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25/04/17.- Sólo bastaron cinco minutos para que los senadores aprobaran este martes la minuta que expide la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
Este nuevo ordenamiento jurídico prevé 20 años de cárcel a aquellos servidores públicos que cometan este delito. Mientras que la pena para los particulares será de hasta 12 años de prisión, si es que el pleno parlamentario aprueba dicho documento en sus términos.
Además, se establece que quien sea sentenciado por este delito no podrá gozar de la figura del indulto, tampoco el de la amnistía.
“Se castiga a superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de turuta y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra”, sostiene el documento La minuta fue avalada por unanimidad por los integrantes de las comisiones unidas de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara Duque, alertó a los integrantes del Congreso de la Unión, en particular al Senado de la República, a trabajar en una Ley de Tortura apegada a estándares internacionales de derechos humanos, porque de lo contrario ésta sería inservible.
“Hacemos un llamado enérgico a todas las autoridades de este país a entender que sin una Ley verdaderamente congruente y apegada a estándares de derechos humanos va a ser una Ley totalmente inservible para la realidad que tiene nuestra nación”, expresó.
El Zeferino Ladrillero –galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos– calificó el trabajado de los legisladores de “poca seriedad” tras incluir observaciones del jefe del Ejecutivo federal y desechar las emitidas por los organismos que velan por las garantías individuales de todo el país.
“Hemos tenido conocimiento de la poca seriedad con que se está trabajando la Ley de desaparición forzada en este país”, expresó.
Se prevé que este miércoles los senadores de la República aprueben el documento, mismo que incluye las observaciones del jefe del Poder Ejecutivo y descarta las observaciones de organismos no gubernamentales y de familiares de algunas de las víctimas.
Agencias
