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México. (Agencia). La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 371 votos, reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, a fin de dar una máxima protección a quienes son víctimas de este delito.
Cambios
El dictamen a la minuta, devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, sustituye la denominación de dicha norma por la de Ley General en materia de Trata de Personas. Las reformas establecen que cometerá el delito de trata quien explote a una persona ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra. El dictamen a la minuta, para sus efectos constitucionales, sustituye la denominación de dicha norma por la de Ley General en materia de Trata de Personas
Sanciones
Se impondrán de 10 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien, para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación. Al fundamentar el dictamen, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que se modificaron diversos artículos de la minuta enviada por el Senado de la República, ya que se estimó que esto permitirá dotar al Estado de mejores instrumentos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes contra la humanidad. Al fijar el posicionamiento de su partido, el diputado de Nueva Alianza, René Ricardo Fujiwara Montelongo comentó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, en 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento eran mujeres y niñas. En tanto, la diputada del PAN, Esther Quintana Salinas mencionó que con las reformas se castigará con pena de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a quien consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación. Con ello, dijo, “le estamos dando al Ministerio Público todos los instrumentos para que a este delito le piensen dos veces antes de cometerlo”.
