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Ciudad de México, 14/02/18.- Como una “mordaza” propia de “regímenes totalitarios”, calificó la defensa de Elba Esther Gordillo, la decisión de un juez federal de ampliar las medidas cautelares que solicitó la Procuraduría General de la República contra la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Luego de que el juzgador restringió las visitas y llamadas telefónicas a la maestra, su equipo de abogados impugnó la decisión.
“La maestra Gordillo ha mantenido entereza, prudente silencio, respeto a las instituciones y ausencia absoluta de afanes revanchistas. Se ha concentrado a su familia y en su defensa, exigiendo conforme a Derecho resolución de inocente en la que la política o cualquier otro motivo queden a un lado”, señaló la defensa de la maestra a través de un comunicado.
La sentencia de amparo que dio lugar a la prisión preventiva domiciliaria, señaló la parte quejosa, fue enfática en que dichas medidas no deben trastocar derechos fundamentales, como ahora se pretende “con base en criterios que parecen más políticos que jurídicos, confirmando que la maestra Elba Esther Gordillo ha sido víctima de un asunto penal con tintes políticos que le dieron origen”.
“Esta mordaza propia de regímenes totalitarios, no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria. Y es que la prisión domiciliaria consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud de permanecer en su domicilio en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue”, detalla el comunicado.
Las medidas de seguridad, apunta el documento, deben instrumentarse únicamente para que el adulto mayor no abandone dicho domicilio. A eso deben constreñirse.
“De ninguna manera faculta a autoridad alguna para introducirse en el domicilio, revisar mensajes de texto, correos electrónicos, escuchar conversaciones, oír llamadas. Todo ello afecta derechos fundamentales que no pueden ser limitados en la ejecución material de un beneficio al adulto mayor con enfermedades crónicas. De hecho, el llevar a cabo tales conductas incide también en los terceros que son parte de la comunicación y se les supervisa, atentando con los estándares mínimos del derecho a la privacidad e intimidad”, apunta el documento.
El acuerdo emitido Alejandro Caballero Vértiz, juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, “se estima ilegal y draconiano”, porque ordena a la Policía Federal Ministerial de PGR hacer cumplir el que la maestra Gordillo no pueda recibir amistades, salvo aquellas que hayan pasado por un filtro en el que se determine que son de “buena reputación” y se encuentren en una lista de visitas que exigió se le hiciera llegar acompañando copias de identificación y comprobante de domicilio.
Agencias
