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8/11/2016 – Los Ángeles, E.U.-.- En caso de que Estados Unidos adoptara una política de hierro contra los indocumentados y decidiera sacarlos del país, se prevé un alto riesgo, porque se calcula que alrededor de 7 millones de ellos están activos en las diversas industrias que posibilitan el día a día del buen funcionamiento y desarrollo del país.
Frances Ortega, coautor del estudio económico sobre el tema, aseguró que “una política de deportación masiva en Estados Unidos reduciría inmediatamente el Producto Interno Bruto (PIB); lo que equivaldría a una pérdida de 4 mil 700 millones de dólares acumulados los primeros 10 años tan sólo en ese rubro”.
Pero las pérdidas acumuladas, según este reciente informe patrocinado por el Centro Americano para el Progreso (Center for American Progress), “costaría al gobierno federal casi 900 mil millones de dólares en ingresos perdidos a lo largo de la primera década”.
El estudio señala que la disminución de los ingresos sería mayor que el promedio nacional en los estados con el mayor número de trabajadores indocumentados, como California, Nevada, Texas, Nueva York y Nueva Jersey. Mientras que las industrias más lastimadas serían la agricultura, la construcción, el comercio, la automotríz y la manufacturera, entre otras.
“El daño sería tan severo” dice el economista Ortega, “que es como si dejara de producir para el país, de la noche a la mañana, el estado de Massachusetts” y agregó: “También habrían consecuencias muy negativas no económicas; por ejemplo, en las comunidades de donde estos millones de trabajadores indocumentados serían sacados, ese núcleo poblacional tendría que adaptarse a vivir y organizarse sin esas personas, que eventualmente sumarían familias enteras. Entonces también estamos hablando de un impacto emocional que redundaría en el desempeño de esas comunidades”.
Pocas plazas de trabajo se cubrirían. Pero el informe va más allá. “Con las tasas de desempleo tan bajas en la mayoría de las industrias, en menos de 5%, sería muy difícil que las ausencias de estos trabajadores indocumentados fueran cubiertas por los residentes o habitantes restantes; en todo caso, se darían algunas situaciones temporales en la mayoría de los casos”, aseguró Ortega y añadió: “Las empresas, industrias que vieran disminuida su capacidad laboral seguramente prescindirían de herramienta, vehículos, servicios, combustible y todo aquello que genera circulante, negocio y riqueza al país; esto se vería reducido y con pérdidas”.
Pero los trabajadores indocumentados además de realizar la actividad que les permite salir adelante son, a su vez, consumidores y pagadores de impuestos; en ese sentido, el especialista le planteó al Tío Sam, “siete millones de indocumentados que hoy están pagando impuestos; no es cualquier cosa, representan alrededor de 2.2% de la población total en EU y alrededor de 3.5% de la población económicamente activa”, dijo el economista; “en este rubro estamos hablando de miles de millones de dólares en pérdidas para el país”.
De ahí que deba considerarse la salud de las finanzas de consumo y de tributación.
“Los resultados de este estudio”, dice Ortega, “son francamente conservadores; debe considerarse que muy probablemente el daño económico ante una deportación masiva de trabajadores indocumentados sería mayor”.
No es política, es realidad. Aunque este reporte no fue solicitado por el Centro Americano para el Progreso (Center for American Progress) para enfrentar políticamente a nadie, es sabido que el candidato republicano Donald Trump ha dicho que si llega a la Casa Blanca iniciaría una acción para sacar a los más de 11 millones de indocumentados de Estados Unidos; entre los que se cuentan estos 7 millones de trabajadores.
La conclusión final del estudio sugiere que “una política de deportación masiva enfrentaría una pérdida económica insuperable en este cálculo de costo beneficio”, finalizó Frances Ortega, quien junto a Ryan D. Edwards llevó a cabo este estudio. Ambos economistas son profesores en el Queens College de Nueva York.
¿Cuánto le costaría a EU una deportación masiva? De acuerdo con un análisis previo de Phillip E. Wolgin para el Centro Americano para el Progreso, una deportación masiva costaría alrededor de 10.07 dolares por persona; considerando poco más de 11 millones de indocumentados, el costo estaría en un promedio de 114 mil millones de dólares.
Entre los costos calculados está una primera acción, muy cara, de buscar y ubicar a cada uno de estos individuos. Esta sola medida podría tomar por lo menos 20 años para completarse, de acuerdo con el Foro de Acción Americana (American Action Forum), para un costo final acumulado de entre 420 y 620 mil millones de dólares.
Estas cifras deben sumarse a los ya mencionados 900 mil millones acumulados de la primera década por ingresos perdidos, señalados previamente.
Agencias
