El asesinato de Colosio, la serie

La plataforma estadunidense de películas, documentales y series, que cuenta con más de 89 millones de suscriptores en internet (48 millones en su país), estrenó esta producción, un día antes del aniversario número 25 del magnicidio. Coincide con el momento en que el PRI vive su crisis más profunda, después de caer al tercer lugar como fuerza política en las elecciones federales de 2018.

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera escena, con música de suspenso al fondo, es una toma aérea de la camioneta negra en la que viajaba Colosio cuando entró en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. La gente grita: “¡Colosio, Colosio!…” y el candidato presidencial del PRI levanta las manos para saludar. En lo alto de una -colina dos policías judiciales del municipio están alerta. Después, en un fragmento de video real, Colosio afirma en el mitin que no le teme a la competencia política, que rechaza la incompetencia política.
Las imágenes posteriores son de Colosio rodeado de una multitud caótica, que ya rebasó a su equipo de seguridad. Suena la canción “La culebra”, interpretada por la Banda Machos, y en una escena actuada truenan un par de balazos como señal de la ejecución del candidato.

Historia de un crimen
La serie Historia de un crimen: Colosio recrea la historia del político sonorense asesinado en Tijuana. La historia ya es conocida y sus personajes principales son Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, Manuel Camacho, Ernesto Zedillo, Diana Laura Riojas, José María Córdoba Montoya, Manlio Fabio Beltrones, Diego Valadés, Liébano Sáenz…
La plataforma estadunidense de películas, documentales y series, que cuenta con más de 89 millones de suscriptores en internet (48 millones en su país), estrenó esta producción, un día antes del aniversario número 25 del magnicidio. Coincide con el momento en que el PRI vive su crisis más profunda, después de caer al tercer lugar como fuerza política en las elecciones federales de 2018.
La serie presenta de manera cronológica el relato de uno de los atentados políticos más controvertidos de la historia nacional. Empieza con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y después desarrolla una intrincada trama política y policiaca que, tanto en la serie como en la vida real, desembocó en una solución que todavía no convence del todo: se inculpó, juzgó y sentenció a un asesino solitario. Sin embargo, muchos consideran que Mario Aburto es un chivo expiatorio del régimen salinista.
Esta producción del sello Dynamo, con dirección de Hiromi Kamata y guion de Rodrigo Santos, Alejandro Gerber Bicecci e Itzel Lara, recrea de manera libre y en forma de ficción los acontecimientos que en su momento se atribuyeron a una conspiración palaciega urdida en los altos niveles del gobierno salinista en contra de Colosio.
Desde el primer capítulo el político sonorense aparece solo, pensativo e inquieto. En los primeros minutos se le ve corriendo en una zona boscosa. Destaca su pelo rizado y alborotado. Al dar una vuelta en el camino de terracería, ya lo está esperando el presidente Salinas de Gortari, quien lleva una sudadera blanca que ostenta en el pecho el logotipo de Solidaridad, el programa social con el que pretendía erradicar la pobreza en su sexenio.

Revela su decisión
En la siguiente escena corren juntos. Los sigue un grupo de soldados del Estado Mayor Presidencial. Salinas le revela al entonces secretario de Desarrollo Social su decisión de que él sea candidato presidencial y no Manuel Camacho Solís, por quien muchos apostaban, incluso dentro del PRI.
–¿Cómo la estás llevando últimamente con Camacho? –pregunta Salinas.
–Bien, hemos hablado mucho. Anda muy ocupado, preparándose… Con eso de que ya se mandó hacer un busto de él mismo… –contesta Colosio, riéndose.
–Entendiste bien el juego, Luis Donaldo. ¿Tú qué opinas?
–Si lo escoge a él, va a la segura. Será ambicioso, pero le dará continuidad a lo económico, a la modernidad y a todo lo que usted ha hecho.
Salinas voltea mientras siguen corriendo y le suelta:
–Voy contigo. ¿Te interesa?
–¡Claro que me interesa! –exclama sonriendo Colosio mientras siguen corriendo. Salinas le pide un favor único: que se corte el pelo. “Para tu campaña… no podemos tener a un candidato así de greñudo”.
Así se anuda el trágico pacto del poder entre ambos personajes y arranca la intriga que se formó alrededor de Colosio en 1994, cuando el país vivió una de sus peores crisis políticas y de gobierno con el asesinato del cuñado de Salinas y entonces líder nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas.

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La historia que marcó a México

El 23 de marzo de 1994 Colosio se encuentra en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, un barrio pobre de Tijuana, Baja California. A las 5:05 de la tarde, ya entre la gente, alguien le dispara al candidato en la cabeza. Su muerte fue anunciada horas después. Pero ¿quién lo mató y por qué? Estas preguntas resuenan en la cabeza de Diana Laura Riojas, su viuda, y en todo un país que no cree la historia que señala a Mario Aburto como el asesino solitario.

CIUDAD DE MÉXICO.- “Veo un México con hambre y con sed de justicia…”.
Es una voz en off del actor Jorge A. Jiménez, quien interpreta al candidato presidencial del Partido Revolucionario Intitucional (PRI) en 1994, Luis Donaldo Colosio. En la pantalla se advierte su figura sentada frente al escritorio, escribiendo un discurso.
En otra escena, un mitin en el Monumento a la Revolución, el personaje Donaldo completa la frase: “…De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo”.
Es la serie Historia de un crimen: Colosio, de ocho episodios, que se estrenará el viernes 22. Con este polémico suceso abrirá la primera historia, basada en hechos reales, de las varias que planea esta empresa estadunidense sobre crímenes cometidos en Latinoamérica
Según la trama, el 23 de marzo de 1994 Colosio se encuentra en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, un barrio pobre de Tijuana, Baja California. A las 5:05 de la tarde, ya entre la gente, alguien le dispara al candidato en la cabeza. Su muerte fue anunciada horas después. Pero ¿quién lo mató y por qué? Estas preguntas resuenan en la cabeza de Diana Laura Riojas, su viuda, y en todo un país que no cree la historia que señala a Mario Aburto como el asesino solitario.
A Diana Laura le queda poco tiempo: el cáncer de páncreas la consume y en su lucha por encontrar la verdad tendrá que enfrentar muchos obstáculos. Contará con muy pocos aliados, pero descubre que Federico Benítez, jefe de la policía de Tijuana, también ha iniciado una peligrosa investigación para descubrir la verdad porque tampoco cree que el crimen fuera al azar.
En otra escena, un personaje muy parecido al expresidente Carlos Salinas de Gortari recibe a la viuda, quien baja de una avioneta, y le manifiesta: “Lo siento mucho, Diana Laura”.
Ella de inmediato le pregunta: “¿Quién fue, Carlos?”.
Las directoras de Historia de un crimen: Colosio son las mexicanas Hiromi Kamata y Natalia Beristáin. El guion y la investigación recayó en Rodrigo Santos (fue el shouwrunner,- quien carga con toda la responsabilidad), rubros en los que participaron Alejandro Gerber y Michael Lara. Los productores son Andrés Calderón y Juan Uruchurtu.
Entre otros actúan Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Jorge Antonio Guerrero, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro, Ari Brickman y Lisa Owen, en ese orden de aparición.
Las directoras, así como Ilse Salas, quien interpreta a Diana Laura Riojas; Jorge A. Jiménez (Donaldo) y Jorge Antonio Guerrero (Mario Aburto), en entrevista con Proceso coinciden en que se debe revisar el pasado para comprender el presente.
Kamata, quien dirige los primeros cuatro capítulos, destaca: “Natalia, Rodrigo y yo sentimos que era una buena oportunidad de presentarles a los millennials, que no vivieron lo ocurrido en 1994, un momento de la política que cambió el curso de la historia y que también está dando resultados ahora”.
Se incorporó al proyecto porque “es un caso delicado, me interesa y ha estado ahí a pesar de que ya pasaron 25 años… Las ganas de hablar un poco de la historia de nuestro país, con la responsabilidad y el cuidado que, por supuesto, intentamos durante todo el proceso. Es un momento importante en la vida política de México para revisar ese año tan crítico para la nación. Fue devastador y como un parteaguas”.
La primera mitad de la serie, dice, está muy apegada a los hechos:
“Estuvimos en un desarrollo bastante largo, de cuatro meses de investigación, de estudio, de revisar todo el material que había en la Procuraduría General de la República… cuanto artículo nos encontramos, libros y material de video de las televisoras.
“También hubo un ligero, pero muy ligero, acercamiento al PRI, porque no queríamos basarnos en la versión que ellos tenían del caso. Igualmente hay ficción al principio, pero hacia el final, digamos, nos dimos más libertad. En realidad todo es narrado a partir de Diana Laura y del policía de Tijuana José Federico Benítez. La voz de la viuda nos interesaba a todos y nos cuestionamos: ¿Y esa familia que fue completamente afectada? Nos pareció humano abrir esa vertiente de la historia.”
Dice que el productor Uruchurtu tuvo un acercamiento con el hijo de Colosio, “por respeto, para avisarle que preparábamos una serie, y creo que también la actriz Ilse Salas”.

Ficción y memoria
Kamata, nacida en la Ciudad de México en 1982, comenzó su carrera como asistente de dirección en 2002 en varias productoras de publicidad. Dirigió el episodio siete de la segunda temporada de Niño Santo y Diablo guardián.
Por su parte Beristáin (Ciudad de México, 1981), quien ha participado como directora en series de televisión como El secreto de Selena y Luis Miguel, además de ser realizadora de las películas No quiero dormir sola y Los adioses, menciona que “justamente la arista de narrar la historia a través del lado mucho más íntimo y de un personaje como el de Diana Laura, me intrigó mucho”.
“Siempre que pienso en ella –abunda– me conmueve mucho saber que ya estaba desahuciada, que padecía una enfermedad dolorosísima. Sabía que su marido probablemente llegaría a la Presidencia y lo apoyaba, lo acompañaba, sabiendo que ella no iba a estar en ese momento. La posibilidad de abordar la política desde ese lado me pareció muy bien, es un lado en el que me puedo conectar. Pero los vericuetos, las estratagemas de la política y la podredumbre que ahí se mueve, con todo eso no me conecto.”
Relata que fue invitada por el productor Juan Uruchurtu:
“A diferencia de otros trabajos en los que he participado en televisión, cuando me buscan para sacar los capítulos adelante, aquí Juan me llamó casi desde que estaban empezando a escribir los guiones, entonces pude involucrarme mucho más creativamente en el proceso, desde la escritura del guion, pasando por la selección del elenco. Y en un trabajo en conjunto sobre la imagen que finalmente tendría el proyecto con el fotógrafo, la otra directora y el diseñador de producción.”
–¿Qué reto le produjo el tema?
–Siempre he pensado que México es un país que no tiene memoria, que el mismo Estado se ha encargado de hacernos una sociedad de memoria muy corta, y por eso permitimos 80 años de priismo. Nuestra capacidad de retención, de análisis y de preguntarnos que pasó antes, para saber por qué estamos viviendo hoy así, es una asignatura pendiente. Y a través de la ficción se pueden abrir estas preguntas, son ventanas para entender la nación que estamos viviendo hoy día.
“Es muy difícil pensar en el México de 2019 si no miramos hacia 1994, si no entendemos y nos preguntamos qué pasó ahí. Por un lado hay esa necesidad de abrir esas preguntas y de creer que la ficción tiene ese poder, además de traer un tópico como éste. Dices ‘Colosio’ y pensamos que todo mundo lo ubica perfectamente, pero la verdad es que para las generaciones más jóvenes probablemente es un nombre que les suena, pero no comprenden el peso histórico de aquel momento. Es importante para los votantes de 18 años, quienes en las elecciones pasadas votaron por primera vez.”
Otro atractivo del proyecto, explica, es que el universo de la política, que suele ser absolutamente masculino, es abordado por dos directoras, además de que no es “sólo un thriller político sobre el caso, sino tratarlo desde un punto de vista más humano y personal desde el personaje de Diana Laura”.

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Breve manual de consultas ciudadanas

19/03/2019 – En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los días que corren, mucho se habla de las consultas ciudadanas. El presidente de la República ha convocado a realizarlas para definir lo que debía hacerse con el Nuevo Aeropuerto, el llamado Tren Maya o la termoeléctrica de Huesca. Ha dicho, también, que será conforme a ellas como se defina la suerte procesal de los expresidentes de la República. Ante la probabilidad de que este mecanismo sea utilizado con frecuencia en acciones de la mayor importancia, vale la pena analizar sus condiciones en nuestro país.
La primera gran distinción que conviene hacer es entre las consultas que llamaremos jurídicas y las que bien podemos denominar políticas. Las primeras son aquellas que se encuentran previstas por alguna norma del derecho nacional o por algún tratado internacional suscrito por México y, por lo mismo, obligatorio. Las segundas son aquellas que se hacen por quien ejerce el poder político, sea éste el presidente de la República, un gobernador o cualquier otro tipo de funcionario federal, local o municipal, sin sustento expreso en el propio derecho. Es verdad que la dualidad jurídico–político no agota todas las posibilidades imaginables de consultas, pues podría haber otras de tipo familiar, deportivo o escolar. Sin embargo, y para no perdernos, nos limitaremos a tratar estas dos.

Procesos y consecuencias
Pudiendo elegir por dónde comenzar, lo haré por las consultas jurídicas por mera deformación profesional. Desde este punto de vista, las consultas pueden ser de tipo constitucional, convencional, legal o administrativo. Veamos cada una de ellas, sus procesos y las consecuencias de no realizarlas.
Las consultas constitucionales son aquellas cuyas condiciones más generales están previstas en la Constitución. En primer lugar, el artículo 2 dispone que la Federación, los estados y los municipios deberán consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que se realicen. Estas breves determinaciones se desarrollan con detalle en la Ley de Planeación y, dado que dicho plan tendrá que ser enviado a la Cámara de Diputados dentro del mes de abril de este año, seguramente veremos pronto intensas consultas con los numerosos y distintos pueblos que integran de manera plural a la nación mexicana.
En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. La propia Constitución dispone que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en ella, los principios consagrados en su artículo 40, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Para llevarla a cabo, la Suprema Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta previamente a la convocatoria del Congreso de la Unión, y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, verificada siempre el día de la jornada electoral federal. Cuando la participación total corresponda al menos a 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes públicos.
La Suprema Corte ha tenido la oportunidad de ejercer la facultad acabada de señalar en cuatro ocasiones. El 30 de abril de 2014 resolvió las peticiones de aviso que para hacer sendas consultas fueron planteadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otras personas, y por el licenciado López Obrador y otros ciudadanos, con relación a la reforma energética publicada en el Diario Oficial del 20 de diciembre de 2013. En ambos casos la Suprema Corte determinó por mayoría de nueve votos contra uno que las solicitudes eran inconstitucionales porque la materia que se pretendía someter a consulta involucraba ingresos del Estado.
El 29 de octubre del mismo año, la Corte declaró por mayoría de seis votos, e idéntico motivo, la inconstitucionalidad de la materia del aviso de consulta que pretendieron llevar a cabo Gustavo Madero Muñoz y otras personas respecto al nivel de los salarios mínimos partiendo de la línea de bienestar fijada por el Coneval. Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se declaró la inconstitucionalidad del proceso por el que quería preguntarse a la ciudadanía si está de acuerdo con que se reforme la Constitución para reducir el número de diputados federales por el principio de representación proporcional de 200 a 100 y se eliminen los 32 senadores de representación proporcional, por tratarse de una cuestión electoral prohibida por el mencionado artículo 35 constitucional.
El segundo nivel jurídico de las consultas está constituido por las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en los tratados internacionales que ha celebrado. De entre varias posibilidades, ejemplifico con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 6 se dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarles directamente, así como establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en todos los niveles de decisión en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de las políticas y los programas que les conciernan. En el mismo ­artículo se ordena que las consultas deberán ser de buena fe y apropiadas a fin de lograr acuerdos o consentimientos.

Convenio 169
Con base en ese Convenio 169, y en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador, resuelto el 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado no satisfizo los requisitos esenciales de un proceso de consulta válida a comunidades indígenas del carácter previo de la consulta, la buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo, la adecuación y accesibilidad, el estudio de impacto ambiental y el presupuesto de que sea informada; por lo que finalmente se concluyó que el Pueblo Sarayaku no fue consultado antes de que se realizaran actividades propias de exploración petrolera, se sembraran explosivos o se afectaran sitios de especial valor cultural.
A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de nuestro país resolvió en 2013 que todas las autoridades nacionales están obligadas en el ámbito de sus atribuciones a consultar siguiendo parámetros muy semejantes a los apuntados por la Corte Interamericana, pero añadiendo que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, ya que uno de los objetos del procedimiento es determinar si los ­intereses de los pueblos indígenas podrían ser perjudicados.
Otro ejemplo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en su artículo 4 se establece que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectivo ese tratado y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con ellas, incluidos los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan.
También la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 5 establece que los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de agrupaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la propia convención.
El siguiente nivel es el legal, es decir, aquél en el que las leyes prevén la necesidad de llevar a cabo las conductas de que venimos tratando. Por la cantidad de leyes que prevén diversos mecanismos de consulta, es imposible señalar aquí la totalidad de ellos. Me limito a exponer dos ejemplos. En el artículo 20 de la Ley de Planeación se dice que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. En el 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales integrará órganos de consulta con entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales para asesorar, evaluar y darle seguimiento a la política ambiental, así como recibir opiniones y observaciones, lo que, en caso de darse, obliga a la propia secretaría a expresar las causas de la aceptación o rechazo. Finalmente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización prevé un sistema de consulta respecto del procedimiento de creación de las normas oficiales mexicanas.

Violación a sus reglas
Una vez que hemos identificado los casos más relevantes de consultas jurídicas, es de la mayor importancia preguntarnos por las consecuencias de su franca omisión o de la violación a sus reglas. En el primer caso, y por las razones que se quieran, las autoridades simplemente no convocan a quienes tienen que hacerlo para que manifiesten su parecer respecto a la norma a crear o la acción a tomar. En el segundo, y dado que la consulta es un procedimiento, no se satisfacen todos los pasos que debieran darse. Por ejemplo, no se llama al grupo adecuado, la consulta se hace de manera amañada o los resultados anunciados no coinciden con los obtenidos, por mencionar algunos supuestos. Dejando de lado el tipo de violación jurídica que se haya promovido, lo primero que conviene definir es el tipo de procedimiento que puede instaurarse para anularla.
Una buena parte de los sujetos a quienes tiene que escucharse en una consulta tienen ese estatus por lo previsto en la Constitución o en un tratado internacional. Por lo mismo, gozan de un derecho humano a ser consultados y el mismo es exigible mediante el juicio de amparo. Esto significa que si una persona o colectivo debiera ser consultado y no lo es o lo es inadecuadamente, es altamente posible que mediante una sentencia de amparo se anule la norma o el acto y se pida a la autoridad que reponga el procedimiento escuchando a quienes debieran ser consultados. Nada de extraordinario tiene este asunto en la jurisprudencia.
En el mismo plano de los derechos humanos, existe la posibilidad de que las comisiones federal y locales que los tutelan impugnen las leyes en las que no se hubieren escuchado a las personas que debieran serlo. Al respecto, conviene recordar que la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015 en contra de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista tenía como aspecto principal determinar si el Congreso de la Unión había satisfecho o no la consulta con los correspondientes colectivos. Si la consulta está prevista en alguna ley, los interesados podrán promover medios de defensa para hacerse escuchar en lo que debieron ser consultados.
Como no podría ser de otra manera, las consultas jurídicamente reguladas tienen efectos jurídicos, tanto si se cumplen como si no se cumplen. El señalamiento parece obvio, pero no lo es. Las consultas se han constituido en un elemento procedimental de validez de normas o actos de la ­autoridad. No satisfacerlas total o parcialmente puede acarrear la invalidez de esa norma o decisión, tal como si la misma hubiera sido emitida por una autoridad incompetente o fuera del correspondiente proceso.
Indicados algunos de los elementos más relevantes de las consultas jurídicas, paso a analizar las políticas. La manera más directa de hacerlo es señalando que son convocatorias no reguladas por el derecho, hechas por un servidor público u órgano del Estado para escuchar la opinión de la población con la finalidad de orientar sus decisiones. Desde el momento en que las consultas no están reguladas, resulta claro que su manera de realización queda determinada por el convocante. El número de participantes es decidido por él, y pueden ser conjuntos amplios o restringidos de la población, o subconjuntos previamente fijados: toda la población, los beneficiados o los perjudicados, por ejemplo. Igualmente variable puede ser el modo de recoger la opinión, tanto como aplausos, a mano alzada, votos en urnas o sentires percibidos por el consultante.
En la lógica formalizada básicamente por la voluntad o los deseos de quien realiza la consulta, los resultados de ésta son igualmente variables e interpretables, desde luego por él. Lo determinante pueden ser números o porcentajes de votos, niveles auditivos, emociones cuantificadas o percepciones sentidas. Al final de cuentas, la formalización depende de las reglas más o menos fijadas por quien convoca, y de su deseo más o menos constante de mantenerlas hasta el final o hasta que decida revocarlas o ajustarlas.
Más allá de la elasticidad de los procesos consultorios y de los resultados que arrojen tan singulares ejercicios, hay un elemento a destacar. Las consultas políticas no son, desde luego, jurídicas, pero sus resultados muy probablemente sí lo serán. Me ­explico. Los órdenes jurídicos modernos están construidos en mucho para evitar la arbitrariedad de los funcionarios. Por lo mismo, existen prevenciones para que todo aquello que hagan se encuentre debidamente fundado y motivado. Estas dos expresiones simplemente imponen la carga de que las acciones públicas estén basadas en una norma jurídica y que la aplicación de la misma sea razonable a la situación que se enfrenta. Si, por ejemplo, una autoridad sanitaria va a clausurar un establecimiento mercantil por la falta de condiciones higiénicas, en la orden correspondiente deberá explicar las situaciones que considere son contrarias a la higiene e identificar las normas jurídicas que precisamente le permiten cerrar un negocio cuando esos hechos se hayan dado.

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Rasgos de autoritarismo

12/03/2019 – José Woldenberg, quien presidió el Instituto Federal Electoral durante las elecciones de la primera alternancia presidencial, en 2000, manifiesta su preocupación por el “resorte autoritario” que observa en las decisiones iniciales del gobierno lopezobradorista, por lo que llama a los distintos sectores sociales a evitar que en el país se escuche sólo la voz del presidente.

CIUDAD DE MÉXCO.- José Woldenberg está molesto con Andrés Manuel López Obrador, quien hace tres décadas fue su compañero en el PRD:
–Lo nombramos presidente, no sultán.
Al evaluar las decisiones, acciones y omisiones de López Obrador en sus primeros 100 días de gobierno, admite que ha “modificado las coordenadas de la política nacional”, como tender puentes con la sociedad que antes estaban rotos, pero ve malas señales para la democracia.
En particular, Woldenberg afirma que López Obrador “desprecia, y mucho, a las instituciones del Estado y a sus funcionarios, desprecia a los órganos autónomos y desprecia a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto no presagia nada bueno”.
–¿Hay ya un modo de gobernar de López Obrador?
–Sí. Lo que más me preocupa es que existe un resorte autoritario en el presidente de la República.
Después de renunciar al PRD en 1991, por discrepar de la línea política del partido que presidía Cuauhtémoc Cárdenas, Woldenberg encabezó el primer consejo ciudadanizado del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996, justo cuando ascendía López Obrador al liderazgo perredista.
Se mantuvo en ese cargo hasta 2003, cuando López Obrador cumplía tres años al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país, desde la que se catapultó para ser tres veces candidato presidencial, hasta que ganó, en 2018, con 53% de los votos.
Desde su cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió López Obrador, Woldenberg observa un fortalecimiento del presidencialismo, un afán centralizador de decisiones, una descalificación a “rajatabla” de sus adversarios, y decisiones autoritarias, como las consultas.
Las organizadas para cancelar el nuevo aereopuerto y sobre la termoeléctrica de Huexca, reprueba, no son constitucionales, ni siquiera encuestas con muestra representativa: “Son más bien caprichos donde el poder se ve en el espejo y el espejo le dice al poder lo que éste quiere oír. Eso tampoco presagia nada bueno”.
En particular, le parece aberrante la consulta que López Obrador organizará, el 21 de marzo, en el natalicio de Benito Juárez –uno de sus próceres favoritos–, para definir si son enjuiciados los expresidentes del “neoliberalismo”: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Eso a mí me parece un delirio. ¡Un delirio!”, exclama para manifestar su repudio a esa consulta que considera indigna de un jefe de Estado, porque no se puede enjuiciar a quienes fueron presidentes por haber sido neoliberales.
“Eso no es un cargo. La democracia se hace para que las corrientes neolibeales, socialistas, conservadoras se expresen, contiendan y finalmente se trata de políticas diferentes, pero no pueden ser llevadas a tribunales”, explica.
Lo que sí puede llevarse a los tribunales son delitos específicos, pero de lo contrario “volveríamos a la época de los juicios de alzada, sin garantías para los inculpados. Impartir justicia tiene su chiste”.
Si se quiere juzgar a los expresidentes, añade, que el Ministerio Público arme los expedientes para establecer los posibles delitos y se los presente a un juez, para que se notifique al inculpado y se defienda, y si es culpable que se sancione.
“Está hablando desde Salinas hasta acá. Muchos de los eventuales delitos es muy probable que hayan prescrito”, advierte, y reitera: “Hablar de cosas que pasaron hace 25 o 30 años y que van a ir a tribunales me parece una bufonada”.
–Pero va a ocurrir.
–Yo espero que no.
–¿Debe reconsiderar?
–Creo que sí. Eso sería un show, sin ninguna base legal, sin ninguna base constitucional. Espero que eso no suceda.
Woldenberg entiende que López Obrador diga que la consulta prevista en la Constitución es inoperante, pero entonces que se modifique.
“Yo no digo que a nuestra Constitución tengamos que verla como las tablas de la ley reveladas. Pero el presidente sobre todo está obligado a cumplir con lo que la Constitución dice. Lo nombramos presidente, no sultán. Y es presidente porque hay un marco constitucional en que derivan todas sus potencialidades, pero también todos sus límites.”

Llamado a resistir
Constructor y defensor del proceso de transición democrática en México, Woldenberg lamenta el poco aprecio que López Obrador y la sociedad tienen de los logros en esta materia.
“Me preocupa que desde el gobierno, y también desde la sociedad, no se valore mucho lo que se construyó en México en las últimas décadas en materia democrática. En el discurso presidencial la etapa de transición a la democracia prácticamente es omiso”, subraya.
Autor de una treintena de libros, entre ellos La mecánica del cambio político en México y México: la democracia difícil, el expresidente del organismo antecesor del Instituto Nacional Electoral valora los logros de la transición democrática, como el sistema plural de partidos, hoy debilitado, la Presidencia de la República acotada por el Congreso y el Poder Judicial, así como el sistema de organismos autónomos.
Pero reconoce que esto obedece a que la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han estado más en el centro de la atención pública.
“No hay un disolvente mayor de la confianza en las instituciones públicas que los fenómenos de corrupción que llevan aparejada impunidad”, subraya, y añade que, en paralelo al proceso democratizador, hubo una espiral de violencia que alimentó el malestar con los políticos, los partidos y los gobiernos.
“Y si a eso sumamos que la economía no creció a tasas medianamente importantes como para atender la incorporación de millones de jóvenes al mercado de trabajo, que acabaron en la informalidad, y si además agregamos las enormes desigualdades que marcan nuestro país, entonces quizá podamos entender por qué esa desafección con los partidos que hicieron posible la transición democrática en los primeros años de la democracia.”
Esto explica en buena medida, dice, el triunfo de López Obrador, pero también le advierte: “Ese caldo de cultivo sigue ahí y no se revierte sólo con proclamas y con anuncios. Mucho del performance del nuevo gobierno sí ha tendido puentes con los ciudadanos, pero si la corrupción y la violencia no se abaten, si la economía no crece, si la gente no ve un horizonte productivo para él y para sus hijos, es probable que los fenómenos de desencanto vuelvan a aparecer”.
Alerta: “Ojalá no tiremos al niño con el agua sucia. Para mí el niño se construyó en términos democráticos y el agua sucia son todos estos fenómenos, todos estos rezagos, estas plagas que erosionan la vida misma”.
Para Woldenberg, es claro que en los primeros 100 días de gobierno de López Obrador hay el afán de “reconcentrar en la Presidencia muchas facultades y eso, bien pensado, no le conviene ni al presidente”.

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Emporios construidos a la sombra de la venta de gasolina

11/02/2019 – Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera tiendas de conveniencia– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay en México un club exclusivo de familias que acumularon fortunas con el negocio de la gasolina: estos “zares”, de la mano de gobiernos generalmente priistas, construyeron emporios con decenas de gasolinerías esparcidas en varios estados.
En la revisión de una muestra de 4 mil 793 permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Proceso encontró que varios de estos potentados, que obtuvieron decenas o cientos de permisos durante el sexenio de Peña Nieto, incluso participaron en maniobras fraudulentas que favorecieron a los gobernantes.
Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera tiendas de conveniencia– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo, ese emporio es sospechoso, por lo que, en el marco de la estrategia federal de combate al robo de hidrocarburos, bloqueó las cuentas bancarias de William Karam y lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas junto con otros presuntos lavadores de dinero, según reportó el diario Reforma el 31 de enero.

Amparo
Karam solicitó un amparo el pasado 28 de enero y un juez le otorgó la suspensión provisional dos días después.
En las últimas tres décadas, los Karam Kassab se vincularon con personajes involucrados en maniobras fraudulentas a favor del PRI. Uno fue el exbanquero yucateco Carlos Cabal Peniche. También se asociaron con Moisés Mansur Cysneiros, uno de los operadores de la red de lavado de dinero del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
Los hermanos Issa Tafich también tejieron relaciones en Pemex desde hace décadas. Su tío, Antonio Juan Marcos Issa, fue asesor del priista Rogelio Montemayor Seguy durante los 10 meses en los que éste dirigió la petrolera y juntos operaron los desvíos millonarios de fondos a la campaña del priista Francisco Labastida, en la trama conocida como Pemexgate.
Actualmente, mediante la empresa Energía y Servicios Coordinados, que registraron en diciembre de 2014, Salomón Issa Tafich y sus hermanas controlan 75 gasolinerías, principalmente en Coahuila y Durango, pero también en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz.
En 2016 los poderosos consorcios gasolineros LodemoRed, E.S.G.E.S., CorpoGas, Enerkom e Hidrosina se aliaron para formar la franquicia externa a Pemex llamada La Gas.
E.S.G.E.S. opera 49 gasolinerías en los siete estados del sureste; fue fundada por el empresario Carlos Mouriño Terrazo, hermano del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien falleció en noviembre de 2008 en un accidente aéreo.
La familia Loret de Mola Gómory, dueña del consorcio LodemoRed, posee decenas de gasolinerías en la región y se asoció con los Mouriño en junio de 2007 para crear la empresa Administración de Estaciones del Sureste, que controla cuatro gasolinerías en Campeche y Yucatán.
En la región opera, asimismo, Ricardo Antonio Vega Serrador, vinculado a las redes de desvío del exgobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo, ahora preso. Junto con su socio Anuar Fayad Hassan, Vega encabeza un imperio de al menos 176 gasolinerías en siete estados, principalmente en Quintana Roo (donde tiene 80), el Estado de México (51) y la Ciudad de México (32).
El empresario regiomontano Antonio Espinosa de los Monteros Leal y su familia controlan al menos 48 concesionarias de gasolina, 45 de ellas en Tabasco y las demás en Campeche y Veracruz. Espinosa de los Monteros participó en los saqueos al erario tabasqueño operados durante el sexenio del priista Andrés Granier Melo –ahora en prisión domiciliaria–, al que también rentaba aviones y vehículos blindados. Según la todavía Procuraduría General, el empresario puede haber participado en un fraude de 144 millones de pesos a través de la venta de un predio al gobierno estatal para construir casas destinadas a los damnificados por las inundaciones de 2007.

Sexenio presidencial
En el sector gasolinero también operan los financieros Salvador Oñate Ascencio y su hijo Santiago Oñate Barrón, cuyos negocios crecieron durante el sexenio presidencial de su amigo Vicente Fox. Oñate Ascencio, también presidente de Banco del Bajío y decenas de empresas registradas a su nombre en esa región, opera 51 gasolinerías con la empresa Mega Gasolineras y otras nueve con Servicio El Once, la mayor parte de ellas en Guanajuato, uno de los estados más afectados por el huachicoleo.
En noviembre pasado el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua, acusó al Grupo Soni –de Oñate Barrón y Oñate Ascencio– de operar tomas clandestinas conectadas a los ductos de Pemex. La PGR abrió una carpeta de investigación.
En San Luis Potosí, la familia de Juan Carlos Valladares Eichelmann –enlace del PRI con los empresarios del estado e integrante del jet set– controla 19 gasolinerías; en el norte del país opera Luis Carlos Valencia Rosas, un amigo de López Obrador que tiene 37 gasolinerías. (Con información de corresponsales)

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Las reformas para crear la Guardia Nacional preservan la impunidad militar

25/01/2019 – La iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado desde antes de asumir el gobierno, no sólo otorga la cobertura legal a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública. También mantiene a los cuerpos militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos fuera del alcance de la Corte Penal Internacional y, en la práctica, preserva la posibilidad de que los detenidos puedan ser interrogados, con riesgo de tortura, en instalaciones militares antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá la cobertura legal a las Fuerzas Armadas, esenciales en su proyecto de gobierno, para que la Corte Penal Internacional (CPI) siga impedida de intervenir directamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos en México.
Las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional, aprobadas en la Cámara de Diputados el miércoles 16 por el oficialismo con el apoyo del PRI, excluyeron la modificación al artículo 21 de la Constitución para reconocer plenamente la jurisdicción de la CPI en el país.
Además, mantienen la posibilidad de que los efectivos de la Guardia Nacional, que serán en su mayoría policías militares y policías navales, continúen la práctica de interrogar a los detenidos en los cuarteles antes de llevarlos ante el Ministerio Público, como ha ocurrido durante los últimos 12 años, según lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas en el marco del combate al narcotráfico.

Intervención de la justicia militar
Las reformas aprobadas hasta ahora en la Cámara de Diputados y pendientes de ratificación en el Senado conservan también la intervención de la justicia militar en casos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, y no hacen ninguna referencia a las ­disposiciones de la intervención de las comunicaciones de personas por parte de los militares ni a la facultad que tiene la justicia castrense para citar a declarar a civiles.
La iniciativa original presentada por Morena para la creación del nuevo cuerpo armado proponía que el Estado mexicano reconociera la jurisdicción de la CPI y superar lo que ahora sucede: que el presidente de la República, con el aval del Senado, tenga la última palabra para cualquier actuación de ese tribunal de Naciones Unidas en el país.
Después de casi dos décadas de reconocimiento a la CPI, hasta ahora ninguna de las denuncias presentadas en contra del Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos ha derivado en la actuación de esa corte. México reconoció su jurisdicción en septiembre del año 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, pero se ha quedado en un mero enunciado.
En el gobierno de Vicente Fox, en medio de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército durante el régimen del PRI, se estableció un doble candado en la Constitución para la intervención de la CPI en México. En la reforma al artículo 21 constitucional, aprobada en 2004, se estableció: “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, reconocer en cada caso la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Inicialmente, Morena pretendía eliminar esa doble restricción que se ha traducido en una obstrucción a las denuncias presentadas contra México desde que en 2007 los militares emprendieron el combate frontal al narcotráfico. En la iniciativa se eliminaba ese impedimento y se proponía que en la Constitución se estableciera: “El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

Marginada, la Corte Penal Internacional
La propuesta de reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional fue presentada el 20 de noviembre del año pasado por la diputada morenista María Guillermina Alvarado Moreno, apenas a cinco días que el entonces presidente electo anunciara su decisión de integrar ese nuevo cuerpo armado.
Como lo hizo el gobierno de Fox, el de López Obrador y su mayoría en el Congreso decidieron anular cualquier intervención jurídica internacional en el país para los casos en que agentes del Estado, incluidos militares, se vean implicados en crímenes de lesa humanidad.
En casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o la desaparición de civiles en Tamaulipas a manos de efectivos de Marina, ocurridos durante el gobierno de Peña Nieto, la CPI habría intervenido desde el principio para que los responsables tuvieran una sanción efectiva, dice la experta.
Advierte también de otra salvaguardia para los militares en la Guardia Nacional: la intervención del fuero militar para la investigación de esos casos, que ahí son considerados como “violencia contra las personas” y no violaciones graves a los derechos humanos.
En las reformas ya aprobadas por los diputados se estableció que los delitos cometidos por los elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por las autoridades civiles, mientras que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por la justicia militar.
Pero el Código de Justicia Militar abre la posibilidad de que los delitos cometidos por efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada contra civiles puedan ser investigados por tribunales castrenses. Incluso, en su capítulo Delitos cometidos en ejercicio de funciones militares o con motivo de ellas, establece una pena de sólo un año en contra del militar que use de manera innecesaria sus armas contra cualquier persona, o que sin autorización ejerza cualquier acto injustificado de violencia contra algún individuo.
En el caso de agresiones o vejaciones contra vecinos del lugar por donde ­transite, la pena es de dos años. Tratándose de robo o destrucción en alguna casa o de maltrato a personas del domicilio, el castigo es de seis meses. En el caso de la matanza de al menos 15 presuntos delincuentes en Tlatlaya, los militares que fueron procesados por la justicia militar sólo pasaron un año en la prisión del Ejército.

Reformas constitucionales
Victoria Unzueta observa también que las reformas constitucionales soslayaron las facultades que tiene la justicia militar para autorizar la intervención de comunicaciones o citar a particulares para declarar en tribunales castrenses.
La intervención de comunicaciones, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, abarca todo sistema de comunicación o programas de la evolución tecnológica sobre el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes y archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación en tiempo real o posterior a la comunicación.
Aunque aclara que la intervención de comunicaciones privadas “sólo podrá autorizarse en la investigación de delitos de la competencia de los órganos jurisdiccionales militares”, esas disposiciones se refieren a “hechos probablemente cometidos por personal militar en el ámbito de competencia castrense, que incluye actos cometidos en el servicio o con motivo de éste”.
En el caso de los citatorios judiciales a civiles por parte de la justicia castrense, el Código Militar de Procedimientos Penales señala que toda persona está obligada a presentarse ante la justicia militar o el Ministerio Público castrense “cuando sea citada”. La excepción es para el presidente de la República, los senadores, los diputados, los ministros de la Suprema Corte y otros altos funcionarios del Poder Judicial de la federación, así como los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El resto de los ciudadanos, incluso exfuncionarios públicos, pueden ser llamados a declarar en los tribunales militares.
Una modificación más del dictamen que operará a favor de los efectivos de la Guardia Nacional es que, en la propuesta original de la diputada Alvarado Moreno para reformar al artículo 16 de la Constitución, se establecía que bajo ninguna circunstancia una persona detenida podría ser trasladada ni resguardada en instalaciones militares. En un cambio posterior, se especificaba que los detenidos deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante las autoridades de carácter civil.
Pero al final los diputados redujeron el alcance del artículo y sólo se estableció: “Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan”. Es decir, se mantiene, ahora bajo el reconocimiento constitucional, la práctica actual: que en muchos casos los militares suelen llevar primero a los detenidos a cuarteles militares para interrogarlos o torturarlos antes de presentarlos ante el Ministerio Público.


Incidental golpe a la ultraderecha panista

3/01/2019 – Con la muerte de Rafael Moreno Valle desapareció el más influyente liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN), con cuyo poder ganó la presidencia Marko Cortés, pero también se desvaneció su más sólido prospecto a la Presidencia de la República para 2024, un proyecto que comenzó a construir con las peores prácticas desde que ganó la gubernatura de Puebla en 2010.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el desplome del helicóptero en el que viajaban el senador panista Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso, el PAN perdió su liderazgo interno más poderoso, y no sólo porque ella había logrado conservar Puebla para la derecha, sino también porque el legislador había llegado a una serie de acuerdos para amarrar su candidatura presidencial. Sin embargo, esta labor se basó en traiciones, acuerdos incumplidos y un autoritarismo cuyas primeras víctimas fueron los propios panistas.
Con la muerte de Rafael Moreno Valle desapareció el más influyente liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN), con cuyo poder ganó la presidencia Marko Cortés, pero también se desvaneció su más sólido prospecto a la Presidencia de la República para 2024, un proyecto que comenzó a construir con las peores prácticas desde que ganó la gubernatura de Puebla en 2010.
Sin Felipe Calderón y Margarita Zavala, así como con la marginación del excandidato presidencial Ricardo Anaya y los viejos liderazgos, el PAN experimenta un reacomodo interno con gobernadores que ya no tienen a Moreno Valle para que los articule, aunque emergen otros prospectos presidenciales, como el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el gobernador Javier Corral.

Escenario electoral
A la crisis interna derivada de la muerte de la pareja Alonso-Moreno Valle se suma el complejo escenario electoral para el PAN: la primera elección con Cortés como presidente, la extraordinaria de Monterrey, la perdió ante el PRI el domingo 23, y se perfila la misma suerte ante Morena en la gubernatura de Baja California, después de tres décadas ininterrumpidas de gobierno.
Uno de los escasos panistas que alertaron de la captura del PAN por parte de Moreno Valle en la más reciente elección interna, Juan José Rodríguez Prats, advierte que la muerte de éste deja en la orfandad a Cortés, pero al mismo tiempo lo libera para que asuma su condición de presidente del PAN.
En 2010, con todo el apoyo de Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo y la coalición de PAN, PRD, MC y Panal, Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla, desde la que comenzó a construir su candidatura presidencial, inicialmente prevista para 2018.
Esto supuso un pacto con la dirigencia del PAN, presidido a nivel nacional por César Nava, y con la organización secreta de ultraderecha El Yunque –que en Puebla se fundó en la década de los cincuenta–, con pláticas que comenzaron en 2009.
Con Moreno Valle asistían a esas reuniones su concuño Fernando Manzanilla, quien fue coordinador de campaña y el primer secretario de Gobierno, y Banck Serrato, mientras que El Yunque era representado por Jorge Espina, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Luis Regordosa Valenciana y Pablo Rodríguez Posada, líderes empresariales locales, así como el exdiputado Pablo Rodríguez Regordosa.
Producto de esos encuentros secretos fue un documento de compromisos de Moreno Valle con los jerarcas de El Yunque, como confirmó Rodríguez Regordosa. “Para más detalles, lo redacté yo”, dijo al reportero en junio de 2017 (Proceso 2119).
Aunque no participó en las reuniones, Juan Carlos Mondragón supo del pacto como presidente del PAN en la elección de 2010. Reveló que el documento por duplicado –el cual sólo tienen Moreno Valle y Rodríguez Regordosa– enlistaba compromisos sobre un gobierno con visión de largo plazo y participación ciudadana.
“Uno de los acuerdos era respetar la vida interna del partido, no meterse desde el gobierno, y a cambio no nos meteríamos en el gobierno. Él había dicho que iba a gobernar con panistas, pero no se exigió una sola cartera. Se pidió que fuera un gobierno sin corrupción, abierto a la transparencia y al desarrollo democrático y con separación de poderes”, dice Mondragón.
–¿Y Moreno Valle cumplió con estos compromisos?
–¡No, de ninguna manera, en absoluto! No hay un solo punto que se haya cumplido: ni en el tema de la corrupción ni de transparencia, mucho menos en la división de poderes. La conformación de su gobierno no fue de verdadera transición. De ninguna manera cumplió.
Al mismo tiempo que en su sexenio se disparó la inseguridad y la violencia, el robo de combustible –que implicó a altos mandos de la Policía Estatal y a políticos como Javier Lozano– y se multiplicaron los feminicidios, como lo admitió la propia Alonso como candidata, Moreno Valle impuso en el PAN numerosas prácticas autoritarias.
Una de ellas fue la afiliación masiva instrumentada por Eukid Castañón Herrera, su operador político acusado también de montar el aparato de espionaje a cargo de Joaquín Arenal Romero, exsubdirector de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Desde que Moreno Valle coqueteó con el PAN, en 2006, y sobre todo desde que se perfilaba su candidatura al gobierno estatal, una de las prominentes panistas de Puebla, Ana Teresa Aranda, advirtió de los riesgos para el partido.

Mensaje siciliano
En 2013, un comando ingresó a su domicilio mientras estaba ausente.  Ella culpó a Moreno Valle: “Es un mensaje siciliano que lleva la marca de ya sabes quién”, dijo Aranda. Uno de sus mejores amigos, el exalcalde panista Pedro Barojas, fue detenido con violencia en octubre de 2011 cuando iba con ella a la sesión del Consejo Estatal del PAN.
“Esa persecución le ha servido para mandar una enseñanza: a cualquiera que se quiera sublevar le va a pasar lo que a Pedro, que está en el bote, sea culpable o no. Bartlett se queda pequeño junto a Moreno Valle.”
–¿A ese nivel? –pregunta el reportero.
–Sí, de plano. Nada más comparemos los medios. En los tiempos de Bartlett podías ir a los medios, hablabas en la televisión y la radio, le pegabas al gobernador y ni modo. Ahora, salvo tres o cuatro excepciones, los medios mueren de miedo. ¡Es increíble la sumisión!
Con más de 350 presos, procesados y perseguidos políticos en su sexenio, Moreno Valle llevó la represión a niveles inauditos, como la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, cuyo cráneo fue destrozado por un cartucho de gas lacrimógeno cuando la Policía Estatal desalojaba un bloqueo carretero, el 19 de junio de 2014, al amparo de la llamada “Ley Bala”. El abuso derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nunca cumplió a cabalidad.
Luego de dejar la gubernatura en manos de Gali, Moreno Valle emprendió la búsqueda de la candidatura presidencial mediante una estructura nacional que financió durante años, pese a lo cual fracasó ante Anaya. Sin embargo, Moreno Valle amarró con Anaya la candidatura de su esposa a gobernadora y la propia como senador. Y luego pactó con Cortés su apoyo a cambio de la coordinación del PAN en el Senado, plataforma de su proyecto presidencial.
Damián Zepeda, quien prefirió renunciar a la coordinación antes de ser sustituido por Moreno Valle, definió la trayectoria de éste, exactamente un mes antes de su muerte, en dos palabras: autoritario y traidor.


Ante el desastre, el gran desafío

4/12/2018 – Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tomar posesión de la Presidencia este sábado 1, Andrés Manuel López Obrador pintó el panorama desastroso de un país –que gobernará– sometido a 36 años de neoliberalismo, durante los cuales la corrupción, la pobreza y la violencia se desbordaron. Para enderezar un México que describió prácticamente en ruinas, el presidente ofreció perdón y no venganza, y detalló una serie de medidas que resumió en la frase “Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.
“Hoy comienza un cambio del régimen político”, lanzó Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna del Congreso de la Unión. El reloj marcaba las 11:26 horas del sábado 1 y el tabasqueño se ceñía el símbolo del poder, la banda presidencial, para convertirse al fin en presidente de México.
Protagonista del quiebre del PRI en 1988, Porfirio Muñoz Ledo encabezó el ritual desde la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión: del mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, recibió la banda presidencial, la levantó, la mostró al pleno y se la colocó al tabasqueño, arrancando así lo que se ha llamado “la hora cero de la República”… y estallaron los aplausos en el pleno.
Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador.
“Iniciamos hoy la Cuarta Transformación. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada. Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”, exclamó entre vítores.
Y aunque pretende acabar con los males del país, ofreció no ser juez sino conciliador. Puso sobre la mesa la política de “punto final”, a lo que la bancada del PAN respondió con un rotundo “¡noooooo!”.
Abarrotado el recinto de San Lázaro, el tabasqueño se apropió del escenario.
El PRI que combatió replegado, respetó la ceremonia republicana y acaso dio débiles gritos de apoyo a Peña Nieto en su despedida. El PAN, que por momentos parecía lleno de ira, lo recibió con pancartas, exigencias y reclamos para acabar lo que ellos mismos echaron a andar: el aumento al precio de las gasolinas.
El PRD, partido que él, Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano (testigo de la ceremonia desde el palco de invitados especiales) construyeron, ahora estaba totalmente desdibujado.
En el otro extremo, la izquierda del recinto, sus compañeros de la larga campaña presidencial de 12 años: el PT, sus nuevos aliados del PES y Morena no cabían de gozo. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, coreaban exultantes.
El ambiente era de fiesta para la nueva mayoría y de prudencia para el PRI, al cual se aludió una y otra vez, pero a final de cuentas uno con el PAN en su caminar por el neoliberalismo.

Contra el neoliberalismo
La magia del poder que potencia la banda presidencial no tuvo los mismos efectos en anteriores mandatarios, quienes una vez que la acariciaban cobraban fuerza en la voz o a quienes cubría entonces un artificial halo de respeto.
Aunque se sumó a la liturgia del cambio de poder presidencial, López Obrador resumió aquello contra lo que luchó a lo largo de 36 años. Sí, acarició brevemente la banda, pero largamente enumeró los estragos del desastre neoliberal.
“La crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada… Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”, soltó el presidente, pero sin voltear a ver a Peña Nieto. Estoico, el mandatario saliente aguantó la hora con 18 minutos del recuento de los daños, de muchos de los cuales su Presidencia fue responsable.
En el estrado, sentado a la derecha de Martí Batres, Peña Nieto comentó en corto al presidente del Senado: “Es indudable el liderazgo de Andrés Manuel. Lo tiene desde hace muchos años. Ya estaba preparado para esto desde 2006”.
Ante el reconocimiento lopezobradorista a Peña Nieto por no meterse en las elecciones, el expresidente le comentó a Batres: “¡No faltaba más. Era inevitable!”.
“Bueno… pero otros gobiernos, como el de Fox, sí intervinieron en la elección”, reviró Batres.
El neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, pero también de la inseguridad y violencia que padece México, dijo López Obrador, quien se cuidó: nunca acusó al PRI, por el contrario, elogió a gobiernos priistas que antecedieron al neoliberalismo iniciado con Miguel de la Madrid.
Concluida la Revolución y hasta los años setenta, la economía de México creció 5% y a veces 6% al año, apuntó, para luego elogiar a Antonio Ortiz Mena. Vino luego la debacle: crecimiento pero con inflación y endeudamiento.
Siguió la bofetada a los gobiernos panistas y priistas que trajeron el neoliberalismo al país: con Vicente Fox la deuda externa quedó en 1.7 billones de pesos, con Felipe Calderón aumentó a la estratosférica cifra de 5.2 billones de pesos y con EPN cierra en 10 billones.
Otra perla del neoliberalismo, dijo, son “las privatizaciones y la corrupción. Hablar de las primeras es sinónimo de lo segundo”.


6 mil víctimas: un sexenio de represión

29/11/2018 – Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas. Además, identificaron cuáles eran los derechos que defendían y la mayoría de los casos se concentra en quienes protestaban contra la Reforma Educativa, ejercían el derecho a la manifestación o se articulaban en defensa del territorio.

CIUDAD DE MÉXICO.- El 1 de diciembre de 2012 las redadas para someter a las multitudes que protestaban por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto marcaron el inicio de un periodo de represión contra movimientos sociales.
Todas las agresiones que suelen aplicarse a movimientos sociales y sus dirigentes y contra defensores de derechos humanos se usaron ese día en la Ciudad de México: se detuvo a un centenar de personas –32 de esas detenciones quedaron plenamente acreditadas como arbitrariedades–, 14 permanecieron presas y sujetas a proceso y hubo una veintena de heridos.
Uno de los heridos a la postre murió: Juan Francisco Kuykendall, hombre de teatro y militante de izquierda, salió ese día a protestar contra lo que consideraba el resultado de un fraude electoral cuando un objeto lanzado por los policías le perforó el cráneo. Junto a él estaba su compañero de teatro y causas, Teodulfo Torres, quien con su cámara captó el momento de la agresión.

Testigo
Kuykendall permaneció en coma inducido. La pérdida de masa encefálica impidió que recuperara la conciencia. Murió el 25 de enero de 2014.
Torres, testigo de los hechos, fue llamado a declarar al Ministerio Público, que lo citó el 27 de marzo de 2013. Nunca llegó a la cita porque cinco días antes de la diligencia su nombre quedó inscrito en una base de datos como uno más de las decenas de miles de desaparecidos.
Las agresiones, detenciones arbitrarias, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones crecieron a partir de ese día por todo el país, hasta acumular alrededor de seis mil víctimas.
Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas.
Además, identificaron cuáles eran los derechos que defendían y la mayoría de los casos se concentra en quienes protestaban contra la Reforma Educativa, ejercían el derecho a la manifestación o se articulaban en defensa del territorio.

Violaciones a los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra dirigentes sociales, casi siempre en defensa o ejercicio de un derecho fundamental, tienen en primer lugar a quienes se oponían a la Reforma Educativa; en segundo, a los que protestaban contra alguna política gubernamental, y en tercer lugar a quienes se oponen a megaproyectos energéticos, mineros o de infraestructura, en defensa de sus tierras, territorios o recursos naturales.
Las víctimas de la represión peñanietista tuvieron como común denominador haberse opuesto a las reformas estructurales.
El hecho que marcó a la administración ocurrió en Guerrero: la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 desparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Normal de Ayotzinapa. Esa desaparición permanece irresuelta, y los perpetradores, impunes.
Lo ocurrido con los jóvenes disparó las estadísticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para entonces ya sumaba, por año, más casos de represión que en el sexenio de Felipe Calderón. Éste, en todo su régimen, acumuló 55 desapariciones de dirigentes o miembros de movimientos sociales o defensores de derechos humanos en el contexto de algún conflicto; con el mexiquense, hasta mediados del presente año totalizaban 110.
El episodio más reciente es el del indígena Sergio Rivera Hernández, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, en Puebla, quien participaba en la oposición a la hidroeléctrica que pretende construirse en la zona Coyolapa-Atzala, en la Sierra Negra. Desapareció el pasado 23 de agosto.

Asesinan a
161 personas
A lo largo del sexenio, al menos 161 personas que se resistían a megaproyectos de infraestructura fueron asesinadas, la mayoría de ellas por agentes del Estado.
En los episodios más recientes, el 24 de octubre fue asesinado el indígena rarámuri Julián Carrillo, quien acababa de lograr que un tribunal agrario reconociera los derechos de tenencia de la tierra de esa etnia en el territorio Choreachi. Ya en 2016 habían asesinado a su hijo Víctor, y en marzo de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones; el 30 de julio de ese año otro sobrino suyo, Guadalupe Carrillo, fue ultimado, y el más reciente caso fue el homicidio de su yerno, Francisco Chaparro, el pasado 1 de julio.
Un día después, el 25 de octubre, fue asesinado Noel Castillo Aguilar, en el contexto de una campaña de hostigamiento a los miembros de su organización, que se oponían al despojo de tierras para la instalación de hidroeléctricas y compañías mineras en la Costa de Oaxaca.
Al cierre de esta edición se sumaba el asesinato de Carlos Mayorga Guerrero, dirigente del Movimiento por la Paz en Amatán, Chiapas, por una disputa poselectoral.


Presunto pacto AMLO-Peña Nieto;

26/11/2018 – “Es un guion que pactaron para sus decisiones: el repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: ‘Es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien’. Todo pactaron con guion.”

CIUDAD DE MÉXICO.- La amnistía de Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno para no ser investigados por corrupción es producto de un pacto entre ambos, y el operador para concretarlo fue el canciller Luis Videgaray, asegura Carlos Navarrete, expresidente del PRD.
Ese acuerdo se formalizó en plena campaña electoral en una reunión entre López Obrador y Videgaray, previo al segundo debate de los candidatos presidenciales, el 20 de mayo, precisa Navarrete y afirma que a eso obedece la “transición de terciopelo” tras las elecciones y que incluye la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

El repliegue está pactado
“Es un guion que pactaron para sus decisiones: el repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: ‘Es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien’. Todo pactaron con guion.”
–¿Incluyendo la cancelación del aeropuerto?
–Incluyendo el aeropuerto: “Esa es tu decisión, presidente”.
En entrevista con Proceso, el 29 de octubre y el viernes 23, el exsenador no revela sus fuentes, pero garantiza que Videgaray aconsejó a Peña actuar igual que ante el inminente triunfo de Donald Trump, porque el candidato priista, José Antonio Meade, no le ganaría a López Obrador.
“Videgaray le dice: ‘Presidente, va a ganar (López Obrador). Así como te dije que iba a ganar Trump y que había que platicar, te digo que va a ganar Andrés.’ Y platicó. Por eso la transición de terciopelo.”
–¿Lo sabe usted de cierto?
–Por supuesto. No te puedo decir las fuentes.
–¿Pero cómo fue la negociación?
–Videgaray y Andrés.
–¿Se reunieron ­personalmente?
–Sí. Videgaray, que es un témpano para tomar decisiones, le dijo al presidente: “No hay forma. La tendencia es imparable y con el nuestro no hay forma”.
Precisa: “Estamos hablando de antes del segundo debate. Ya Andrés había mandado tres mensajes antes sobre la amnistía, sobre el borrón y cuenta nueva y no había tenido respuesta en Los Pinos. Les dijo en un discurso, se los dijo en Acapulco con empresarios. Y Peña Nieto decía: ‘Quién sabe’”.
Además del crecimiento de López Obrador y el estancamiento de Meade, otro elemento que gravitó para la consecución del acuerdo fue la amenaza que lanzó Anaya, el 5 de marzo, de encarcelar a Peña si se comprobaba que había cometido graves actos de corrupción y que para ello crearía una comisión de la verdad.
“Ese fue el último elemento que los convenció”, subraya Navarrete, a quien sus fuentes del gobierno le recordaron que, hacia el segundo debate de los candidatos presidenciales, en Tijuana, todas las encuestas marcaban una amplia ventaja para López Obrador.

Cancelación del NAIM
Miembro de la corriente Nueva Izquierda del PRD, que encabeza Jesús Ortega, y uno de los artífices de la alianza con Anaya y el PAN, Navarrete insiste en que incluso la cancelación del NAIM forma parte del pacto de López Obrador con Peña.
–¿Aunque sea la obra emblema de Peña?
–Es preferible la tranquilidad.
–¿La impunidad?
–Impunidad. El borrón y cuenta nueva es en serio. Es en serio.
Navarrete asegura que él se enteró de este acuerdo a finales de julio, pasada la elección, en una comida con “un alto funcionario del gobierno” de Peña, cuya identidad se comprometió a no revelar.
El primer punto del acuerdo, según él, fue la petición de López Obrador a Peña de no intervenir en la elección, como lo hizo Vicente Fox en la de 2006 para imponer a Felipe Calderón: “Desde Los Pinos”, recuerda Navarrete, “habían operado con gobernadores, con medios, con guerra sucia, con recursos, con todo”.
El segundo punto, añade, fue que reconociera su triunfo de inmediato para evitar un conflicto poselectoral y el tercero, una transición estable, de julio a diciembre, para asumir decisiones antes de tomar posesión.

Cacería de brujas
“Para la contraparte (de Peña) no fue menor el acuerdo: ‘No te preocupes: no habrá una cacería de brujas ni habrá fincamiento de responsabilidades. A partir del 1 de diciembre empieza una nueva etapa’.”
Y aclara: “Por cierto, nada diferente a lo que le había dicho Andrés públicamente. En esa materia hay que reconocer que ha sido bastante transparente. No es un acuerdo soterrado, no; se los mandó decir públicamente. Y después lo concretó en marzo y el contacto se mantuvo con él permanentemente.
“¿Qué ocurre ahora? Todo es perfectamente lógico con un acuerdo de esa naturaleza: El aeropuerto, lo de Javier Duarte, que es un chivo expiatorio, lo de Rosario Robles, que es cosa secundaria. Son señales para Peña: ‘Yo voy a cumplir el acuerdo’. Eso es lo que yo conozco.”
–¿Qué revela este acuerdo si López Obrador lo ofreció públicamente y lo está cumpliendo?
–Revela una decisión política: Llegar al poder mediante un acuerdo con el viejo régimen. Y a partir de la llegada, intentar instaurar un nuevo régimen con todo el poder concentrado en sus manos, sin obstáculos de los personeros perdonados mediante un acuerdo de impunidad.
–Pero también Anaya quiso pactar con Peña.
–Nunca prosperó ese intento. Nunca hubo interlocución, nunca hubo operadores, nunca hubo apertura.
La “amnistía anticipada” la ofreció López Obrador en 2016, en una conferencia que pronunció ante empresarios en Acapulco, y también la planteó por escrito, desde 2010, en su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012.
El “pacto de impunidad” con Peña fue una imputación que hizo el excandidato presidencial Anaya a López Obrador, quien desde el año pasado aseguró que un grupo de magnates, encabezados por Claudio X. González, le pidió al presidente cerrarle el paso.

“Amnistía” desde 2010
Medio año antes, el 11 de agosto de 2016, López Obrador ofreció, de manera inequívoca, una “amnistía anticipada” al “grupo en el poder”, en el mensaje que pronunció al participar en el ciclo de conferencias “Era Familiar Princess 2016”, en Acapulco, en el que participaron también, por separado, Margarita Zavala y Carlos Salinas.
“Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie.”
En una ponencia de 18 cuartillas denominada “Cambio y porvenir de México (una visión hacia el 2018)”, López Obrador recordó que en 2006 ofreció también una amnistía a la “mafia del poder”.
En su mencionado libro incluyó un capítulo para plantear a los integrantes de la oligarquía que, de ganar, no habría represalias: “Declaramos esta amnistía anticipada”, escribió, “porque lo que se necesita es justicia, no venganza”.


Ni un peso más para los exmandatarios

Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

15/11/2018 – CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se acabó: los privilegios inconstitucionales e ilegales de los expresidentes de México, emblemáticos del patrimonialismo y el abuso del dinero público de la alta burocracia, han sido jurídicamente eliminados en vísperas de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado.
Pero más que el ahorro económico por estos privilegios, estimado en 5 millones de pesos al mes, esta decisión marca el inicio del desmantelamiento del “Estado corrupto”, advierte el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, autor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en vigor desde el martes 6, que ha cimbrado a la alta burocracia.
“Las pensiones siempre han sido ilegales, pero hace nueve años, cuando entró en vigor la reforma al artículo 127 de la Constitución, quedaron en condición de inconstitucionalidad y ahora pagarlas es delito. Entonces si Peña les quiere pagar noviembre, va a correr un riesgo”, dijo.
La ley define –en sus artículos 127 bis y 127 ter– los delitos que se cometen por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, que se castigan inclusive con cárcel.
El 127 bis establece que “además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita (…) el servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”.
Como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional, dispone en su artículo 10 que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, las pensiones presidenciales quedaron proscritas.

Ahora, conflictos de interés
Y es que los privilegios de los expresidentes se fundaron, desde su origen, en simples acuerdos que ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por lo que nunca tuvieron validez legal.
A partir de 1976, al concluir el sexenio de Luis Echeverría, los expresidentes disfrutan, además de una pensión equivalente a la de un secretario de Estado –205 mil pesos actuales–, de aviones, vehículos blindados, funcionarios con sueldos de hasta subsecretario, cientos de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial (EMP), servicio médico militar, pago de predial, telefonía, choferes y hasta jardineros (Proceso 2163).
En ningún país, ni en Estados Unidos, existen los privilegios de los que han gozado José López Portillo y Miguel de la Madrid, ya fallecidos, así como Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes ahora deberán vivir sólo con sus propios recursos.
A excepción de Echeverría y Salinas, Zedillo, Fox y Calderón siguen trabajando y perciben ingresos.
Calderón cobró 8 millones 267 mil 515 pesos por honorarios sólo en 2016, como declaró su esposa, Margarita Zavala. Es miembro del consejo de administración de Avangrid, empresa ligada a la española Iberdrola.
Fox, además de controlar los donativos y negocios del Centro Fox, tiene ingresos como conferencista e inversionista en el sector energético, en la empresa EIM Capital, y él mismo ha anunciado que, una vez que se legalice, incursionará en el negocio de la mariguana.
Zedillo, a su vez, ha sido miembro de la Junta Directiva de Citigroup, del consejo ejecutivo de Procter & Gamble, de la fundidora de aluminio Alcoa y de Union Pacific, concesionaria de Ferrocarriles Nacionales de México; mantiene en secreto el monto de sus honorarios.

“Estado corrupto”
Pablo Gómez Álvarez y Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coinciden, en entrevistas por separado, que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos tiene solidez jurídica y pone punto final a los abusos presidenciales.
En el caso de las pensiones, Salinas y Zedillo renunciaron a ellas; Calderón donó el monto total, a partir de febrero de 2017, a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que atiende a niños con cáncer, mientras que las viudas de López Portillo y de De la Madrid, Alejandra Acimovic Popovic (Sasha Montenegro) y Paloma Cordero Tapia, reciben 80% neto del sueldo total.
Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.
Esta última parte, la referida a la seguridad, la propuso el PRI en las negociaciones, pero pasó el tiempo y nada se hizo, pese a que la propia disposición ordenaba al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados expedir leyes para hacer efectivo el contenido de ese artículo y para sancionar su incumplimiento.
“¿Quién cumplió? Nadie, ni un estado ni el Congreso de la Unión. ¡Nueve años de omisión, de desobedecer este precepto! Además, el transitorio del decreto de aprobación del artículo 127 les daba un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. ¡Pasaron nueve años! Y todavía están de chillones, no querían que se aprobara”, cuenta Gómez.
–¿Quiénes se opusieron?
–El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, todos.
Pablo Gómez afirma que la eliminación de las pensiones presidenciales es sólo una parte del proceso de desmantelamiento del “Estado corrupto”, que incluye la eliminación en la Constitución de la partida secreta presidencial y del Ramo 23.
“Queremos eliminar el Ramo 23 también como un símbolo”, dice, y se emitirán leyes como la de austeridad y de la administración pública, que en el caso de los delegados en los estados sean enlaces de los gobiernos estatales ante la Federación.
“Lo que queremos evitar son las mordidas, el tráfico de influencias, el influyentismo, la tracalería. Porque el Estado corrupto es un fenómeno que, en buena medida, ­consiste en que la corrupción se convierte en forma de gobierno. Ese es el punto. En ­todos los Estados hay corrupción, pero no todos los Estados son corruptos. El mexicano sí es un Estado corrupto y, como tal, articula la gobernanza mediante la corrupción.

Calderón, el exceso
En Los parásitos del poder (Ediciones Proceso, 2015), Villanueva y Nucci acreditaron que los privilegios de los expresidentes de México no se tienen ni en los países más ricos. El volumen señala que los privilegios de los expresidentes nunca tuvieron sustento jurídico y por eso es fácil eliminarlos con la ley, pero lo que ayudó también fue el cambio en el reglamento del EMP que hizo Calderón el último día de su sexenio, cuando se aumentó a 425 los efectivos para el resguardo y seguridad de él y de sus familiares.
Michoacano como Calderón, a Villanueva le consta el despliegue del EMP para cuidar a la madre del titular del Ejecutivo: “Era un pelotón completo afuera de la casa de la señora, en el centro de Morelia. Y estas personas tenían que comer, se hospedaban en un hotel cercano, si bien de tres estrellas, pero había que pagar lavado de ropa y otros gastos”.
Era ostensible también el despliegue del EMP que cuidaba a Luisa María Calderón, sobre todo cuando fue candidata a gobernadora de Michoacán, en 2011 También Margarita Zavala era resguardada por muchos elementos, como a Villanueva le tocó verla en Veracruz este mismo año.
“Me tocó causalmente. Yo estaba en el mismo hotel y la gente que trabaja conmigo en seguridad identificó a toda la gente de seguridad disfrazados de paisanos. Contamos, nada más adentro, unos 25, además de los que estaban afuera, otros 10 por lo menos.”
Villanueva minimiza los señalamientos de personeros de Calderón en el sentido de que quitarle la custodia del EMP a los expresidentes pone en riesgo su vida y que el responsable será López Obrador.
“El presidente de la República no puede garantizar la seguridad de los expresidentes. Eso no está establecido en la Constitución ni en la ley, y en ningún lugar del mundo. Ese es simplemente un argumento psicológico, efectista para tratar de justificar lo injustificable y más en el caso Calderón.”
Además, dice, él debe hacerse cargo de las decisiones que tomó al margen de la ley, como el “michoacanazo” y la muerte que jamás se comprobó del narcotraficante Nazario Moreno. “Una persona debe ser responsable de lo que hace y más si lo hace al margen de la legalidad”.


La migración hondureña como arma electoral de la Casa Blanca

24/10/2018 – Frente a la posibilidad de que una derrota electoral limite en gran medida su poder y él quede a merced de la oposición demócrata en el Congreso, el mandatario aprovechó el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que arrancó en Honduras, en un intento desesperado de robustecer los sentimientos antimigrantes y canalizarlos a favor de los republicanos.

WASHINGTON.- La nueva andanada de ataques verbales contra la inmigración indocumentada centroamericana, acompañada de amenazas a México por parte del presidente estadunidense Donald Trump, es una estrategia electoral para alentar el voto conservador y racista de su país a fin de mantener el Congreso federal en manos de los republicanos.
El próximo 6 de noviembre habrá elecciones federales de medio periodo en las que se juega el control del Capitolio. Aunque actualmente su partido controla el Poder Legislativo, Trump está preocupado porque las encuestas favorecen a los demócratas.
Frente a la posibilidad de que una derrota electoral limite en gran medida su poder y él quede a merced de la oposición demócrata en el Congreso, el mandatario aprovechó el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que arrancó en Honduras, en un intento desesperado de robustecer los sentimientos antimigrantes y canalizarlos a favor de los republicanos.
El martes 16 Trump, por medio de su cuenta de Twitter, amenazó a Honduras con suspenderle la ayuda económica si no detenía la caravana. Horas después amenazó también a El Salvador y Guatemala.

Mensajes en Twitter
Luego de los mensajes en Twitter, su red social favorita, Fox News, la cadena de televisión nacional, y todas sus estaciones afiliadas dieron amplia cobertura a la caravana centroamericana en su camino hacia el norte.
Los comicios del 6 de noviembre son el primer plebiscito para la presidencia de Trump. Se juegan las 435 curules de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 de Senadores.
De acuerdo con el promedio de las encuestas recientes de varios medios estadunidenses, los demócratas tienen 57% de posibilidades de ganar el control de la Cámara de Representantes; los republicanos, 43%.
En esa rama legislativa los republicanos cuentan con 235 curules, los demócratas 193 y hay siete vacantes. En el Senado la pelea está muy cerrada; el promedio en las encuestas al cierre de esta edición daba 52% a los republicanos, frente a 47% de los demócratas.
Actualmente el Partido Republicano cuenta con 51 lugares en el Senado, los demócratas con 47 y hay dos independientes. De los 35 que estarán en juego el 6 de noviembre, 23 son demócratas, 10 republicanos y dos independientes.
Los sondeos muestran que los asuntos importantes para los votantes estadunidenses son: economía, creación de empleos, reducción de impuestos, inmigración indocumentada, servicios de salud, educación pública, servicios sociales y subsidios para las jubilaciones.
“Si los demócratas ganan el control de la Cámara de Representantes, el presidente Trump estará imposibilitado para cumplir sus promesas de gobierno en los próximos dos años. De nada le servirá si los republicanos mantienen el control del Senado, y las posibilidades de que lo logren son como un volado”, consideró The Wall Street Journal en un editorial publicado la semana pasada.

Títeres del Twitter
A menos de tres semanas de los comicios de noviembre, el pasado jueves 18 Trump escribió en Twitter:
“Estoy observando al Partido Demócrata (porque quiere fronteras abiertas y débiles leyes migratorias) liderar el asalto a nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes no están haciendo nada para detener el gran flujo de personas, que incluye a muchos criminales que entran a México para dirigirse a Estados Unidos”. No presentó ninguna evidencia de su acusación.
“Además de detener todos los pagos a esos países que al parecer no tienen control sobre su población, debo pedirle a México, en los términos más enérgicos, parar este ataque y, si no puede hacerlo, llamaré al ejército y cerraré nuestra frontera sur”, advirtió en su segundo mensaje, el mismo jueves 18.
Remató el día con un tercero: “El asalto a nuestro país, a nuestra frontera sur, incluyendo al elemento del flujo de drogas, para mí, como presidente, es más importante que el comercio o el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Espero que México contenga este ataque a su frontera norte. Las leyes débiles son culpa de los demócratas”.
Las frustraciones electorales de Trump y su aliento a los sectores conservadores y racistas de la población estadunidense (que apoyan la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de los inmigrantes, tanto indocumentados como residentes permanentes de origen latino) surtieron el efecto que esperaba.
Envió a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a hablar de la caravana con el presidente Enrique Peña Nieto, su canciller, Luis Videgaray, y con Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores.
El gobierno mexicano magnificó la presunta crisis migratoria por la caravana centroamericana al puro estilo de Trump; Peña Nieto ordenó el despliegue de la Policía Federal en la frontera con Guatemala y Videgaray apeló a la asistencia de las Naciones Unidas.
Para militarizar la frontera con México, el mandatario estadunidense requiere de la aprobación del Congreso. Revertir o anular las negociaciones del nuevo acuerdo comercial de América del Norte le costaría a Trump el respaldo de los sindicatos del sector agrícola, de las manufacturas y el automotriz, por mencionar algunos, con lo que disminuiría las posibilidades de triunfo de los republicanos el 6 de noviembre. Sin embargo, tres mensajes en Twitter bastaron para que Peña Nieto y Videgaray reaccionaran como Trump quería.
En cambio, conscientes de los riesgos electorales y políticos de la acusación infundada de Trump a los demócratas, de que alientan la inmigración indocumentada, minutos después del tercer mensaje del mandatario en Twitter, se pelearon a gritos dos de sus principales asesores en la Casa Blanca.
De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca citados por los diarios The New York Times y The Washington Post, a unos pasos de la Oficina Oval discutieron airadamente el general John Kelly, jefe del gabinete, y John Bolton, jefe del Consejo Nacional de Seguridad.

La caravana y los niños enjaulados
Desde febrero de 2017, al cumplir un mes en la Presidencia, Trump presumió que las políticas antimigrantes de mano dura –con las que ganó muchos votos– estaban dando los resultados que garantizó como candidato. Afirmó que el flujo de indocumentados había disminuido, en tanto que su captura se incrementaba.
En junio pasado el mandatario ordenó aplicar la política de tolerancia cero hacia la inmigración indocumentada, lo que provocó la captura, arresto y separación de sus padres o familiares de 2 mil 654 menores, detenidos en la frontera con México.
El hecho de que Trump separara a los niños de sus padres y los mantuviera enjaulados y sin noticias de sus familiares, se convirtió en una crisis humanitaria que hasta la fecha favorece políticamente a los demócratas.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Departamento de Seguridad Interior sobre la aprehensión o detención de inmigrantes indocumentados, el año pasado éstas aumentaron 30%, lo que irrita a Trump porque exhibe el fracaso de sus promesas de reducir el flujo de personas sin documentos.
No obstante la tendencia a la baja que se registró de 2000 a 2017, al concluir el año fiscal 2018, el pasado 30 de septiembre, los agentes migratorios habían detenido a 396 mil 579 indocumentados en la frontera con México, lo que otra vez equivale a 30% más que el año fiscal anterior.
Para mayor desmentido a las afirmaciones de Trump, las estadísticas oficiales indican que en el año fiscal 2018 se detuvo a 107 mil 212 personas sin documentos a quienes se clasifica como “integrantes de familias”. Esa cifra es muy superior a la que el mandatario presumió el año pasado: 77 mil 857 personas integrantes de familias capturadas en 2016.
En la misma semana que el presidente Trump desató su frustración y furia contra la caravana de migrantes y contra México, la Unión Americana de Libertades Civiles dio a conocer que de los 2 mil 654 niños separados de sus padres o familiares por la tolerancia cero, 245 permanecen en centros de detención temporal porque se desconoce el paradero de sus familiares, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Se presume que los parientes de 175 de esos niños ya fueron deportados a sus países de origen.
La separación de familias es un punto vulnerable de los republicanos entre el electorado estadunidense. En los estados del medio oeste, donde se concentra la mayoría de la población blanca que apoyó a Trump en la elección de 2016, los candidatos republicanos mantienen una posición moderada sobre el caso de los niños, pero igual de radical respecto de la construcción del muro y la deportación de indocumentados adultos.
Pero en el sur la situación es diferente, en parte porque el electorado de origen latino es fundamental. Por ejemplo, en Texas el senador republicano Ted Cruz busca reelegirse, pero tiene una ventaja mínima frente al candidato demócrata, Beto O’Rourke: 50% y 47%, respectivamente.
La reelección de Cruz es crucial para que los republicanos retengan la mayoría en el Senado. La última vez que Texas contó con un senador demócrata en el Congreso federal fue en 1993.


El racismo y la xenofobia explotaron en las redes

22/10/2018 – El Observatorio de Redes y Derechos Digitales revela a Proceso que “al menos medio millar de cuentas de trolls que tradicionalmente se montan en tendencias para realizar ataques de odio, participaron este viernes dentro de #CaravanaMigrante difundiendo ataques y opiniones racistas y xenófobas a los migrantes, simulando que se trataba de expresiones espontáneas”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas se divulgaron los primeros videos del salto de la barda fronteriza de cientos de jóvenes centroamericanos, los usuarios reales y los bots (cuentas automatizadas con menos de 50 seguidores) y trolls (dedicados a provocar utilizando las tendencias más mencionadas) inundaron las redes con expresiones como: “criminales”, “violentos”, “entraron ilegalmente”, “es un problema de Honduras”, “escorias”, “egoístas”, “vienen a secuestrar, a matar y a dañar”, “van a quitar empleos”, “llévatelos a tu casa”, ante cada intento de expresar solidaridad.
Con el hashtag #CaravanaMigrante, que se volvió la principal tendencia en Twitter con 75 mil tuits, cientos de usuarios, reales y ficticios, expresaron sus fobias y su odio ante las expresiones de solidaridad de varias cuentas representativas.
Por ejemplo, el diputado independiente de Jalisco Pedro Kumamoto, descendiente de migrantes japoneses, redactó en su cuenta de Twitter: “Mi bisabuelo llegó a este país con nada más que ganas de alimentar sus sueños y su panza. Desde él aprendimos que ningún ser humano es ilegal. Que México sepa escuchar esta delicada situación humanitaria y nos solidaricemos”.
Y así le respondieron algunos de sus seguidores:
–Nadie es ilegal, pero debemos respetar las reglas que nos rigen…
–Cuando tu bisabuelo llegó no existía tanta población, existía lugar disponible para vivir y recursos.
El periodista y documentalista Epigmenio Ibarra lanzó un mensaje en su cuenta para cuestionar este brote de odio: “Me duele, me indigna, me subleva la xenofobia de los que piensan como si fueran red necks norteamericanos. Revictimizan a los migrantes centroamericanos. Los llaman delincuentes. Dicen que ponen en peligro sus empleos. Hablan como Trump”.
Decenas de bots, activados desde algún call center también respondieron a la crítica de Ibarra con expresiones como “no es xenofobia, es precaución, con orden y buen registro de la cantidad de personas que ingresen no me importaría” (@AmlieKing2).
El activista y defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof destacó que al menos 76 veces le replicaron seguidores falsos y verdaderos con esta pregunta: “¿Dejaría usted entrar a su casa a la caravana?” Consideró “interesante” que casi 40% de los mexicanos que participaron en la Encuesta Nacional sobre Discriminación declaró que no le rentaría un cuarto a un migrante.

Odio sincronizado
El Observatorio de Redes y Derechos Digitales revela a Proceso que “al menos medio millar de cuentas de trolls que tradicionalmente se montan en tendencias para realizar ataques de odio, participaron este viernes dentro de #CaravanaMigrante difundiendo ataques y opiniones racistas y xenófobas a los migrantes, simulando que se trataba de expresiones espontáneas”.
Consultado en la noche de esta oleada de mensajes, el Observatorio indicó que algunos mensajes de estos trolls eran llamados explícitos al uso de la fuerza pública, justo cuando elementos de la Policía Federal, al mando del comisionado Manelich Castilla, dispersaron con gases lacrimógenos a los migrantes.
El mismo Observatorio destacó que el titular informativo de UnoTV, el sistema de mensajes por telefonía móvil de Telcel, desató una serie de expresiones de odio. Al reportar el ingreso de los centroamericanos, encabezó su nota: “A la fuerza, migrantes entran a México; así rompieron la cerca”.
La virulencia antiinmigrante coincidió también con el cambio de discurso del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y del encuentro entre el canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo.

Caos
Navarrete Prida primero se comprometió a que no se recurriría a la violencia contra la Caravana Migrante y después pidió “regresar al diálogo, luego de haber provocado caos al romper la valla que divide al país con Guatemala”.
Otros personajes públicos como el exoficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah, tuiteó:
“Ante la Caravana Migrante, si el gobierno mexicano no tiene una política distinta a la limitada y unilateral contención y expulsión, mínimamente debe garantizar la dignidad, integridad física y psicológica de ellos. Y la CNDH debe dictar medidas cautelares.”
En su cuenta de Twitter la CNDH no se pronunció en contra de las expresiones racistas contra los migrantes centroamericanos.


El número de muertos del 68, aún en el misterio

4/10/2018 – Con base en la investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, de la organización civil National Security Archive sobre el movimiento de 1968, en la que ella también participó, la comunicóloga Susana Zavala rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la represión policiaca y militar. No se limitó a los hechos del 2 de octubre de 1968, sino amplió la indagación a los días anteriores y posteriores. Aquí, algunos de los datos que ella logró sustentar e historias de víctimas que otras fuentes compartieron con este semanario.

CIUDAD DE MÉXICO.- Setenta y ocho muertos, 31 desa­parecidos, 186 lesionados, mil 491 detenidos… En total mil 786 víctimas directas de la represión perpetrada por el Estado durante 1968.
Tales son las cifras que arroja la más reciente investigación sobre los agraviados del movimiento estudiantil de 1968.
“No son datos definitivos ni concluyentes. Pueden surgir nuevos casos, pero cada uno de los que tenemos registrados está sustentado en evidencias y en el cotejo de documentos de archivos policiacos, forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia”, comenta Susana Zavala, responsable de dicha investigación.
Zavala lleva años tratando de encontrar respuestas a preguntas como cuántos muertos hubo en el 68, cuántos estudiantes resultaron heridos, cuántos presos, cuántos desaparecidos, quiénes eran y qué hacían.
En busca de respuestas participó en Archivos Abiertos, una iniciativa de la organización civil National Security Archive (NSA), que en asociación con Proceso indagó en fuentes documentales de México y Estados Unidos para encontrar datos precisos sobre las personas que murieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Kate Doyle, responsable de ese proyecto, publicó los resultados en este semanario, en octubre de 2006 (Proceso 1561), y en el sitio web del NSA (https://nsarchive.gwu.edu).
Zavala retomó esa investigación, pero la amplió: no se limitó al 2 de octubre, sino al periodo que va de julio a diciembre de 1968; y no se ciñó al número de muertos, sino también incluyó a heridos, presos y desaparecidos.

Resultados
Los resultados serán públicos a partir de esta semana, cuando se inaugure en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) el proyecto Semillas; se trata de un mural audiovisual de 22 por dos metros que rinde homenaje a las víctimas del 68. Junto a ese mural habrá un dispositivo interactivo donde se podrá consultar la base de datos producto de esa investigación.
“Ese dispositivo estará abierto a la contribución de la ciudadanía. Las personas que conozcan casos de agraviados en el 68 podrán aportar información para completar esa base de datos”, explica Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto Semillas.
“Sabemos que las organizaciones de víctimas han manejado distintas cifras de muertos, heridos y desaparecidos. No es de nuestro interés validarlas ni contradecirlas. Lo que queremos es aportar evidencias y dejar los datos abiertos para que se siga investigando”, señala.

Días de furia
De acuerdo con la investigación de Zavala, de julio a diciembre de 1968 hubo 78 víctimas mortales, 44 de ellas el 2 de octubre en Tlatelolco y el resto en las semanas previas o posteriores a esa fecha. De esos 44, tiene plenamente identificados con nombres y apellidos a 34 y 10 más están anotados en los registros como “desconocidos”. Entre éstos hay una mujer que tenía un “embarazo avanzado”, por lo que contabilizó también a un “nonato”.
No es de extrañar los casos de muerte previos al 2 de octubre, si se consideran la represión generalizada de que fue objeto el movimiento estudiantil, así como los violentos choques que escenificaron estudiantes, granaderos y soldados. Fueron los casos de las marchas del 26 de julio, el desalojo del Zócalo el 28 de agosto y la toma del Casco de Santo Tomás por los granaderos y el Ejército el 23 y el 24 de septiembre: una batalla campal que duró 12 horas y que terminó con un número indeterminado de muertos y heridos.
El 26 de julio, por ejemplo, murió Federico de la O, estudiante de la Escuela de Comercio de la UNAM. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral producto de los golpes que le propinaron los granaderos, pero el parte oficial señaló que se debió a un mal estomacal causado por comer una torta en mal estado.
También están los casos de Arturo Colín, del Tecnológico 4 Mariano Azuela, cuyo hermano se encontraba desaparecido; y Joel Richard Fuentes, de la Preparatoria 3: su hermano Héctor fue herido con una bayoneta y lo llevaron al hospital Notre Dame de Polanco. El padre de ambos muchachos, Samuel Fuentes, murió de un infarto al enterarse de la suerte de sus hijos.
Ángel Martínez Velázquez murió baleado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás durante uno de los embates que realizaron soldados y granaderos para tomar ese centro educativo en la noche del 23 de septiembre. Los diarios publicaron que sus compañeros le improvisaron una capilla ardiente en la Escuela de Ciencias Biológicas. Lo velaron al tiempo que resistían, con piedras, cohetones, bombas molotov y armas calibre .22, el ataque de los granaderos, quienes recibieron apoyo de soldados en la madrugada del 24.
Esa noche murió Luis Lorenzo Ríos Ojeda, de 21 años, cuando los granaderos tomaron a balazos la Vocacional 7.
Un par de días antes murió el granadero Julio Adame González y resultó gravemente herido su compañero, Miguel Llamas González. El teniente del Ejército Benjamín Uriza baleó a ambos cuando los encontró golpeando a su madre, quien vivía en la Unidad Tlatelolco, donde los vecinos apoyaban a los estudiantes de la Voca 7.
El entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, encabezó un homenaje al granadero muerto –“pereció en cumplimiento de su deber”, dijo– y prometió a la familia una indemnización de 30 mil pesos, una casa nueva en San Juan de Aragón y el sueldo “íntegro y de por vida” para la viuda.

Registro documental
En la base de datos de Zavala aparecen 186 lesionados. Ella precisa que se trata de personas que sufrieron desde heridas leves hasta muy graves, pero de los cuales existe un registro documental serio. Pone por ejemplo el caso de Telésforo Manuel López Carvallo, soldado del 14 Batallón de Infantería, quien perdió un ojo y un dedo de la mano derecha durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco.
Muestra un telegrama del 21 de abril de 1969 y un memorándum del 22 de abril de ese año, en el que se asienta que Román López Avilez, padre del soldado herido, le pide a la Presidencia de la República una pensión completa, una compensación por los órganos perdidos y la construcción de una casa en La Paz, Baja California.
Respecto de los 31 desaparecidos, aclara que se trata de personas reportadas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero que fueron apareciendo posteriormente como heridas, detenidas o muertas. Zavala no incluye en esa lista a Héctor Jaramillo Chávez, un caso de desaparición forzada por el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó, entre otros, a Luis Echeverría Álvarez. “No lo incluí debido a que no se encontraba en los volantes que repartió el CNH denunciando las desapariciones”, explica la investigadora.

Agencias


En 2018, nuevo récord de asesinatos

27/09/2018 – Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando ceda la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto dejará un país en el que diariamente 90 personas se suman a las más de 238 mil víctimas de homicidio doloso registradas en México desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó al Ejército y las fuerzas federales a una “guerra contra el narcotráfico”.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.
En los últimos 12 años las administraciones de Calderón y Peña Nieto cuadruplicaron su gasto en las funciones de justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y de seguridad interior, que pasó de 82 mil 917 millones de pesos en 2006 a 261 mil 341 millones de pesos este año, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno del priista.

“Guerra contra el narcotráfico”
Es decir, que desde el lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico”, la seguridad absorbió 2 billones 432 mil 856 millones de pesos del erario. Con estos recursos Calderón y Peña Nieto inflaron los aparatos de seguridad: las fuerzas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crecieron de 244 mil 238 militares en 2006 a 269 mil 738 actualmente; el número de policías federales se triplicó –de 11 mil 756 a 37 mil 331 en 2018– y la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó su personal de 21 mil 755 a 26 mil 190 agentes.
Desde 2007 las fuerzas de seguridad detuvieron en promedio a 29 mil personas al año por delitos de narcotráfico, erradicaron un total de 328 mil hectáreas de cultivos ilícitos y capturaron o eliminaron a líderes de grupos criminales, de los cuales el gobierno de Peña Nieto lo hizo con 109 de los 122 “objetivos prioritarios” identificados al principio del sexenio.
En lugar de frenar la violencia, ésta se desbordó y erosionó la confianza de los mexicanos en las instituciones de seguridad: seis de cada 10 mexicanos consideran que estas dependencias son corruptas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, que publicó el viernes 21 el Instituto para la Economía y la Paz.
A los más de 238 mil homicidios registrados desde 2007 –de acuerdo con un cálculo basado en las cifras del Inegi y el SESNSP– se suman más de 37 mil personas desaparecidas.
El Índice de Paz México 2018 estimó que, tan sólo en 2017, la violencia tuvo un impacto económico de 4 billones 72 mil millones de pesos, equivalente a 21% del Producto Interior Bruto (PIB) o una suma ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces superior a la inversión gubernamental en educación el año pasado.

Desbordamiento
En los últimos meses, Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta del país: las autoridades registraron 2 mil 135 víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto, un promedio de 8.8 por día, y un incremento de 139% respecto del mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con las estadísticas de las procuradurías locales, Guanajuato incluso rebasó a Baja California, Guerrero y Chihuahua en materia de asesinatos, y 25 de los 37 municipios que conforman el estado sufrieron incrementos superiores a 100% en homicidios dolosos desde los primeros ocho meses del año pasado y el mismo lapso de 2018.
En cuanto a Baja California, reportó 2 mil 37 asesinatos en los primeros ocho meses del año –40% más que el año pasado–; en Guerrero se registraron mil 707 víctimas de homicidio doloso; en el Estado de México, mil 674, y en Chihuahua, mil 582, según los datos oficiales.

Saturación
Esta semana el país dio un paso más en el horror, cuando se difundió que, ante la saturación de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, el gobierno de Jalisco contrató tráileres refrigerantes para almacenar y mover centenares de cadáveres no identificados.
En ese estado, las autoridades registraron mil 468 víctimas de homicidio en lo que va de 2018 –un incremento de 42% respecto de 2017–, la mayoría de las cuales provenía de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Tonalá.
Por municipios, Tijuana encabeza la lista de los más aquejados por la violencia: ahí se abrieron 2 mil 92 carpetas de investigación por homicidio doloso entre septiembre de 2017 y agosto pasado: un promedio de seis por día. En total, 12 de cada 10 mil tijuanenses fueron asesinados en 12 meses.
Siguen Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Culiacán y Guadalajara, donde se perpetró al menos un asesinato cada día entre septiembre de 2017 y agosto pasado. En Juárez se abrieron 969 carpetas de investigación de ese tipo; en Cancún, 444, y en Guadalajara, 395, todo lo cual representa más de 80% respecto del año anterior.
De acuerdo con una revisión exhaustiva de la base de datos del SESNSP, en 82 municipios de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en el último año. De éstos, 15 se encontraban en Guerrero, 11 en Guanajuato, siete en Chihuahua, seis en Michoacán y cinco en Colima.

El fracaso
De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, “ganar la guerra contra las drogas no es un objetivo de política viable para construir la paz” en el país.
Según el documento, a la par de que el gobierno federal continuó con la militarización del combate contra el narcotráfico, los grupos criminales de la delincuencia se apoderaron de nuevas actividades ilegales, como el tráfico de seres humanos, el robo de combustible de Pemex, la extracción ilícita de recursos naturales, las extorsiones y los secuestros, entre otros.
En un estudio anexo, el politólogo Guillermo Trejo, profesor en la Universidad estadunidense de Notre Dame, Indiana, sostuvo que en el marco de la guerra contra el narcotráfico “el crimen organizado ha pasado de cooptar a agentes estatales a apoderarse de trozos del Estado mismo”.


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