El director del Inacipe: inviable, un fiscal general independiente

El nombramiento de los próximos fiscales general y anticorrupción ya empezó a generar problemas. Sectores de la sociedad –ONG y empresarios, principalmente– creen que ambos deben ser nombrados sin la intervención presidencial. López Obrador no piensa lo mismo. En opinión de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el nombramiento del fiscal general (que sustituirá la figura del procurador general) debe ser prerrogativa del presidente, no así el del fiscal anticorrupción, quien debe ser independiente del Ejecutivo para poder juzgar, entre otros, al propio jefe del Ejecutivo.

21/07/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un “fiscal carnal”, como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora López Obrador se mantiene en su postura, a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.
Ninguna de las partes cede, aunque la semana pasada comenzaron formalmente una serie de encuentros en los que el único punto de coincidencia es que se debe cambiar la forma en que México ha “procurado” la justicia, a la vista de que es uno de los países con más impunidad en el mundo. Apenas uno de cada 10 delitos se castiga.

Facultad constitucional
Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está en favor de que el presidente de la República mantenga la facultad constitucional de proponer al que será el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que sustituirá a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR).
La autonomía que reclaman las ONG para el nuevo fiscal general la reserva el investigador para quien será el nuevo fiscal anticorrupción.
“Todos estamos de acuerdo en que se deben combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Cuando vemos que algunas procuradurías tienen un nivel de impunidad de hasta 95% es claro que tenemos que hacer algo. Pero en el debate sobre la autonomía de la fiscalía hay una confusión”, comenta en entrevista.
Con su insistencia de que debe castigarse a los funcionarios corruptos, dice que los delitos contra los servidores públicos no se pueden perseguir igual que los de la delincuencia federal: “El resultado es que no se persiguen unos ni otros. Por eso es necesaria una fiscalía anticorrupción independiente, que única y exclusivamente se concentre en los delitos de los servidores públicos”.
Las ONG piden que la FGR sea autónoma, como lo dice el artículo 102 de la Constitución, pero buscan una nueva reforma para que la designación del titular y de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales esté en manos de expertos de la sociedad civil, el Congreso y el presidente de la República, y no sólo en éste, como ha sido hasta ahora.
Ese artículo no está regulado, y mientras no haya una ley no va a haber consenso, ataja Laveaga.
–¿Por qué no hacer eco de esta exigencia si la experiencia en México nos demuestra que los ministerios públicos han estado al servicio de los presidentes y de los gobernadores?
–Porque el bono democrático lo tiene el presidente de la República, que es quien gana una elección y presenta un programa de gobierno. Para ser autónomo, el fiscal general tiene que ser electo, pero no es el caso de México. Además, el Estado no puede renunciar a su facultad sancionadora. Hay que garantizar que se castigue el delito, pero eso no se logra con una fiscalía general autónoma.
“Los delitos se enfrentan a partir de la discrecionalidad, como en Estados Unidos o Inglaterra; o de la legalidad, como en Italia y España, donde se dice que se tiene que perseguir todo. Pero ningún país tiene un aparato para perseguir todos los delitos que se cometen.

Autonomía
“La autonomía implicaría que el fiscal decidiera qué delitos sí y cuáles no perseguir. Y en ese caso, el presidente de la República, quien goza del bono democrático, carecería de la discrecionalidad para la persecución de los delitos de acuerdo con su política criminal.”
En la práctica, si el presidente está interesado en la evasión de impuestos, delitos ambientales o el contrabando, un fiscal autónomo podría decir que no, que su prioridad es el secuestro o el homicidio, ejemplifica. “Necesitamos una FGR que dependa del presidente de la República para que él nombre al fiscal y pueda removerlo”.

Casos separados
Laveaga pone por separado el caso del fiscal anticorrupción: “En este caso estamos ante un modelo moderno en el que el Estado sí puede ceder parte de su potestad punitiva. Pero sólo para delincuencia gubernamental, para perseguir a los servidores públicos corruptos.
“En los demás delitos, el presidente tiene que decidir y el procurador ser su empleado. Las organizaciones no gubernamentales están disparando balas al aire. En lugar de concentrarse en la fiscalía anticorrupción lo están haciendo en una institución del Estado, que es la facultad punitiva, a la que ningún Estado va a ceder.”

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El triunfo de la esperanza

5/07/2018 – Ciudad de México.- La gente que fue al Zócalo a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es la izquierda coleccionada por sí misma: el cardenismo de 1988 –el del reclamo para que se contaran los votos y jamás el de la evocación de la educación socialista–, el zapatismo de 1994 –el que reconoce que México es racista y encuentra en la autonomía comunitaria una solución al descomunal despojo global–, el de la lucha contra el desafuero del alcalde electo de la Ciudad de México –que piensa que las opciones en la boleta no deberían ser palomeadas por el presidente en turno como una forma de dedazo enguantado en legalidad–, el estado de ánimo que en los dos fraudes –2006 y 2012– denunció lo que obstaculizaba el simple depósito de la boleta en una urna y su conteo: el fraude cibernético y la compra de votos, la decisión de los poderes monopolizados por encima de lo que es tan simple: un domingo de cada tres o seis años, todos valemos lo mismo: uno.

La épica a la mano es la de lo pequeño. En cada uno de los 30 millones que votaron por el tabasqueño el domingo 1 de julio hubo, por primera vez, la sensación de que tiene un efecto discutir las opciones, decidir por una, y levantarse para ir a votar. De eso se trata la presencia de los cuerpos en las calles: nadie los ha convocado, se han coleccionado a sí mismos, para dejarse ver, para abrazarse en un desenlace feliz por compartido. Además de la épica tan prohibida por los jueces cínicos que desdeñan todo triunfo de los más –aquí, los pobres; aquí, también, la clase media cuya existencia ya es sólo tarjeta de débito, indignada por la corrupción; aquí, el millón de familias sin poder salir de la frecuencia de la violencia y el miedo cotidianos–, además de esa heroicidad que significa ir a votar en un país en el que, entre el sufragio y su conteo, siempre se interpone el dinero, la trampa, también ejercemos en público la otra prohibición: lo sentimental. Desde Eugenia León cantando “La paloma” hasta el recuerdo de los puños apretados en el desafuero de 2005 y el desenlace por punto cinco de 2006, las lágrimas se abren paso. La felicidad es una forma de la modestia. Es breve pero densa.
Los que hemos llegado hasta aquí pasamos por todo: no es lo mismo ganar, que te dejen ganar; no es lo mismo ganar y que te dejen gobernar –todavía resuenan las televisoras pidiendo la renuncia del primer jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas–; no es lo mismo ganar que enunciar un porvenir. El “quizás” es su única ocasión. Pero existe ahora en las calles ocupadas por miles de cuerpos que se presentan sin ser convocados por un poder. ¿Qué dicen con su aparición? Me acuerdo de unos versos de Carlos Pellicer, a cuya campaña externa al Senado en 1976 le debe Andrés Manuel López Obrador su entrada a la política:

El acto de pensar se vuelve canto
y nuestra vida al borde de la noche
comienza a despertar.
No hay que volver a nada.
Ya casi hemos llegado a nube firme.

Un vapor seguro. Eso es el movimiento. El velo macizo cuya entrada en la historia es nombrarse como histórico. Se entra de espaldas, mirando las derrotas del pasado y a sus muertos. No puede entrarse de frente porque el porvenir no se puede ver, salvo nombrarlo como quizás. Se usa a un hombre que tiene tres nombres: Andrés Manuel, para quien lo conoce; López, para quienes creyeron que haciéndolo un hombre común le restaban en vez de sumarle; Obrador, para quienes es la idea de alguien que hace, que concibe, que compone, que gobierna y no sólo administra. López Obrador es el hombre que quiere actuar pero que no lo dejan. Es el hombre de los obstáculos y por eso su triunfo es de la esperanza trágica. No del optimismo como fe ciega en que las cosas se van a despejar, sino de quien tuvo que tomar los restos que nos dejó el naufragio para hacerse de una barca. La felicidad de este Zócalo es la de sostener el cuello delante de una tempestad.
Andrés Manuel era un militante del partido que surgió del fraude de 1988 cuando, silenciosamente, se mudó con su familia a un departamento de Copilco 300, frente a la Universidad Nacional. Yo vivía en la planta baja del edificio 16, desde el 85, y me lo topaba en las madrugadas; yo llegando de los despojos de una sobremesa dilatada hasta el arrepentimiento; él saliendo, recién bañado, a trabajar. Nos dábamos los buenos días y él se metía al Metro y, a veces, hablaba por el teléfono de la esquina. Sólo una vez hizo una fiesta, el día de su cumpleaños: el pasillo olía a pescado y se escuchaba una marimba. Tiempo después se mudó con su esposa Rocío, enferma de lupus, y sus hijos, a unos departamentos del parque de enfrente, el Hugo B. Margain, a un edificio viejo desde el que algunos representantes del Consejo Nacional de Huelga de 1968 vieron la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército. Cuando lo desaforaron por órdenes del presidente Fox para que no compitiera en la boleta, desde ese parque daba sus conferencias de prensa. Las paredes del entorno se llenaron de notas de apoyo: “Peje, El Toro”. Desde entonces es el hombre común, el vecino discreto, el hombre cuya medianía enfurece a los oligarcas del dispendio.
Cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México fui a verlo para escribirlo. Me adentré en eso que fueron las conferencias de prensa a las seis de la mañana, el Zócalo, este Zócalo hoy festivo, entonces, en 2004, desierto y frío; una cafetera destartalada en la apretada sala llamada “Francisco Zarco”, y el manejo de las preguntas con él “lo que diga mi dedito”. Por razones que no recuerdo, me fijé en el escritorio de su oficina: un libro de Antonio Ortiz Mena, dos de historia nacional del siglo XIX, artesanías que le regalaban en las comunidades, un café turco para aguantar la jornada de 10 horas. Ese es Andrés, el estudiante de Ciencia Política que puso a prueba su primer matrimonio al irse durante años con los campesinos de La Chontalpa de Tabasco. Lo volví a ver cuando subió los terrenos del Encino, cuando lo desaforaron por construir un camino para un hospital. A ese mismo, al hombre común (López) al que no dejaban hacer (Obrador) lo miré sentado junto a Elena Poniatowska en una carpa en este mismo Zócalo, entonces el Zócalo del fraude electoral, diezmado, entre aguaceros. Esa madrugada, un día antes de la resolución de la Corte que le dio la Presidencia a Felipe Calderón, una camioneta amarilla arrolló a los manifestantes contra el fraude electoral sobre Reforma frente al Museo de Arte Moderno. Se dio la vuelta, subió el camellón, y trató, de nuevo, de pasar por encima de los que hacían guardia. Ese conductor simboliza todo lo que se opone al lopezobradorismo. En su intento homicida dejó ahí tirada la defensa de su coche.
Lo que apoya este triunfo esta vez no son sólo los pobres o los viejitos, como despectivamente aseguraron los opinólogos en 2006, sino además los jóvenes, las mujeres, y las clases medias universitarias. En la suma para una coalición electoral y no ideológica, se diluyó la izquierda del cambio de sistema económico por el cambio de régimen político. El combate a la corrupción como prioridad sobre la desigualdad. Lo que había cambiado no era López Obrador, sino el país: roto por las consecuencias de los dos fraudes electorales, la guerra de Calderón como legitimación del que se sabe impuesto y las privatizaciones de Peña en petróleo y educación, la patria necesitaba una reparación. El neoliberalismo dejó de funcionar como porvenir modernizador y sólo planteó un ataque al “populismo”, es decir, a abrir el capitalismo de los compadres. Del lado modernizador no hubo más que un futuro como presente mejorado. Se le pidió a los electores esperar a que lo que no había funcionado en 30 años, empezara, ahí sí por arte de magia, a funcionar. El candidato del Frente PAN-PRD empezó hablando de autos que volaban y terminó repartiendo tarjetas cuyos fondos “de por vida” se activarían si ganaba. El candidato del PRI tuvo que cargar con el desprestigio del presidente en funciones y trastabilló entre el “no soy del PRI” al “háganme suyo” a abrazar al líder de los petroleros, símbolo contundente de la corrupción.
“López” es, a decir de Carlos Monsiváis, el político más atacado desde Madero. Contra él se han usado desde el “payaso” que le profirió Diego Fernández de Cevallos en la exhibición impúdica de los expedientes falsificados del Paraje San Juan en 2003 –el magistrado Mariano Azuela lo llamó “demócrata populista”– hasta su infarto en 2013. En esta campaña la retahíla de insultos en su contra siguió la abigarrada línea de la rabia oligarca y de la clase media que fantasea con que votar por el neoliberalismo lo candidatea para portada de Forbes: sirve a intereses extranjeros –rusos o venezolanos–, espanta la inversión, está senil, tiene dos departamentos de 85 metros cuadrados, es una vuelta al echeverrismo –un corporativismo donde ya no dejaron casi nada de Estado–, es “provinciano” –dijo el ganador de los Juegos Florales de Tehuacán en 1954, Gabriel Zaid–, está enfermo –del corazón o de ambición, usted escoja–, va a regalar dinero en efectivo –dicen los de las tarjetas de compra del voto–, y –last but not least– “pactó con el PRI”. Del otro lado, de los que se fueron uniendo a la idea de un país naufragado que requería de los restos que había dejado la tempestad para hacer una barca, también se recibieron insultos: se les dijo que iban a votar por puritito coraje y sin pensar –dijeron los que han usado como argumento el miedo a perder la casa que ni es tuya– o que estaban aburridos y melancólicos como ajolotes enjaulados en la genética de un cromosoma vernáculo. Hacia el final de las campañas, imperó una defensa extraña del reparto del voto como blackjack: “Si quieren voten por el honesto, pero también por los rateros, para preservar la pluralidad”. Esta última propuesta fue del ingeniero Krauze y de la cantante Gloria Trevi.
Pero “Obrador” fue refractario a los insultos. Desde 2003 en que se le demanda por mil millones de pesos en indemnizaciones por el Paraje San Juan, el funcionario público se sitúa en la categoría de “ejemplar”: reconoce la ley y sus resoluciones, pero, también, avisa sobre sus consecuencias. En la hipocresía de un país en el que la ley se sacraliza en la letra pero que es laxa en sus resultados, Obrador es quien, desde el desafuero y en los dos fraudes en su contra, establece una utopía mexicana: que ley y justicia corran por los mismos caminos. La forma en que aguantó los ataques está sostenida en su “ejemplaridad”: si él es intachable, podrá exigirle lo mismo a sus funcionarios y a nuestros representantes. El problema con todos los insultos fue de quién provenían. Para decir una mentira que tenga éxito es necesario que el que la profiere sea confiable. Nunca fue el caso.
Veo en la gente que ha salido a la plaza central que estuvo secuestrada por el gobierno capitalino durante seis años, otras utopías. Una de ellas me parece la más profunda: un deseo de reconocimiento y, por lo tanto, acabar con el menosprecio.

Reconocimiento
El reconocimiento es, desde luego, esa formación de una identidad por reciprocidad. Desde esa mirada, se puede hablar de “derechos” como pretensiones individuales que sabes que los otros cumplirán. Los deberes son su contraparte. La preservación de los derechos por los demás es a lo que llamamos “dignidad”. En la experiencia del reconocimiento, el sujeto está seguro de su valor en la comunidad. Ese autorrespeto surge de una tensión entre “el yo” –los impulsos y apetitos legítimos– y el “mí”, que es la conformación delante de los otros.
Eso es lo que veo en esta gente que celebra su triunfo: el deseo de existir para los otros, de no ser más menospreciados, de contar, al menos por esta noche, con el “honor” social, con eso que el lema de campaña llamó “hacer historia”. Mirado desde esa perspectiva se entiende el cambio que estamos haciendo: incluir simbólicamente en la idea de patria a una mayoría menospreciada. Las luchas por el reconocimento son, en el fondo, afectivas. El amor, en el sentido político y no en el sexual, es sentirse recíprocamente reconocidos y poderse distanciar unos de otros sin aflicción y sin agobio. Somos una sociedad de castas que vive el disenso como división y la lucha contra el menosprecio como “siembra de odio”. Nadie como los ciudadanos de esta noche han sido tan menospreciados y tildados de lastre para “lo moderno”. Hoy han respondido al votar.

¿Qué nos espera?
Nunca se sabe con la historia. De pronto se llena de gente y de pronto la abandonan. Aquí se abarrota de salida de emergencia, de reconstruir el barco con los restos que dejó el naufragio, de que se vayan los ruines y no sigan medrando, rondando el saqueo. Somos como el agua del pozo que se derrama: cubriremos la tierra por querernos beber el cielo. Pero, al menos, sabremos lo que es la luz.

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Guerrero, donde el narco manda…

9/05/2018 – La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho.

CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.
A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.
Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.
De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores.
Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo.
Otro asunto que refleja el problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana.
Pese a los señalamientos, el PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio controlado por el narcotráfico.

Mineras en la mira
El 23 de marzo último, Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta zona del estado.
La refresquera expuso que, recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”.
Otro caso: en junio de 2015, la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia, municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a La Familia.
Así, a una semana del ataque a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y mucho menos detenidos.
Amparada por la ausencia de las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y política.
En agosto de 2017, este semanario informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo delictivo de La Familia.
Esta mina de 12 mil hectáreas era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces.
De acuerdo con declaraciones ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China.
En su edición 2081, Proceso publicó el reportaje Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario en Guerrero, en el que empresarios y personajes de la política del estado denunciaron que el impulso que el gobernador Astudillo realiza en favor de ciertos proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada.
El 12 de julio de 2017, el presidente del Clúster Minero de Guerrero y gerente de la empresa canadiense Media Luna, Alfredo Phillips Greene, anunció tres proyectos en la zona norte y en Tierra Caliente.
También expuso que Grupo Peñoles, que actualmente explota la mina Rey de Plata en la zona norte, se va a expandir a la región de Tierra Caliente para invertir 200 millones de dólares en “una importante zona con potencial minero” ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, lugar que ha sido golpeado por la violencia que generan los cárteles.
Phillips Greene agregó que la canadiense Alio Gold –antes Timmins Gold Corp– está en fase de desarrollo del proyecto minero Ana Paula, ubicado entre los municipios de Cuetzala y Apaxtla, en la zona norte.
El anuncio de inversión extranjera ocurre en un contexto de intensa confrontación entre grupos delictivos por el control de las zonas mineras de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como por la producción y el trasiego de heroína hacia el Estado de México. Se trata de una confrontación que ha dejado muerte, terror, desplazados, pueblos fantasmas, ­desaparecidos y que tiene paralizada la economía local.

El desorden del fiscal
El pasado 25 de abril, Xavier Olea Peláez anunció su dimisión como fiscal general de Guerrero. Su salida se da en un ambiente de impunidad y de extrema violencia. Durante el periodo que estuvo en el cargo, dos años y cuatro meses, hubo al menos 5 mil homicidios dolosos.
De acuerdo con víctimas y fuentes de la fiscalía, Olea Peláez se caracterizó por su frivolidad y se va sin resolver, entre otros asuntos, una decena de homicidios de políticos en pleno proceso electoral.
Además, dejó una fiscalía en la que la mayoría de sus mil 406 policías ministeriales no pudo ser certificada y 750 cadáveres permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense del estado, debido a la falta de recursos humanos y técnicos.
En la tragedia de Guerrero también cabe la corrupción: integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda con Vida de Personas Desaparecidas reprocharon que el gobierno de Héctor Astudillo Flores destinó “en la opacidad” 6 millones de pesos para construir un panteón forense de la Fiscalía del estado en el interior de un cementerio privado que administra una empresa propiedad del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez.
Para los miembros de la organización, ese dinero debió invertirse en la elaboración de perfiles genéticos de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, dijo Lamberto Castro de la Cruz, integrante de la caravana y del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilpancingo.
Olea Peláez se ha caracterizado por asumir la defensa legal de personajes polémicos, como Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Arturo El Negro Durazo.
Mientras es designado el reemplazo de Olea Peláez –el segundo fiscal que deja el gobierno de Astudillo–, el encargado de despacho es el vicefiscal José Antonio Bonilla Uribe. A su vez, los policías judiciales seguirán bajo el control de Esteban Maldonado Palacios.
Durante 10 años, Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de Investigación de la fiscalía, desde donde ha enfrentado diversos señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incurrir en diversas irregularidades.

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A 80 años de la expropiación, la desnacionalización petrolera

El desmantelamiento de la soberanía mexicana sobre sus hidrocarburos se inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y culminó en el actual, con la llamada reforma energética y, más aún, luego de descomunales fraudes sucesivos. De acuerdo con diversos especialistas, fue el Fondo Monetario Internacional el que obligó a hipotecar nuestro petróleo a cambio de créditos y el Tratado de Libre Comercio. A 80 años de la expropiación petrolera –que se cumplen este domingo 18–, la paraestatal creada por Lázaro Cárdenas se ha convertido en “una mera administradora de instalaciones y empleados” de los grandes consorcios extranjeros.

22/03/2018 – Ciudad de México.- El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, anunció la expropiación de la industria petrolera, y con ello las grandes empresas extranjeras –algunas antecesoras de BP, Shell o Chevron– que extraían el hidrocarburo mexicano debieron salir del país.
Tres meses después nació Petróleos Mexicanos (Pemex), creada para “prestar servicios al Estado” explorando, produciendo y explotando el hidrocarburo para beneficio de los mexicanos. Su arranque fue posible gracias al dinero que miles de ciudadanos aportaron.
Hoy, 80 años después, las grandes firmas extranjeras no sólo regresaron a México –BP, Chevron y Shell, entre ellas–, sino que tienen a Pemex como su empleada. El ingeniero Fabio Barbosa Cano, experto en aguas profundas, dice a Proceso que Pemex es hoy “una mera administradora de instalaciones y empleados”. Todo gracias a la lenta privatización que inició Carlos Salinas de Gortari y culminó Enrique Peña Nieto con la reforma energética.
De ser una de las principales del ranking mundial como productora de petróleo, Pemex hoy está en octavo lugar. De tener refinerías con 80 y hasta 90% de producción, hoy las tiene funcionando apenas a 40 o 60% de su capacidad.

Etanol extranjero
De exportar 50% del crudo, ahora lo hace en 80%, lo que ha obligado a la importación de gasolinas para el abasto local. De contar con las mejores plantas petroquímicas, hoy necesita comprar etano al extranjero para poder mantenerlas con una mediana producción.
Los 17 mil kilómetros de ductos por los que se transporta gas y gasolina pasaron de ser un tema de seguridad nacional a un simple objeto de renta al mejor postor, con las llamadas “temporadas abiertas” o “venta de plaza”.
Y lo más grave, de detentar la exclusividad de México para explorar, explotar y producir crudo, ahora empresas de 17 países tienen en sus manos contratos para dichas actividades en 116 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional, en mar, tierra firme y aguas someras.
Si en 1938 Cárdenas expulsó a las grandes empresas petroleras que explotaban los bienes nacionales, Enrique Peña Nieto no sólo permitió la entrada de compañías de 17 países, sino que además les entregó la información geofísica y geológica que durante décadas investigaron y desarrollaron los ingenieros de Pemex.
En su más reciente reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex consignó pérdidas por 352 mil 259 millones de pesos, sólo en el último trimestre de 2017.
A todo lo anterior hay que sumar que el gobierno federal ha puesto en venta todo lo que ha podido: desde tornillos, rieles, vehículos, válvulas, casas, terrenos, buques-tanque y plantas petroquímicas hasta grandes plataformas marinas. Todo se ha rematado al mejor postor e incluso se ha vendido tres veces por debajo de su valor real.
En suma, en el aniversario 80 de la expropiación petrolera no queda ni el suspiro de lo que Cárdenas pudo haber soñado.

Venta de garaje
Geóloga, extrabajadora de Pemex “y abuela”, como se presenta, María Fernanda Campa –además, hija del líder comunista Valentín Campa– resumió y alertó el 3 de junio de 2008 a los legisladores federales del peligroso rumbo a la privatización.
Dimensionó el peligro, pero nadie la atendió. También trazó la línea del tiempo de la privatización. Recordó que desde 1982, con el estallamiento de la crisis de la deuda, las reservas petroleras pasaron de ser la joya de la corona, la razón de “la administración de la abundancia”, a ser moneda de cambio para la entrega de créditos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), rehén de Estados Unidos.
“Por primera vez, desde la expropiación petrolera, la banca norteamericana obligó a Pemex a informar acerca de sus reservas petroleras y ponerlas como aval para los préstamos”. Desde 1938 –siguió– México sufrió el bloqueo de parte de la dupla anglosajona (Gran Bretaña y Estados Unidos, de donde eran las empresas expulsadas por Cárdenas) para que Pemex no avanzara.
Pero Pemex avanzó con el apoyo de todos los mexicanos, que hasta gallinas donaron para sacarla adelante.
En 1975, con el llamado “boom petrolero” y el descubrimiento de yacimientos como Cantarell, el bloqueo quedó de lado. Pero en 1995 sobre México pesó la presión para privatizar el sector petrolero.
En la línea de tiempo de la debacle de Pemex, Campa ubica el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la negociación del Tratado de Libre Comercio, el error de diciembre y el préstamo de 50 mil millones de dólares para que no cayera el país, hipotecando de nuevo el petróleo.
La carta de intención del FMI dice, leyó la geóloga en el Congreso: “El gobierno mexicano acelerará las reformas reglamentarias y legales pendientes, y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desregulación de las frecuencias de los satélites, la electricidad y la privatización del sector petrolero”.
No fueron los presidentes, desde Miguel de la Madrid al actual, quienes privatizaron; sólo siguieron los dictados, afirmó Campa el 3 de junio de 2008, cuando se argumentaba contra la reforma petrolera que impulsaba Felipe Calderón.
Jaime Patiño Ruiz, ingeniero y extrabajador de Pemex, describe a este semanario lo concretado por los gobiernos priistas y panistas. En 1992 se dividió a Pemex: “La idea era separar la industria para enfocarse en explorar y producir crudo. Se abandonó la inversión en los sectores de transformación (refinación). Vender crudo era la opción de obtener dinero rápido ante los constantes incrementos de los precios internacionales. Refinación y petroquímica se abandonaron”.
Hasta 2013, sostiene, la restitución de las reservas se mantuvo al 100%; es decir que se descubrían volúmenes de hidrocarburos equivalentes a lo que se extraía cada año. “Desde 2014, cuando comenzó a ser efectiva la reforma, las reservas han caído constantemente y no ha habido restitución entre 2013 y 2016… En términos prácticos, la reforma ha detenido el nivel de la actividad exploratoria de Pemex”.
Sostiene que el trabajo de los exploradores de Pemex se ha centrado en preparar y organizar la información para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Toda esa información que generó Pemex en décadas por parte de su personal altamente calificado y reconocido mundialmente, como datos de información geofísica y geológica que pagó la nación para su beneficio, “ha sido requisado por la CNH y comercializado a precios irrisorios”.
Lo anterior se refiere a la entrega de datos que hace la CNH a privados antes de someter a licitación las llamadas rondas para subastar y distribuir bloques, en los cuales, hoy, empresas de 17 países pueden explorar y explotar en territorio mexicano en búsqueda de hidrocarburos.
En México, sigue Patiño, “se ofrecen volúmenes de sísmica tridimensional con procesos altamente sofisticados y modelado geológico de prospecto en los bloques (lugar de probable yacimiento). Los mismos bloques en licitaciones se distribuyen en posiciones geográficas en las que ya Pemex había identificado prospectos con riesgos geológicos mínimos”.

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Alfonso Romo y las “dudas” sobre su ética de negocios

10/03/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- En 2002, el empresario Alfonso Romo Garza vendió a bajo costo las acciones de Savia, una empresa que presidía, pero se quedó con una participación que poco tiempo después le generó una ganancia de cientos de millones de dólares, a espaldas de sus socios originales.
El cuestionamiento es ético, según el artículo “Cómo hacerse rico rápidamente en México”, publicado por Mary Anastasia O’Grady el pasado 26 de febrero en The Wall Street Journal y que en la prensa mexicana, particularmente en los noticiarios de Televisa, se reprodujo provocando que Andrés Manuel López Obrador saliera en defensa del magnate, que coordina su relación con el empresariado y está perfilado como futuro jefe de gabinete.
López Obrador calificó a Romo Garza como un “empresario ejemplar”, para luego arremeter contra Televisa como no lo había hecho, al menos desde el inicio de la precampaña, en diciembre, aseverando incluso que, hasta ese 26 de febrero, la televisora “se había portado bien”.
El artículo de The Wall Street Journal se dirige a la integridad y conducta ética, uno de los pilares del discurso del candidato presidencial, y en el caso de su colaborador, con los empresarios, a quienes han prometido tranquilidad y respeto a ellos y sus inversiones.

Irregularidades
En el contexto del asunto Romo, dos escándalos: las irregularidades por 5 mil 251 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la gestión de Rosario Robles al frente de dos secretarías de Estado, que necesariamente tocan al candidato del PRI, José Antonio Meade, y las revelaciones sobre un esquema de presunto blanqueo de fondos que se investigan al frentista Ricardo Anaya Cortés.
“Se escudan en un periódico extranjero que da a conocer la noticia, cuando muchas veces esos periódicos inventan noticias. A ese periódico en particular, el Wall Street Journal, lo tuve que demandar porque me difamó. No sólo por venir del extranjero una noticia es veraz, y aquí lo que lamento es que Televisa, Loret de Mola, que es muy dado a dar información que beneficia al régimen, hoy se lanzó contra Alfonso Romo”, insistió el aspirante de Morena.
Hasta entonces, las expresiones de López Obrador hacia los medios habían sido tersas, excepto por alguna aclaración a Reforma sobre una encerrona de la cúpula de Morena en Puebla, así como su desencuentro con Jesús Silva Herzog y Enrique Krauze, entre otros. Tras el reclamo, el candidato reiteró su confianza en Romo y lo presentó como futuro jefe de su gabinete.

Un pleito de familia
El asunto aludido por el WSJ lleva unos tres lustros. Se trata de uno de los conflictos más sonados en los últimos años en la élite empresarial regiomontana, debido a que los principales demandantes contra Alfonso Romo fueron sus suegros, Alejandro Garza Lagüera y Consuelo Rangel.
Garza Lagüera es hijo de Eugenio Garza Sada, heredero de un clan con siglos de influencia política y económica, que fue asesinado en 1973. Alfonso Romo es descendiente de Evaristo Madero –y por lo tanto, sobrino-nieto de Francisco I. Madero– y contrajo nupcias con Maca, la hija de Alejandro Garza.
Romo aún no cumplía 30 años cuando ya había alcanzado la cima dentro de Valores Industriales S.A., el holding de los Garza Sada, desde el que manejaban numerosas industrias y ahora convertida en FEMSA, empresa cuya columna vertebral la constituyen Coca-Cola y Oxxo, las cuales construyó Romo.
Sin embargo, el empresario y su suegro se separaron del clan, compraron Cigarrera La Moderna y, luego de venderla a la British American Tobacco, diversificaron sus inversiones reuniéndolas en Grupo Pulsar: la casa de bolsa Vector; alguna participación en medios de comunicación; intereses en telefonía; bienes raíces, y los negocios agroindunstriales y los transgénicos –un sueño de Romo Garza, que es ingeniero agrónomo– a través de Savia y su filial Seminis.
El negocio no prosperó, entre otras razones por la cancelación de inversiones en Estados Unidos relacionadas con las protestas de medioambientalistas contra los transgénicos. Con pérdidas y deuda, logró vender acciones de Seminis, entre éstas las de Garza Lagüera, a la empresa estadunidense Fox Paine por 266 millones de dólares.
Romo se mantuvo como accionista minoritario y administrador. Un año y dos meses después, Fox Paine vendió Seminis a Monsanto por mil 400 millones de dólares, con lo que Romo obtuvo una ganancia de 275 millones de dólares.
Alejandro Garza Lagüera vio disminuido su capital y acusó a Alfonso Romo de haberlo convencido de vender. Lo responsabilizó de “manejos dudosos”, mientras que el yerno alegaba que el padre de su esposa no había querido invertir en Fox Paine y luego se negaba a cumplir las prestaciones acordadas en la primera venta.
El asunto se volvió una maraña jurídica. El 7 de junio de 2005 un grupo de accionistas encabezado por Garza Lagüera demandó ante el Juzgado 49 de lo Civil, en Monterrey, que se realizara una asamblea de accionistas de Savia a fin de anular toda consecuencia de derecho derivada de los acuerdos tomados el 22 de marzo y del 29 de abril de 2005.
El alegato central consistía en que la convocatoria a la asamblea de accionistas estaba viciada debido a que el lugar, fecha y hora no correspondían, según Garza Lagüera, con el desarrollo de la asamblea de la que devino la primera venta.
De acuerdo con los expedientes de los que Proceso tiene copia (correspondientes al amparo directo civil 712/2017, así como a las diferentes sentencias asentadas en los tocas número 973/2005/ con terminaciones 14, 15 y 16), el asunto quedó zanjado el 18 de septiembre de 2007 en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Sin embargo no fue el único intento. Aun cuando los actos de asamblea fueron declarados legales por diferentes instancias, la suegra de Romo, Consuelo Rangel, intentó reclamar la nulidad de la venta que había firmado su marido, alegando que estaba casada con Garza Lagüera por bienes mancomunados y que jamás fue notificada de los movimientos de compraventa realizados con Romo.
El escándalo en la cúpula regiomontana, que se inició en 2005, se prolongó nueve años, hasta que en marzo de 2014 se resolvió: todas las instancias le dieron la razón a Alfonso Romo.

De la lista de Forbes a Morena
Desde que apareció en la escena pública en los ochenta, Alfonso Carlos Romo Garza ha sido objeto de un seguimiento constante: sus inversiones exitosas y sus fracasos; sus intentos de internacionalización; su cercanía con grupos ultraconservadores muy asentados en la élite regiomontana, como los Legionarios de Cristo, pasando por su relación con los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
En una entrevista realizada por el reportero Antonio Jáquez, publicada el 30 de octubre de 2000 (Proceso 1252), Romo habló de su forma de hacer negocios y sus relaciones familiares antes de las demandas:
“–Se dice que usted hace fortuna cuando se casa con una hija de Alejandro Garza Lagüera, pero también hay la versión de que en realidad usted hizo más rico a su suegro cuando se asocian para comprar Cigarrera La Moderna.
“–Mi suegro es un hombre muy exitoso, somos muy amigos. Él ha sido muy independiente de lo que yo hago y yo respeto lo suyo, nos hemos apoyado en muchas cosas. Pero él nunca me prestó dinero ni yo manejé su fortuna, eso es falso; lo cierto es que él creyó en mí cuando trabajábamos en Cervecería Cuauhtémoc, donde aprendí todo lo que sé o mucho de lo que sé.
Si hasta 2000 la presencia de Romo se identificaba con la articulación de una élite empresarial con los proyectos presidenciales, en 2005, de cara a los comicios presidenciales de 2006, decidió integrar el grupo Opción Ciudadana, cuyos principales miembros ahora se distinguen en el entorno de López Obrador.
Participaban en ese grupo, por ejemplo, Tatiana Clouthier –hija del extinto aspirante presidencial por el PAN en 1988, Manuel Clouthier–, que en las últimas semanas ha asumido un rol protagónico en el debate público como coordinadora general de campaña de López Obrador.
También estaban Alejandro Gertz Manero, hoy miembro de un consejo consultivo en materia de seguridad que desarrolla la propuesta del tabasqueño, y Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación del sexenio de Ernesto Zedillo y directivo de Fundación Azteca, la entidad de beneficencia de Ricardo Salinas Pliego.
Desde 2011 Alfonso Romo se aproximó a López Obrador y en los últimos seis meses ha jugado un papel importante, primero en la integración del Proyecto 18 y ahora como enlace con empresarios y sociedad civil.

Agencias

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El Poder Judicial frente a la Ley de Seguridad Interior

El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.
Sobre las afectaciones que conlleva ese ordenamiento para nuestro régimen democrático de derecho, casi todo se ha difundido.

11/01/2018 – Ciudad de México.- Durante 2018, en la agenda del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia, pocos temas tan trascendentes como el de la Ley de Seguridad Interior. Al respecto, mi punto de partida es que la actuación del presidente y del Congreso pone de manifiesto la lejanía que ambos tienen frente a las voces especializadas que desde todos los frentes advirtieron sobre las inconsistencias de aquélla en relación con el respeto a un régimen democrático de derecho.
El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.
Sobre las afectaciones que conlleva ese ordenamiento para nuestro régimen democrático de derecho, casi todo se ha difundido. No obstante, me parece que hay espacio para unas ideas más.

Seguridad jurídica

Antes habré de confesar que no alcanzo a entender la finalidad que se persigue con la aprobación de tal ley. Si busca brindarle a las Fuerzas Armadas seguridad jurídica en su actuación diaria, no lo logra. Mucho menos cumple su cometido si la intención es darle seguridad a las personas. Si el objetivo es detonar una transición para el retorno de los militares a los cuarteles, tampoco aprueba como medio racional para lograrlo. Pero a lo que sí da lugar es a especulaciones y múltiples incertidumbres.

Destaco cuatro de ellas generadas de inmediato con su entrada en vigor. ¿Pueden intervenir las Fuerzas Armadas frente a una manifestación que proteste contra la construcción de un proyecto de energía o de infraestructura que violente a las personas y comunidades de una región?, ¿podemos conocer los riesgos a la seguridad interior que detonan intervenciones inmediatas o su presencia permanente?, ¿pueden las Fuerzas Armadas impedir protestas contra las instituciones electorales?, ¿pueden intervenir las comunicaciones de las personas?
Como toda la información generada en la materia se clasifica como de seguridad nacional, lo cierto es que las personas comunes no podemos conocer los riesgos a la seguridad interior con certeza y oportunidad. Por esa razón, buena parte de las intervenciones militares pretextadas en ella se prestan a la arbitrariedad. Nada más alejado de la seguridad jurídica, esa seguridad jurídica que, por cierto, con mucho tino exaltó el ministro presidente de la Corte en su mensaje inaugural de este año.

Tampoco se tiene certeza para asegurarle a las personas y comunidades que defienden sus tierras y territorios contra los llamados megaproyectos de desarrollo e infraestructura, que sus manifestaciones de protesta no serán desde ya reprimidas por las Fuerzas Armadas, so pretexto de acciones de seguridad interior que atiendan riesgos en vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Y ni imaginar ante un descontento social por las próximas elecciones.

Así, en estos días se requiere un análisis pormenorizado de los precedentes de la Suprema Corte a fin de anticipar la mejor estrategia argumentativa para plantear las acciones legales que cuestionarán la Ley de Seguridad Interior. Dependerá de los planteamientos el que se permita a la Corte volver a desplegar su encomienda de garante último de nuestro régimen democrático, como hicieron la mayoría de sus integrantes en la Primera Sala respecto del tema de la publicidad oficial; o lo que por contra, facilitará que no se reúnan los votos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de esa ley o su interpretación hasta acotar el abanico de incertidumbres que sus preceptos ocasionan.
Como una muestra de ello, es necesario tener en mente que apenas en 2016 la Segunda Sala de la Corte avaló que la seguridad nacional sea motivo de la restricción de la publicación de cierta información (amparo directo en revisión 2931/2015); o en otro caso, que las autoridades encargadas de la seguridad nacional tengan la posibilidad de requerir la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil (amparo en revisión 964/2015). En ese contexto, se antoja bastante complicado un cambio de criterio en tan poco tiempo.
También es cierto que al menos en acciones de inconstitucionalidad, la Corte tiene manga ancha para suplir los conceptos de invalidez formulados, y llegado el día de los debates en el Pleno, eso nos dará una muestra más de la actitud que asuma, como garante o no de nuestro régimen democrático.

Controversias constitucionales

En todo caso, lo que estamos por conocer es el compromiso real de las diversas instancias que en estos días ven correr los plazos para presentar acciones y controversias constitucionales para que la Ley de Seguridad Interior llegue a la Corte.
Ojalá y sean varios los actores que formulen controversias constitucionales. Mientras, me consta que las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos están trabajando a toda marcha para contribuir en este debate de interés nacional.
En esa pista, aporto una idea para la discusión. Acorde con los textos literales de nuestra Constitución, la seguridad pública y la seguridad nacional son actividades excluyentes. Ello porque la primera se encomienda exclusivamente a autoridades civiles, mientras que la segunda se encuentra a cargo exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La seguridad nacional comprende la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación y para preservarla, el presidente dispone solamente de las Fuerzas Armadas –Ejército, Armada y Fuerza Aérea y adicionalmente la Guardia Nacional–, pero nunca de la policía.
No hay que olvidar que la intervención de aquéllas no es posible en tiempos de paz salvo en lo que tenga una exacta conexión con la disciplina militar, lo que por exclusión implica que, de desplegarse las Fuerzas Armadas por causas de seguridad interior, eso conlleva la admisión de que se está en presencia de una situación de guerra, la cual podría regirse como conflicto armado interior.
A la par, la seguridad pública es una actividad a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, sujeta a coordinación entre estos niveles de gobierno, que cuenta con una facultad expresa del Congreso para emitir una Ley General de Coordinación.

Por su parte, la seguridad nacional no es una actividad sujeta a coordinación. La Constitución no establece facultades de intervención en la materia para las autoridades locales, ni el Congreso de la Unión tiene atribución alguna para expedir una ley general. Y por si fuera poco, las intervenciones federales en las entidades federativas, en el caso de trastorno interior, son posibles pero sólo a petición de las legislaturas o los ejecutivos locales.
Concluyo con lo que inicié. En este tema necesitamos seguridad jurídica y mejor pronto que después. No deberíamos llegar a medio año con tanta incertidumbre. En torno a esa cuestión, también en la sede de la Suprema Corte se tiene la posibilidad de darle atención prioritaria al asunto de la Ley de Seguridad Interior.

La ley de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales así lo permite. Hace más de 20 años que su pleno se pronunció preliminarmente sobre la materia, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96. Visto ese precedente a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, no hay forma de avalar que las Fuerzas Armadas puedan, por sí mismas, desplegar las encomiendas que la ley les pone en hombros, pues de suceder así, se abre el camino para la sujeción de las autoridades civiles a ellas, y se compromete seriamente nuestro régimen democrático y de derechos humanos.


Viene el “guadalupanazo”

Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las nueve de la mañana, a una sesión para dictaminar. De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

11/12/2017 – CIUDAD DE MEXICO.- La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.
“Nos van dar el guadalupanazo, como con la reforma energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.
Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las nueve de la mañana, a una sesión para dictaminar.
De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

Premio
Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: “Esta ley no debe prosperar”.
La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.
El colectivo “Seguridad sin Guerra”, formado por 270 organizaciones civiles, se presentó el martes 5 en el Senado para argumentar en contra de esta ley ante la Junta de Coordinación Política. La analista Denise Dresser acusó a “un manojo” de senadores del PRI, Verde y “los llamados rebeldes del PAN” de preparar “el equivalente a un autogolpe militar”. Ese mismo día, a las afueras del recinto del Senado, cientos de activistas y seguidores de Gerardo Fernández Noroña bloquearon los accesos al edificio de Insurgentes y avenida Reforma para protestar contra la ley.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se enfrentó en sesión pública del Senado al general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, y demandó que no se apruebe la iniciativa.
Legalizarse
“Entendemos que hoy por hoy la situación de seguridad es tan compleja que no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de inmediato, pero no se puede aceptar la lógica poco racional de que el paradigma militar iniciado sin apoyo en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito”, reprochó Jarab.
El general Ramos Flores le contestó, como si fuera vocero de los senadores, que “la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrían ser empleadas como último recurso”. Y cuestionó: “¿De dónde resulta ahora la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas?”
También han sido desestimadas las observaciones de la Coparmex, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de colectivos de abogados y especialistas en derecho, y hasta de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El jueves 7, el panista Roberto Gil Zuarth prácticamente humilló al comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, quien acudió a la Junta de Coordinación Política del Senado para argumentar en contra del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior que clasifica como “de seguridad nacional” la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley y la reserva hasta por 20 años.
Gil Zuarth negó que la Ley de Seguridad Interior desplace al régimen jurídico de transparencia porque lo aprobado en la Cámara de Diputados “no es un islote ajeno, aislado, desprendido del sistema jurídico mexicano” y tampoco desplaza la aplicación de otras normas.
Débil, intimidado por Gil Zuarth y también por el general Ramos Flores presente en la reunión, Acuña aceptó que la posición del Inai se subsanaría si “en el exordio o en la exposición de motivos sería francamente conveniente, aunque fuera tautológico”, se dijera que no afectaba el principio de máxima publicidad.
“Yo creo que con eso se atendería, y mucho, la preocupación que a nosotros nos hace venir hoy aquí”, remató el comisionado presidente del Inai, para sorpresa de los reporteros presentes.
Su afirmación provocó que un grupo de senadores opositores a la ley le demandaran al instituto aclarar su posición y expresaron su “extrañeza” ante la “aquiescencia” de Acuña. El comunicado fue firmado por los senadores panistas Laura Rojas, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, así como por Alejandro Encinas, independiente, y por Zoé Robledo, del bloque PT-Morena.
Al cabildeo y a la presión pública también se incorporó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien rechazó que esta ley se traduzca en una militarización del país. El expriista y ahora mandatario por la coalición PAN-PRD defendió el nuevo ordenamiento ante los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Yunes ha presionado a senadores panistas de Veracruz y otras entidades para que apoyen la ley.
Durante la reunión que sostuvieron los representantes del colectivo “Seguridad Sin Guerra” con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo; con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz; con el coordinador del PRD, Luis Sánchez, y con el senador Ernesto Gándara Camou, también del PRI, no se definió ningún mecanismo de diálogo o consulta.
Herrera Anzaldo, del PRI, les comentó a los representantes ciudadanos que también van a escuchar a gobernadores, presidentes municipales y otras autoridades que “están a favor” de la Ley de Seguridad Interior.

Juristas en contra
El último pronunciamiento, firmado el viernes 8 por más de 40 doctores y doctoras en derecho de la UNAM, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac y la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, es un duro reproche al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues, dicen, viola los artículos 1, 8, 21, 29, 73 y 129 constitucionales.

Agencias


Peña Nieto revive el ritual del dedazo

En un paso más hacia la restauración del viejo régimen priista, Enrique Peña Nieto comenzó el sexto año de su gobierno con el juego sucesorio del destape, que en tiempos del partido hegemónico ponía de manifiesto el poder del mandatario para designar a su seguro sucesor. Los comicios de 2018 son distintos. El candidato del PRI ya no va a la segura, pero Peña Nieto pospone el anuncio de quién es “el bueno” y fomenta las especulaciones como si estuviera nombrando al próximo presidente.

30/11/2017 – Ciudad de México.- A principios de septiembre, en torno a las fechas de su quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto inició el juego sucesorio: desplegó una campaña publicitaria por la continuidad, descalificó al principal opositor a su partido y perfiló su intromisión tanto en la vida interna del PRI como en el proceso electoral que definirá en 2018 al próximo presidente de México.
Desde 2012, cuando regresó a la residencia oficial de Los Pinos, el PRI reeditó sus formas, sus gestos y modulaciones; retomó antiguas expresiones, su retórica de entrelíneas; renovó las concentraciones y actos públicos que con la llamada alternancia estaban en desuso, para llegar al cierre del quinto año de gobierno a la espera del momento cumbre de toda sucesión priista: el destape.
Acto de primera importancia del antiguo régimen, derecho que por uso y costumbre se arroga el presidente, el destape es uno de los rituales partidarios que se dejaron de practicar desde el 28 de noviembre de 1993, cuando de conformidad con el canon –pronunciamiento de la CTM y contingentes de salutación para el llamado “besamanos”–, llegó “la línea” a favor de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Postulación de
Ernesto Zedillo
Éste fue asesinado en marzo, lo que provocó en el sistema una crisis que desembocó en la postulación de Ernesto Zedillo.
A 24 años de aquellos hechos, Peña Nieto anticipó:
“Los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia. Hay quienes nos estigmatizan porque no somos diferentes, porque no hacemos primarias, ejercicios que otros partidos políticos eventualmente hacen, o que otros partidos políticos de otros países hacen. Está bien que las hagan, se vale… como se vale ser católico, como se vale ser protestante.
“El PRI tiene su propia liturgia, sus tiempos, sus ritmos y es algo que además el priismo lo asimila y entiende muy bien. Tú pregúntales a los priistas si les gusta cómo se definen (las candidaturas)”, dijo Peña Nieto el 12 de octubre, en un encuentro convocado por el Grupo Financiero Interacciones y el diario El Financiero Bloomberg.
En una comparación con el cónclave de cardenales que elige al nuevo Papa, Peña Nieto dijo que a la Iglesia católica le ha funcionado ese método durante 2 mil años: “Creo que no han cambiado mucho las cosas”. Mientras que para designar al candidato presidencial en el PRI “luego nos sincronizamos el partido y el presidente, eso pasa. Luego no sé quién le lee la mente a quién, si el partido al presidente o el presidente al partido, pero coincidimos”.
–¿El presidente no va a decidir quién va a ser el candidato del PRI a la Presidencia? –insistió Adela Micha, moderadora del encuentro.
–El presidente tiene siempre, por supuesto, una opinión importante en el priismo y el priismo lo sabe. Los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia –dijo Peña Nieto.
El ritual sucesorio ha provocado rupturas a través de la historia: desde su etapa fundacional, en la época de las rebeliones de generales revolucionarios, hasta ahora con reclamos como los de la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, pasando por la escisión de 1987 que dio paso a la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas y la posterior fundación del PRD.
El viejo partido hegemónico no soltó el poder hasta el año 2000, paradójicamente cuando –así fuera de manera simulada– abrió su proceso de elección a finales de 1999.
Este último año, la convocatoria priista contempló una consulta abierta a los ciudadanos para elegir candidato presidencial. Se inscribieron Francisco Labastida Ochoa, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Bartlett Díaz y Humberto Roque Villanueva. El primero, el más cercano al entonces presidente Zedillo, consiguió la postulación pero fue derrotado en la elección del 2 de julio de 2000.
Ya sin presidente de la República que diera “línea”, Roberto Madrazo buscó una vez más la postulación, después de ser dirigente del PRI. Se enfrentó a una alianza de gobernadores que abanderó al mexiquense Arturo Montiel. Éste último debió retirarse de la contienda en medio de un escándalo de corrupción que dejó el camino libre a Madrazo, quien se apropió de la candidatura pero no alcanzó más que el tercer lugar en las polémicas elecciones de 2006.
Para 2012, el proceso interno dejó sin posibilidades al aspirante Manlio Fabio Beltrones, dejando el camino libre a Peña Nieto.
No obstante, Peña Nieto afirma que el PRI supo pasar de partido hegemónico a la competencia electoral: “Lo que no cambia es su esencia, su liturgia, su estilo, su forma”, dijo en el mencionado foro del 12 de octubre. E insistió: “Dejen que el PRI defina su proceso al amparo de su propia liturgia; siempre ha funcionado así”.

El destape anticipado
La primera semana de agosto, pese a la resistencia de antiguos cuadros priistas, el PRI eliminó el “candado” que exigía una militancia de al menos 10 años a quien deseara contender por la Presidencia. La dictaminación quedó a cargo de José Ramón Martel, uno de los operadores priistas y exasesor de José Antonio Meade, quien precisamente carecía de ese requisito.
Al respecto, Peña Nieto precisó el alcance de ese dictamen:
“La Comisión Política Permanente que corresponda podrá aprobar la participación en el proceso de la postulación de candidaturas a cargos de elección popular a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señale que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación y, en consecuencia, en condición competitiva para ganar.”
Los días 23 y 24 de agosto, Luis Videgaray y José Antonio Meade, que forman una dupla desde que estudiaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), hicieron el primer movimiento al develar mutuamente sus retratos, pues fueron predecesores uno del otro en Hacienda y Relaciones Exteriores.
Llegó el 1 de septiembre, “día del presidente”, después los sismos del 7 y el 19. Todo se detuvo, hasta que el 5 de octubre Meade compareció en la Cámara de Diputados para la glosa del quinto informe. El reportero de Proceso Carlos Acosta narró que Meade fue objeto de una recepción apoteósica de los diputados, principalmente los priistas.
Siguió la declaración de Peña Nieto del 12 de octubre, en la que llamaba a seguir la liturgia partidista, y luego el besamanos anticipado de Claudio X. González Laporte, uno de los hombres más importantes de la “cúpula de cúpulas”, es decir, el Consejo Mexicanos de Negocios, creación del entonces presidente Miguel Alemán y espacio histórico del pase de charola, que agrupa a los empresarios que son los más ricos de México gracias a los negocios al amparo del poder.
“Sin duda lo puedo decir con mucha convicción: aquí está uno de los más fuertes (candidatos)”, dijo Claudio X. Luego añadió:
“Pepe Meade nos va a poner la mesa de una manera que va a ser clara de lo que puede ser el gran futuro que tiene nuestro país. Porque Pepe sabe hablar de lo que es México y de lo que es su aspiración hacia el futuro; Pepe es alguien que ve hacia el futuro.”
En la liturgia priista, decía Fidel Velázquez, “el que se mueve no sale en la foto”.

Arturo Rodríguez


Bajezas mediáticas

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como son las redes sociales y las apps, comenzaron a divulgar mensajes de ayuda, convocaron a los rescates en la Colonia Del Valle, en la Roma, en la Condesa, en Tlalpan. Documentaron todo y en exceso. Un millón de ciudadanos ganaron las calles para rescatar a los atrapados en alguno de los 42 edificios derrumbados ese día, recolectar ayuda, acompañar a quienes habían sido desalojados de sus casas. La sociedad civil volvió a tomar la iniciativa más rápido que las autoridades.

25/09/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana del 19 de septiembre de 1985 un crujido sordo se extendió por toda la Ciudad de México. Junto con el miedo, los derrumbes, los incendios, vino la incomunicación. La central de Teléfonos de México en la calle de Victoria se derrumbó. Sus 55 mil ramales se desconectaron. El edificio de Chapultepec 18, de Televisa, se vino abajo. La televisora sólo pudo reiniciar transmisiones cuatro horas después. Los capitalinos se comunicaron a través de radioaficionados, Imevisión y las estaciones de radio que no perdieron la señal.
Treinta y dos años después, a las 13:14 horas, otro sismo castigó a la Ciudad de México. La memoria de la Tierra se abrazó con la memoria de millones de mexicanos que vivieron los sismos del 85. La diferencia fue que en el sismo de este 19 de septiembre la incomunicación sólo duró menos de una hora.

Las televisoras y las estaciones de radio no dejaron de transmitir. Los teléfonos móviles se convirtieron en acompañantes indispensables de todos. Se afectaron 75 mil servicios de voz, pero a las 48 horas estaban restablecidos 70 mil. A las 72 horas del sismo, 98% de las redes de telecomunicaciones estaban en funcionamiento. América Móvil, AT&T y Telefónica volvieron gratuitos sus servicios, según la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Tecnologías de la información

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como son las redes sociales y las apps, comenzaron a divulgar mensajes de ayuda, convocaron a los rescates en la Colonia Del Valle, en la Roma, en la Condesa, en Tlalpan. Documentaron todo y en exceso. Un millón de ciudadanos ganaron las calles para rescatar a los atrapados en alguno de los 42 edificios derrumbados ese día, recolectar ayuda, acompañar a quienes habían sido desalojados de sus casas. La sociedad civil volvió a tomar la iniciativa más rápido que las autoridades.
Con la sobreinformación difundida en los medios electrónicos y en las redes sociales comenzaron también los rumores: primero, versiones de nuevos sismos ese mismo día en estados del noroeste del país, como Sonora y Chihuahua; después, versiones de desabasto en los supermercados ante presuntas compras de pánico. Junto con los rumores, cientos de videos, fotografías y audios documentando el trabajo de ayuda inmediata.
Uno de los rumores más difundidos a través de WhatsApp, Facebook y Twitter decía lo siguiente:
“En las últimas horas ha estado temblando en diferentes países del mundo y en algunos estados de la República Mexicana, el último recién fue en Perú y Oaxaca. El sistema de monitoreo de sismos del Servicio Sismológico Nacional, la UNAM en combinación con el Servicio Sismológico Nacional, la UNAM en combinación con el servicio Geológico de EUA y Google USA, arroja una posible estimación del sismo, y que en las próximas horas podría suceder en el Suroeste de Estados Unidos y Noroeste de México, en estados como California, Arizona, Nuevo México, Baja California, Sonora y Chihuahua, este evento primero ocasionado en las costas de Guerrero con una magnitud de 8.6 grados, invitamos a la ciudadanía a estar pendientes y tener botiquín de primeros auxilios.”

Sismológico

De inmediato, este mensaje viralizado fue desmentido por la UNAM, por el Servicio Sismológico Nacional (que aparecía como la “fuente”) y por las autoridades federales y estatales.
En paralelo, las grandes plataformas digitales, como Google y Facebook, activaron desde el mismo martes 19 sistemas de geolocalización de personas a través de internet y para mandar mensajes solicitando u ofreciendo refugio, transporte, combustible, equipamiento, ropa, alimentos, ayuda en general. Ambos servicios se saturaron y facilitaron que miles de ciudadanos, en especial jóvenes, se organizaran en grupos, por sectores y en los parques de las colonias Roma y Condesa para emprender las labores de rescate.
Las plataformas de transporte privado vía internet, como Uber y Cabify, anunciaron viajes gratis por toda la Ciudad de México, desactivaron su “tarifa dinámica” y ofrecieron trasladar sin costo hacia Puebla, otra de las zonas más afectadas, hasta las 22:00 horas de ese mismo día. Gracias a estos servicios, muchos usuarios llegaron a alguno de los 20 albergues abiertos.

“El país contiene el aliento”…

Al día siguiente del sismo, miércoles 20 de septiembre, las redes sociales y los medios electrónicos provocaron una movilización sin precedente por toda la ciudad hacia los edificios derrumbados, las zonas acordonadas, los centros de acopio, hospitales. Citando fuentes gubernamentales, el periódico Reforma calculó que fueron “al menos 1 millón de ciudadanos” que salieron a las calles de la Ciudad de México y otras 200 mil personas prestaron servicios como voluntarios en Morelos y Puebla.
En las pantallas de las principales cadenas de televisión el epicentro de la tragedia comenzó a concentrarse en el colegio Enrique Rébsamen, donde el mismo día del sismo fallecieron 25 personas (21 niños y cuatro adultos) al venirse abajo la pesada estructura del edificio.
Cámaras, micrófonos, drones, despliegue de rescatistas, padres de familia, más efectivos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina se trasladaron hacia la escuela junto con las cámaras de Televisa, que ocuparon un sitio privilegiado: su reportera Danielle Dithurbide estuvo todo el tiempo en el primer círculo de los trabajos de rescate, junto al almirante de la Marina José Luis Vergara y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que estuvo presente cerca de 10 horas.

El espectáculo se concentró en este sitio porque, al filo del mediodía, el almirante Vergara Ibarra afirmó que había una niña con vida entre los escombros: “Hay una niña que aún escuchamos con vida. Y es ahí donde realizamos el mayor esfuerzo porque está muy complicado el rescate”.
Citando a una profesora, algunos medios aseguraron que la menor se llamaba Frida Sofía y que cursaba la primaria. Un “marino” (del que no se supo su nombre) dijo que Frida movió su mano y pidió agua. Televisa citó en extenso estas versiones, con declaraciones del almirante y testimonios de oídas de quienes estaban a cargo del rescate.

El titular de la SEP, Aurelio Nuño, le declaró en entrevista a Joaquín López Dóriga, conductor que reapareció en los informativos de Televisa en estos días: “Lo que sí está plenamente acreditado es que sí hay una niña con vida… con la que se está en comunicación… a la que se ha hecho llegar agua… el operativo de rescate cada vez está más cerca de ella”.

El despliegue de Televisa junto a las ruinas del colegio Enrique Rébsamen duró 16 horas ininterrumpidas, según la propia reportera Danielle Dithurbide, pero el clímax de la transmisión fue a las 22:00 horas, justo en el horario del noticiario estelar, que rompió índices de audiencia.
El rating de la tragedia provocó que otras cadenas de televisión, en especial TV Azteca e Imagen TV, más los enviados de medios internacionales y un enjambre de reporteros de medios digitales, radiofónicos e impresos (que permanecieron en el segundo y tercer círculos de cercanía) se enlazaron para observar el “milagro” del rescate de Frida Sofía. El nombre se volvió trending topic en Twitter y Televisa también.

A las 22:45 horas el almirante Vergara corroboró en El Financiero TV lo que había declarado en Televisa: “En un máximo de un par de horas podemos llegar al rescate de la niña. Es información que nos proporcionó la niña… No tenemos información para confirmar lo que ella nos dijo”.
La niña hablaba, se comunicaba, bebía agua, movía la manita. Al filo de las 23:00 horas unos supuestos “rescatistas” declararon en un video subido en Twitter que habían sacado de los escombros a una niña llamada Frida Sofía o Ana Sofía. En Televisa, Aurelio Nuño declaró desconcertado que no sabían quiénes eran los padres de Frida Sofía y los exhortaba a acercarse. La suspicacia cundió entre los usuarios de las redes sociales.
Indignada, la reportera Dithurbide regañó en su cuenta de Twitter a Javier Risco, conductor de El Financiero TV y de W Radio, que citó el video de los “rescatistas” que anunciaron la liberación de Frida Sofía:

“Les hemos transmitido por 16 horas el rescate de Frida, ¿cómo puede ser que caigan en la información de un charlatán?… Por favor @jrisco quita ese tuit video que es incorrecto.”
En su último reporte, Televisa afirmó que desde las cinco de la madrugada las labores de rescate “fueron suspendidas por completo, por lo frágil de la estructura”, y sólo había un equipo de especialistas trabajando en los escombros de la escuela.
En TV Azteca, Hannia Novel reportó que en la lista de niños del colegio Enrique Rébsamen no había ninguna menor con el nombre de Frida Sofía. Citó a la SEP.
La reacción en redes sociales fue de decepción. Comenzó a difundirse la versión de que todo era un invento, un error o simplemente una farsa. El 21 de septiembre, el periódico La Razón tituló así su nota principal: “El país contiene aliento ante el largo rescate de la niña Frida”.

Agencias


Una vez más, la estrategia equivocada

La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.

18/05/2017 – PALMARITO TOCHAPAN, PUE..- El enfrentamiento de huachicoleros con tropas del Ejército la noche del 3 y la madrugada del jueves 4 en esta localidad puso en entredicho la actuación de la milicia en el combate al crimen organizado. Tras la refriega, en la que murieron cuatro militares y seis civiles, el presidente Enrique Peña Nieto envió más de 2 mil soldados a la zona conocida como Triángulo Rojo, la de mayor incidencia en el robo de combustibles en el país.

Ejecuciones extrajudiciales
La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.
Las cámaras que presuntamente colocaron los delincuentes registraron todo. En las imágenes se observa cuando un soldado dispara contra un civil que ya había sido sometido; también registra el momento en que los militares recogen algunos casquillos para alterar la escena del crimen y se llevan los dos artefactos que grabaron el tiroteo.
La Sedena pidió que se revise el material, de más de dos horas de duración, para comprobar su autenticidad, y en el cual también se ve cuando un sujeto abre fuego contra los soldados y abate a uno de ellos. Hasta el cierre de edición no había ningún elemento que sustentara la versión oficial de que las bajas de civiles se debieron a que los huachicoleros usaron a mujeres y niños como “escudos humanos”.
Testimonios de los lugareños sostienen que los soldados iban tras los huachicoleros y, al llegar al poblado, arremetieron contra las personas que encontraron a su paso. Entre los caídos, dicen, había un ama de casa, un agricultor y un menor; además, aseguran, se llevaron a dos niños, uno de ocho años y otro de 13.
A la entrada de Palmarito, en la barda de la iglesia y en la fachada de la Presidencia Auxiliar los pobladores colocaron decenas de mantas en las que exponen sus quejas. “Queremos paz por el bien de los niños. Soldados, no maten a gente inocente”, dice una.

Otra alude a los huachicoleros, quienes, según los pobladores, intervinieron para defenderlos del ataque militar: “El pueblo respalda a quien defendió a nuestras mujeres y niños”, se lee en la manta.
Habitantes de la localidad refieren que en los últimos días sus casas han sido cateadas sin orden judicial y algunos soldados incluso han encañonado a varios menores y tratan a todos los pobladores como delincuentes.
Varios de ellos acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar su queja. El ombudsman nacional les otorgó medidas cautelares, por lo que la Policía Militar ya no podrá ingresar a Palmarito Tochapan, señalado como uno de los principales bastiones del huachicoleo.

Un nuevo modo de vida
De acuerdo con las autoridades estatales, se tienen ubicadas varias bandas que controlan el llamado Triángulo Rojo y se asientan en Palmarito, Palmar de Bravo, Esperanza y Yehualtepec.
Uno de los grupos, indican, es comandado por Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, presunto operador de Los Zetas en Puebla, Veracruz y Tlaxcala; los cabecillas de las otras bandas son Antonio Martínez Fuentes, El Toñín; Gustavo Jiménez Martínez, La Vieja, y Ruselbi Vargas Hernández, El Ruso.
Los integrantes de estos grupos portan armas de grueso calibre, como rifles AK47 y R15, por lo que tienen una alta capacidad de fuego, como quedó demostrado en el enfrentamiento con tropas de la Sedena en Palmarito, a las que les causaron cuatro bajas.
Los alcaldes de la región advierten que la problemática es más compleja, pues en algunas comunidades el robo de gasolina lo realizan varias familias, quienes cuentan con cisternas y tinacos para almacenarla.
Eso quedó demostrado el 4 de enero último, cuando cuatro integrantes de una familia murieron en Tlacotepec de Juárez intoxicados por los gases emanados de la cisterna de su domicilio, donde guardaban 10 mil litros de huachicol.
La delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, Isabel Allende, señala que en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es visto como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.
Cuenta que muchos de los vehículos detenidos por la Gendarmería por transportar bidones con hidrocarburo robado llevan a bordo al padre, su esposa y sus hijos.

También, dice, algunos habitantes son cooptados por los delincuentes mediante fiestas o regalos de electrodomésticos; otros simplemente se quedan callados para no enfrentar a los huachicoleros, quienes son sus vecinos, amigos o familiares.
A mediados de marzo último, el gobernador Antonio Gali Fayad presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) relacionada con 12 menores que, según comprobaron las autoridades, fueron contratados como halcones por los ladrones de combustible, quienes les pagaban hasta 12 mil pesos mensuales.
Según datos de Pemex, en los dos últimos años tuvieron pérdidas de más de 7 millones de pesos al día por la ordeña de ductos. De esa cantidad, el 26% –poco más de 2 millones–, es por el combustible que se extrae de los ductos de la paraestatal ubicados en Puebla.
Al principio, los huachicoleros sólo operaban en seis municipios, pero en los últimos meses ampliaron sus actividades a 20, entre ellos Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec, Esperanza, Amozoc, Xoxtla, Tochtepec, San Matías Tlacanaleca, San Martín Texmelucan y otros del sur de la capital poblana.
El pasado martes 2, la banda identificada como Los Macacos, ligada al robo de hidrocarburos, asaltó a una familia de Quecholac que viajaba por la autopista Puebla-México, a la altura de San Martín Texmelucan. Los delincuentes asesinaron a un niño de dos años y violaron a su hermana de 14 años y a su madre.

“Golpes mediáticos”
Roxana Luna Porquillo, exdiputada federal por el PRD, señala que hasta ahora la estrategia para combatir a los huachicoleros se ha quedado en “golpes mediáticos” que pasan por la criminalización de los pueblos, pero no se observa el problema de fondo: el abandono económico de una zona netamente agrícola.
Como ejemplo cita el Operativo Encrucijada contra El Bukanas, emprendido por el gobernador Gali Fayad el 9 de marzo pasado y en el que participaron 500 efectivos estatales.
Y aun cuando el criminal escapó, los uniformados arrestaron a 87 supuestos integrantes de su grupo en los municipios de Esperanza, Atzitzintla, Cuyachapa y Palmar de Bravo en una sola noche. Veintidós de los detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y sólo 42 han sido procesados.
Uno de ellos es el alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez, quien milita en el PRD. En ese momento fue ubicado como el “José Luis Abarca” de Puebla –en alusión al exalcalde de Iguala, Guerrero, presuntamente implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– por su supuesta protección a los grupos delictivos.
El PRD estatal considera que Velázquez es un preso político, pues se le acusa sólo de “obstrucción a la justicia”, por el cual tiene derecho a fianza.

Crisis de seguridad
La exdiputada Luna Porquillo sostiene que el asunto del huachicol en Puebla se disparó en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle. Dice que éste actuó con dureza en contra del movimiento social, usando incluso equipos de espionaje para perseguir a activistas, políticos y periodistas, pero no hizo nada para detener a los criminales que destruyeron el tejido social de muchas comunidades poblanas.
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se expresó de manera similar: “No se debió llegar a esto; se debió solucionar a tiempo”.
Marcos Mazatle, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, asegura que la crisis de seguridad que vive Puebla a causa de los huachicoleros tiene responsables, pero que nadie los está investigando.
El observatorio pide que se investigue a Facundo Rosas Rosas, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión de Moreno Valle.
En julio de 2015, dos mandos policiacos cercanos a Rosas, el director general de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos cuando custodiaban vehículos con hidrocarburos robados.
Eso le costó el puesto a Rosas, quien fue despedido por Moreno Valle en medio de elogios. Nunca se le investigó. Todavía peor, la estructura que armó Rosas en la SSP permaneció intacta, dice Mazatle.
Hoy, la ordeña de ductos en Puebla es una próspera industria de la cual depende toda una región; incluso ya tiene su propia cultura, sus canciones y hasta su santo.
La senadora perredista Dolores Padierna también pide que se abra una investigación para saber si los recursos procedentes del robo de combustible han servido para financiar la campaña de Moreno Valle, quien busca ser candidato del PAN a la Presidencia.
“¿Existe algún vínculo entre el robo de combustibles y el financiamiento ilegal a campañas políticas, como podría ser la del propio exgobernador Moreno Valle? Esta duda está presente en el análisis de lo ocurrido en la comunidad de Palmarito y debe ser investigado e informado por las autoridades del estado de Puebla y las federales”, expuso Padierna.

Agencias


De regreso al “infierno libio”

El 13 de diciembre de 2016 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) publicaron de manera conjunta un informe de 30 páginas en el que documentan una situación generalizada de desnutrición, trabajo forzado, graves enfermedades, torturas, abusos sexuales, sobornos y desapariciones en todos los centros de detención de migrantes en Libia.

15/02/2017 – PARÍS.- El embajador de Alemania en Níger es categórico: en Libia los centros de detención de migrantes controlados por traficantes de personas son comparables con los campos nazis de concentración.
El diplomático, quien asegura disponer de fotos y videos tomados con celulares y debidamente autentificados para corroborar sus afirmaciones, recalca que los detenidos son sometidos a todo tipo de torturas y tratos inhumanos, y que los grupos criminales suelen ejecutarlos cuando necesitan “espacio” para “recibir” a más migrantes.
El embajador pinta esta situación atroz en un cable diplomático enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que el periódico Die Welt publicó en su edición del pasado 29 de enero.
El 13 de diciembre de 2016 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) publicaron de manera conjunta un informe de 30 páginas en el que documentan una situación generalizada de desnutrición, trabajo forzado, graves enfermedades, torturas, abusos sexuales, sobornos y desapariciones en todos los centros de detención de migrantes en Libia. Sostienen que ello ocurre tanto en los que se encuentran bajo responsabilidad de las autoridades, como en los controlados por milicias, mafias y el mismo Estado Islámico (EI).

Predicar en el desierto
Los autores del informe describen en forma cruda lo que viven los migrantes: se ven obligados a orinar y defecar en el piso de las celdas y bodegas sobrepobladas en las que están encerrados y en las que, en medio de esa hediondez, viven durante meses; muertes por desnutrición; ejecuciones de presos demasiado débiles para cumplir con los trabajos forzados que les imponen; violaciones sistemáticas de mujeres y niñas y su frecuente venta a redes de prostitución; multiplicación de fosas comunes…
Puntualizan que en numerosos casos los autores de estos crímenes son los mismos policías, militares y funcionarios de lo que queda del Estado libio, y subrayan con particular énfasis la actitud delictiva de los guardacostas de Libia que extorsionan, golpean y matan a los migrantes.
Inquietos, los expertos del ACNUDH y de la UNSMIL denuncian: “Recientemente políticos europeos empezaron a sugerir que se debería agrupar a los solicitantes de asilo en campos de migrantes en Libia y en otros países de África del Norte”.

Identifican a esos políticos:
“El 16 de septiembre de 2016, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, dijo que la Unión Europea debería crear en Libia ‘una gigantesca ciudad para refugiados’ que funcionara como un gran centro de selección. El 6 de noviembre el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pidió regresar a Libia todos los barcos de migrantes interceptados o rescatados en el Mediterráneo, mientras que Thomas de Maiziere, ministro del Interior alemán, propuso devolver esas embarcaciones a los países del norte de África”.
Y los autores del informe advierten con firmeza: “La ONU considera que los migrantes no deben ser devueltos a Libia porque ese país no les ofrece garantías de seguridad. Es la razón por la que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) interrumpió en agosto de 2014 su programa de devolución a Libia de inmigrantes que no habían obtenido asilo en Europa.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el ACNUDH también insisten en que Libia no puede ser considerada un país seguro”.
En los últimos años Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Save the Children, entre otras numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, multiplicaron también informes demoledores sobre el “infierno libio”. En vano.
Tanto la ONU como las ONG predicaron en el desierto.

Desafío a la ley y la ética
Reunidos en la Valeta, capital de Malta, el pasado viernes 3, los jefes de Estado y de gobierno europeos sentaron las bases de una futura colaboración con Libia para “cortar la ruta migratoria del Mediterráneo central” entre ese país e Italia.
Joseph Muscat, primer ministro de Malta, pequeña isla ubicada precisamente entre Libia e Italia, asumió el 1 de enero la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE), encargo que dura seis meses.
Consolidar las fronteras marítimas de la UE es su prioridad y uno de los principales objetivos de su mandato es tener con Libia un acuerdo del mismo tipo que el firmado con Turquía el 19 de marzo de 2016.
La declaración final de Malta demuestra que Muscat no tuvo mayores problemas para convencer a sus pares europeos de la urgencia de delegar a Libia la responsabilidad de bloquear los flujos migratorios hacia Italia y de hacerse cargo de los refugiados expulsados por la UE.
El documento consta de 10 puntos. Los más importantes son el quinto y el sexto.
En el quinto, los líderes europeos se comprometen a seguir participando activamente en la “estabilización de Libia” para que las autoridades del país “tengan la capacidad de controlar sus fronteras marítimas y terrestres”. Y en el sexto, sin tomar en cuenta las advertencias de la ONU y de las ONG acerca de la conducta delictiva de los guardacostas libios, los dirigentes de la UE prevén apoyarse en ellos dotándolos de todos los medios materiales necesarios para cumplir su misión al tiempo que anuncian un amplio programa de reclutamiento y capacitación de más guardacostas.
La ambición de los líderes de la UE es clara: impedir a cualquier precio que las embarcaciones de los migrantes salgan de las aguas territoriales libias, ya que el derecho internacional y europeo impide la devolución a su punto de partida de las embarcaciones interceptadas en aguas internacionales.

Agencias


Un cambio de táctica

Sólo un frente verdaderamente ciudadano y representado por ciudadanos moralmente claros y no contaminados por los vicios y las corrupciones de las partidocracias podría, me parece, encauzar el malestar social y conducir ese proceso revolucionario no-violento que el llamado al boicot electoral no logró.

6/02/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- La emergencia nacional, que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) puso en evidencia en 2011, parece haber llegado a un grado de descomposición sin retorno con el llamado “gasolinazo” de 2017 y la entrega del país al odio de Trump. Parece, por lo mismo, que los mexicanos hemos tomado al fin conciencia de que nos encontramos en estado de revolución y que ya no es posible seguir gobernados por las partidocracias.
El problema es que ese proceso revolucionario que en los últimos 10 años se ha manifestado a través de marchas, plantones, autodefensas y policías comunitarias ha dejado de ser útil en sí mismo para el cambio. Su poder, a pesar de proliferar a lo largo y ancho del país, no sólo se agotó; comienza a funcionar en favor de quienes desde las partidrocracias han generado esta realidad y pretenden seguir administrándola.
Para nuestra clase política, las luchas fragmentadas e intermitentes son, sin importar su multiplicación, la mejor forma de controlar su contenido revolucionario e imposibilitar cualquier tipo de cambio. Una vieja táctica que, junto con la persecución de los líderes políticos y el uso de la fuerza, han utilizado todos los gobiernos dictatoriales o en descomposición.

Boicot electoral
Desde que el MPJD develó la emergencia nacional creí, siguiendo las enseñanzas de Gandhi y las propuestas de muchos otros que me antecedieron, que el boicot electoral era la manera de unificar ese descontento nacional, dar cauce a su proceso revolucionario y generar el cambio. La razón es tan simple como el sentido común de las enseñanzas de Gandhi: un gobierno sólo existe porque la gente le concede autoridad y apoyo. En el momento en que se los retiran, el gobierno pierde su razón de ser y se desmorona.
Bajo esa lógica me parecía que las elecciones, al reunir a la mayor parte de la nación, podrían, mediante su boicot, encauzar el malestar nacional y desmoronar el sistema político de manera no-violenta. Me equivoqué, no por la fuerza que encierra el boicot –con el boicot de las telas y del impuesto sobre la sal, la India de Gandhi logró sacar de su territorio al gobierno inglés–, sino porque una buena parte de los mexicanos, no obstante las expresiones de su malestar, han continuado asistiendo a las urnas a votar y a legitimar con ello la causa de su sufrimiento y de su indignación.
A pesar de que algo se quebró de manera grave en la conciencia ciudadana y de que ya no habrá discurso ni medida extrema que pueda evitar la evidencia del colapso y las protestas que crecen y se expanden, hoy esa parte de la ciudadanía se prepara paradójicamente a volver a las urnas en 2018. Apremiada por la propaganda, por el miedo a la violencia que conlleva siempre un proceso revolucionario y por la ilusión de que quizás ahora sí, no obstante lo que todos sabemos, un cambio de partido en el gobierno mejorará lo que en la realidad está destruido y es fuente de la violencia, el llamado al boicot volverá, por desgracia, a fracasar, y el infierno, a hacerse más hondo.
¿Qué hacer? Esta pregunta que Lenin formuló en 1901 y que vuelve a plantearse irremediablemente en el México de 2017 debe ser respondida de forma semejante a como lo hizo el líder bolchevique, pero en términos democráticos y no-violentos. Para ello habría que crear, como lo he referido en mis últimos artículos, no un partido, sino un frente o una coalición ciudadana que aglutine a una buena parte de los líderes morales de la nación, incluso a los miembros más sanos de todos los partidos, con el fin de crear un programa mínimo para la refundación de la nación, que incluya la agenda indígena y las bases para un nuevo constituyente, y ganar así las elecciones.
Sólo un frente verdaderamente ciudadano y representado por ciudadanos moralmente claros y no contaminados por los vicios y las corrupciones de las partidocracias podría, me parece, encauzar el malestar social y conducir ese proceso revolucionario no-violento que el llamado al boicot electoral no logró.
No es una renuncia a lo que continúa siendo mi convicción y la de muchos otros, sino un uso negativo del boicot mediante el cual, en una especie de jiu-jitsu político, se utiliza la fuerza del oponente –en este caso del voto que las partidocracias han secuestrado– para vencerlo y devolverle, como lo pretendía el puro boicot, la democracia a quien realmente pertenece: la gente común, el pueblo.

Congruencia ciudadana
Por ello es necesario que los miembros de los partidos que se sumaran al frente declinaran, en un acto de congruencia ciudadana y democrática, sus aspiraciones al poder, para poner su sabiduría al servicio de la refundación nacional.
Las condiciones están dadas: el derrumbe absoluto del sistema político, los procesos revolucionarios que, fragmentados, seguirán creciendo a lo largo y ancho del país, los líderes morales, las redes ciudadanas que esos líderes han generado en los últimos 10 años y las urnas. Lo único que falta es la decisión. Imaginemos –parafraseo a Gandhi– a un pueblo entero recuperando y utilizando para sí mismo los mecanismos democráticos que le han arrebatado. Toda la maquinaria legislativa y ejecutiva se encontraría de repente paralizada y no habría ninguna policía ni ningún ejército que pudiera doblegar esa voluntad democrática.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, devolverle su programa a Carmen Aristegui y abrir las fosas de Jojutla.

Agencias


Hay que lidiarlo con resistencia

En su más reciente artículo, titulado Trump no es mi jefe, Jorge Ramos advierte que el nuevo presidente tiene una predilección especial por humillar y silenciar a periodistas de origen latino. Puso como ejemplos su propio caso, cuando lo enfrentó durante una conferencia en Dubuque, Iowa, durante la campaña presidencial; el del corresponsal de CNN, Jim Acosta, a quien Trump le impidió hacer una pregunta en su primera rueda de prensa y le soltó: “No te voy a permitir hacer una pregunta. Tú reportas noticias falsas”.

 

30/01/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- Identificado como uno de los mexicanos más influyentes en la comunidad latina de Estados Unidos y señalado por Donald Trump como uno de sus adversarios personales, el periodista Jorge Ramos, conductor del principal noticiario de Univision en los últimos 30 años, advierte: “El principal error que podemos cometer los medios y los periodistas es pretender la normalización de Trump”.
Desde su punto de vista, “nos equivocamos si creemos que Trump será un político normal, que va a respetar las reglas y las instituciones. Él es un político que insulta, miente, que es abiertamente racista y sexista. Y lo seguirá siendo”.
Se pregunta: “¿A cambio de qué se pretende tratar a Trump como un político normal? A cambio de acceso al poder”.
En entrevista vía telefónica con Proceso, Ramos subraya que actualmente existen “dos bandos” en el periodismo frente a Trump: por un lado, “los periodistas que buscan sólo el acceso a la Casa Blanca” y, por el otro, “los periodistas que lo estamos cuestionando”.
Añade: “El verdadero periodista no tiene que buscar sólo el acceso. Tiene que cuestionarlo, enfrentarlo a sus propias mentiras. Trump no está acostumbrado a que lo cuestionen”.
–¿Cómo lidiar entonces con Trump y su gobierno frente a estos dos bandos? ?–se le plantea.
–Con resistencia, desafíos y vigilancia. Hay que vigilarlo todo el tiempo. Trump no va a cambiar por el hecho de que haya llegado a la Casa Blanca.
–¿Es paradójico que en el país donde la prensa ha sido tradicionalmente crítica con sus presidentes, ahora llegue a la Casa Blanca alguien que ignora y menosprecia a la prensa?
–En América Latina estamos acostumbrados a este tipo de gobernantes que son como caudillos, de estilo autoritario. Trump me recuerda a los viejos políticos de la era del PRI, que no aceptaban cuestionamientos, o a mandatarios como Hugo Chávez o Nicolás Maduro, en Venezuela. Trump es un líder autoritario e intransigente.
“Los estadunidenses no están acostumbrados a un líder así. Trump se salta a la prensa a través de Twitter. En su reciente entrevista con Fox News dijo que si la prensa fuera honesta él no usaría el Twitter.
“Yo seguiré apostándole a la prensa que cuestiona, que lo investiga. En Estados Unidos venimos de una tradición maravillosa, como el Watergate o los periodistas del Boston Globe que investigaron los escándalos de pederastia. Esa tradición difícilmente se morirá con Trump.
“Lo que está sucediendo ahora es que Trump te obliga a tomar partido como periodista: o haces y dices lo que él quiere o lo cuestionas.”
En su más reciente artículo, titulado Trump no es mi jefe, Jorge Ramos advierte que el nuevo presidente tiene una predilección especial por humillar y silenciar a periodistas de origen latino. Puso como ejemplos su propio caso, cuando lo enfrentó durante una conferencia en Dubuque, Iowa, durante la campaña presidencial; el del corresponsal de CNN, Jim Acosta, a quien Trump le impidió hacer una pregunta en su primera rueda de prensa y le soltó: “No te voy a permitir hacer una pregunta. Tú reportas noticias falsas”. O el caso de Tom Llamas, de ABC News, a quien Trump calificó como “sinvergüenza” por preguntar sobre las donaciones sospechosas del magnate inmobiliario.
“Si Trump evita a un reportero o evade un tema, este es mi consejo para cualquier periodista: no le hagas caso a Trump y pregunta. Como lo hicieron Tom Llamas y Jim Acosta. Lo peor que te puede pasar es que te ataque, te insulte o te expulse del lugar”, escribió Ramos. En la entrevista se le pregunta:
–¿Percibes una diferencia entre la actitud agresiva o aguerrida de los reporteros frente a Trump y el de los dueños de las empresas mediáticas?
–Hay que esperar a ver cómo evoluciona esta situación. Lo que existe, en general, es un temor de las empresas a Trump. Le tienen mucho miedo a que los ataque a través de uno de sus tuits, como ha ocurrido con Toyota, con Ford o con la empresa Carrier de aires acondicionados.
–Trump, al igual que Obama, ha capitalizado el uso de las redes sociales. Y, sobre todo, el de Twitter. ¿Qué diferencias existen entre uno y otro estilo?
–Es un estilo nuevo el de Trump. No hay ninguna comparación con Obama. Para Trump el Twitter es una pistola, un sable para amenazar. En cambio, Obama usaba Facebook y Twitter al estilo de un profesor.
“Aquí tienes dos estilos muy diferentes: por un lado, tienes al profesor Obama que explica, que toma sus pausas al hablar, que es mesurado. Y ahora tienes a un Trump que es un presidente iracundo, amenazador, agresivo. Él va a utilizar las redes sociales y la televisión de la misma forma. Como lo hizo con su reality.”

“Nadie habla por México aquí”
Jorge Ramos también ha sido muy puntual e incisivo en su crítica hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Expresó su apoyo a Carmen Aristegui y a su equipo de periodistas cuando fueron expulsados de MVS tras el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto. Ha señalado una y otra vez en televisión y en sus mensajes en redes sociales la corrupción del gobierno priista y su ineficacia.
Sobre la actitud del gobierno mexicano hacia Trump, Ramos es contundente: “Peña Nieto se agachó frente a Trump y se está equivocando ahora. Apaciguar el bullying de Trump no es la política adecuada. A un acosador hay que enfrentarlo de manera decidida, pero el gobierno de México ha decidido buscarlo y adoptar las buenas maneras. No van a cambiarlo. Desde junio de 2015, Trump escogió a México como su enemigo y lo seguirá haciendo.
“Peña Nieto tardó 265 días en responder a los insultos de Trump. Ahora, nadie está dando la batalla desde aquí. No hay un solo mensaje con la posición del gobierno mexicano. El mejor ejemplo de la presencia que debería tener la autoridad mexicana es cuando el gobierno de Carlos Salinas inundó las pantallas y los medios de Estados Unidos para explicar y defender las bondades del Tratado de Libre Comercio. Ahora nadie está haciendo eso en defensa del TLCAN y de los mexicanos.”
En Estados Unidos, añade, los mexicanos “estamos solos. No se oye a nadie. El gobierno mexicano es como si no existiera. Y lo peor es que tienes enfrente a un nuevo presidente necio, que va a insistir en que México le pague de alguna u otra manera el muro o renegocie el TLCAN.
“México se equivoca si cree que apaciguando a Trump va a lograr un mejor arreglo. Hay que demostrarle a Trump que si nos pega va a haber consecuencias.”

Agencias


La austeridad dorada

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto les anunció que se bajarán el sueldo 10%, seguirán ganando mucho más que la mayoría de los mexicanos, mantendrán estímulos muy ventajosos –como su apoyo para la compra de gasolina– y permanecerán prácticamente sin pagar impuestos.

26/01/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- La gallina de los huevos de oro se acabó… pero no para los altos funcionarios del gobierno federal. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto les anunció que se bajarán el sueldo 10%, seguirán ganando mucho más que la mayoría de los mexicanos, mantendrán estímulos muy ventajosos –como su apoyo para la compra de gasolina– y permanecerán prácticamente sin pagar impuestos.

Gastos del gobierno

A casi dos años de iniciado el despido masivo de burócratas federales de bajo rango, así como de severos recortes presupuestales, mencionados como ejemplo de austeridad por Peña Nieto en sus discursos sobre el gasolinazo, su oficina es ejemplo de obesidad burocrática.

Por ejemplo, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República tiene sueldo integrado de secretario de Estado: 205 mil pesos mensuales. El gobierno le paga cuatro teléfonos celulares y le otorga, entre otras prestaciones, 11 mil 460 pesos mensuales para la compra de gasolina.
Conforme a la ley, en el gabinete federal hay 52 subsecretarios de Estado en 18 secretarías. Pero además, para efectos de nómina, en la Presidencia hay 15 funcionarios con plaza de subsecretarios; de ellos, 11 cobran 203 mil pesos y cuatro ganan, cada uno, más de 201 mil pesos mensuales.

En total la Presidencia tiene 50 servidores públicos de mando superior. El más modesto en cuanto a ingresos es el responsable de la Unidad de Transparencia: cobra 122 mil pesos mensuales. Todos tienen un apoyo económico para gasolina y lubricantes, 44 de ellos por 7 mil 500 pesos mensuales y seis, por 6 mil pesos.
Una consulta realizada por Proceso en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) –donde se publican sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos– permitió observar las condiciones salariales no sólo de la Presidencia, sino de mil 612 servidores públicos de mando superior, quienes tienen percepciones que van de los 120 mil a los 213 mil pesos mensuales.
Y no tienen que preocuparse por el precio de la gasolina, pues a todos les dan recursos para eso: 414 reciben 5 mil 730 pesos mensuales; a 285 les dan 3 mil 750, y 913 cuentan con 2 mil 958 pesos mensuales para el combustible de sus vehículos.

La austeridad de Peña Nieto

En su mensaje en cadena nacional de la noche del jueves 5, Peña Nieto anunció, como única medida concreta de austeridad, que los servidores públicos de mando superior de las dependencias federales reducirían 10% sus sueldos y salarios.

Lo reiteró el lunes 9, al ampliar sus anuncios para hacer frente al gasolinazo, con la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, a donde asistieron los dirigentes de los sectores corporativos del PRI y dirigentes de cámaras y organismos empresariales.
La revisión de los ingresos brutos de los mil 612 servidores públicos de mando superior refleja que la medida es irrisoria. Si bien las cantidades que ganan superan con mucho el ingreso promedio de las familias mexicanas, no hay impacto presupuestal con reducir esos salarios 10%.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el ingreso familiar promedio en México era de 12 mil 806 dólares anuales, hasta su último informe en mayo de 2016.
Un cálculo elemental: el ingreso promedio de un servidor público de mando superior era cercano a los 100 mil dólares anuales al tipo de cambio de ese mismo mes de mayo. Esto es: un colaborador promedio del peñismo ganaba casi ocho veces más que una familia mexicana promedio.

La distancia es peor si se toma en cuenta sólo lo que ganan los secretarios de Estado. Con ese mismo mes de mayo como referencia, el titular de una Secretaría ganaba 136 mil 666 dólares anuales. La diferencia respecto al ingreso promedio de un hogar mexicano era pues, de 10 a uno.
Cada mes el gobierno gasta en pagarle a los mandos superiores del gabinete legal y ampliado poco más de 300 millones de pesos. Al reducir 10% el ingreso, como ofreció el presidente, el país se ahorraría unos 30 millones de pesos cada mes, una cantidad minúscula.

En ese mismo cálculo, al año el país se ahorraría en la nómina de funcionarios alrededor de 360 millones de pesos. A los canales de Grupo Televisa, el gobierno de Peña Nieto les pagó por spots publicitarios 424.5 millones de pesos de enero a octubre de 2016. De manera que el ahorro de 10% en la nómina de mandos superiores de los gabinetes legal y ampliado durante un año no serviría ni para pagar la publicidad de 10 meses en esa televisora.
La gallina seca

El pasado jueves 12, cuando Peña Nieto dijo que se había secado “la gallina de los huevos de oro”, explicaba que Pemex ya no produce como antes, que los yacimientos petroleros importantes se agotaron y que por eso ya no podía subsidiarse la gasolina. Sin embargo, la nómina y prestaciones de los mandos en la petrolera son superiores al resto del sector público.

Por ejemplo, Pemex Corporativo tiene un directorio oficial de 270 servidores públicos, de los cuales 215 tienen nivel salarial de mando superior.
De esos 215, 34 ganan 135 mil pesos; 149, 150 mil; y 16 más, 153 mil pesos mensuales cada uno. Otros tres funcionarios cobran 180 mil pesos y 11 más, 185 mil 800 pesos.

El director general, José Antonio González Anaya, es quien gana más que todos en Pemex, más que cualquiera en el gabinete e incluso más que Peña Nieto, pues su ingreso es de 213 mil 822 pesos mensuales, mientras que el mandatario gana apenas 208 mil 570 pesos mensuales. Lo anterior, a pesar de que la Constitución, en su artículo 127 Fracción III, prohíbe que un servidor público gane más que el Presidente de la República.
No sólo es el funcionario mejor pagado del gabinete, sino que cuenta con las prestaciones más altas. Cada mes González Anaya recibe 10 mil 605 pesos para gasolina y 2 mil 760 pesos para el gas de su casa. También le dan 5 mil 750 pesos para celular. Cuenta con un seguro para el retiro, al cual el gobierno le aporta 21 mil 382 pesos mensuales, y tiene derecho a becas, sin que se especifiquen los montos.

Sin contar las becas, vehículo, pago de seguros e indemnizaciones previstas para su caso, González Anaya le cuesta mensualmente al país 257 mil 725 pesos y, al año, calculando el pago de vacaciones y aguinaldo, representa una erogación superior a 3 millones 183 mil pesos.
Dos colaboradores del presidente cobran como secretarios de Estado sin serlo. Se trata del jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, y del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes.
Entre los secretarios que sí tienen ese nombramiento y los dos mencionados colaboradores presidenciales, el propio presidente y el director de Pemex, suman 23 personas con un salario integrado superior a los 200 mil pesos mensuales por cabeza.

Así, cada año, y considerando sólo salario integrado, vacaciones y aguinaldo, Peña Nieto le cuesta al país 2 millones 570 mil pesos; un secretario de Estado, 2 millones 527 mil y, el director de Pemex, 2 millones 656 mil.
Las otras nueve dependencias consideradas que integran el gabinete ampliado tienen sueldos variables, pero paradójicamente los que más ganan son quienes están al frente de dependencias relevantes en la política social: el director del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa (203 mil pesos mensuales); la directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga (200 mil), y el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero (199 mil).

Agencias


Trump es la superficie; el problema está en su base social

Lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de Estados Unidos sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representan a la mitad de la sociedad políticamente activa de ese país.

19/01/2017 – CIUDAD DE MEXICO.- La tesis es ésta: lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de Estados Unidos sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representan a la mitad de la sociedad políticamente activa de ese país.

Hoy, la única superpotencia ha colocado en su institución más poderosa, la Presidencia, a un personaje absolutamente improbable y peligrosamente impredecible: Donald John Trump. Se trata de un constructor multimillonario (3 mil 700 millones de dólares) de 70 años, exconductor de un programa de televisión –un reality show con una audiencia de 7 millones–, sin ninguna experiencia política y con obvios y serios problemas de personalidad.

Los datos anteriores tienen interés por sí mismos, pero para México resultan cruciales pues el señor Trump ha decidido caracterizar la relación con nuestro país como fundamentalmente antagónica al interés nacional del suyo. Y así, lo que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 ha sido una situación de interdependencia asimétrica entre países vecinos, ahora es presentada por el próximo presidente norteamericano como una incompatibilidad de proyectos, como un juego de suma cero.

Al arrancar en 2015 la carrera de los aspirantes del Partido Republicano de Estados Unidos en pos de la candidatura presidencial, muy pocos consideraron que Trump pudiera llegar a ser realmente el abanderado republicano y menos aún el ganador de la elección de 2016. Se suponía que entre los 17 precandidatos republicanos iniciales, el finalista sería un político profesional como Jeb Bush –exgobernador de Florida e hijo y hermano de presidentes– o Marco Rubio o Ted Cruz, senadores por Florida y Texas, respectivamente. Para sorpresa de casi todos, las bases republicanas le dieron ese papel a Trump, el multimillonario “no político” y estrella de televisión.

Desde el inicio, Trump despertó el interés de los mexicanos, pero por malas razones: porque en el arranque mismo del proceso electoral, el personaje decidió construir una parte central de su discurso alrededor de temas específicamente antimexicanos. En efecto, el 16 de junio de 2015, en la Torre Trump, en Manhattan, el rubio constructor afirmó: “Cuando México nos manda a su gente, no manda a los mejores. No los manda a ustedes. Envía a gente con montones de problemas y nos traen esos problemas. Ellos traen drogas y crimen. Son violadores. Aunque, supongo, que algunos de ellos son gente buena”. De esa caracterización tan negativa como injusta de los 5.8 millones de mexicanos indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, Trump pasó a proponer un remedio drástico: la erección de una gran muralla a lo largo de los 3 mil 145 kilómetros que constituyen la frontera entre México y Estados Unidos, la deportación de los indocumentados y, finalmente, la renegociación o derogación del marco en que funciona el comercio bilateral México-Estados Unidos y que asciende a 531 mil millones de dólares anuales (2015): el TLCAN.

En el primer debate público entre él y la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en septiembre de 2016, el republicano aseguró que el TLCAN era “el peor tratado que se haya firmado alguna vez y, desde luego, el peor firmado por este país (Estados Unidos)”. Desde ese punto de vista, México y China, con su mano de obra barata, se habían apropiado de trabajos que deberían haberse quedado en Estados Unidos. Trump se comprometió entonces a que las plantas industriales que habían emigrado a México, particularmente las automotrices, volverían a Estados Unidos so pena de imponerles un impuesto de 35% a las unidades exportadas desde México.

Esta última propuesta de Trump es un golpe al corazón del proyecto neoliberal en que se embarcó a México a partir de la decisión de Carlos Salinas de Gortari de firmar el TLCAN y dejar atrás el modelo económico nacionalista heredado del cardenismo. Lo que Salinas y los suyos buscaron fue integrar la economía mexicana a la norteamericana pese a la desigualdad entre las partes. Hoy, como ya se señaló, ese intercambio comercial con Estados Unidos llega a 531 mil millones de dólares, a lo que debe añadirse el rubro de servicios: alrededor de 60 mil millones de dólares anuales. El 80% de las exportaciones mexicanas de manufacturas se dirigen a Estados Unidos y de ahí recibe 50.2% de sus importaciones (2012). Por ello la sorpresa, temor e incertidumbre que se han extendido en México ante la posibilidad de que Trump, como presidente, cumpla total o parcialmente con su proyecto de deportar a millones de mexicanos y de revertir la integración económica con México con medidas arancelarias.

El fondo del problema

En la historia mundial contemporánea hay ejemplos dramáticos del papel que un líder puede jugar en la dirección que tome la política interna y externa de su país. A la mente vienen, de inmediato, no sólo los nombres de Hitler y Stalin, sino también de Gandhi, Roosevelt o Mandela. Sin embargo, el ascenso e importancia que esas figuras adquirieron se explica finalmente por el contexto social y una situación de crisis o circunstancias de injusticia extrema en sus países o en el sistema internacional. En contraste, en los Estados Unidos de 2016 que eligió a Trump no había, no hay, ninguna crisis económica ni amenaza externa que explique al personaje. La economía creció a 3.5% en el último trimestre de 2016 y el desempleo se encuentra en mínimos (5%). Sin embargo, el sentido de injusticia sí ha anidado en una parte de la sociedad norteamericana. Finalmente, el carisma de Trump –esas cualidades personales excepcionales que, en situaciones fuera de lo ordinario, le permiten a un individuo imponer su voluntad sobre otros y transformarlos en seguidores– no parece alcanzar los niveles de ninguno de los grandes líderes históricos, pero resulta que el de su rival fue mucho menor o inexistente.

¿Cómo explicar entonces que Trump haya podido imponerse en las elecciones primarias y luego recibir 61.2 millones de votos en las presidenciales? Y todo sin haber llegado a formular un proyecto coherente de futuro, salvo el compromiso de volver a “hacer grande a Estados Unidos”. Un primer paso en la explicación es la naturaleza absurda del sistema electoral; uno que da la última palabra a un Colegio Electoral donde la representación es por estados, lo que permite que alguien sea declarado vencedor pese a no tener la mayoría del voto ciudadano. Pero dejemos de lado esa peculiaridad del sistema norteamericano y vayamos a la naturaleza misma de la contienda electoral.

La candidata demócrata, Hillary Clinton, esposa de un expresidente, tuvo más votos directos pero nunca despertó gran entusiasmo entre sus partidarios. Además, los malquerientes de la demócrata estaban concentrados en estados clave para el conteo en el Colegio Electoral. De ahí que muchos observadores concluyeran: Trump ganó los estados clave no por él mismo sino ¡por no ser Hillary Clinton!

Y es que la señora Clinton –y antes los precandidatos republicanos descartados por el fenómeno Trump en las primarias–, no entendió lo que el multimillonario neoyorquino sí entendió y muy bien: que en una amplia zona de la sociedad norteamericana había una fuerte concentración de malestar, frustración y rabia por la forma en que la élite política –demócrata y republicana– los había ignorado durante años y a los que la señora Clinton en un mal momento llamó “conjunto de deplorables”. Esos “deplorables” se vieron a sí mismos como injustamente relegados por las élites políticas –personificadas por la Clinton– en el proceso de evolución económica, social y cultural de Estados Unidos y tomaron su revancha.

Para los “deplorables”, Trump representó la oportunidad de dar forma a una auténtica “rebelión de las masas”, para usar el concepto acuñado hace 90 años por José Ortega y Gasset. Pero, y esto es fundamental, no de todas las masas norteamericanas, sino de unas muy específicas: las blancas, esas que consideran que el tipo de evolución que ha experimentado Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años les ha cancelado su presente y, sobre todo, su futuro. Se trata de ciudadanos de origen europeo, que habitan en las zonas rurales de su país o en ciudades que una vez fueron el dinamo de la economía industrial como Detroit o Pittsburgh, pero que ahora ya no tienen importancia, donde las naves industriales están abandonadas o de plano son ya tierra baldía. Este grupo que fue la base del Partido Demócrata de Franklin Roosevelt y su New Deal en los 1930 y 1940, hoy no sólo se considera abandonado por el Partido Demócrata sino también por la dirigencia tradicional del Republicano. Es más, hay en ellos un sentido de traición por parte de todos los políticos tradicionales.

En 2015 y 2016 los blancos resentidos se volcaron en apoyo a un candidato sin carrera política, que se supone hizo su fortuna según las reglas del mercado y que deliberadamente se propuso usar un lenguaje políticamente incorrecto y vulgar –similar al que emplean sus votantes– y abiertamente machista. Los resentidos estuvieron dispuestos a dar por buenas las vagas promesas de Trump y a creer un montón de exageraciones o francas falsedades sobre la candidata demócrata: “Hillary Clinton viola y mata niños”, “es una alcohólica”, “los Clinton han asesinado al menos a veinte personas”, etc., (Mark Danner, The real Trump, New York Review of Books, 22 de diciembre, 2016).

Trump supo leer muy bien y explotar mejor el resentimiento y la ira acumulados en esa parte de la sociedad norteamericana blanca, trabajadora, sin grado universitario, habitante del mundo rural o de centros urbanos en decadencia y con bastante consciencia de lo injusto que es que hoy una minoría de minorías de los norteamericanos –0.1%– reciba un ingreso promedio de 184 veces el que llega a los bolsillos de 90% de quienes se encuentran en el fondo de la pirámide social, (Institute for Policy Studies. Inequality.org, Boston).

Pero hay más. Si bien Trump, el multimillonario exitoso y creador de empleos, se identificó con los perdedores, no lo hizo con todos. Fue selectivo. Se identificó con los blancos y no con los pertenecientes a las minorías de color: afroamericanos e hispanos. Así, de manera no muy velada, el ahora presidente electo reavivó y se benefició de un viejo fenómeno de su país: el racismo. Fue Trump el que insistió en que Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, no era en realidad norteamericano y no tenía derecho a estar en la Casa Blanca, lo que resonó muy bien entre su electorado que, con Trump como presidente, consideran “reconquistada” la mansión presidencial, construida por esclavos negros pero para que la habitaran norteamericanos de cepa: blancos como Trump y su familia.

Y es aquí donde entra de lleno en la arena política norteamericana “el factor mexicano”. Trump identificó a los millones de mexicanos indocumentados no sólo como criminales y violadores sino como ladrones de empleos de los verdaderos norteamericanos. Y, por extensión, también se vio igual a los mexicanos en México, al considerar que las empresas norteamericanas que al amparo del TLCAN abrieron plantas en México eran responsables de la falta de empleo y de vitalidad en las regiones industriales deprimidas de Estados Unidos. Por eso en sus mítines se pudo escuchar el estribillo “built the wall, kill them all” (“construyamos el muro y matémoslos a todos”). En suma, el antimexicanismo fue una fuente de energía política del trumpismo.

La demagogia de Trump hace caso omiso del hecho de que la pérdida de empleos en los centros industriales tradicionales norteamericanos se explica fundamentalmente por el cambio tecnológico y no por lo barato de la mano de obra mexicana o china. Tampoco hace referencia al TLCAN como creador de empleos en Estados Unidos: alrededor de 200 mil al año.

Para concluir

Cuando Samuel P. Huntington, el famoso politólogo de Harvard, publicó Who are we. The challenges to America’s national identity, (Nueva York: Simon & Schuster, 2004), en México se debió haber detectado una señal de peligro: que un sector de la sociedad norteamericana –el blanco y protestante– ya veía a la creciente población hispana –alrededor de millones– como una amenaza a sus valores, a su identidad nacional y que podía reaccionar, si alguien lo encabezaba, contra la creciente presencia documentada e indocumentada de mexicanos en lo que alguna vez fue territorio mexicano. Ahora bien, ese identificar a México como un peligro para Estados Unidos tiene consecuencias: el rechazo político y económico y la amenaza de una nueva deportación masiva.

En 2009 George Friedman, un analista norteamericano de los procesos políticos mundiales y futurólogo, publicó The next 100 years. A forecast for the 21st century (Nueva York: Doubleday). El último de los 13 capítulos de este libro está dedicado a examinar las causas que llevarán a una guerra entre México y Estados Unidos. Y las causas están en la gran migración de mexicanos hacia el país del norte, originada en factores económicos, demográficos y tecnológicos, y en la concentración de mexicanos en zonas norteamericanas que antes fueron mexicanas. Friedman consideró que las causas del conflicto madurarían alrededor de 2060 y harían crisis alrededor del año 2080.

Pareciera como si Trump hubiera leído a Friedman –cosa improbable– y hubiera decidido adelantarse medio siglo para sorprender a México en las peores condiciones posibles. Como quiera, lo realmente importante no es Trump sino las razones por las cuales el trumpismo se ha convertido en una fuerza antimexicana y que puede sobrevivir a Trump.

Agencias


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