bien en todas sus partes, tanto en el plano nacional con sus distintos procesos que ya se echaron a andar, como en los planos estatales, que aseguremos que sea un auténtico sistema nacional y no un sistema federal que tiene algunas oficinas en los estados”, puntualizó Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana.
Este mecanismo se dividió en dos partes, en el primero determina si la entidad cuenta o no con reformas o iniciativas, ahí, también se estipuló que en Baja California Sur y Querétaro, la entidad superior de fiscalización sea quien sancione las faltas administrativas no graves.
Del segundo apartado indica que 24 entidades no cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Puebla y Nuevo León apenas tienen una iniciativa de ley satisfactoria, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí un proyecto regular y Morelos deficiente.
Al respecto, Max Kaiser, manifestó que este estudio busca evidenciar a quienes no han cumplido con su papel de hacer su sistema local.
“La sanción social es la que queremos provocar, evidenciar a los estados”, mencionó.
Otro caso que critica este informe es el caso de Guanajuato quien prevé en dicha conformación, sistemas municipales, “los cuales resultan innecesarios y complican el accionar del SLA”.
Fiscalización
En las observaciones se dice que varios estados tampoco reformaron adecuadamente a las entidades superiores de fiscalización ni procuraron otorgar autonomía a sus procuradurías o fiscalías generales de justicia.
Los Congresos locales tienen como mandato implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017, por lo que los estados pueden aprovechar la ley modelo para agilizar los procesos legislativos y evitar riesgos de inconstitucionalidad.
Semáforo Anticorrupción dijo que estará muy atento a la implementación del Sistema Local Anticorrupción y presentará mensualmente la actualización para verificar los avances.
Responden con fallas 30% de las solicitudes
Un 30% de las solicitudes de información no fueron respondidas completamente y, en el ámbito federal, una de cada cuatro se tardaron hasta 30 días o más para contestar.
De acuerdo con la métrica de Gobierno Abierto, presentada en la sesión del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), los sujetos obligados tienen canales de contacto deficientes.
“De hecho, 7.4 de los sujetos (obligados) no tienen un método de contacto, ni teléfono. Y 71% tiene métodos de contacto, pero no funcionan”, detalló Guillermo Cejudo, investigador del CIDE.
Además, persisten prácticas de opacidad que obstaculizan el acceso a la información.
Es decir, la interposición de prórrogas, prevenciones que resultan en solicitudes improcedentes, uso inadecuado de la protección de datos personales o cambio de modo en la entrega de la información solicitada.
“Los resultados de la métrica muestran que los sujetos obligados de reciente incorporación al régimen de transparencia (partidos, sindicatos y fideicomisos) son los que enfrentan las mayores brechas de Gobierno Abierto. Los municipios analizados obtienen en promedio mejores calificaciones en el subíndice de Participación en comparación a los sujetos obligados federales y de las entidades federativas”, señala el informe.
Al separar avances sobre Transparencia, Datos Abiertos de Gobierno y Participación se puntualiza un avance en el primero, en el que a nivel federal se alcanzó el 0.61, en el estatal 0.49 y en el municipal de 0.52, en contraste con un rezago en el ámbito de la participación ciudadana con 0.31, 0.27 y 0.30.
Los atrasos más importantes por entidad son Tlaxcala, 0.29 y Querétaro, 0.27.
Agencias
