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Una juez federal otorgó un amparo a Emilio Lozoya Austin, resolución que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) dar respuesta a dos escritos presentados por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde demanda la entrega de los registros que forman parte de la carpeta de investigación que se inició en su contra por el caso de Agro Nitrogenados.
En la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, donde se señaló a Lozoya como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, y de la cual derivó la primera orden de aprehensión, así como el aseguramiento de la casa que se localiza en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Lozoya reclamó la omisión del agente del Ministerio Público Federal, en funciones de fiscal en jefe de la Unidad de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, de acordar los escritos presentados el 30 de mayo y 11 de junio.
La autoridad ministerial argumentó que Lozoya no es parte en la carpeta de investigación, dado que no tiene reconocido algún carácter, por tanto, no está obligada a acordar dichas promociones.
El ex director de Pemex manifestó que, al no dar respuesta, el Minsiterio Público Federal violó los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución.
En su sentencia, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, indicó que el artículo 8 constitucional establece que el derecho de petición permite formular ante una autoridad una solicitud o petición por escrito, por lo cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito el cual debe responderse en breve tiempo.
En julio, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, calificó de ilegal la orden de aprehensión librada contra su cliente y contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Indicó que la FGR actuó ilegalmente al judicializar la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, “violando las normas de conducción de todo imputado ante la Representación Social, pues en ningún momento la Fiscalía citó a los imputados para el efecto de que estos pudieran ejercer una adecuada defensa”.
Agencias
