“De Presidencia”, la orden de no confrontar a la CNTE


El bloqueo al que los maestros de la CNTE sometieron a la Cámara de Diputados para que no se aprobara la reforma educativa del presidente López Obrador desató posturas extremas. Este semanario consultó a los coordinadores parlamentarios, quienes responsabilizaron a los gobiernos federal y local de no garantizar la seguridad del recinto ni de los legisladores, pues retiraron a la policía del lugar.

CIUDAD DE MÉXICO.– Durante 10 días la Cámara de Diputados se mantuvo en vilo: menos de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon sus nueve accesos, impidiendo las sesiones ordinarias. El recinto de San Lázaro entró en crisis.
El intento por reencauzar los trabajos legislativos llevó a propuestas extremas: desde aquella de que los 500 diputados entraran caminando por la escalinata principal con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, hasta echar abajo los operativos policiacos solicitados conforme a la ley, e incluso permitir la injerencia de la Presidencia de la República y obligar a los diputados a retomar el diálogo con los inconformes.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios confiaron, en entrevistas por separado, que fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien desoyó la petición del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y dio marcha atrás al operativo policiaco que abriría a los legisladores el paso a sus curules en San Lázaro.
No obstante, un alto funcionario de la Mesa Directiva les reveló a coordinadores parlamentarios que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Sheinbaum que no desplegara el operativo solicitado, a fin de evitar la represión a los maestros de la CNTE.

La contraorden
El 20 de marzo, un contingente de la CNTE bloqueó la Cámara de Diputados para impedir que el dictamen de la reforma educativa se aprobara, primero en comisiones y después en el pleno, pues la agrupación sindical consideró que la iniciativa del Ejecutivo seguía siendo punitiva.
Los siguientes dos días, 21 y 22, San Lázaro siguió bloqueado y no hubo sesiones ordinarias. Del 25 al 29 de marzo el recinto fue objeto de negociaciones, bloqueos y desbloqueos. El 27, los maestros dieron un respiro a los diputados y les permitieron sesionar para aprobar el dictamen. Pero éste no les gustó a los profesores, que regresaron a los bloqueos mientras mantenían conversaciones con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública.
En esa semana surgieron las posiciones extremas. El PAN pidió la cabeza de Porfirio Muñoz Ledo y llevó el tema de los bloqueos a la justicia federal, con lo que consiguió un amparo para evitar la inacción del presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, ante las siguientes movilizaciones de la CNTE.
Desde el inicio de los bloqueos, Muñoz Ledo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, asumieron una actitud negociadora con la CNTE.
De hecho, el primer día del bloqueo Muñoz Ledo, obligado por ley a velar por el recinto y la seguridad de diputados y empleados, dejó clara en las redes sociales su postura:
“Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y para ampliar el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio, se suspende hoy la sesión y se cita para mañana a las 11:00”, informó en las redes sociales el 20 de marzo.
Luego emitió otro mensaje: “Se ha mantenido un diálogo fructífero con representantes magisteriales y seguiremos impulsando el análisis de dictamen de la reforma educativa. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales deberán ser sensibles a las demandas sociales, siguiendo nuestra práctica de parlamento abierto. El compromiso es claro: abrogaremos las reformas regresivas aprobadas anteriormente”.

Pero los bloqueos siguieron.
Su día más álgido fue el 26 de marzo, cuando llegó la policía capitalina, pero se retiró, presuntamente por órdenes presidenciales.
De acuerdo con el relato de uno de los coordinadores parlamentarios, ese martes la oposición le dijo a Muñoz Ledo que “era conveniente solicitar la fuerza pública para que, por un lado, la manifestación de los maestros se diera sin problemas, y por el otro se custodiara el acceso de los diputados a la cámara. Por fin se convenció y muy temprano, a las siete de la mañana, entregó el oficio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.
Minutos después de las siete se presentaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero a las 8:30 se retiraron. De inmediato los maestros de la CNTE colocaron sus pequeñas casas de campaña en cada una de las nueve puertas de la Cámara de Diputados e impidieron el paso.
Otro legislador que participó en los cónclaves para resolver la situación, relató que el acuerdo fue establecer un camino por la puerta 4 a fin de que ingresaran diputados y empleados. Pero esto no funcionó:
“Los maestros se acercaron y hubo un choque frontal con la policía –continúa el legislador–. En ese momento, del otro lado, se decidió que nadie quería la represión y se dio la contraorden a la policía para que se retirara.”
–¿Y de dónde vino la orden? ¿De Muñoz Ledo? –se le pregunta a otro de los coordinadores parlamentarios.
–No, el único escrito que firmó Porfirio fue solicitando la seguridad pública, nunca que se retirara.
Consultados por Proceso, cuatro legisladores de distintos partidos (dos de ellos afines al gobierno) coincidieron en que la orden provino del presidente López Obrador. “Habló con Sheinbaum –afirma uno de ellos– y pidió que retirara a la policía capitalina para evitar más choques; pidió que todo fuera con diálogo”.
Otro de los consultados revela que un alto funcionario de la Mesa Directiva les explicó que Muñoz Ledo entregó el oficio, pero “la jefa de Gobierno se comunicó con el presidente de la República para informarle y éste le dijo que retirara la fuerza pública, que se privilegiaría el diálogo”.

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