CNDH pide a Peña vetar Ley de Seguridad Interior

18/12/17.- El obmudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza su facultad de veto a la Ley de Seguridad Interior y solicitó al gobierno federal que explique si la normativa recién aprobada resolverá el tema de seguridad en el país.

“Exhorto con todo el respeto al señor Presidente de la República para que una facultad que él tiene es la facultad de veto, es una posibilidad que le hemos pedido, no solamente un servidor, varios sectores de la sociedad, esperemos que pudiera darse”, dijo.

Afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un análisis constitucional y convencional para aclarar si la ley cumple con los estándares internacionales y, de lo contrario, solicitará la acción de inconstitucionalidad.

“Que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine en última instancia los artículos o la ley que pudiera ser motivo de esta acción”, dijo durante la presentación del informe especial sobre migración y agregó que “se trata de que todos tengamos certeza sobre esa norma que aprobó el Congreso”.

Al ser cuestionado sobre los principios constitucionales que se trastocarían con la Ley de Seguridad Interior, González Pérez insistió en que espera que haya sensibilidad para que se de el veto presidencial a la normativa.

“Haremos el mayor análisis en favor de que haya seguridad, es lo que deseamos todos los mexicanos y mexicanas, pero que el marco jurídico esté apegado a la convencionalidad y a la constitucionalidad”, dijo.

Hizo un llamado a las autoridades para que aclaren si la ley aprobada la semana pasada, resuelve por completo el tema de seguridad.

“No se agota en una ley como ésta el tema de la seguridad, o que me digan ¿si con esto se revuelve el tema de la seguridad? Que nos respondan a la sociedad mexicana si con esto se revuelve el tema de la seguridad”, cuestionó.

El ombudsman explicó que la CNDH tiene la capacidad de interponer ante la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad dentro de los 30 posteriores a la publicación de una ley.

Agencias

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