La Estafa Maestra, desde el primer año del gobierno de Peña Nieto

Las fechas de los desvíos presupuestales de la llamada Estafa Maestra en la Sedesol y en la Sedatu muestran que el esquema fraudulento comenzó desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, las irregularidades coinciden con la gestión de Rosario Robles como titular y la de Emilio Zebadúa como oficial mayor de ambas dependencias federales, así como con la intervención de un puñado de empresas, entre ellas dos relacionadas con la exfuncionaria hoy presa, otras firmas fantasmas… Una revisión de las auditorías describe con detalle la ilegal triangulación financiera.

Ciudad de México.- El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.
A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.
El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente ­mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.
La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.
Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías –a las que tuvo acceso este semanario– que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.
Dichas auditorías arrojan indicios de un desvío por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Del total de auditorías, 17 corresponden al periodo de Robles en la Sedesol y las otras ocho al tiempo en que fue titular de la Sedatu. El primer grupo suma 3 mil 178 millones 606 mil 129 pesos y las más abultadas son las identificadas con los números consecutivos de 1636 a 1639, pues suman 701 millones 563 mil pesos.
Estos recursos fueron transferidos a través de convenios con las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Politécnica de Texcoco y Tecnológica de Nezahualcóyotl, localizadas en territorio mexiquense y las cuales a su vez los repartieron a dos empresas que las distribuyeron entre otras más.
En las cuatro auditorías consecutivas que se mencionan, con fecha de presentación del 20 de diciembre de 2017, destaca que esas universidades transfirieron sus recursos a las firmas Integrasoft y Grupo Corporativo Integral Vazme (esta última disuelta en 2016). Éstas depositaron la mayor parte de los recursos a las cuentas de cinco empresas: 163.6 millones a Srevint; 81 millones a Factores y Servicios Humanos; 30.5 millones a Elevait; 20.1 millones a CMA de Servicios Estratégicos, y 12.9 millones a Corporativo Kukmu. En tanto, 10 millones más se repartieron entre tres personas no identificadas.
La ASF encontró que las empresas mencionadas no debieron ser contratadas, ya que desde el convenio entre la Sedesol y las universidades se establecía que éstas tenían capacidad para realizar el objeto de los contratos y no tenían que subcontratar a nadie.
Los montos otorgados a Srevint y Factores y Servicios Humanos son los mayores y dichas empresas han sido señaladas de tener vínculos con la propia Robles (Proceso 2233).
En el trámite para la renta de su departamento en Reforma 222, en la Ciudad de México, la entonces funcionaria se identificó aportando como domicilio uno localizado en Torreón, Coahuila, propiedad de su prima política Susana Islas (accionista de una de las empresas), que a su vez es hermana de Alejandro Islas, accionista de otras dos que, en conjunto, y sólo por este caso, obtuvieron injustificadamente cerca de 245 millones de pesos.
De las dos intermediarias entre las universidades mexiquenses y las empresas que finalmente recibieron los recursos, también sobresale Grupo Corporativo Integral Vazme, fundado por José Andrés Méndez Vázquez y Francisco Javier Damián Alvarado. En aquel tiempo este último se desempeñaba como primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Desvíos de cientos de millones
En Hidalgo se ubica el segundo caso de mayor cuantía encontrado por la ASF. Se trata de los convenios entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo. El monto marcado como irregular en la auditoría D17002 es de 601 millones 658 mil 806 pesos.
En este procedimiento se halló que, además de las instituciones de educación superior utilizadas en el esquema fraudulento, éste se amplió a la contratación de entes estatales de comunicación social, que repetían el esquema: hacían convenios con la Sedesol y contrataban compañías que a su vez subcontrataban a otras, algunas de las cuales resultaron ser empresas fantasmas.
Radio y Televisión de Hidalgo contrató a 21 empresas para ejercer el monto convenido con la Sedesol, a fin de realizar campañas publicitarias sin sujetarse a la normatividad. El ente estatal pagó por servicios que no se comprobaron o ya se habían obtenido. Al menos cinco de las empresas favorecidas no tenían otra actividad y sus domicilios no corresponden al asentado en su trámite fiscal.
Este esquema de defraudación se reprodujo en la Sedatu. Con las ocho auditorías a partir de las cuales se abrió el expediente de la FGR suman mil 726 millones 364 mil 268 pesos defraudados en esa dependencia durante la gestión de Robles.
El caso que involucra el mayor monto de esa carpeta de investigación ­corresponde a los 450 millones que se le entregaron mediante un convenio al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
La denuncia por ese caso se fundó en la auditoría 1791-DSGF, que se destinó a proyectos de difusión y publicidad en los que, a decir de la ASF, se transfirieron recursos a las cuentas de las empresas Publicidad Natnit, Desarrollo Publicitario ADp, Agatha Líderes Especializados y Servicios NLMK, entre otras.
Las mismas compañías aparecen prácticamente en todas las auditorías a los ejercicios presupuestales en comunicación social donde se detectaron desvíos.

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La oscilación del discurso

El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es su discurso. Si hipotéticamente mañana se viera obligado a callar, su poder se evaporaría de inmediato. En sus palabras reside la capacidad que tiene de influir, de modificar mentalidades, de provocar los pensamientos, las actitudes, las opiniones, la ideología; en fin, la conciencia de sus gobernados.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene obsesión con las palabras y por ello el discurso es su principal herramienta política. A diferencia de otros, él no acumuló poder a partir del dinero, las relaciones, las propiedades o los conocimientos: Andrés Manuel López Obrador le debe prácticamente todo a su discurso.
Suele decir que la honestidad es hoy un acto radical, en oposición a la falsedad que se nos había vuelto, al menos en la política, un lugar común.
Honestidad con los recursos públicos, pero sobre todo con el arco que reúne a las palabras con los actos.
Por eso la campaña de promoción alrededor de su primer informe de gobierno borda sobre la consistencia entre lo que prometió y lo que como gobernante estaría cumpliendo.
Es ingenuo afirmar que en estos pocos meses de su mandato se haya transformado al país, pero nadie podría escatimar el logro de haber revolucionado los términos del debate público.
El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es su discurso. Si hipotéticamente mañana se viera obligado a callar, su poder se evaporaría de inmediato. En sus palabras reside la capacidad que tiene de influir, de modificar mentalidades, de provocar los pensamientos, las actitudes, las opiniones, la ideología; en fin, la conciencia de sus gobernados.
Sus palabras son más importantes que las leyes que promueve, que las políticas públicas impulsadas, tienen más impacto que sus actos concretos de gobierno.
Los símbolos bíblicos le son próximos y por ello sabe que el discurso no sólo reproduce, sino también reinventa la realidad. La socióloga Estela Serret añadiría que la realidad se produce una y otra vez por mediación de las palabras.

Discurso
El discurso de Andrés Manuel López Obrador oscila, casi en simetría, entre dos polos opuestos: por un lado, el de la guerra por ganar la interpretación de los hechos y, por el otro, en el argumento de un país incluyente.
Ese viaje discursivo, aparentemente contradictorio, descarrila con frecuencia el entendimiento. El día que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia pronunció un discurso memorable sobre un gobierno para todas las personas. Sin embargo, no transcurrió demasiado tiempo para que volviera a separar a las personas entre privilegiados y desposeídos, liberales y conservadores, neoliberales y juaristas, en fin, entre chairos y fifís.
Esta oscilación es la esencia fundamental del discurso lopezobradorista, o más precisamente, de la realidad que López Obrador recoge y luego reproduce.
México es un país dividido que aspira a no serlo y el discurso presidencial no está dispuesto a negar la obvia realidad, pero tampoco quiere impedir la consecución de tan legítima aspiración.
Quienes lo observamos discursar nos sentimos todo el tiempo aludidos por los extremos de su narrativa. Enfada sentirse interpelado por sus trazos divisorios, que algunas veces pecan de arbitrariedad, pero también reconforta cuando el presidente se coloca por encima de las fracturas.
Una clave para comprender su estilo personal de discursar sería comprender cuándo y por qué se remite a un polo o al otro en el uso de su lenguaje.
Andrés Manuel López Obrador es un hombre de izquierda, hasta en el más remoto de sus ademanes: es oposición, aunque esté en el poder; es resistencia, aunque desde Palacio Nacional podría ya relajarse; es radical, aunque tenga a la mayoría de su lado; es provocador, aunque la banda presidencial habría de moderarlo.
En su concepción de las cosas el poder siempre está en pugna, jamás se asienta, se estabiliza, se armoniza. El poder es batalla, es confrontación, es desequilibrio. Su retórica parte de esa realidad: ingresa al campo en disputa con sus palabras, organiza su pensamiento con una narrativa que reconoce las diferencias, las oposiciones y la contradicción.
Su discurso sirve para organizar, seleccionar, apartar, jerarquizar. Como diría Michael Foucault, es su táctica para lidiar con aquellas relaciones humanas que hacen tracción en direcciones adversas.
Por ejemplo, López Obrador tiene como argumento favorito limitar las pretensiones de los privilegiados. El presidente guillotina con las palabras a los representantes del antiguo régimen. Se esmera acusando al monarca en desgracia por sus silencios previos, por su desinterés, por su vacuidad, por sus frivolidades.
Sin importarle a quién pueda quedarle el saco, crea con las palabras ambientes adversos a la narrativa del privilegiado. La nombra cuanto puede, se burla de los manierismos, de las modas, de las obsesiones de aquellos que viven en el penthouse social.
Andrés Manuel López Obrador quiere que nada de lo anterior sobreviva intocado. Sobre todo, aquello que durante demasiado tiempo oprimió, marginó y excluyó a los desposeídos.

Discurso disciplinario
En este sentido puede decirse que el discurso del presidente es esencialmente disciplinario. Castiga cuanto puede con las palabras, reclama por las omisiones y también por las acciones inmorales. Salvo excepciones, elude mencionar nombres. Es su convicción que hay responsabilidades individuales en el desastre de país, pero prefiere –otra vez con ecos materialistas– repudiar las prácticas políticas normalizadas de corrupción, impunidad y abuso de poder.
Aún si el discurso presidencial se nos ha vuelto narrativa dominante, el poder en una sociedad como la mexicana no descansa en una sola persona. No importa cuanto de lo público gire alrededor del micrófono presidencial, en la realidad el poder está diseminado en miles de enclaves donde aún continúa reproduciéndose la tonada del viejo régimen.
No es verdad que el poder económico y el poder político ya tengan en México­ una jurisdicción distinta, tampoco que el poder criminal y los gobiernos se hayan por fin divorciado, mucho menos que los nuevos actores puedan distinguirse nítidamente de los anteriores.
El país ha cambiado en los términos de su debate, pero aún se debate agresivamente por los términos que prevalecerán. Diría Montaigne que nos encontramos en una época en que la interpretación de la interpretación es más importante que la mera interpretación de las cosas.
Un ejemplo magnificado de esta disputa por los términos se da hoy en la interpretación de la ley. Para López Obrador no hay duda: si su gobierno tiene que elegir entre la ley y la justicia deberá inclinarse por la segunda. Esta instrucción la repite todo lo que puede cuando está con sus subordinados.
En esto también se aparta de sus antecesores, más legalistas que justicieros. El problema surge cuando, producto del choque provocado por los discursos en pugna, cabe que terminen estallando aquellas instituciones responsables de administrar, a la vez, la ley y la justicia.
Un ejemplo palmario de esta batalla sobre la interpretación de la ley lo ofrece el pleito a propósito del cierre del aeropuerto de Texcoco y la construcción de las nuevas pistas en Santa Lucía.
Quizá nada, hasta hora, ha sido más emblemático del antagonismo entre narrativas que ese mentado aeropuerto. Una infraestructura que no se reubicó, probablemente, por razones técnicas ni de corrupción, sino como elemento máximo de la corona ostentada por el nuevo discursante.
La cancelación del NAIM no tuvo otro propósito que dotar de significado a la naciente retórica presidencial. Esa narrativa, administrada en el momento justo –antes de ascender al trono–, enfureció a quienes tenía que enfurecer y contagió a quienes esperaba conmover.  Salió caro a todos los mexicanos, pero, cabe repetir, no es el dinero, sino el discurso, el capital principal con el que López Obrador ha hecho política.
Después de esa señal tan ostentosa han desfilado muchos otros signos emparentados: una refinería en Tabasco que será un pésimo negocio nacional, pero permitirá derramar empleos para esa entidad; 100 universidades para jóvenes descartados por la educación pública superior; becas para quienes, por su poca edad, no estaban participando en la construcción de su futuro; la conversión de Los Pinos en un parque popular; la desaparición del Estado Mayor Presidencial, y así un etcétera de políticas y acciones que respaldan un discurso destinado a transformar realidades.
El otro polo del discurso lopezobradorista es el que apuesta por la inclusión. Cinco de cada 10 adultos mexicanos confiesan estar al pendiente, las mañanas, de la conferencia presidencial. Estaríamos hablando de por lo menos 40 millones de almas que cotidianamente atienden el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

Debate público
Este logro es la prueba más contundente de que el presidente cambió los términos del debate público. México no es un país donde la mayoría soliera ocuparse de los asuntos políticos. Muy al contrario, la religión y la política eran cuestiones que debían apartarse para no pelear.
Según sondeos, como el Latinobarómetro, ocho de cada 10 mexicanos se veían al margen de las principales discusiones sobre el poder. Esta cifra que todavía era válida hace seis años, ha quedado atrás. Ocurrió así por la crisis de violencia y corrupción que aún prevalece, pero también porque el discurso del actual presidente se esmeró en salir al encuentro de las mayorías.
Siete de cada 10 habitantes de México aprueban la gestión de Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente porque coinciden con su discurso, con su narrativa de las cosas, con su capacidad para confrontar, reinventar y al final reunir la realidad.
Se quejan los historiadores más académicos del abuso que hace el presidente respecto a las metáforas y las anécdotas del pasado. Y es que, en efecto, cita sin discriminación episodios, sobre todo del siglo XIX, de la historia nacional.
Pero son esas metáforas, distantes en el tiempo, las que mejor servicio le prestan al discurso lopezobradorista cuando quiere señalar los elementos que fracturan y desigualan a México, desde su fundación, para luego insistir con aquello que podría significar la retórica de un horizonte compartido.

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La de Rosario, una vida política de bandazos

La vida política de Rosario Robles ha sido un péndulo: activista en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), militó después en la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, de corte maoísta, de la que pasó abruptamente a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, quien encabezaba la Corriente Democrática del PRI. Vino luego su paso por el gobierno del Distrito Federal y su militancia en el PRD, que llegó a presidir, así como un impasse de algunos años para finalmente colarse en el gabinete de Enrique Peña Nieto, desde donde se habría prestado para desviar 5 mil millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 17 años Rosario Robles Berlanga ya era reconocida por su discurso de izquierda bien armado y estructurado. Su ideología, que después se identificó como de izquierda maoísta, sobresalía cada vez que participaba en las asambleas de la UNAM.
Pero desde aquellos años en los que militó en la izquierda y formó los Comités de Desarrollo Popular en el norte del país –como parte de los proyectos de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM)–, y luego, cuando fue presidenta del PRD, las cosas han cambiado. Hoy enfrenta en tribunales graves acusaciones de corrupción por el desvío para fines electorales de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas de combate a la pobreza y ha tenido que pedir un amparo para no ser encarcelada.
La vida política de Robles es un péndulo que fue de la izquierda radical –en la que militó en su vida universitaria y sindical–, pasó por una postura más moderada en el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador y terminó apoyando al PRI en el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el cual estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En una entrevista realizada por este reportero en 2002, Julio Moguel, su exesposo y padre de su hija, recordó que en 1987, durante una cena en el departamento del profesor de sociología Óscar Pintado, conoció a Cuauhtémoc Cárdenas y a su hijo Lázaro. A partir de ese encuentro la vida de Robles cambió radicalmente.
Ese año ya se delineaba la fractura del PRI. Pintado, coordinador del Departamento de Sociología de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, pertenecía a la Corriente Crítica priista encabezada por Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
Moguel, profesor de sociología rural en el mismo plantel, contó en esa entrevista a Proceso que su ocurrencia de llevar a la cena a Robles propició el primer encuentro y el inicio de una estrecha relación política con Cárdenas, que la llevaría hasta la dirección nacional del PRD y a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Pasado maoísta
“En el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, Rosario Robles era conocida por sus activas participaciones en las asambleas estudiantiles, junto con su hermano Paco. Era una chavilla que tenía actividad política”, recordaba en aquella entrevista Moguel, quien la conoció en una conferencia que dio en 1973 en ese plantel.
A partir de ese encuentro Robles fue invitada a participar en el grupo Síntesis, que tenía una amplia presencia en las facultades de Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y Filosofía de la UNAM, y que en 1982 formó parte de la OIR-LM, una agrupación de corte maoísta que se separó de Adolfo Orive, futuro asesor de Francisco Labastida en la Secretaría de Gobernación y durante la campaña presidencial de 2000.
Orive estudió el doctorado en economía política en la Universidad de París y ahí se adhirió al maoísmo. Fue fundador y dirigente de Política Popular y de Línea Proletaria durante dos décadas, hasta que en 1976 hubo una ruptura que dio lugar a la OIR-LM.
Gabino Martínez Guzmán, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, reseña en el libro CDP, El Poder del Pueblo la creación de la OIR-LM y sus principales objetivos, y cita entre los integrantes a Robles y Moguel:
“Después del rompimiento con la corriente de Adolfo Orive Bellinger en 1976, los populistas del Comité de Defensa Popular (CDP) andaban huérfanos de teoría. Parecía que el CDP se deslizaba como en un tobogán hacia los brazos del gobierno. Sin embargo, la fundación de la OIR evitó lo que parecía inevitable. Los días 5, 6 y 7 de febrero de 1982 se celebró el congreso de fusión de cuatro pequeñas fuerzas sociales: el Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil Revolucionario (MOCER) de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL) de Monterrey, el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango, y el seccional Ho Chi Minh, del DF.
“El FPTyL y el CDP eran residuos de la corriente de Política Popular que se habían deslindado de la dirección de Adolfo Orive y que en 1978 formaron la coordinadora Línea de Masas. En esas circunstancias nació la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM). Los principales dirigentes eran: por Nuevo León, Alberto Anaya y su esposa; por Zacatecas, José Narro y su esposa; por Durango, Marcos Cruz, Gonzalo Yáñez y Alfonso P. Ríos; por el Distrito Federal, Julio Moguel, Luis Hernández Navarro, Saúl Escobar, Jesús Martín del Campo, Francisco González Gómez, Armando Quintero, Benjamín Hernández Camacho, Rosario Robles y Jorge Issac.”
El mismo autor cita que la línea populista maoísta del CDP y del FPTyL había sido desplazada por el grupo del Distrito Federal. No obstante, había rasgos de esa tendencia ideológica en puntos importantes de los documentos básicos aprobados, entre ellos el objetivo estratégico: “La desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, la abolición de las clases sociales, del Estado y de toda forma de explotación y opresión política, en una palabra: la construcción de una sociedad comunista igualitaria y democrática, cuya etapa de transición será la sociedad socialista de nuestro país”.
Robles entró a la OIR-LM desde el principio, pero ya en 1974, al mismo tiempo que ingresa a la Facultad de Economía de la UNAM, se involucró con el grupo de izquierda popular conocido como Síntesis.
“Cuando se incorpora lo hace primero como activista estudiantil en nuestro grupo, que del 74 al 76 establece algunos vínculos con el movimiento popular más allá de la Universidad”, comentaba Moguel.

La conversión
En aquella entrevista Moguel decía que entre 1985 y 1987 Robles se mantuvo en el activismo universitario; cuando la OIR-LM entró en crisis dejó atrás el maoísmo e influida por el movimiento de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que encabezaba Rafael Galván, cambió su tendencia política por una más moderada.
“Lo que pudimos rescatar de esa experiencia fue el vínculo con la gente; si algo dejó la experiencia de Línea Popular fue la revisión en contra de los grupos especulativos.
Teníamos un chiste que era: ‘Es la hora de cuidar los cochinos’. Significaba que no podíamos llegar a una comunidad a tirar la línea, el rollo, sin haber cuidado a los cochinos. Creíamos mucho en la organización de la gente, éramos muy críticos de los grupos que formaban su célula popular y pasaban felices cinco años tirándole línea a un grupo de cinco campesinos que los escuchaba embelesados. No, nosotros no. Teníamos más la idea de la red social, de la red popular; creíamos en esas cosas y participábamos en los sindicatos, en las huelgas, nos movíamos en la lógica no del núcleo que va a tirar línea, sino del que se liga y se reconvierte en la red. Así fuimos configurando o cambiando nuestra propia lógica organizativa”, recordaba Moguel.
Después de que en 1987 conoció a Cárdenas, el ingeniero les descubre que el nacionalismo tenía una vena de lucha democrática y entonces la pareja Moguel-Robles comienza a colaborar con el cardenismo hasta llegar a la fundación del PRD en 1989.
“La relación es más familiar, directa, estrecha, por la vinculación de Rosario con Adolfo Gilly, principal asesor de Cárdenas y del CEU, que le dio a Rosario un aire mayor en cuanto a su presencia política”, señalaba Moguel.
Pero no fue hasta 1997, cuando Cárdenas Solórzano se convirtió en el primer jefe de Gobierno, que comenzó el ascenso político de Robles, al ocupar la Secretaría de Gobierno.
Dos años después, luego de la renuncia de Cárdenas para lanzarse como candidato presidencial del PRD, Robles ocupo la Jefatura de Gobierno capitalino de septiembre hasta el 5 de diciembre de 2000, cuando le entregó la administración a Andrés Manuel López Obrador, con quien entonces se identificaba.
“Tenemos la misma visión de país y de partido. Me siento muy tranquila porque sé que en esa plataforma, que es estratégica, hay un hombre con ideas muy claras, con convicciones y una claridad de cómo debemos perfilar una propuesta de izquierda moderna en este periodo”, dijo entonces de López Obrador (Proceso 1268).

La seducción del poder
Durante el tiempo que ejerció como jefa del gobierno capitalino, Robles comenzó a mostrar su fascinación por el poder. En la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000 se reveló cómo dispuso discrecionalmente de recursos y privilegió el gasto en particular en dos áreas neurálgicas bajo su mando: comunicación social y asesorías.
La información fue publicada por el diario Reforma al cual Robles demandó sin éxito, pero diciendo que había sido traicionada por alguien que filtró los documentos.
Líder del PRD en 2002, Robles empezó entonces un proceso de empoderamiento. Ya no era la militante de izquierda maoísta que pensaba en darle el poder a la comunidad, sino que inició una ruta personal que la alzaría aún más, poniéndola a la par de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún; de la dirigente nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo; y de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, entre otras, al celebrar los 50 años del voto femenino.
Pero fue a partir de entonces que también emergieron los escándalos de abuso a las finanzas públicas y del partido, sus gustos por los lujos y sus relaciones personales con el empresario Carlos Ahumada, que la llevarían a un exilio a España.
En 2001 los diputados panistas Federico Döring y Walter Widmer acusaron a Robles de adjudicar contratos de publicidad por 82 millones de pesos a la empresa Publicorp cuando ella era jefa del gobierno capitalino. Después, cuando estuvo al frente del PRD (2002-2003) pidió un préstamo de 200 millones de pesos a Carlos Ahumada. Hasta ahora sigue abierta una demanda del argentino que alega que no se le pagó ese préstamo.
En 2004 Ahumada videograbó a René Bejarano, Carlos Ímaz y Ramón Sosamontes recibiendo fajos de dólares para las campañas políticas del PRD. Por este caso Robles tuvo que declarar ante la PGR en calidad de testigo y surgió el escándalo de su rompimiento con Ahumada, ya en la cárcel.
En su exilio voluntario y temporal en Madrid, y en un intento por superar los efectos de los videoescándalos, escribió el libro Con todo el corazón, en el que ofrece su verdad sobre el caso Bejarano, sus enfrentamientos con López Obrador, su trayectoria política y su relación con Ahumada.
“Sigo pensando que el amor y la vida privada son cosas de dos, como dice la canción. Por eso, frente a todo lo que ha pasado, sólo puedo decir que aquí está mi verdad. Sé que tan sólo es una parte de esta dolorosa historia. La que yo viví. La que tiene que ver con mi actuación como política. Lo hago con todo el corazón”, dice uno de los últimos párrafos de su texto autobiográfico, publicado por Plaza & Janes (Proceso 1474).
En 2004 abandona el PRD y su péndulo político queda en suspenso. En casi ocho años de pausa se dedica a escribir artículos semanales en el periódico Milenio. En enero de 2007 participa en la fundación de la alianza empresarial SOSTÉN Centro de Inteligencia, orientada a campañas políticas de mujeres, y su primer trabajo como consultora política privada fue apoyar a Ivonne Ortega Pacheco en el gobierno de Yucatán. En mayo de ese mismo año llegó a incursionar en el teatro, participando en el elenco de Monólogos de la vagina.
No es sino hasta 2011 cuando su péndulo político comenzó a oscilar nuevamente y se dirigió hacia Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México al que ayuda a detener la alerta de género ante el crecimiento de los feminicidios en la entidad.
“Yo soy política (….) estoy donde quiero estar, haciendo política, aquí se me abrió espacio y creo que debo aprovecharlo”, justificó en una entrevista radiofónica con Denise Maerker en 2012.
Gracias a esa labor Peña Nieto, ya presidente, incluyó a Robles en su gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Social; y la defendió ante las acusaciones de que había desviado recursos con fines electorales a favor del PRI en Veracruz. “Rosario, no te preo­cupes, hay que aguantar porque están empezando las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes le ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros, este gobierno, tiene un objetivo claro, que es acabar con el hambre”, la defendió en 2013.
Pero ante el embate político y mediático Peña Nieto decidió cambiarla a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 2015, y ahí una vez más Robles estuvo implicada en el presunto desvío de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales pero se fueron a otros fines político-electorales para el Estado de México.
Después de poco más de cuatro décadas de una trayectoria política que inició en 1978 con la OIR-LM, parece que el final de Robles está cerca, con la amenaza de llevarla a la cárcel acusada de “ejercicio indebido en el servicio público”.
El péndulo que se inició con el maoísmo en su juventud, dio el bandazo al lado opuesto, hacia el priismo más corrupto.

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Y al final nos convertimos en la guardia fronteriza de Estados Unidos

En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.

CIUDAD DE MÉXICO.– En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.
El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.
En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.
A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.
López Obrador se negó a enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes.
Éstas incluyen redadas para deportar a 1 millón y medio de indocumentados y la entrada en vigor de una nueva orden que impide a los extranjeros pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos si no lo hicieron antes, al menos, en México. Esta última medida fue abiertamente criticada por el parlamento de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Este lunes 22 vence el plazo de 45 días que Trump otorgó a México el pasado 7 de junio, y durante el cual el gobierno de López Obrador se comprometió a reducir “significativamente” la llegada de migrantes centroamericanos a su frontera, a cambio de que el presidente estadunidense no cumpla su amenaza de imponer un arancel general sobre los productos mexicanos.
Un día antes, el domingo 21, el secretario de Estado Mike Pompeo pasará por México, en una etapa relámpago de la gira que está realizando por la región. Se reunirá a puerta cerrada con Ebrard y le informará si Trump determinó “a su discreción” que el gobierno mexicano hizo un trabajo suficiente para frenar la migración centroamericana, que desde enero pasado creció de manera vertiginosa: más de 400 mil personas de ese origen llegaron a la frontera de Estados Unidos, la mayor parte de ellos en familia.

Abrir negociaciones
En el caso de que Trump considere que México no hizo lo suficiente, Washington obligará al gobierno federal a abrir negociaciones para llegar a un acuerdo de Tercer País Seguro.
Hasta el momento Trump parece satisfecho con el desempeño del gobierno mexicano: en su cuenta de Twitter ha escrito que México “lo está haciendo muy bien en la frontera” y que “está haciendo un muy buen trabajo en detener personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera”.
La de Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados por Morena, fue la única voz disonante en la llamada Cuarta Transformación sobre la gestión de la crisis migratoria, pues deploró que Trump “se jacta de que ganó”.
El pasado lunes 15 el legislador arremetió contra las concesiones del gobierno mexicano ante Trump: declaró que México se convirtió “no de hecho, sino de derecho”, en Tercer País Seguro, equiparó los centros de detención migratoria de México con “campos de concentración nazis” y criticó: “No se vale pagar aranceles con migrantes; es decir, carne humana por una medida económica”.

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Revés a la FGR: Un dudoso caso de tráfico de migrantes

El caso contra Irineo Mujica Arzate quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después. En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana.

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 12 por la noche, Héctor Manuel Cervantes Martínez, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la cárcel de Tapachula, en Chiapas, asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR): determinó la presunción de inocencia de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica Arzate y negó que se les vinculara a proceso por el delito de tráfico de personas.
En el caso de Sánchez, su defensa mostró que su cliente se encontraba en la Ciudad de México la noche del 29 de marzo último, con lo cual derrumbó la versión de la FGR según la cual ese día estaba en Tapachula –a mil 200 kilómetros de distancia de la capital–, donde supuestamente traficaba a costa de cinco personas de origen hondureño por 8 mil dólares.
En el caso de Mujica, el juez aceptó las evidencias de acuerdo con las cuales el activista se encontraba en el municipio de Chahuites, Oaxaca, la mañana del 27 de febrero. Ese dato desmintió también la versión de la FGR de que el director de la organización Pueblo Sin Fronteras estaba en ese mismo momento en Mapastepec, pueblo chiapaneco ubicado a dos horas y media de distancia, donde presuntamente cobraba 7 mil pesos a una familia hondureña.
Las carpetas de investigación abiertas contra Sánchez y Mujica se basan en supuestas denuncias que los integrantes de dos familias provenientes de Honduras interpusieron en la delegación de la FGR en Tapachula en abril y mayo pasado por hechos ocurridos meses antes.
Y aun cuando las denuncias incluidas en esas carpetas, cuyas copias obtuvo Proceso, contienen contradicciones en cuanto a fechas, hechos y lugares, la delegación de la FGR en Tapachula las consideró válidas y no aportó elementos adicionales para demostrar la culpabilidad de los imputados. En las audiencias realizadas la noche del miércoles 12, ninguno de los denunciantes acudió a declarar.

“Una fabricación muy pobre”
En su primera aparición en público, los activistas denunciaron la “fabricación de delitos” por parte de la FGR; estratagema que resultó “muy pobre”, dijo Sánchez, quien empezó su activismo en 1999 durante la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de ese año y posteriormente se dedicó a la atención de los migrantes.
Egresado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sánchez condenó las “viejas prácticas de parte de unos fiscales” y celebró que “esta fabricación de delitos” se haya derrumbado.
“Si hicimos algo malo, que se nos juzgue para alguna cuestión de este tipo, pero no por un invento”, declaró Mujica, quien al frente de Pueblo Sin Fronteras acompañó varias caravanas, entre ellas el Viacrucis del Migrante y el “éxodo centroamericano” en octubre pasado.
El activista asegura que continuará su labor de acompañamiento. “Si paramos –dice– esto se convierte aún más en un infierno”.
Las órdenes de aprehensión contra los activistas fueron emitidas el sábado 1, pero las detenciones ocurrieron el miércoles 5. La de Sánchez se efectuó en la Ciudad de México, mientras a Mujica lo arrestaron en Sonoyta, Sonora, donde opera un albergue para migrantes.
En ese momento en Washington arrancaron las arduas negociaciones de tres días, al cabo de los cuales el gobierno mexicano se comprometió a incrementar sus esfuerzos para impedir el paso a la migración irregular y para luchar contra el “tráfico de personas”. La finalidad era convencer al presidente Donald Trump de que no impusiera aranceles a las exportaciones de productos mexicanos.
Ambas detenciones levantaron una ola de indignación entre las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los migrantes, las cuales denunciaron el lunes 10 que existe una campaña de “criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos”.
La decisión de la justicia permitió que los dos activistas recobraran su libertad después de una semana tras las rejas. Sin embargo, los casos en su contra siguen abiertos y la FGR tiene la facultad de investigar más para imputarles los delitos. El jueves 13 la institución incluso anunció que apelará la decisión del juez con respecto a Mujica.
En los dos casos, los supuestos denunciantes acudieron a la FGR con fotografías que, según los relatos, encontraron en internet, y con las cuales identificaron formalmente a los dos activistas, con nombres y apellidos.
“Cuál fue mi sorpresa que al abrir la página (…) reconozco como la persona a la que el día 29 de marzo de este año le entregué la cantidad de 8 mil dólares”, planteó uno de los presuntos extorsionados por Sánchez; el otro señaló que en un cibercafé encontró “varias fotografías de Irineo Mujica, así como información de que es el líder de la asociación Pueblo Sin Fronteras, por lo que imprimimos tres fotografías de Irineo Mujica, las cuales presentamos ante esta autoridad”.

Incoherencias
La denuncia contra Sánchez se basa en los testimonios de cuatro integrantes de una familia hondureña, quienes comparecieron ante la autoridad el pasado 16 de abril, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0000729/2019.
Los testigos –una pareja y dos primos originarios de San Pedro Sula– sostuvieron que tomaron la decisión de salir rumbo a Estados Unidos días después que pandilleros de la Mara trataran de reclutar a los tres varones.
La mujer, de 28 años, llamada Nancy, aseguró que se comunicó con la organización Pueblo Sin Fronteras el pasado 22 marzo y que habló con Mujica, quien ofreció moverlos desde Guatemala hasta Tijuana por 2 mil dólares por persona. Según las mismas declaraciones, no hubo cobro por la niña de 8 años, quien viajó con ellos.
Los cuatro relatos coincidieron en que la familia viajó al municipio guatemalteco de Tecún Umán el 29 de marzo, y que en la noche los estaba esperando un tal “Cristóbal” en la terminal de autobuses Maya de Oro, en la ciudad fronteriza, quien les indicó que venía “de parte de Ireneo (sic) Mujica”. Afirmaron que Sánchez presuntamente cobró el dinero en ese momento.
Según las declaraciones, “Cristóbal” ayudó a los familiares a cruzar el río Suchiate en balsa, y del lado mexicano tomaron una combi rumbo a Tapachula. En la carretera, abundaron, se toparon con un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y tres agentes los obligaron a bajar; aseguran que éstos les robaron sus pertenencias –celulares y dinero en efectivo–, hablaron con el tal “Cristóbal” y los dejaron seguir caminando, tras decirles que “ahí no había pasado nada”.
Los hondureños narraron que “Cristóbal” se subió a la combi y desapareció. En ninguna parte de las declaraciones se identifica a Sánchez por su apellido; los relatos lo describieron como “una persona de baja estatura, aproximadamente 1.60 metros, medio fornido, con barba de candado, trigueño”, vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa.
El mismo 29 de marzo, Cristóbal Sánchez comió con su novia en un restaurante de Coyoacán, en la Ciudad de México, y posteriormente acudió a una fiesta cerca de la colonia Condesa. Resultó imposible, según el juez, que el mismo hombre esté cometiendo un delito en Chiapas y que en el mismo momento se divierta en una fiesta, mil 200 kilómetros más al norte.
El caso contra Mujica quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después.
En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana. Ahí, un cubano les indicó que viajar a Monterrey costaría 10 mil pesos por familia y que “Irineo Mujica y él tenían arreglado todo para llevarnos hasta allá”.
Según el relato, la pareja conoció a Mujica en el mismo parque; lo identificó como el líder de la caravana que partió de Tapachula en la madrugada del 23 de febrero. No existen registros de una caravana que haya salido ese día del municipio chiapaneco, por una simple razón: nunca existió esa caravana, declaró Mujica.
Los mismos relatos refieren que la caravana caminó durante cuatro días, con pausas de 20 minutos, pasó retenes del INM y del Ejército y, en la mañana del 27 de febrero, se acercó a Mapastepec. Alrededor de las nueve de la mañana, Mujica presuntamente dijo a la pareja “que era el momento de que le diéramos el dinero que hacía falta; es decir, 7 mil pesos. Acto seguido, guardó el dinero en una bolsa tipo mariconera que siempre llevaba colgada”.
De acuerdo con la pareja, una vez en Mapastepec Mujica se esfumó. Ellos se quedaron en el campo de refugiados improvisado en el auditorio hasta el mes de abril, cuando se ­desesperaron y decidieron seguir el viaje solos. Fueron detenidos kilómetros más adelante y deportados dos días después a su país.
La defensa sostiene que la mañana del 27 de febrero Mujica no pudo estar en el puente de Mapastepec, puesto que se hallaba en Chahuites, a 185 kilómetros de distancia. De hecho, el 26 de febrero estuvo con un grupo de más de mil personas en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, que se encuentra en un punto más avanzado de la carretera costera.

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Miles de migrantes atrapados entre dos gobiernos en tensión

En medio de inéditas tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, miles de migrantes –sobre todo centroamericanos– continúan arribando a la frontera entre los dos países para solicitar asilo al gobierno de Donald Trump. Y aunque se trata de un asunto de vida o muerte, poquísimos lo consiguen. A las dificultades del prolongado trayecto se suman los obstáculos burocráticos de las autoridades estadunidenses, la dificultad de sobrevivir en Baja California sin dinero, familia ni trabajo, y las acciones del Instituto Nacional de Migración para evitar el ingreso de las caravanas por la frontera sur.

ENSENADA, BC.

.- “Del miedo a morir y a que maten a tu familia… y también de sufrir tanta hambre, de ahí sale la fuerza para arriesgarse a todo”, explica María Carmen Flores cuando se le pregunta de dónde sacó el valor de arrojarse contra la barda fronteriza desde Tijuana para caer en territorio estadunidense. Lo hizo con su hijo de nueve años en brazos y otro, ya adolescente, de la mano.
Esa madre hondureña y sus dos vástagos ya se encuentran en Denver, Colorado, con un juicio en proceso para obtener asilo en Estados Unidos.
María Carmen tuvo suerte. Alcanzó a “tirarse contra la barda” antes del pasado 29 de enero, fecha a partir de la cual el presidente Donald Trump impuso el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que obliga a los solicitantes de asilo a retornar a México mientras se desahogan los juicios correspondientes, que pueden prolongarse varios años.
Baja California tiene registro oficial de 3 mil 213 migrantes centroamericanos, incluidas 980 familias. Todos solicitan asilo al país a través de dos puertos fronterizos: El Chaparral, en Tijuana, y la garita de Mexicali.
La mayoría de migrantes, 2 mil 159, se concentra en Tijuana; otros mil 54 están en Mexicali. Provienen sobre todo de Guatemala (mil 437), Honduras (mil 164) y El Salvador (524), según los datos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el 12 de mayo pasado.
Gobernación y el INM precisan que la población de centroamericanos en tránsito es de mil 75 hombres y 784 mujeres, 916 niños y niñas de cero a 12 años, y 356 adolescentes de 13 a 17 años.
La mayoría de ellos (mil 851) vive en albergues, otros 733 han logrado conseguir casas o habitaciones que rentan en grupos y más de 300 consiguieron hospedaje con amigos, muchos de ellos personas altruistas o activistas de derechos humanos.
Todos cuentan con documentos expedidos por el gobierno mexicano: 2 mil 798 con Forma Migratoria Múltiple (FMM); 377 tienen la Tarjeta Visitante Razones Humanitarias (TVRH) y seis la Tarjeta Residente Permanente.
Soraya Vázquez Pesqueira dirige el capítulo mexicano de la organización Families Belongs Together, que apoya a solicitantes de asilo en Estados Unidos y busca en Centroamérica a los padres de los menores que están solos en centros de detención estadunidenses, al conseguirles visas humanitarias para reunir a las familias.
–¿Cuántos migrantes, de los más de 3 mil “retornados” que están en la frontera norte de Baja California, han logrado que el gobierno estadunidense les conceda asilo? –se le plantea a Vázquez Pesqueira.
–¡Ninguno!
–¿Está fallando el programa de Trump?
–Al contrario, está cumpliendo su objetivo: impedir que entren los migrantes a Estados Unidos, aun cuando demuestren que sus vidas están en peligro, que huyen de la violencia política y social de sus países.
Cita el caso de María Carmen Flores:
“Ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena. Un día vio a los sicarios de la pandilla de Los Maras (Salvatruchas) matar a sangre fría a unos hombres en la casa vecina. Intentaron matarla porque fue testigo del multihomicidio, pero ella logró huir de su país. Pidió a uno de sus hermanos que le llevara a sus hijos a la frontera sur de México. En el camino se unió a la caravana que ya venía de Honduras y así llegó hasta Tijuana sin saber nada de su familia.
“Acá la conocí por mi trabajo en favor de los migrantes. Me movilicé y pude localizar a sus niños; los habían detenido en un retén de Chiapas. Logramos reunirla con sus hijos. Después recibí una llamada en mi celular. Era ella. ‘Estoy en Denver’, me dijo. ‘¿Cómo pudiste cruzar la frontera?’, pregunté. Y ella: ‘Me tiré por la barda’.
“Enfrentó un proceso por su entrada ilegal a Estados Unidos, pero ya inició su juicio de asilo en Denver, Colorado, donde tiene amistades. Los Maras mataron a uno de sus tíos que no pudo salir de Honduras.”

Tercer país seguro
Soraya Vázquez, abogada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y candidata a doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, afirma que actualmente la migración tiene características inéditas.
Con más de 20 años como activista de organismos mexicanos –como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– e internacionales defensores de los migrantes, agrega que antes éstos solían esconderse, mientras que hoy se visibilizan en caravanas para protegerse de asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Emigrar se convirtió en un asunto de vida o muerte.
Otro aspecto inédito y “bastante perverso” –dice– es que, a diferencia de lo que sucedió con María Carmen Flores, ahora a los migrantes se les obliga a retornar a México para seguir desde este país juicios de asilo que nunca se resuelven.
Como Estados Unidos presiona a México con todo, incluida su reciente amenaza de fijar aranceles especiales a sus productos, a fin de que el gobierno de López Obrador frene el flujo migratorio hacia su frontera norte, se le plantea a la especialista si Trump pretende convertir a México en el “tercer país seguro” para los migrantes.
–¡Claro, pero eso es imposible! Nuestro país no es seguro ni para nosotros. Y menos Tijuana, la ciudad con mayor tasa de asesinatos en el mundo.
–¿Cuál es la salida a esta crisis humanitaria de miles de migrantes que impacta a las ciudades fronterizas del norte de México?
–Estados Unidos debe recibir a esos migrantes. Tiene cuantiosos recursos, pero debe reorientarlos. En vez de invertir millonadas en centros de reclusión, debiera permitir que la gente espere su proceso de asilo en libertad, trabajando.
“Resulta muy costoso criminalizar la migración. Respetar el derecho de asilo a todas las personas es más barato. El problema es que han convertido la migración en una industria. Al criminalizar la migración, un puñado de inversionistas se enriquece construyendo y administrando centros de retención de migrantes, que son cárceles para quienes están esperando que les concedan asilo y no son criminales.”

La Pequeña Haití
Al preguntarle a la abogada Soraya Vázquez cuántos migrantes “retornados” podrían conseguir asilo en un futuro cercano, no es optimista:
–El caso más cercano al éxito que conozco es el de un hondureño que se entregó a la Migra (policía migratoria) en San Diego. Solicitó asilo a principios de febrero. Lleva dos audiencias en la Corte y en mayo le dieron cita para una tercera audiencia que se efectuará en diciembre. No sabemos a cuántas audiencias más será citado, tampoco podemos saber si el fallo será favorable o le negarán el asilo.
Vázquez, también fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana BC, que surgió hace tres años ante el arribo masivo de migrantes al estado, indica que muy pocos de los más de 16 mil haitianos que arribaron entre mayo y diciembre de 2016 obtuvieron asilo en Estados Unidos.
La mayoría se dispersó por América Latina, pero más de 3 mil aún esperan en Baja California la respuesta de los jueces estadunidenses y en tanto se integraron a la sociedad tijuanense. Crearon, incluso, un asentamiento denominado La Pequeña Haití, con casitas construidas en terrenos de 36 metros cuadrados, en un predio donado por Zaida Guillén y su esposo Gustavo Banda, pastor de la Iglesia evangélica Embajadores de Jesús.
La Pequeña Haití se ubica a 10 kilómetros al sureste de Tijuana, en el Cañón del Alacrán. Christopher Faustin y su esposa fueron los primeros en construir su pequeña casa de madera, donde viven con su bebé. “Fue dificilísimo llegar hasta aquí”, dice Faustin al recordar cómo cruzaron a pie la selva entre Colombia y Panamá.
Al preguntarle a la abogada y activista Vázquez si existen cuellos de botella en los trámites migratorios de haitianos y centroamericanos, contesta que sobre todo se muestra “crueldad”, ya que se obliga a los migrantes a retornar por Mexicali y se les fijan audiencias en la Corte de San Diego, a más de 330 kilómetros de ahí, lo que implica una inversión de tiempo, pasajes por 700 pesos, así como gastos de alimentación y hospedaje.
“Si no tienen recursos para acudir a la audiencia, pierdan la oportunidad y su caso se empantana”, comenta.
El proceso que enfrenta un solicitante de asilo exige infinita paciencia. Los migrantes elaboran listas de solicitantes en un cuaderno; cada quien recibe su nombre en un trozo de papel, como un boleto, con el número que le corresponde. El Grupo Beta, policía no armada que auxilia al INM, elabora esa lista en Mexicali; en otros lugares es tarea del Centro de Atención a Migrantes.
Cada migrante pregunta cuándo debe presentarse a solicitar asilo. Transcurren de dos a tres meses para que sea su turno. En ocasiones llaman a 10 y en otras a 40 personas para que acudan al mismo día a la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) para iniciar el proceso.
La persona solicitante de asilo espera a que la CBP le comunique cuándo es su primera audiencia ante una Corte. Pueden pasar dos meses, y cuando al fin se presenta a la Corte, va sin abogado y el juez “otorga” otro bimestre para que consiga uno.
Mientras procesan la solicitud, el migrante permanece en un centro de detención, luego lo regresan al puerto fronterizo de entrada, donde se le hace entrega de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) que regula su ingreso al país en calidad de “retornado” a México. Con ese documento puede estar legalmente en este país, pero no se le permite trabajar. En esas condiciones espera la segunda, tercera y cuantas citas ordenen los jueces de migración.
–¿Cuánto tarda ese proceso y de qué viven mientras tanto?
–Puede tardar años. ¿De qué viven? Unos consiguen chambitas limpiando cebolla en los mercados, lavando autos, vendiendo chucherías en la calle. Ganan una miseria y, para colmo, algunas veces son extorsionados por policías municipales. Viven recluidos en albergues, con carencia de alimentos, ropa y medicinas. En Tijuana existen entre 25 y 30 albergues, por lo general de congregaciones religiosas, que son una bendición para los migrantes.
–¿Y el gobierno?
–Como si no existiera. Peor aún, estorba, como fue el caso del alcalde Juan Manuel Gastélum, El Patas, quien discriminó y criminalizó a los migrantes incitando al odio de la gente en contra de ellos, motivo por el cual fue reconvenido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Algunas personas asumieron una actitud deleznable ante los migrantes hondureños, en contraste con la empatía hacia los haitianos, porque el largo trayecto de la caravana desde Honduras abrió espacio a que fuesen criminalizados mediáticamente.”
Añade que incluso vinieron a Tijuana simpatizantes de Trump a hostigar a los migrantes en el estadio Benito Juárez. “Eran pronazis, hombres de cabezas afeitadas, y con ellos venían un tipo de un programa de radio y una mujer que aparecía como Paloma for Trump”, relata la especialista.
–¿Cuáles deben ser las acciones inmediatas del gobierno mexicano ante las difíciles condiciones en que sobreviven los migrantes retornados?
–Entregar visas humanitarias a todos para que puedan conseguir un trabajo mientras se resuelve su juicio de asilo. También, incorporarlos a la sociedad en condiciones dignas y de pleno respeto a sus derechos humanos, como manda nuestra Carta Magna.

Chivos expiatorios
Organizaciones defensoras de migrantes en Baja California exigen la liberación de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, activistas detenidos el pasado 5 de junio, cuando la Guardia Nacional también impidió que una caravana de centroamericanos ingresara al país.
Mújica es uno de los líderes de Pueblo Sin Fronteras, que ha acompañado a las caravas de migrantes desde hace muchos años.
“A veces no comulgamos con sus métodos en la exigencia de derechos de los migrantes, pero eso no lo convierte en ningún criminal ni en un traficante de personas: es una injusticia la que están cometiendo contra estos líderes. Es absurdo, por ejemplo, que congelaran sus cuentas porque dicen que detectaron cinco transacciones bancarias a Querétaro. Yo también envío dinero a migrantes y no por eso soy una traficante de personas”, dice la abogada Vázquez.
Y concluye:
“Irineo Mújica tuvo un desacuerdo con el padre (Alejandro) Solalinde, quien parece ser el más autorizado en el tema migratorio para el gobierno federal. A partir de entonces el padre Solalinde criminalizó a Irineo y la ministra (la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) ha expresado comentarios criminalizando la labor de Irineo y de Pueblo Sin Fronteras. No queremos pensar que pretenden utilizarlo como chivo expiatorio en la mesa de negociaciones con Trump. Vamos a defenderlo.”


Michoacán, una guerra con mil cabezas

Es difícil imaginar que, con más de 100 mil muertes en su haber, la guerra criminal mexicana podría empeorar. Pero una investigación patrocinada por la organización Crisis Group en las entrañas de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, hace evidente que por lo menos en esa zona la situación de violencia aún no ha llegado a su límite. En la medida en que las organizaciones criminales se fragmentan, aumenta el número de ejecuciones.

TIERRA CALIENTE, Mich. (proceso).– El cuerpo calcinado, tirado bajo un puente en la carretera, resulta imposible de reconocer. Tardan cuatro días en identificarlo en la morgue. Un día más y las autoridades lo habrían enviado a una fosa común, como ha ocurrido con docenas, quizá centenares de cuerpos sin reclamar.
Pero los padres de Josefina, de 19 años, sospechan que el cuerpo puede pertenecer a su hija desaparecida. Una pequeña parte interior del labio inferior sobrevivió a las llamas. El tejido es suficiente para una muestra de ADN, que se corresponde con el de su hermana. Ahora, al menos, Josefina tendrá un velorio y funeral apropiados.
Encontrar al asesino resulta más complicado. En México la gran mayoría de los asesinatos no son investigados y mucho menos resueltos: la tasa de impunidad se mantiene estática por encima de 95%. Una investigación es incluso menos probable si, como en este caso, todo indica que se trata de una ejecución al estilo narco. Para las autoridades, este sería el punto final.
No lo es para la familia de Josefina. Hay rumores sobre los asesinos y sus motivos. Era una puntera (vigía) para uno de los más de 20 grupos criminales que luchan por el control de la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Es una forma común de ganarse la vida entre los jóvenes de esta región semiárida de 120 por 50 kilómetros, pero el solo hecho de ser puntera no explica su destino.
El padre de Josefina también estaba en el negocio, sobrevivía trabajando como sicario o soldado de algunos contras (como se llaman entre grupos criminales rivales). Sólo por este hecho, los jefes de Josefina empezaron a sospechar que ella podría estar filtrando información. Por paranoia la asesinaron y para enviar un mensaje quemaron su cuerpo y lo dejaron donde pudiera ser encontrado fácilmente. El intento de venganza del padre lo lleva a su muerte poco después. Convence a su comandante de mandarlo a luchar contra los jefes de Josefina y recibe un disparo. Sus vecinos comentan que sólo se podía ver un pequeño orificio de entrada en su pecho, pero sus pulmones se llenaron de líquido hasta que dejó de respirar.

La Zona Cero
Más de 100 mil personas han muerto de manera violenta en México desde que el gobierno declaró la guerra al crimen organizado en 2006, presentándola como una batalla entre el bien y el mal. Durante su visita en abril, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se refirió a las cifras de muertes de México como las de un país en guerra.
Y todo indica que la guerra está empeorando. Hasta el momento, 2019 se perfila como el tercer año consecutivo en el que México rompería los récords históricos de homicidios en su historia.
Tierra Caliente es la zona cero de la guerra, su punto de inicio. Es el primer lugar donde el ejército se desplegó en masa contra los narcos, un laboratorio para los diversos métodos con los cuales gobiernos sucesivos han dicho que erradicarían a los capos del narcotráfico. Y un único cártel, los Caballeros Templarios, ostentaba el poder en Tierra Caliente. Terminó fracturado por el gobierno, que actuó de la mano de las autodefensas.

Desorden perpetuo
De acuerdo con El Toro, un combatiente robusto cuya trayectoria de dos décadas lo ha llevado a ser teniente, una nueva crisis de lealtad entre los narcos ha generado una sensación de desorden perpetuo. “Es como en el futbol”, dice. “Un día juegas para el América, al día siguiente te pones la camiseta de Monarcas”. Los jefes locales pueden cambiar su lealtad en un abrir y cerrar de ojos ante la promesa de mayores ganancias territoriales y económicas. La confianza, la columna vertebral de cualquier asociación, se ha esfumado.
Es difícil mantenerse al tanto de quién es quién y quién está luchando contra quién, mucho más, saber quién está al mando.
Los Caballeros Templarios que quedan han cambiado de bando tres veces en una gran batalla, pasando de enemigo mortal a aliado y de nuevo a enemigo mortal del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la supuesta nueva central criminal mexicana que busca transformar a Michoacán en uno de sus satélites. En el mismo periodo, los Templarios han cambiado de posición cuatro veces (enemigo, aliado, enemigo, aliado) respecto a Los Viagras, otro de los actores criminales de la región.
Y esto es sólo los Templarios y sus fracciones. En general, ha habido docenas de fragmentaciones en el mundo criminal michoacano en los últimos seis años. La proliferación de bandos en conflicto confunde a los propios combatientes, dicen algunos. Lo único que es claro, me dice alguien cercano a una familia de traficantes de larga trayectoria, es que “todos son narcos”.
Cada fisura redibuja las líneas de combate, marcando el comienzo de nuevas olas de asesinatos. Y con cada división, el conflicto penetra cada vez más profundamente en la sociedad. Amigos y vecinos, o incluso familiares, como sucedió en el caso de Josefina, se encuentran repentinamente en bandos opuestos. La violencia se vuelve íntima, a menudo impulsada por venganzas personales más que por competencia por los mercados ilícitos, haciendo que el ciclo sea cada vez más difícil de romper.
Los templarios y extemplarios se enfrentaron durante cuatro años en batallas por un puñado de puentes y poblados, trayendo un flujo constante de muertes a cambio de avances territoriales temporales. En algunos momentos los enfrentamientos aislaron del mundo exterior a los civiles al sur del río. Los contras bloqueaban el paso de comida, agua, medicina y hasta al sacerdote local, con el fin de sofocar a sus enemigos.

“¿Para qué?”
Ahora, los bandos enfrentados se han unido nuevamente para enfrentar una amenaza común. Los Jaliscos, como llaman en la zona a los integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, están presionando desde el oeste. Los soldados templarios y extemplarios tienen que dejar de lado las traiciones y el dolor. O al menos esa es la orden de los jefes cada vez que pasan de contras a compañeros en armas.
Puede ser difícil de aceptar para los que están al pie del cañón, luchando y muriendo. Un combatiente de amplia trayectoria, suficientemente amplia como para haberse despedido de los capos, es Ramón. La última vez que nos encontramos, hace dos años, él y siete sicarios jóvenes, así como un exfrancotirador de las fuerzas especiales mexicanas bajo su comando, habían sido desplegados como última línea de defensa de los templarios para proteger la ribera sur del río de los recurrentes ataques de los contras.
El equipo de batalla que exhibía en ese entonces, un rifle semiautomático AR-15, un chaleco táctico con cartuchos adicionales y un radio, ha desaparecido. En su lugar, ahora viste una camisa elegante, jeans de diseñador y zapatos negros brillantes Lacoste. “Las cosas han cambiado desde la última vez que viniste”, me dice, mientras un joven sicario, siguiendo sus órdenes, me sirve una cerveza fría.
La rabia florece en la medida en que Ramón expone las razones que lo llevaron a convertirse en la mano derecha de alguien, “haciendo cosas con el gobierno”, un emisario de cuello blanco del mundo criminal al oficialismo. “Nunca me quejé de la vida aquí”, dice. Pasó incontables noches escondiéndose en los cerros desolados que se asoman en el fondo, abrazando su rifle, acurrucado bajo una cobija, tambaleándose entre dormido y despierto, incluso bajo la fuerte lluvia.
“Inicialmente sólo estábamos recuperando lo que era nuestro”, recuerda, “pero luego ellos (los jefes) querían tomar áreas de otros. Era como Vietnam para los gabachos. No era nuestra gente, no teníamos su apoyo, no podía funcionar. Sufrimos muchas, muchas bajas. Y ¿para qué? Ambición. Nada.”
Lo que más pesaba en su mente era la decisión desde arriba de forjar un pacto justo con las personas que previamente le habían ordenado borrar del mapa. “Maté a 15 de ellos en una emboscada”, Ramón dice sin rodeos, “pero después de eso se metieron con mi familia, llegaron a mi casa y trataron de llevarse a mis hijos pequeños. ¿Cómo es posible? ¡No te metes con las familias!”.
Debido a su nuevo cargo, ahora sólo visita esporádicamente la región. Pero de ninguna manera ha olvidado sus rencores del pasado. Se refiere al caso de Josefina, cuya familia conoce, como un claro ejemplo. “Voy a ser franco contigo”, dice resumiendo. “Quizás los patrones los hayan perdonado, pero yo nunca lo haré. Si me topo con uno de esos hijos de su perra madre… ¡a la verga! Igual y me matan, pero no antes de que yo mate a tres de ellos. Mínimo”. Por eso, dice mientras señala la camioneta SUV en la que trajo a su familia hasta aquí, mantiene una pistola junto a su pierna derecha en todo momento.
Muchos otros se rinden rápidamente ante el sufrimiento y las dudas morales, y simplemente nunca regresan de sus cuatro días mensuales de descanso. A pesar de la deserción, a los grupos armados ilegales de Tierra Caliente les resulta fácil reponer las filas.
Una razón es la falta de alternativas legales viables, tal como me dice la madre de Emilio, un sicario de 22 años, mientras fríe un pescado entero para el almuerzo en su estufa de leña, en una población a poca distancia de donde me reuní con Ramón. Emilio también renunció un tiempo. Pero cuando el salario por medio día de cosecha de limones, bajo el sol inclemente de Tierra Caliente, bajó a menos de 200 pesos, le pidió al comandante volverse a integrar.
Jóvenes como Emilio aportan el combustible sin el cual la máquina de guerra de los jefes rápidamente se detendría. Pero, también debido a la falta de disciplina de algunos, muchos no duran.

* Analista senior de la organización International Crisis Group


El sistema aduanero, puerta grande del crimen el sexenio pasado

En México existen 49 aduanas cuya operación contribuye con 31% del PIB. Sólo en 2018 se recaudaron 949 mil millones de pesos, según cifras de la AGA. En ese escenario, una de las primeras acciones que implementó Ricardo Peralta Saucedo fue reemplazar a los encargados aduanales por abogados penalistas especializados en el combate al crimen organizado y en labores de inteligencia, con una “trayectoria impecable”, dice.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México somos un caldo de cultivo “extraordinario” para el tráfico y el contrabando porque se puede, “porque todo el tiempo van de la mano la impunidad y la corrupción”, dice Ricardo Peralta Saucedo.
Sabe de lo que habla. Durante cinco meses que encabezó la Administración General de Aduanas (AGA) y Comercio Exterior se metió a sus entrañas hasta que el jueves 23 el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró subsecretario de Gobernación.
En entrevista con Proceso 13 días antes de que sustituyera a Zoé Robledo, quien dejó el cargo para ocupar la dirección general del IMSS, el autonombrado “Apóstol de la 4T” abordó el estado en el cual encontró las aduanas, el tráfico de la piratería, drogas y armas, los decomisos, la corrupción y abusos de autoridad; también expuso los planes que tenía para enderezar el sistema aduanero mexicano.
Abogado y maestro en derecho constitucional y administrativo por la UNAM, con especialidades en procuración de justicia, delincuencia organizada y seguridad nacional, Peralta aspiró a encabezar la Fiscalía Anticorrupción, pero el 13 de diciembre el titular del Ejecutivo lo puso al frente de la AGA. “Encontré las aduanas con ese desprestigio de hace décadas. Desde su existencia han crecido de la mano del contrabando y la corrupción. (Aunque) mucha mercancía pasa por las aduanas, ésta puede pasar por donde sea”, explica.
En ese contexto, México sólo tiene 19 puntos aduaneros en los 3 mil 400 kilómetros de frontera que comparte con Estados Unidos y únicamente tres en los mil kilómetros en la frontera sur.
El funcionario federal detalla: “Fuimos a la frontera sur, nos subimos a las ‘cámaras (de llanta)’ o balsas con las que cruzan 400 veces al día el río Suchiate y tienen capacidad para una tonelada y media. Pueden pasar un carro, (rifles) Barrett, armas, granadas, drogas y, por supuesto, migrantes. Pasan lo que quieras de Guatemala para acá”.
También especialista en comercio exterior, reconoce que existen redes internacionales que cooptan a personas en México para operar el contrabando. “¿A quién se le ocurriría enviar 40 toneladas de piratería? Se necesita a alguien que las reciba y las ponga a la venta. Son socios de negocios ilícitos que necesitan esa dualidad, quien mande fabricar y lo compre allá, quien lo importe a México, lo transporte, lo reciba y lo lleve a la venta.”
Expone que lo mismo ocurre con la droga: “Nadie manda una maleta de cocaína para ver quién se la encuentra. La envían con personas desde Bolivia, Perú o Colombia. Ya hay colusión de alguien que los recibe aquí con la maleta, la distrae de las líneas de revisión y de los perros, la lleva por una banda distinta o sale sin ser sujeta a una revisión, se la lleva caminando como si nada. Es una práctica desde el pasado, un modus operandi muy común, una red internacional”.

Mensajeros del crimen
En México existen 49 aduanas cuya operación contribuye con 31% del PIB. Sólo en 2018 se recaudaron 949 mil millones de pesos, según cifras de la AGA. En ese escenario, una de las primeras acciones que implementó Peralta fue reemplazar a los encargados aduanales por abogados penalistas especializados en el combate al crimen organizado y en labores de inteligencia, con una “trayectoria impecable”, dice.
Durante los cinco meses que estuvo a cargo de las aduanas fueron decomisadas casi tres toneladas de droga, principalmente cocaína y mariguana. Destacó la detección de 15 kilos de fentanilo, “un opiáceo poderosísimo que lo mandan de Asia, primordialmente de China”, hacia Estados Unidos.
Buena parte de esa droga, asegura, fue decomisada en la oficina del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mediante un procedimiento especial que incluye la revisión de los pedimentos oficiales que coincidan con el contenido. También pasa por rayos X, monitoreo, olfateo de perros, químicos del laboratorio del AGA que identifican la sustancia ilícita y, por último, la notificación a la Policía Federal y al Ministerio Público para el decomiso.
El pasado 27 de abril, la Policía Federal y el personal de la Aduana del AICM aseguraron dos kilos de fentanilo en cajas de cartón, cuyo destino era Hong Kong, según una nota de Excélsior. También hallaron 10 kilos de metanfetamina en ocho envoltorios escondidos en un paquete con equipo para escalar, con destino a Osaka, Japón, y unos 11 kilos de mariguana en 11 envoltorios rumbo a Iowa, Estados Unidos. Toda esa droga fue detectada en paquetes enviados vía Sepomex, de acuerdo con el texto. El 1 de marzo más de 123 kilos de cocaína fueron asegurados en la aduana del aeropuerto de Guadalajara, provenientes de Bogotá, según el diario El Occidental.
Reportes periodísticos indican que desde 2016 la AGA ya tenía sospechas de que los narcotraficantes usaban el Sepomex y las empresas privadas de mensajería para realizar sus envíos. También detectaron casos de venta por internet, cuyas entregas se hacen por paquetería, y no sólo de droga, sino también de armas.
En este rubro, el también presidente de la organización social “México correcto, no corrupto” destaca un golpe ejecutado en enero pasado en la aduana de Reynosa, donde un empleado en complicidad con el chofer de una camioneta modificó un documento que señalaba el ingreso a México de material eléctrico de Estados Unidos, cuando en realidad eran mil 400 cargadores de 50 municiones cada uno para fusiles de asalto conocidos como Cuernos de Chivo.
Ese empleado de aduanas forma parte de los 18 servidores públicos –operativos, no directivos– vinculados a proceso por corrupción. Están incluidos en el grupo de 68 procesados (choferes y cargadores, principalmente) de las aduanas de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora.
Media hora antes de la entrevista, Peralta fue llamado de Palacio Nacional para reunirse con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a quien le presentó la cifra de recaudación aduanera en el primer trimestre del año: 250 mil millones de pesos, 35% más que en los años anteriores. Según dijo, en 2018 fueron 949 mil millones, y en 2017, 845 mil millones de pesos.
De hecho, era común que interrumpiera su agenda para atender los llamados de Urzúa y de López Obrador, aún por encima de su entonces jefa, la titular del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, quien, vía oficios internos como el 100-2019-11 del 4 de marzo, expuso su desacuerdo con el trabajo de su subordinado.


El fallido alzamiento militar dejó “tocado” a Maduro

La tentativa insurreccional del 30 de abril último, en vísperas del Día del Trabajo, no logró un pronunciamiento de las fuerzas militares en favor de Guaidó y contra Maduro. Mucho menos causó un quiebre en la FANB. Tampoco produjo la movilización multitudinaria popular que esperaba la oposición en todo el país y que hubiera puesto al gobierno ante la disyuntiva de capitular o de reprimir indiscriminadamente, sin importar que esa repuesta desatara un alto número de muertos.

BOGOTÁ.– El jueves 2 en el Fuerte Tiuna de Caracas, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabezaba un acto castrense bautizado como la Marcha por la Lealtad Militar, se transformó en una petición lo que debió ser un discurso de agradecimiento a las tropas por mantenerse al margen de la insurrección armada convocada dos días antes por el autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), dijo Maduro ante 4 mil 500 militares, “tiene que mostrarse unida ante el pueblo, cohesionada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada, cada vez más disciplinada, subordinada al mando institucional, cada vez más obediente a los principios y valores…”.
Maduro lo dejó en claro al enfatizar que “ha llegado la hora” de demostrar que en Venezuela hay una Fuerza Armada “leal, cohesionada (y) unida como nunca antes”.
Militares venezolanos asilados en Colombia afirman que por orden de la guardia personal de Maduro carecía de munición el armamento de las tropas formadas ante él en la enorme explanada del Fuerte Tiuna.
“Tiene mucho miedo porque sabe que el descontento en las filas militares es profundo y que el peligro de un atentado en una ceremonia de ese tipo es muy alto”, dice a Proceso un exmilitar venezolano consultado en Bogotá.
Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, fue extraño que Maduro acabara pidiendo lealtad a los militares en un acto en el que, se suponía, sólo era para que ellos le refrendaran su fidelidad.
“Esto quiere decir que en el gobierno hay desconfianza en la lealtad del sector militar y que pueden tener información de que hay ciertos sectores (de la FANB) que se debaten entre seguir o no seguir con el gobierno”, agrega Alarcón.
La tentativa insurreccional del 30 de abril último, en vísperas del Día del Trabajo, no logró un pronunciamiento de las fuerzas militares en favor de Guaidó y contra Maduro. Mucho menos causó un quiebre en la FANB.
Tampoco produjo la movilización multitudinaria popular que esperaba la oposición en todo el país y que hubiera puesto al gobierno ante la disyuntiva de capitular o de reprimir indiscriminadamente, sin importar que esa repuesta desatara un alto número de muertos.
No es que el gobierno de Maduro no haya reprimido las protestas de los últimos días en respaldo a Guaidó y a su llamado a la rebelión “cívico-militar”. Hasta el viernes 3 ya se habían reportado cuatro muertos por disparos de la Guardia Nacional, 239 heridos y 205 detenidos.

Tiros y videos
Es un hecho que el fallido alzamiento militar del 30 de abril involucró a un número reducido de personal de tropa y oficiales, apenas “un puñado de capitanes y tenientes”, según Maduro.
Dirigentes chavistas cifraron en 120 el número de efectivos que se alzaron, 90 de ellos guardias nacionales y 30 comandos del ejército y la armada adscritos al poderoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Contra lo que esperaba la oposición, el alto mando de la FANB, con el general en jefe Vladimir Padrino López al frente, salió en bloque por televisión a condenar el “movimiento golpista” y rendir un parte de normalidad en todas las guarniciones militares del país, aunque en La Carlota se escucharon ráfagas de metralleta y cientos de balazos.
El pequeño movimiento de rebelión no logró su propósito: la salida de Maduro del poder y la instalación de Guaidó en el Palacio de Miraflores, pero el gobierno no salió ileso de la “escaramuza golpista”, como el propio mandatario calificó a la intentona.
Con el transcurso de los días se ha hecho evidente que la “escaramuza” fue producto de gestiones conspirativas al más alto nivel que ninguno de los “halcones” de la Casa Blanca se ha molestado en negar, sino lo contrario: todos, desde el asesor de seguridad nacional, John Bolton, hasta el delegado especial para Venezuela, Elliot Abrams, las han proclamado a los cuatro vientos.
Según Bolton, la salida de Maduro ya estaba negociada con el jefe de la FANB, Padrino, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y con el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, el general Iván Hernández Dala. Los tres quedaron señalados.
Asesores de Guaidó afirman que el plan insurreccional estaba previsto para el miércoles 1, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, pero que se debió adelantar un día porque los servicios cubanos de seguridad advirtieron a Maduro del plan.
Según esa versión, Maduro planeó, entonces, arrestar a Guaidó y transferir a una cárcel militar al dirigente opositor Leopoldo López, quien se encontraba en prisión domiciliaria por una condena de 13 años de reclusión que le fue impuesta en 2015.
Las intenciones de Maduro fueron comunicadas a la oposición y a los gestores de la rebelión militar presuntamente por el director del Sebin, el general Cristopher Figuera, un militar de alta connotación en los círculos de poder en Venezuela porque fue edecán de Hugo Chávez durante 12 años y fue entrenado en Cuba en temas de seguridad.

Horas de ausencia
En medio de una versión del secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, de que Maduro estaba listo el 30 de abril para huir a Cuba, pero que Rusia lo persuadió de quedarse en Venezuela, el gobernante chavista permaneció varias horas sin aparecer en público ni pronunciarse sobre lo que estaba pasando.
A las 07:00 horas de ese día, dos horas y media después del llamado de Guaidó a la insurrección, Maduro tuiteó que los comandantes militares de todo Venezuela le habían manifestado su lealtad, pero después de ese mensaje no se volvió a saber de él sino hasta pasadas las 21:00 horas, cuando apareció en el Palacio de Miraflores en cadena nacional.
Otro golpe para Maduro fue la “liberación” de López –uno de los dirigentes más populares de la oposición– de la prisión domiciliaria que cumplía. El líder de Voluntad Popular, el partido de Guaidó, pudo salir de su departamento en Caracas cuando los agentes del Sebin que lo custodiaban simplemente le permitieron el paso.
Para el también analista Benigno Alarcón, pese a la fallida convocatoria opositora a la rebelión militar, aún está sobre la mesa la opción de orillar a las fuerzas armadas a actuar “con neutralidad institucional” y no en favor de Maduro.
Alarcón descarta que los sucesos del 30 de abril representen una derrota para la oposición porque un día después hubo marchas multitudinarias en todo el país en respaldo a Guaidó y contra Maduro, pese al notorio aumento de la represión. “Pareciera que la mayoría de los venezolanos está dispuesta a continuar luchando y a no darse por vencida”, asegura el abogado y experto en seguridad y defensa.


Nada ni nadie consigue abatir la violencia en México

Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su programa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno. Por el contrario, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un incremento de los índices de homicidios, pero además el crimen organizado se empeña en demostrar que, si las condiciones del país no cambian, seguirá sembrando el terror y corrompiendo la vida pública.

CIUDAD DE MÉXICO.- En lugar de disminuir “a partir del primer día” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como él prometió en su campaña, la criminalidad en el país va en aumento en los primeros cuatro meses, según dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que orilló al mandatario a poner un plazo fatal de seis meses para revertir esa tendencia.
Hasta el pasado 12 de marzo, el presidente insistió en que habían bajado los índices delictivos, a pesar de que cada mes los medios de comunicación publican los datos del SESNSP
Y aunque insiste en responsabilizar de la inseguridad a las administraciones pasadas, en este gobierno han ocurrido masacres similares a las del sexenio de Felipe Calderón, como aquella en que un grupo delictivo asesinó a estudiantes que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Calderón se apresuró a señalar que se trataba de ajustes entre bandas rivales.

La masacre
Ya en la administración lopezobradorista, el pasado 19 de abril, Viernes Santo, un comando irrumpió en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, y asesinó a 13 personas, incluido un bebé de un año. Dos días después, el 21, en Comalcalco, Tabasco, pistoleros ejecutaron a dos mujeres e hirieron a dos menores.
Al día siguiente unos automovilistas que volvían de vacaciones denunciaron que fueron víctimas de un asalto masivo en la autopista México-Acapulco. Hombres armados bloquearon la circulación y los despojaron de sus pertenencias en el tramo conocido como Los Túneles.
El 24 de abril Maricela Vallejo Orea, alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Veracruz, fue asesinada a balazos cuando iba en una camioneta por el municipio de Los Reyes.
Y en un hecho inusual, ‘El Marro’, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, amenazó a López Obrador con enviarle un “regalo” explosivo a su casa. Es el primer presidente de la República que recibe una amenaza directa del crimen organizado.
En una revisión de la estadística delictiva que el SESNSP publicó el 21 de abril, Guanajuato destaca entre los estados con la mayor incidencia con 947 asesinatos de enero a marzo. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez había festejado por todo lo alto el operativo Golpe de Timón, realizado en conjunto con la Marina a fin de arrinconar al Cártel de Santa Rosa, pero guardó silencio ante los datos oficiales sobre la violencia. ‘El Marro’ sigue libre.
El número de homicidios dolosos reportado por el SESNSP en Guanajuato es “el más alto registrado en la historia reciente del país para cualquier estado de la República, con lo que se vive una situación que podría ser considerada similar a un ‘estado de excepción”, según la investigación de México Social, realizada por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, que la publicaron el pasado 21 de abril.

Nueva impunidad
En el Estado de México se han incrementado sobre todo los feminicidios y la desaparición de mujeres, señala Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Atribuye el exponencial aumento de casos de desaparición desde 2006 al menos a cuatro hechos: la confrontación entre el gobierno y los grupos del narcotráfico, que motivó a éstos a defender los que consideran sus territorios; que se diera prioridad a la captura de los líderes de los grupos criminales; el crecimiento del mercado interno de las drogas, y que se haya privilegiado el uso de la fuerza para atacar el problema.
Sin embargo, a decir de Cortez, al inicio del gobierno de López Obrador se privilegia la impunidad, al no perseguir a las bandas delictivas.
En Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el fiscal de la zona Norte, Jorge Nava, atribuyen a la guerra entre cárteles la tendencia ascendente del crimen que se sostuvo hasta marzo, mientras que en Guerrero surgieron nuevos grupos de autodefensa que las autoridades vinculan con la delincuencia, sobre todo en zonas donde el gobierno de Héctor Astudillo impulsa desarrollos mineros: las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente.

Corrupción, complicidad e infiltración
El pasado 5 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente López Obrador anunciaron que están disminuyendo los delitos patrimoniales gracias a la coordinación entre militares y policías federales, estatales y municipales. Sin embargo, al comparar las cifras oficiales del primer trimestre de 2018 y el de 2019 no se advierte reducción alguna.
El año pasado se registraron en dicho periodo mil 239 robos a casa habitación; en 2019 van 2 mil 6, según las estadísticas del SESNSP.
El pasado 1 de marzo arrancó de manera formal la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, con el operativo Bases de Operación Interinstitucionales (BOIS). A los 10 días se informó de la detención de 20 personas y el decomiso de cuatro armas cortas y 10 largas, más de 2 mil dosis de distintas drogas, 18 autos y seis motos.
Alfaro Ramírez confirmó: “Sería un error evaluar los resultados de este operativo en términos de detenciones (…) El propósito central de estas operaciones es reforzar la presencia que, por las limitaciones en nuestro estado de fuerzas estatales, municipales y federales, teníamos que resolver de alguna forma”.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, la principal causa de que la incidencia delictiva no disminuya es la corrupción de las fuerzas del orden y la falta de capacidad de sus mandos para dirigirlos, porque llegaron al cargo por amistad o compadrazgo con gente poderosa.
Refiere que el crimen organizado está infiltrado en las policías de los tres órdenes de gobierno “y en algunos casos hasta en las fuerzas armadas”, dado su poder económico y político.
En Baja California, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Raúl Baena, cuestiona: “Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policiacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué? Porque las corporaciones federales, estatales y municipales son fuente de recursos ilegales, producto de amplias y complejas redes de corrupción, de mordidas, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia… Mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, nada se va a resolver.
“AMLO ha apostado demasiado a la Guardia Nacional, que es una reedición de la estrategia militar de combate a la delincuencia organizada que provoca la violencia en el país, lo que no presagia el éxito a no ser que se actúe a sangre y fuego, con el riesgo de que continúen las violaciones graves a los derechos humanos”.
Este estado cuenta con ciudades como Tijuana, una de las más violentas del mundo, con 138 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, la violencia que arreció en el noreste de Tamaulipas desde finales de 2018 fue atribuida por los gobiernos estatal y federal a nuevas disputas entre numerosas bandas escindidas de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que se dividieron tras la detención de sus capos, como lo han revelado la DEA y el Ejército Mexicano.


“De Presidencia”, la orden de no confrontar a la CNTE

El bloqueo al que los maestros de la CNTE sometieron a la Cámara de Diputados para que no se aprobara la reforma educativa del presidente López Obrador desató posturas extremas. Este semanario consultó a los coordinadores parlamentarios, quienes responsabilizaron a los gobiernos federal y local de no garantizar la seguridad del recinto ni de los legisladores, pues retiraron a la policía del lugar.

CIUDAD DE MÉXICO.– Durante 10 días la Cámara de Diputados se mantuvo en vilo: menos de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon sus nueve accesos, impidiendo las sesiones ordinarias. El recinto de San Lázaro entró en crisis.
El intento por reencauzar los trabajos legislativos llevó a propuestas extremas: desde aquella de que los 500 diputados entraran caminando por la escalinata principal con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, hasta echar abajo los operativos policiacos solicitados conforme a la ley, e incluso permitir la injerencia de la Presidencia de la República y obligar a los diputados a retomar el diálogo con los inconformes.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios confiaron, en entrevistas por separado, que fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien desoyó la petición del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y dio marcha atrás al operativo policiaco que abriría a los legisladores el paso a sus curules en San Lázaro.
No obstante, un alto funcionario de la Mesa Directiva les reveló a coordinadores parlamentarios que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Sheinbaum que no desplegara el operativo solicitado, a fin de evitar la represión a los maestros de la CNTE.

La contraorden
El 20 de marzo, un contingente de la CNTE bloqueó la Cámara de Diputados para impedir que el dictamen de la reforma educativa se aprobara, primero en comisiones y después en el pleno, pues la agrupación sindical consideró que la iniciativa del Ejecutivo seguía siendo punitiva.
Los siguientes dos días, 21 y 22, San Lázaro siguió bloqueado y no hubo sesiones ordinarias. Del 25 al 29 de marzo el recinto fue objeto de negociaciones, bloqueos y desbloqueos. El 27, los maestros dieron un respiro a los diputados y les permitieron sesionar para aprobar el dictamen. Pero éste no les gustó a los profesores, que regresaron a los bloqueos mientras mantenían conversaciones con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública.
En esa semana surgieron las posiciones extremas. El PAN pidió la cabeza de Porfirio Muñoz Ledo y llevó el tema de los bloqueos a la justicia federal, con lo que consiguió un amparo para evitar la inacción del presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, ante las siguientes movilizaciones de la CNTE.
Desde el inicio de los bloqueos, Muñoz Ledo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, asumieron una actitud negociadora con la CNTE.
De hecho, el primer día del bloqueo Muñoz Ledo, obligado por ley a velar por el recinto y la seguridad de diputados y empleados, dejó clara en las redes sociales su postura:
“Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y para ampliar el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio, se suspende hoy la sesión y se cita para mañana a las 11:00”, informó en las redes sociales el 20 de marzo.
Luego emitió otro mensaje: “Se ha mantenido un diálogo fructífero con representantes magisteriales y seguiremos impulsando el análisis de dictamen de la reforma educativa. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales deberán ser sensibles a las demandas sociales, siguiendo nuestra práctica de parlamento abierto. El compromiso es claro: abrogaremos las reformas regresivas aprobadas anteriormente”.

Pero los bloqueos siguieron.
Su día más álgido fue el 26 de marzo, cuando llegó la policía capitalina, pero se retiró, presuntamente por órdenes presidenciales.
De acuerdo con el relato de uno de los coordinadores parlamentarios, ese martes la oposición le dijo a Muñoz Ledo que “era conveniente solicitar la fuerza pública para que, por un lado, la manifestación de los maestros se diera sin problemas, y por el otro se custodiara el acceso de los diputados a la cámara. Por fin se convenció y muy temprano, a las siete de la mañana, entregó el oficio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.
Minutos después de las siete se presentaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero a las 8:30 se retiraron. De inmediato los maestros de la CNTE colocaron sus pequeñas casas de campaña en cada una de las nueve puertas de la Cámara de Diputados e impidieron el paso.
Otro legislador que participó en los cónclaves para resolver la situación, relató que el acuerdo fue establecer un camino por la puerta 4 a fin de que ingresaran diputados y empleados. Pero esto no funcionó:
“Los maestros se acercaron y hubo un choque frontal con la policía –continúa el legislador–. En ese momento, del otro lado, se decidió que nadie quería la represión y se dio la contraorden a la policía para que se retirara.”
–¿Y de dónde vino la orden? ¿De Muñoz Ledo? –se le pregunta a otro de los coordinadores parlamentarios.
–No, el único escrito que firmó Porfirio fue solicitando la seguridad pública, nunca que se retirara.
Consultados por Proceso, cuatro legisladores de distintos partidos (dos de ellos afines al gobierno) coincidieron en que la orden provino del presidente López Obrador. “Habló con Sheinbaum –afirma uno de ellos– y pidió que retirara a la policía capitalina para evitar más choques; pidió que todo fuera con diálogo”.
Otro de los consultados revela que un alto funcionario de la Mesa Directiva les explicó que Muñoz Ledo entregó el oficio, pero “la jefa de Gobierno se comunicó con el presidente de la República para informarle y éste le dijo que retirara la fuerza pública, que se privilegiaría el diálogo”.


El asesinato de Colosio, la serie

La plataforma estadunidense de películas, documentales y series, que cuenta con más de 89 millones de suscriptores en internet (48 millones en su país), estrenó esta producción, un día antes del aniversario número 25 del magnicidio. Coincide con el momento en que el PRI vive su crisis más profunda, después de caer al tercer lugar como fuerza política en las elecciones federales de 2018.

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera escena, con música de suspenso al fondo, es una toma aérea de la camioneta negra en la que viajaba Colosio cuando entró en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. La gente grita: “¡Colosio, Colosio!…” y el candidato presidencial del PRI levanta las manos para saludar. En lo alto de una -colina dos policías judiciales del municipio están alerta. Después, en un fragmento de video real, Colosio afirma en el mitin que no le teme a la competencia política, que rechaza la incompetencia política.
Las imágenes posteriores son de Colosio rodeado de una multitud caótica, que ya rebasó a su equipo de seguridad. Suena la canción “La culebra”, interpretada por la Banda Machos, y en una escena actuada truenan un par de balazos como señal de la ejecución del candidato.

Historia de un crimen
La serie Historia de un crimen: Colosio recrea la historia del político sonorense asesinado en Tijuana. La historia ya es conocida y sus personajes principales son Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, Manuel Camacho, Ernesto Zedillo, Diana Laura Riojas, José María Córdoba Montoya, Manlio Fabio Beltrones, Diego Valadés, Liébano Sáenz…
La plataforma estadunidense de películas, documentales y series, que cuenta con más de 89 millones de suscriptores en internet (48 millones en su país), estrenó esta producción, un día antes del aniversario número 25 del magnicidio. Coincide con el momento en que el PRI vive su crisis más profunda, después de caer al tercer lugar como fuerza política en las elecciones federales de 2018.
La serie presenta de manera cronológica el relato de uno de los atentados políticos más controvertidos de la historia nacional. Empieza con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y después desarrolla una intrincada trama política y policiaca que, tanto en la serie como en la vida real, desembocó en una solución que todavía no convence del todo: se inculpó, juzgó y sentenció a un asesino solitario. Sin embargo, muchos consideran que Mario Aburto es un chivo expiatorio del régimen salinista.
Esta producción del sello Dynamo, con dirección de Hiromi Kamata y guion de Rodrigo Santos, Alejandro Gerber Bicecci e Itzel Lara, recrea de manera libre y en forma de ficción los acontecimientos que en su momento se atribuyeron a una conspiración palaciega urdida en los altos niveles del gobierno salinista en contra de Colosio.
Desde el primer capítulo el político sonorense aparece solo, pensativo e inquieto. En los primeros minutos se le ve corriendo en una zona boscosa. Destaca su pelo rizado y alborotado. Al dar una vuelta en el camino de terracería, ya lo está esperando el presidente Salinas de Gortari, quien lleva una sudadera blanca que ostenta en el pecho el logotipo de Solidaridad, el programa social con el que pretendía erradicar la pobreza en su sexenio.

Revela su decisión
En la siguiente escena corren juntos. Los sigue un grupo de soldados del Estado Mayor Presidencial. Salinas le revela al entonces secretario de Desarrollo Social su decisión de que él sea candidato presidencial y no Manuel Camacho Solís, por quien muchos apostaban, incluso dentro del PRI.
–¿Cómo la estás llevando últimamente con Camacho? –pregunta Salinas.
–Bien, hemos hablado mucho. Anda muy ocupado, preparándose… Con eso de que ya se mandó hacer un busto de él mismo… –contesta Colosio, riéndose.
–Entendiste bien el juego, Luis Donaldo. ¿Tú qué opinas?
–Si lo escoge a él, va a la segura. Será ambicioso, pero le dará continuidad a lo económico, a la modernidad y a todo lo que usted ha hecho.
Salinas voltea mientras siguen corriendo y le suelta:
–Voy contigo. ¿Te interesa?
–¡Claro que me interesa! –exclama sonriendo Colosio mientras siguen corriendo. Salinas le pide un favor único: que se corte el pelo. “Para tu campaña… no podemos tener a un candidato así de greñudo”.
Así se anuda el trágico pacto del poder entre ambos personajes y arranca la intriga que se formó alrededor de Colosio en 1994, cuando el país vivió una de sus peores crisis políticas y de gobierno con el asesinato del cuñado de Salinas y entonces líder nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas.


La historia que marcó a México

El 23 de marzo de 1994 Colosio se encuentra en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, un barrio pobre de Tijuana, Baja California. A las 5:05 de la tarde, ya entre la gente, alguien le dispara al candidato en la cabeza. Su muerte fue anunciada horas después. Pero ¿quién lo mató y por qué? Estas preguntas resuenan en la cabeza de Diana Laura Riojas, su viuda, y en todo un país que no cree la historia que señala a Mario Aburto como el asesino solitario.

CIUDAD DE MÉXICO.- “Veo un México con hambre y con sed de justicia…”.
Es una voz en off del actor Jorge A. Jiménez, quien interpreta al candidato presidencial del Partido Revolucionario Intitucional (PRI) en 1994, Luis Donaldo Colosio. En la pantalla se advierte su figura sentada frente al escritorio, escribiendo un discurso.
En otra escena, un mitin en el Monumento a la Revolución, el personaje Donaldo completa la frase: “…De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo”.
Es la serie Historia de un crimen: Colosio, de ocho episodios, que se estrenará el viernes 22. Con este polémico suceso abrirá la primera historia, basada en hechos reales, de las varias que planea esta empresa estadunidense sobre crímenes cometidos en Latinoamérica
Según la trama, el 23 de marzo de 1994 Colosio se encuentra en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, un barrio pobre de Tijuana, Baja California. A las 5:05 de la tarde, ya entre la gente, alguien le dispara al candidato en la cabeza. Su muerte fue anunciada horas después. Pero ¿quién lo mató y por qué? Estas preguntas resuenan en la cabeza de Diana Laura Riojas, su viuda, y en todo un país que no cree la historia que señala a Mario Aburto como el asesino solitario.
A Diana Laura le queda poco tiempo: el cáncer de páncreas la consume y en su lucha por encontrar la verdad tendrá que enfrentar muchos obstáculos. Contará con muy pocos aliados, pero descubre que Federico Benítez, jefe de la policía de Tijuana, también ha iniciado una peligrosa investigación para descubrir la verdad porque tampoco cree que el crimen fuera al azar.
En otra escena, un personaje muy parecido al expresidente Carlos Salinas de Gortari recibe a la viuda, quien baja de una avioneta, y le manifiesta: “Lo siento mucho, Diana Laura”.
Ella de inmediato le pregunta: “¿Quién fue, Carlos?”.
Las directoras de Historia de un crimen: Colosio son las mexicanas Hiromi Kamata y Natalia Beristáin. El guion y la investigación recayó en Rodrigo Santos (fue el shouwrunner,- quien carga con toda la responsabilidad), rubros en los que participaron Alejandro Gerber y Michael Lara. Los productores son Andrés Calderón y Juan Uruchurtu.
Entre otros actúan Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Jorge Antonio Guerrero, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro, Ari Brickman y Lisa Owen, en ese orden de aparición.
Las directoras, así como Ilse Salas, quien interpreta a Diana Laura Riojas; Jorge A. Jiménez (Donaldo) y Jorge Antonio Guerrero (Mario Aburto), en entrevista con Proceso coinciden en que se debe revisar el pasado para comprender el presente.
Kamata, quien dirige los primeros cuatro capítulos, destaca: “Natalia, Rodrigo y yo sentimos que era una buena oportunidad de presentarles a los millennials, que no vivieron lo ocurrido en 1994, un momento de la política que cambió el curso de la historia y que también está dando resultados ahora”.
Se incorporó al proyecto porque “es un caso delicado, me interesa y ha estado ahí a pesar de que ya pasaron 25 años… Las ganas de hablar un poco de la historia de nuestro país, con la responsabilidad y el cuidado que, por supuesto, intentamos durante todo el proceso. Es un momento importante en la vida política de México para revisar ese año tan crítico para la nación. Fue devastador y como un parteaguas”.
La primera mitad de la serie, dice, está muy apegada a los hechos:
“Estuvimos en un desarrollo bastante largo, de cuatro meses de investigación, de estudio, de revisar todo el material que había en la Procuraduría General de la República… cuanto artículo nos encontramos, libros y material de video de las televisoras.
“También hubo un ligero, pero muy ligero, acercamiento al PRI, porque no queríamos basarnos en la versión que ellos tenían del caso. Igualmente hay ficción al principio, pero hacia el final, digamos, nos dimos más libertad. En realidad todo es narrado a partir de Diana Laura y del policía de Tijuana José Federico Benítez. La voz de la viuda nos interesaba a todos y nos cuestionamos: ¿Y esa familia que fue completamente afectada? Nos pareció humano abrir esa vertiente de la historia.”
Dice que el productor Uruchurtu tuvo un acercamiento con el hijo de Colosio, “por respeto, para avisarle que preparábamos una serie, y creo que también la actriz Ilse Salas”.

Ficción y memoria
Kamata, nacida en la Ciudad de México en 1982, comenzó su carrera como asistente de dirección en 2002 en varias productoras de publicidad. Dirigió el episodio siete de la segunda temporada de Niño Santo y Diablo guardián.
Por su parte Beristáin (Ciudad de México, 1981), quien ha participado como directora en series de televisión como El secreto de Selena y Luis Miguel, además de ser realizadora de las películas No quiero dormir sola y Los adioses, menciona que “justamente la arista de narrar la historia a través del lado mucho más íntimo y de un personaje como el de Diana Laura, me intrigó mucho”.
“Siempre que pienso en ella –abunda– me conmueve mucho saber que ya estaba desahuciada, que padecía una enfermedad dolorosísima. Sabía que su marido probablemente llegaría a la Presidencia y lo apoyaba, lo acompañaba, sabiendo que ella no iba a estar en ese momento. La posibilidad de abordar la política desde ese lado me pareció muy bien, es un lado en el que me puedo conectar. Pero los vericuetos, las estratagemas de la política y la podredumbre que ahí se mueve, con todo eso no me conecto.”
Relata que fue invitada por el productor Juan Uruchurtu:
“A diferencia de otros trabajos en los que he participado en televisión, cuando me buscan para sacar los capítulos adelante, aquí Juan me llamó casi desde que estaban empezando a escribir los guiones, entonces pude involucrarme mucho más creativamente en el proceso, desde la escritura del guion, pasando por la selección del elenco. Y en un trabajo en conjunto sobre la imagen que finalmente tendría el proyecto con el fotógrafo, la otra directora y el diseñador de producción.”
–¿Qué reto le produjo el tema?
–Siempre he pensado que México es un país que no tiene memoria, que el mismo Estado se ha encargado de hacernos una sociedad de memoria muy corta, y por eso permitimos 80 años de priismo. Nuestra capacidad de retención, de análisis y de preguntarnos que pasó antes, para saber por qué estamos viviendo hoy así, es una asignatura pendiente. Y a través de la ficción se pueden abrir estas preguntas, son ventanas para entender la nación que estamos viviendo hoy día.
“Es muy difícil pensar en el México de 2019 si no miramos hacia 1994, si no entendemos y nos preguntamos qué pasó ahí. Por un lado hay esa necesidad de abrir esas preguntas y de creer que la ficción tiene ese poder, además de traer un tópico como éste. Dices ‘Colosio’ y pensamos que todo mundo lo ubica perfectamente, pero la verdad es que para las generaciones más jóvenes probablemente es un nombre que les suena, pero no comprenden el peso histórico de aquel momento. Es importante para los votantes de 18 años, quienes en las elecciones pasadas votaron por primera vez.”
Otro atractivo del proyecto, explica, es que el universo de la política, que suele ser absolutamente masculino, es abordado por dos directoras, además de que no es “sólo un thriller político sobre el caso, sino tratarlo desde un punto de vista más humano y personal desde el personaje de Diana Laura”.


Breve manual de consultas ciudadanas

19/03/2019 – En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los días que corren, mucho se habla de las consultas ciudadanas. El presidente de la República ha convocado a realizarlas para definir lo que debía hacerse con el Nuevo Aeropuerto, el llamado Tren Maya o la termoeléctrica de Huesca. Ha dicho, también, que será conforme a ellas como se defina la suerte procesal de los expresidentes de la República. Ante la probabilidad de que este mecanismo sea utilizado con frecuencia en acciones de la mayor importancia, vale la pena analizar sus condiciones en nuestro país.
La primera gran distinción que conviene hacer es entre las consultas que llamaremos jurídicas y las que bien podemos denominar políticas. Las primeras son aquellas que se encuentran previstas por alguna norma del derecho nacional o por algún tratado internacional suscrito por México y, por lo mismo, obligatorio. Las segundas son aquellas que se hacen por quien ejerce el poder político, sea éste el presidente de la República, un gobernador o cualquier otro tipo de funcionario federal, local o municipal, sin sustento expreso en el propio derecho. Es verdad que la dualidad jurídico–político no agota todas las posibilidades imaginables de consultas, pues podría haber otras de tipo familiar, deportivo o escolar. Sin embargo, y para no perdernos, nos limitaremos a tratar estas dos.

Procesos y consecuencias
Pudiendo elegir por dónde comenzar, lo haré por las consultas jurídicas por mera deformación profesional. Desde este punto de vista, las consultas pueden ser de tipo constitucional, convencional, legal o administrativo. Veamos cada una de ellas, sus procesos y las consecuencias de no realizarlas.
Las consultas constitucionales son aquellas cuyas condiciones más generales están previstas en la Constitución. En primer lugar, el artículo 2 dispone que la Federación, los estados y los municipios deberán consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que se realicen. Estas breves determinaciones se desarrollan con detalle en la Ley de Planeación y, dado que dicho plan tendrá que ser enviado a la Cámara de Diputados dentro del mes de abril de este año, seguramente veremos pronto intensas consultas con los numerosos y distintos pueblos que integran de manera plural a la nación mexicana.
En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. La propia Constitución dispone que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en ella, los principios consagrados en su artículo 40, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Para llevarla a cabo, la Suprema Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta previamente a la convocatoria del Congreso de la Unión, y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, verificada siempre el día de la jornada electoral federal. Cuando la participación total corresponda al menos a 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes públicos.
La Suprema Corte ha tenido la oportunidad de ejercer la facultad acabada de señalar en cuatro ocasiones. El 30 de abril de 2014 resolvió las peticiones de aviso que para hacer sendas consultas fueron planteadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otras personas, y por el licenciado López Obrador y otros ciudadanos, con relación a la reforma energética publicada en el Diario Oficial del 20 de diciembre de 2013. En ambos casos la Suprema Corte determinó por mayoría de nueve votos contra uno que las solicitudes eran inconstitucionales porque la materia que se pretendía someter a consulta involucraba ingresos del Estado.
El 29 de octubre del mismo año, la Corte declaró por mayoría de seis votos, e idéntico motivo, la inconstitucionalidad de la materia del aviso de consulta que pretendieron llevar a cabo Gustavo Madero Muñoz y otras personas respecto al nivel de los salarios mínimos partiendo de la línea de bienestar fijada por el Coneval. Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se declaró la inconstitucionalidad del proceso por el que quería preguntarse a la ciudadanía si está de acuerdo con que se reforme la Constitución para reducir el número de diputados federales por el principio de representación proporcional de 200 a 100 y se eliminen los 32 senadores de representación proporcional, por tratarse de una cuestión electoral prohibida por el mencionado artículo 35 constitucional.
El segundo nivel jurídico de las consultas está constituido por las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en los tratados internacionales que ha celebrado. De entre varias posibilidades, ejemplifico con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 6 se dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarles directamente, así como establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en todos los niveles de decisión en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de las políticas y los programas que les conciernan. En el mismo ­artículo se ordena que las consultas deberán ser de buena fe y apropiadas a fin de lograr acuerdos o consentimientos.

Convenio 169
Con base en ese Convenio 169, y en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador, resuelto el 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado no satisfizo los requisitos esenciales de un proceso de consulta válida a comunidades indígenas del carácter previo de la consulta, la buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo, la adecuación y accesibilidad, el estudio de impacto ambiental y el presupuesto de que sea informada; por lo que finalmente se concluyó que el Pueblo Sarayaku no fue consultado antes de que se realizaran actividades propias de exploración petrolera, se sembraran explosivos o se afectaran sitios de especial valor cultural.
A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de nuestro país resolvió en 2013 que todas las autoridades nacionales están obligadas en el ámbito de sus atribuciones a consultar siguiendo parámetros muy semejantes a los apuntados por la Corte Interamericana, pero añadiendo que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, ya que uno de los objetos del procedimiento es determinar si los ­intereses de los pueblos indígenas podrían ser perjudicados.
Otro ejemplo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en su artículo 4 se establece que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectivo ese tratado y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con ellas, incluidos los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan.
También la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 5 establece que los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de agrupaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la propia convención.
El siguiente nivel es el legal, es decir, aquél en el que las leyes prevén la necesidad de llevar a cabo las conductas de que venimos tratando. Por la cantidad de leyes que prevén diversos mecanismos de consulta, es imposible señalar aquí la totalidad de ellos. Me limito a exponer dos ejemplos. En el artículo 20 de la Ley de Planeación se dice que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. En el 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales integrará órganos de consulta con entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales para asesorar, evaluar y darle seguimiento a la política ambiental, así como recibir opiniones y observaciones, lo que, en caso de darse, obliga a la propia secretaría a expresar las causas de la aceptación o rechazo. Finalmente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización prevé un sistema de consulta respecto del procedimiento de creación de las normas oficiales mexicanas.

Violación a sus reglas
Una vez que hemos identificado los casos más relevantes de consultas jurídicas, es de la mayor importancia preguntarnos por las consecuencias de su franca omisión o de la violación a sus reglas. En el primer caso, y por las razones que se quieran, las autoridades simplemente no convocan a quienes tienen que hacerlo para que manifiesten su parecer respecto a la norma a crear o la acción a tomar. En el segundo, y dado que la consulta es un procedimiento, no se satisfacen todos los pasos que debieran darse. Por ejemplo, no se llama al grupo adecuado, la consulta se hace de manera amañada o los resultados anunciados no coinciden con los obtenidos, por mencionar algunos supuestos. Dejando de lado el tipo de violación jurídica que se haya promovido, lo primero que conviene definir es el tipo de procedimiento que puede instaurarse para anularla.
Una buena parte de los sujetos a quienes tiene que escucharse en una consulta tienen ese estatus por lo previsto en la Constitución o en un tratado internacional. Por lo mismo, gozan de un derecho humano a ser consultados y el mismo es exigible mediante el juicio de amparo. Esto significa que si una persona o colectivo debiera ser consultado y no lo es o lo es inadecuadamente, es altamente posible que mediante una sentencia de amparo se anule la norma o el acto y se pida a la autoridad que reponga el procedimiento escuchando a quienes debieran ser consultados. Nada de extraordinario tiene este asunto en la jurisprudencia.
En el mismo plano de los derechos humanos, existe la posibilidad de que las comisiones federal y locales que los tutelan impugnen las leyes en las que no se hubieren escuchado a las personas que debieran serlo. Al respecto, conviene recordar que la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015 en contra de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista tenía como aspecto principal determinar si el Congreso de la Unión había satisfecho o no la consulta con los correspondientes colectivos. Si la consulta está prevista en alguna ley, los interesados podrán promover medios de defensa para hacerse escuchar en lo que debieron ser consultados.
Como no podría ser de otra manera, las consultas jurídicamente reguladas tienen efectos jurídicos, tanto si se cumplen como si no se cumplen. El señalamiento parece obvio, pero no lo es. Las consultas se han constituido en un elemento procedimental de validez de normas o actos de la ­autoridad. No satisfacerlas total o parcialmente puede acarrear la invalidez de esa norma o decisión, tal como si la misma hubiera sido emitida por una autoridad incompetente o fuera del correspondiente proceso.
Indicados algunos de los elementos más relevantes de las consultas jurídicas, paso a analizar las políticas. La manera más directa de hacerlo es señalando que son convocatorias no reguladas por el derecho, hechas por un servidor público u órgano del Estado para escuchar la opinión de la población con la finalidad de orientar sus decisiones. Desde el momento en que las consultas no están reguladas, resulta claro que su manera de realización queda determinada por el convocante. El número de participantes es decidido por él, y pueden ser conjuntos amplios o restringidos de la población, o subconjuntos previamente fijados: toda la población, los beneficiados o los perjudicados, por ejemplo. Igualmente variable puede ser el modo de recoger la opinión, tanto como aplausos, a mano alzada, votos en urnas o sentires percibidos por el consultante.
En la lógica formalizada básicamente por la voluntad o los deseos de quien realiza la consulta, los resultados de ésta son igualmente variables e interpretables, desde luego por él. Lo determinante pueden ser números o porcentajes de votos, niveles auditivos, emociones cuantificadas o percepciones sentidas. Al final de cuentas, la formalización depende de las reglas más o menos fijadas por quien convoca, y de su deseo más o menos constante de mantenerlas hasta el final o hasta que decida revocarlas o ajustarlas.
Más allá de la elasticidad de los procesos consultorios y de los resultados que arrojen tan singulares ejercicios, hay un elemento a destacar. Las consultas políticas no son, desde luego, jurídicas, pero sus resultados muy probablemente sí lo serán. Me ­explico. Los órdenes jurídicos modernos están construidos en mucho para evitar la arbitrariedad de los funcionarios. Por lo mismo, existen prevenciones para que todo aquello que hagan se encuentre debidamente fundado y motivado. Estas dos expresiones simplemente imponen la carga de que las acciones públicas estén basadas en una norma jurídica y que la aplicación de la misma sea razonable a la situación que se enfrenta. Si, por ejemplo, una autoridad sanitaria va a clausurar un establecimiento mercantil por la falta de condiciones higiénicas, en la orden correspondiente deberá explicar las situaciones que considere son contrarias a la higiene e identificar las normas jurídicas que precisamente le permiten cerrar un negocio cuando esos hechos se hayan dado.


Rasgos de autoritarismo

12/03/2019 – José Woldenberg, quien presidió el Instituto Federal Electoral durante las elecciones de la primera alternancia presidencial, en 2000, manifiesta su preocupación por el “resorte autoritario” que observa en las decisiones iniciales del gobierno lopezobradorista, por lo que llama a los distintos sectores sociales a evitar que en el país se escuche sólo la voz del presidente.

CIUDAD DE MÉXCO.- José Woldenberg está molesto con Andrés Manuel López Obrador, quien hace tres décadas fue su compañero en el PRD:
–Lo nombramos presidente, no sultán.
Al evaluar las decisiones, acciones y omisiones de López Obrador en sus primeros 100 días de gobierno, admite que ha “modificado las coordenadas de la política nacional”, como tender puentes con la sociedad que antes estaban rotos, pero ve malas señales para la democracia.
En particular, Woldenberg afirma que López Obrador “desprecia, y mucho, a las instituciones del Estado y a sus funcionarios, desprecia a los órganos autónomos y desprecia a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto no presagia nada bueno”.
–¿Hay ya un modo de gobernar de López Obrador?
–Sí. Lo que más me preocupa es que existe un resorte autoritario en el presidente de la República.
Después de renunciar al PRD en 1991, por discrepar de la línea política del partido que presidía Cuauhtémoc Cárdenas, Woldenberg encabezó el primer consejo ciudadanizado del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996, justo cuando ascendía López Obrador al liderazgo perredista.
Se mantuvo en ese cargo hasta 2003, cuando López Obrador cumplía tres años al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país, desde la que se catapultó para ser tres veces candidato presidencial, hasta que ganó, en 2018, con 53% de los votos.
Desde su cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió López Obrador, Woldenberg observa un fortalecimiento del presidencialismo, un afán centralizador de decisiones, una descalificación a “rajatabla” de sus adversarios, y decisiones autoritarias, como las consultas.
Las organizadas para cancelar el nuevo aereopuerto y sobre la termoeléctrica de Huexca, reprueba, no son constitucionales, ni siquiera encuestas con muestra representativa: “Son más bien caprichos donde el poder se ve en el espejo y el espejo le dice al poder lo que éste quiere oír. Eso tampoco presagia nada bueno”.
En particular, le parece aberrante la consulta que López Obrador organizará, el 21 de marzo, en el natalicio de Benito Juárez –uno de sus próceres favoritos–, para definir si son enjuiciados los expresidentes del “neoliberalismo”: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Eso a mí me parece un delirio. ¡Un delirio!”, exclama para manifestar su repudio a esa consulta que considera indigna de un jefe de Estado, porque no se puede enjuiciar a quienes fueron presidentes por haber sido neoliberales.
“Eso no es un cargo. La democracia se hace para que las corrientes neolibeales, socialistas, conservadoras se expresen, contiendan y finalmente se trata de políticas diferentes, pero no pueden ser llevadas a tribunales”, explica.
Lo que sí puede llevarse a los tribunales son delitos específicos, pero de lo contrario “volveríamos a la época de los juicios de alzada, sin garantías para los inculpados. Impartir justicia tiene su chiste”.
Si se quiere juzgar a los expresidentes, añade, que el Ministerio Público arme los expedientes para establecer los posibles delitos y se los presente a un juez, para que se notifique al inculpado y se defienda, y si es culpable que se sancione.
“Está hablando desde Salinas hasta acá. Muchos de los eventuales delitos es muy probable que hayan prescrito”, advierte, y reitera: “Hablar de cosas que pasaron hace 25 o 30 años y que van a ir a tribunales me parece una bufonada”.
–Pero va a ocurrir.
–Yo espero que no.
–¿Debe reconsiderar?
–Creo que sí. Eso sería un show, sin ninguna base legal, sin ninguna base constitucional. Espero que eso no suceda.
Woldenberg entiende que López Obrador diga que la consulta prevista en la Constitución es inoperante, pero entonces que se modifique.
“Yo no digo que a nuestra Constitución tengamos que verla como las tablas de la ley reveladas. Pero el presidente sobre todo está obligado a cumplir con lo que la Constitución dice. Lo nombramos presidente, no sultán. Y es presidente porque hay un marco constitucional en que derivan todas sus potencialidades, pero también todos sus límites.”

Llamado a resistir
Constructor y defensor del proceso de transición democrática en México, Woldenberg lamenta el poco aprecio que López Obrador y la sociedad tienen de los logros en esta materia.
“Me preocupa que desde el gobierno, y también desde la sociedad, no se valore mucho lo que se construyó en México en las últimas décadas en materia democrática. En el discurso presidencial la etapa de transición a la democracia prácticamente es omiso”, subraya.
Autor de una treintena de libros, entre ellos La mecánica del cambio político en México y México: la democracia difícil, el expresidente del organismo antecesor del Instituto Nacional Electoral valora los logros de la transición democrática, como el sistema plural de partidos, hoy debilitado, la Presidencia de la República acotada por el Congreso y el Poder Judicial, así como el sistema de organismos autónomos.
Pero reconoce que esto obedece a que la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han estado más en el centro de la atención pública.
“No hay un disolvente mayor de la confianza en las instituciones públicas que los fenómenos de corrupción que llevan aparejada impunidad”, subraya, y añade que, en paralelo al proceso democratizador, hubo una espiral de violencia que alimentó el malestar con los políticos, los partidos y los gobiernos.
“Y si a eso sumamos que la economía no creció a tasas medianamente importantes como para atender la incorporación de millones de jóvenes al mercado de trabajo, que acabaron en la informalidad, y si además agregamos las enormes desigualdades que marcan nuestro país, entonces quizá podamos entender por qué esa desafección con los partidos que hicieron posible la transición democrática en los primeros años de la democracia.”
Esto explica en buena medida, dice, el triunfo de López Obrador, pero también le advierte: “Ese caldo de cultivo sigue ahí y no se revierte sólo con proclamas y con anuncios. Mucho del performance del nuevo gobierno sí ha tendido puentes con los ciudadanos, pero si la corrupción y la violencia no se abaten, si la economía no crece, si la gente no ve un horizonte productivo para él y para sus hijos, es probable que los fenómenos de desencanto vuelvan a aparecer”.
Alerta: “Ojalá no tiremos al niño con el agua sucia. Para mí el niño se construyó en términos democráticos y el agua sucia son todos estos fenómenos, todos estos rezagos, estas plagas que erosionan la vida misma”.
Para Woldenberg, es claro que en los primeros 100 días de gobierno de López Obrador hay el afán de “reconcentrar en la Presidencia muchas facultades y eso, bien pensado, no le conviene ni al presidente”.


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