El racismo y la xenofobia explotaron en las redes

22/10/2018 – El Observatorio de Redes y Derechos Digitales revela a Proceso que “al menos medio millar de cuentas de trolls que tradicionalmente se montan en tendencias para realizar ataques de odio, participaron este viernes dentro de #CaravanaMigrante difundiendo ataques y opiniones racistas y xenófobas a los migrantes, simulando que se trataba de expresiones espontáneas”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas se divulgaron los primeros videos del salto de la barda fronteriza de cientos de jóvenes centroamericanos, los usuarios reales y los bots (cuentas automatizadas con menos de 50 seguidores) y trolls (dedicados a provocar utilizando las tendencias más mencionadas) inundaron las redes con expresiones como: “criminales”, “violentos”, “entraron ilegalmente”, “es un problema de Honduras”, “escorias”, “egoístas”, “vienen a secuestrar, a matar y a dañar”, “van a quitar empleos”, “llévatelos a tu casa”, ante cada intento de expresar solidaridad.
Con el hashtag #CaravanaMigrante, que se volvió la principal tendencia en Twitter con 75 mil tuits, cientos de usuarios, reales y ficticios, expresaron sus fobias y su odio ante las expresiones de solidaridad de varias cuentas representativas.
Por ejemplo, el diputado independiente de Jalisco Pedro Kumamoto, descendiente de migrantes japoneses, redactó en su cuenta de Twitter: “Mi bisabuelo llegó a este país con nada más que ganas de alimentar sus sueños y su panza. Desde él aprendimos que ningún ser humano es ilegal. Que México sepa escuchar esta delicada situación humanitaria y nos solidaricemos”.
Y así le respondieron algunos de sus seguidores:
–Nadie es ilegal, pero debemos respetar las reglas que nos rigen…
–Cuando tu bisabuelo llegó no existía tanta población, existía lugar disponible para vivir y recursos.
El periodista y documentalista Epigmenio Ibarra lanzó un mensaje en su cuenta para cuestionar este brote de odio: “Me duele, me indigna, me subleva la xenofobia de los que piensan como si fueran red necks norteamericanos. Revictimizan a los migrantes centroamericanos. Los llaman delincuentes. Dicen que ponen en peligro sus empleos. Hablan como Trump”.
Decenas de bots, activados desde algún call center también respondieron a la crítica de Ibarra con expresiones como “no es xenofobia, es precaución, con orden y buen registro de la cantidad de personas que ingresen no me importaría” (@AmlieKing2).
El activista y defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof destacó que al menos 76 veces le replicaron seguidores falsos y verdaderos con esta pregunta: “¿Dejaría usted entrar a su casa a la caravana?” Consideró “interesante” que casi 40% de los mexicanos que participaron en la Encuesta Nacional sobre Discriminación declaró que no le rentaría un cuarto a un migrante.

Odio sincronizado
El Observatorio de Redes y Derechos Digitales revela a Proceso que “al menos medio millar de cuentas de trolls que tradicionalmente se montan en tendencias para realizar ataques de odio, participaron este viernes dentro de #CaravanaMigrante difundiendo ataques y opiniones racistas y xenófobas a los migrantes, simulando que se trataba de expresiones espontáneas”.
Consultado en la noche de esta oleada de mensajes, el Observatorio indicó que algunos mensajes de estos trolls eran llamados explícitos al uso de la fuerza pública, justo cuando elementos de la Policía Federal, al mando del comisionado Manelich Castilla, dispersaron con gases lacrimógenos a los migrantes.
El mismo Observatorio destacó que el titular informativo de UnoTV, el sistema de mensajes por telefonía móvil de Telcel, desató una serie de expresiones de odio. Al reportar el ingreso de los centroamericanos, encabezó su nota: “A la fuerza, migrantes entran a México; así rompieron la cerca”.
La virulencia antiinmigrante coincidió también con el cambio de discurso del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y del encuentro entre el canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo.

Caos
Navarrete Prida primero se comprometió a que no se recurriría a la violencia contra la Caravana Migrante y después pidió “regresar al diálogo, luego de haber provocado caos al romper la valla que divide al país con Guatemala”.
Otros personajes públicos como el exoficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah, tuiteó:
“Ante la Caravana Migrante, si el gobierno mexicano no tiene una política distinta a la limitada y unilateral contención y expulsión, mínimamente debe garantizar la dignidad, integridad física y psicológica de ellos. Y la CNDH debe dictar medidas cautelares.”
En su cuenta de Twitter la CNDH no se pronunció en contra de las expresiones racistas contra los migrantes centroamericanos.

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El número de muertos del 68, aún en el misterio

4/10/2018 – Con base en la investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, de la organización civil National Security Archive sobre el movimiento de 1968, en la que ella también participó, la comunicóloga Susana Zavala rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la represión policiaca y militar. No se limitó a los hechos del 2 de octubre de 1968, sino amplió la indagación a los días anteriores y posteriores. Aquí, algunos de los datos que ella logró sustentar e historias de víctimas que otras fuentes compartieron con este semanario.

CIUDAD DE MÉXICO.- Setenta y ocho muertos, 31 desa­parecidos, 186 lesionados, mil 491 detenidos… En total mil 786 víctimas directas de la represión perpetrada por el Estado durante 1968.
Tales son las cifras que arroja la más reciente investigación sobre los agraviados del movimiento estudiantil de 1968.
“No son datos definitivos ni concluyentes. Pueden surgir nuevos casos, pero cada uno de los que tenemos registrados está sustentado en evidencias y en el cotejo de documentos de archivos policiacos, forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia”, comenta Susana Zavala, responsable de dicha investigación.
Zavala lleva años tratando de encontrar respuestas a preguntas como cuántos muertos hubo en el 68, cuántos estudiantes resultaron heridos, cuántos presos, cuántos desaparecidos, quiénes eran y qué hacían.
En busca de respuestas participó en Archivos Abiertos, una iniciativa de la organización civil National Security Archive (NSA), que en asociación con Proceso indagó en fuentes documentales de México y Estados Unidos para encontrar datos precisos sobre las personas que murieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Kate Doyle, responsable de ese proyecto, publicó los resultados en este semanario, en octubre de 2006 (Proceso 1561), y en el sitio web del NSA (https://nsarchive.gwu.edu).
Zavala retomó esa investigación, pero la amplió: no se limitó al 2 de octubre, sino al periodo que va de julio a diciembre de 1968; y no se ciñó al número de muertos, sino también incluyó a heridos, presos y desaparecidos.

Resultados
Los resultados serán públicos a partir de esta semana, cuando se inaugure en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) el proyecto Semillas; se trata de un mural audiovisual de 22 por dos metros que rinde homenaje a las víctimas del 68. Junto a ese mural habrá un dispositivo interactivo donde se podrá consultar la base de datos producto de esa investigación.
“Ese dispositivo estará abierto a la contribución de la ciudadanía. Las personas que conozcan casos de agraviados en el 68 podrán aportar información para completar esa base de datos”, explica Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto Semillas.
“Sabemos que las organizaciones de víctimas han manejado distintas cifras de muertos, heridos y desaparecidos. No es de nuestro interés validarlas ni contradecirlas. Lo que queremos es aportar evidencias y dejar los datos abiertos para que se siga investigando”, señala.

Días de furia
De acuerdo con la investigación de Zavala, de julio a diciembre de 1968 hubo 78 víctimas mortales, 44 de ellas el 2 de octubre en Tlatelolco y el resto en las semanas previas o posteriores a esa fecha. De esos 44, tiene plenamente identificados con nombres y apellidos a 34 y 10 más están anotados en los registros como “desconocidos”. Entre éstos hay una mujer que tenía un “embarazo avanzado”, por lo que contabilizó también a un “nonato”.
No es de extrañar los casos de muerte previos al 2 de octubre, si se consideran la represión generalizada de que fue objeto el movimiento estudiantil, así como los violentos choques que escenificaron estudiantes, granaderos y soldados. Fueron los casos de las marchas del 26 de julio, el desalojo del Zócalo el 28 de agosto y la toma del Casco de Santo Tomás por los granaderos y el Ejército el 23 y el 24 de septiembre: una batalla campal que duró 12 horas y que terminó con un número indeterminado de muertos y heridos.
El 26 de julio, por ejemplo, murió Federico de la O, estudiante de la Escuela de Comercio de la UNAM. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral producto de los golpes que le propinaron los granaderos, pero el parte oficial señaló que se debió a un mal estomacal causado por comer una torta en mal estado.
También están los casos de Arturo Colín, del Tecnológico 4 Mariano Azuela, cuyo hermano se encontraba desaparecido; y Joel Richard Fuentes, de la Preparatoria 3: su hermano Héctor fue herido con una bayoneta y lo llevaron al hospital Notre Dame de Polanco. El padre de ambos muchachos, Samuel Fuentes, murió de un infarto al enterarse de la suerte de sus hijos.
Ángel Martínez Velázquez murió baleado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás durante uno de los embates que realizaron soldados y granaderos para tomar ese centro educativo en la noche del 23 de septiembre. Los diarios publicaron que sus compañeros le improvisaron una capilla ardiente en la Escuela de Ciencias Biológicas. Lo velaron al tiempo que resistían, con piedras, cohetones, bombas molotov y armas calibre .22, el ataque de los granaderos, quienes recibieron apoyo de soldados en la madrugada del 24.
Esa noche murió Luis Lorenzo Ríos Ojeda, de 21 años, cuando los granaderos tomaron a balazos la Vocacional 7.
Un par de días antes murió el granadero Julio Adame González y resultó gravemente herido su compañero, Miguel Llamas González. El teniente del Ejército Benjamín Uriza baleó a ambos cuando los encontró golpeando a su madre, quien vivía en la Unidad Tlatelolco, donde los vecinos apoyaban a los estudiantes de la Voca 7.
El entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, encabezó un homenaje al granadero muerto –“pereció en cumplimiento de su deber”, dijo– y prometió a la familia una indemnización de 30 mil pesos, una casa nueva en San Juan de Aragón y el sueldo “íntegro y de por vida” para la viuda.

Registro documental
En la base de datos de Zavala aparecen 186 lesionados. Ella precisa que se trata de personas que sufrieron desde heridas leves hasta muy graves, pero de los cuales existe un registro documental serio. Pone por ejemplo el caso de Telésforo Manuel López Carvallo, soldado del 14 Batallón de Infantería, quien perdió un ojo y un dedo de la mano derecha durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco.
Muestra un telegrama del 21 de abril de 1969 y un memorándum del 22 de abril de ese año, en el que se asienta que Román López Avilez, padre del soldado herido, le pide a la Presidencia de la República una pensión completa, una compensación por los órganos perdidos y la construcción de una casa en La Paz, Baja California.
Respecto de los 31 desaparecidos, aclara que se trata de personas reportadas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero que fueron apareciendo posteriormente como heridas, detenidas o muertas. Zavala no incluye en esa lista a Héctor Jaramillo Chávez, un caso de desaparición forzada por el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó, entre otros, a Luis Echeverría Álvarez. “No lo incluí debido a que no se encontraba en los volantes que repartió el CNH denunciando las desapariciones”, explica la investigadora.

Agencias

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En 2018, nuevo récord de asesinatos

27/09/2018 – Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando ceda la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto dejará un país en el que diariamente 90 personas se suman a las más de 238 mil víctimas de homicidio doloso registradas en México desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó al Ejército y las fuerzas federales a una “guerra contra el narcotráfico”.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.
En los últimos 12 años las administraciones de Calderón y Peña Nieto cuadruplicaron su gasto en las funciones de justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y de seguridad interior, que pasó de 82 mil 917 millones de pesos en 2006 a 261 mil 341 millones de pesos este año, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno del priista.

“Guerra contra el narcotráfico”
Es decir, que desde el lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico”, la seguridad absorbió 2 billones 432 mil 856 millones de pesos del erario. Con estos recursos Calderón y Peña Nieto inflaron los aparatos de seguridad: las fuerzas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crecieron de 244 mil 238 militares en 2006 a 269 mil 738 actualmente; el número de policías federales se triplicó –de 11 mil 756 a 37 mil 331 en 2018– y la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó su personal de 21 mil 755 a 26 mil 190 agentes.
Desde 2007 las fuerzas de seguridad detuvieron en promedio a 29 mil personas al año por delitos de narcotráfico, erradicaron un total de 328 mil hectáreas de cultivos ilícitos y capturaron o eliminaron a líderes de grupos criminales, de los cuales el gobierno de Peña Nieto lo hizo con 109 de los 122 “objetivos prioritarios” identificados al principio del sexenio.
En lugar de frenar la violencia, ésta se desbordó y erosionó la confianza de los mexicanos en las instituciones de seguridad: seis de cada 10 mexicanos consideran que estas dependencias son corruptas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, que publicó el viernes 21 el Instituto para la Economía y la Paz.
A los más de 238 mil homicidios registrados desde 2007 –de acuerdo con un cálculo basado en las cifras del Inegi y el SESNSP– se suman más de 37 mil personas desaparecidas.
El Índice de Paz México 2018 estimó que, tan sólo en 2017, la violencia tuvo un impacto económico de 4 billones 72 mil millones de pesos, equivalente a 21% del Producto Interior Bruto (PIB) o una suma ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces superior a la inversión gubernamental en educación el año pasado.

Desbordamiento
En los últimos meses, Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta del país: las autoridades registraron 2 mil 135 víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto, un promedio de 8.8 por día, y un incremento de 139% respecto del mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con las estadísticas de las procuradurías locales, Guanajuato incluso rebasó a Baja California, Guerrero y Chihuahua en materia de asesinatos, y 25 de los 37 municipios que conforman el estado sufrieron incrementos superiores a 100% en homicidios dolosos desde los primeros ocho meses del año pasado y el mismo lapso de 2018.
En cuanto a Baja California, reportó 2 mil 37 asesinatos en los primeros ocho meses del año –40% más que el año pasado–; en Guerrero se registraron mil 707 víctimas de homicidio doloso; en el Estado de México, mil 674, y en Chihuahua, mil 582, según los datos oficiales.

Saturación
Esta semana el país dio un paso más en el horror, cuando se difundió que, ante la saturación de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, el gobierno de Jalisco contrató tráileres refrigerantes para almacenar y mover centenares de cadáveres no identificados.
En ese estado, las autoridades registraron mil 468 víctimas de homicidio en lo que va de 2018 –un incremento de 42% respecto de 2017–, la mayoría de las cuales provenía de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Tonalá.
Por municipios, Tijuana encabeza la lista de los más aquejados por la violencia: ahí se abrieron 2 mil 92 carpetas de investigación por homicidio doloso entre septiembre de 2017 y agosto pasado: un promedio de seis por día. En total, 12 de cada 10 mil tijuanenses fueron asesinados en 12 meses.
Siguen Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Culiacán y Guadalajara, donde se perpetró al menos un asesinato cada día entre septiembre de 2017 y agosto pasado. En Juárez se abrieron 969 carpetas de investigación de ese tipo; en Cancún, 444, y en Guadalajara, 395, todo lo cual representa más de 80% respecto del año anterior.
De acuerdo con una revisión exhaustiva de la base de datos del SESNSP, en 82 municipios de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en el último año. De éstos, 15 se encontraban en Guerrero, 11 en Guanajuato, siete en Chihuahua, seis en Michoacán y cinco en Colima.

El fracaso
De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, “ganar la guerra contra las drogas no es un objetivo de política viable para construir la paz” en el país.
Según el documento, a la par de que el gobierno federal continuó con la militarización del combate contra el narcotráfico, los grupos criminales de la delincuencia se apoderaron de nuevas actividades ilegales, como el tráfico de seres humanos, el robo de combustible de Pemex, la extracción ilícita de recursos naturales, las extorsiones y los secuestros, entre otros.
En un estudio anexo, el politólogo Guillermo Trejo, profesor en la Universidad estadunidense de Notre Dame, Indiana, sostuvo que en el marco de la guerra contra el narcotráfico “el crimen organizado ha pasado de cooptar a agentes estatales a apoderarse de trozos del Estado mismo”.

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El pragmatismo de la Cuarta Transformación

20/09/2018 – La ola de críticas a la podredumbre política exhibida por Morena en la ­primera sesión de la LXIV Legislatura incluyó la de Lorenzo Meyer, uno de los más sólidos defensores del presidente electo: “El Verde es el partido con el que menos debió de haber negociado porque es la quintaesencia de la corrupción del viejo régimen, el traslado de estos cinco diputados empaña y para siempre. Es también una estupidez; la legitimidad se consiguió con mucho trabajo y se pierde muy fácilmente con un hecho”

CIUDAD DE MÉXICO.- En preocupante contradicción con su oferta del cambio de régimen implicado en la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador ya ejerce el poder –que asumirá en dos meses y medio– con pragmatismo e ímpetu propios del presidencialismo autoritario. Ufano, impone su voluntad a diestra y siniestra sin valorar las consecuencias de su precipitada toma de decisiones o aceptando sin rubor las incongruencias derivadas de ellas. El burdo trueque de Morena con el Partido Verde para pasar de 247 a 252 legisladores y lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ha causado indignación en la ciudadanía y, al menos, desconcierto entre sus incondicionales.
A cambio de ceder cinco diputados, la franquicia verde exigió que el Senado avalara una trapacería surrealista: otorgarle licencia al senador Manuel Velasco Coello para que pudiera retomar su cargo de gobernador de Chiapas –¡como sustituto de sí mismo!– en clara violación de los artícu­los 55 y 125 de la Constitución. Además, en un primer momento de la sesión del martes 4, el Senado negó la licencia al senador Velasco, pero minutos después, tras un apasionado discurso del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los senadores recularon y otorgaron la licencia a Velasco, infringiendo el artículo 72 constitucional que prohíbe plantear un mismo asunto dentro del mismo periodo de sesiones (¡Así no…!, Proceso 2184).

Críticas
La ola de críticas a la podredumbre política exhibida por Morena en la ­primera sesión de la LXIV Legislatura incluyó la de Lorenzo Meyer, uno de los más sólidos defensores del presidente electo: “El Verde es el partido con el que menos debió de haber negociado porque es la quintaesencia de la corrupción del viejo régimen, el traslado de estos cinco diputados empaña y para siempre. Es también una estupidez; la legitimidad se consiguió con mucho trabajo y se pierde muy fácilmente con un hecho”, comentó en el noticiario de Carmen Aristegui.
Cierto, pero más allá de la torpeza del procedimiento inquieta la suciedad y la mentalidad que hay detrás del mismo. Decepciona que prevalezca una visión del poder que en lugar de aplicar los principios de ética política pregonados por Morena y su líder para, supuestamente, acabar con un régimen caduco y envilecido, se reproduzcan los métodos de ejercer la autoridad gubernamental marcados por la simulación, el autoritarismo y el precepto maquiavélico de que el fin justifica los medios.
¿Quién si no el propio AMLO pudo haberle ordenado a Monreal que a toda costa consiguiera la aprobación de la licencia del senador Velasco para asegurar la mayoría absoluta de Morena en el Congreso, que le permitirá sacar adelante su agenda legislativa, incluyendo las reformas constitucionales? ¿Por qué el presidente electo se negó a comentar el desaguisado de su partido llamando “corazoncitos” a las reporteras que lo interrogaron al respecto? ¿A cambio de qué actuó Morena como movimiento de regresión, no de regeneración, nacional?

Gobernadores
Por lo pronto, flanqueado por los gobernadores de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el presidente electo presentó el pasado domingo 9 en Palenque el proyecto del Tren Maya. La colaboración de los gobernadores, en especial de Velasco Coello, será fundamental para controlar los brotes comunitarios que pudieran surgir en contra de la construcción del ferrocarril.
Al día siguiente, la bancada de Morena en el Senado presentó la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que prevé la designación del fiscal general en los próximos días, sin haber reformado el artículo 102 constitucional a fin de garantizar una auténtica autonomía de la nueva institución frente al Ejecutivo. Por el contrario, López Obrador optó por una fiscalía que sirva al presidente. Será él quien designe al fiscal general para un periodo de nueve años. Del señor presidente dependerán también el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral, lo cual significa que el Supremo Poder Ejecutivo seguirá definiendo la procuración de justicia, que es el talón de Aquiles del estado de derecho en México.
En última instancia, el presidente seguirá decidiendo a quién se procesa por delitos de corrupción o de otra índole y a quién no, trátese de delincuencia común o de la derivada del crimen organizado. La Procuraduría General de la República cambiará de nombre al de Fiscalía, pero el presidente seguirá teniendo la llave del castigo o de la impunidad, como hasta ahora. Por tanto, en el ámbito de la procuración de justicia la transformación institucional estará limitada por la continuidad del poder presidencial en la materia: el que permite que se creen “verdades históricas” impuestas por el mandatario en turno. Seguiremos teniendo una justicia presidencialista, no autónoma.
También en materia de corrupción, la procuración de justicia basada en un diseño institucional dependiente del Ejecutivo, corresponde a gobiernos autoritarios. Es lo que permite que casos como el de la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra y tantos otros hayan quedado impunes por decisión presidencial. El próximo titular del Ejecutivo será también el gran juez. El Ministerio Público seguirá siendo un arma política del presidente de la “Cuarta Transformación”.
Cómo utilizará el presidente López Obrador ese inmenso poder, está por verse. Lo que está claro es que él será quien decida el significado y el alcance de ofertas como la “amnistía anticipada a corruptos” o la de “acabar con la corrupción, barriendo de arriba para abajo, como las escaleras”. Hasta ahora desconocemos si la corrupción del gobierno actual, la del líder del sindicato petrolero o el de otros magnates del proletariado o del empresariado quedarán impunes o no, pero sabemos que ello dependerá exclusivamente de la voluntad presidencial. Sabemos también que ello no supone un avance en materia de estado de derecho. La independencia política del Ministerio Público es condición indispensable de la justicia democrática. Al menos en este ámbito, el pragmatismo impedirá el cambio de régimen. Lástima.

Agencias

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A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños

17/09/2018 – “Hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año del sismo del 19 de septiembre aún se carece de un diagnóstico de las afectaciones y no hay certeza sobre el número de damnificados, la cantidad de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan. A ello se suma la falta de claridad en el ejercicio de los recursos económicos y sus reglas de operación. En concreto, no hay un programa real de reconstrucción.
Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”.
Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción.
A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de 100 que no aparecen”.
Explican: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad.
“Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la Ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió.
“Por otro lado, hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”

Falta un censo
Por su parte, la asambleísta Dunia Ludlow, quien será directora del Centro Histórico en el equipo de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, coincide con Salgado en que se desconoce el estado de los inmuebles dañados en la Ciudad de México y no se sabe el tipo de atención que se le tiene que dar a cada uno.
“Va a llegar otro sismo de la misma magnitud o peor, y evidentemente no estamos preparados. Y los miles de edificios que quedaron tocados están en riesgo, como los catalogados en amarillo y rojo”, afirma, en referencia a la catalogación hecha por Plataforma CDMX, la página en internet para consulta y ubicación de los inmuebles dañados por el sismo del año pasado.
“Además –prosigue Ludlow– no tenemos la certeza de que efectivamente sean rojos –a punto de colapsarse– o que efectivamente sean amarillos. También hay dobles clasificaciones. Por eso los vecinos hablan de la falta de certeza que brinda la Plataforma CDMX, cuando ésta debería ser el instrumento de comunicación y transparencia de la reconstrucción.”
Abunda: “La Plataforma CDMX no ha aclarado el destino de más de mil 810 millones de pesos que teníamos disponibles en 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso de 2018, se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaba establecido que iban a irse específicamente a la reconstrucción y que no sabemos dónde están.
“También falta aclarar el destino de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que es la diferencia entre lo asignado en el artículo­ 14 de la Ley de Reconstrucción, lo que dice la Plataforma CDMX y lo que dice el Fideicomiso (para la Reconstrucción) sobre la manera en que se va a asignar. En total, entre los recursos de 2017 y los de 2018, podemos decir que se han desviado o están en opacidad mil 80 millones de pesos y no sabemos qué pasó con ellos”, explica Ludlow.
A través de los colectivos Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan y Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, los damnificados han logrado distintos apoyos de las autoridades, unos a fondo perdido, otros bajo un esquema que les permite acceder a 35% de recursos del Fideicomiso, otros a partir de esquemas mixtos, “pero no es la misma atención para todos, esa es la gran injusticia que ha generado este gobierno.

La reconstrucción
César Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien el próximo 5 de diciembre será el nuevo comisionado para la Reconstrucción, habla sobre los problemas de los damnificados:
“En el proceso de reconstrucción hemos encontrado áreas de oportunidad donde podemos mejorar la atención a los damnificados; agilizar los procedimientos; hacerlos más sencillos; estar más cerca de las zonas donde hay afectaciones; convocar a más instituciones, organizaciones y fundaciones; organizar mejor a las empresas que están participando en la reconstrucción; mejorar la Ley de Reconstrucción; mejorar los procesos administrativos para eliminar los escollos que impiden a los damnificados acceder a los apoyos económicos”, asegura.
Para Cravioto, hubo mucha irresponsabilidad de Miguel Ángel Mancera, a quien le urgía renunciar al gobierno para ser candidato a senador.
Y abunda: “luego se empecinaron en sacar una ley que no generó certidumbre de cómo se iba a atender a los damnificados. Después vino el asunto de que tres diputados de la ALDF quisieron controlar los recursos de la reconstrucción y eso ocasionó que la primera comisión renunciara, y tuvo que entrar una segunda comisión; eso, a cinco meses del sismo, generó aún más incertidumbre.
Sobre el tema de que no hay transparencia en la reconstrucción, dice: “No sabemos cuánto (dinero) se ha comprometido, cuánto está por ejercerse. No hay un censo que nos dé confianza, hay mucha información disgregada, dispersa. Vamos a empezar un censo este mes y lo vamos a terminar antes de que acabe este gobierno, para tener información fidedigna de cuántas viviendas hay que levantar, cuántas familias están afectadas, para poder planear y presupuestar el costo de la reconstrucción de la ciudad.

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Manuel Velasco y la “pifia monumental” en el Senado

10/09/2018 – La bancada mayoritaria aprobó junto con legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido del Trabajo, por 82 votos a favor, 31 en contra (la mayoría del PAN y seis de Morena, entre ellos la excomandante de la policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado) más cuatro abstenciones, la petición de Velasco Coello, que además logró el apoyo de todos los coordinadores partidistas de la Junta de Coordinación Política.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al solicitar licencia al Senado para retornar como gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello “extinguió su cargo como senador y, por decisión propia, decidió ser mandatario estatal y no puede volver a la cámara alta”, sentencia el jurista Javier Quijano Baz, quien analiza este polémico caso que marcó con un escándalo político el inicio de la nueva Legislatura.
El martes 4, cuatro horas después de que la mayoría de senadores rechazaron la solicitud de licencia del exgobernador de Chiapas que llegó como senador plurinominal del Partido Verde, la mayoría de legisladores de Morena cambiaron el sentido de su voto.
En un hecho insólito, la bancada mayoritaria aprobó junto con legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido del Trabajo, por 82 votos a favor, 31 en contra (la mayoría del PAN y seis de Morena, entre ellos la excomandante de la policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado) más cuatro abstenciones, la petición de Velasco Coello, que además logró el apoyo de todos los coordinadores partidistas de la Junta de Coordinación Política.

Críticas en redes sociales
La segunda votación de un mismo punto generó una oleada de críticas en redes sociales y entre especialistas en derecho parlamentario, porque se presume que la solicitud de licencia de Velasco es una abierta violación al artículo 125 constitucional, que prohíbe que alguien desempeñe “a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación ni otro de un estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.
Para Quijano, en el Senado “se cometió una pifia monumental” al otorgarle licencia y pretender que después de terminado su periodo como gobernador, el próximo 8 de diciembre, Velasco retornara a su escaño.
“Es una clara incompatibilidad jurídica de los dos cargos. No se pueden ejercer dos cargos de elección popular. Y si Manuel Velasco eligió regresar a ser gobernador, automáticamente renunció al otro, según el artículo 125 constitucional”, argumenta.
–Durante el debate el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y el propio Manuel Velasco afirmaron que era un derecho de todo senador solicitar licencia. ¿Es correcto este enfoque?
–Es una falsedad lo del derecho a pedir licencia. En el caso de Manuel Velasco no se le conculcaron sus derechos. Él no tenía derecho a pedir esa licencia. Un legislador puede pedir licencia porque se va a operar quirúrgicamente, porque tiene que ir a un funeral, porque hará algún viaje, pero lo que no puede decir es “pido licencia como senador para ejercer el otro cargo de elección popular. ¿Por cuál optó en realidad?
“Por donde uno observe jurídicamente el caso, no hay senador en el caso de Velasco. Es lo que los senadores deben argumentar cuando pretenda regresar, en diciembre de 2018, después de terminar su periodo como gobernador.”
–Manuel Velasco afirma que hay otros casos similares, por ejemplo el del exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, o el de otros senadores que piden licencia, como José Ramón Enríquez, quien solicitó una ese mismo 4 de septiembre.
–Mancera no tiene dos cargos de elección popular. Renunció a su cargo como jefe de Gobierno y luego fue electo senador por la vía plurinominal. Él sí puede pedir licencia, pero no es el mismo caso que el de Velasco. Él pretende ejercer alternativamente dos cargos, como senador y como gobernador. Hay una incompatibilidad jurídica de los cargos.
“La única manera de enmendar esta pifia monumental es que no se le permita regresar como senador y se quede en el cargo su suplente”, advierte Quijano Baz.

“Amigo” de casi todos
El caso de Velasco escaló ante la opinión pública al surgir versiones de que se trataba de un “pacto político” con Andrés Manuel López Obrador para impulsar el Tren Maya con los cinco gobernadores del sureste, porque coincidió con la incorporación de cinco diputados federales del Partido Verde a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y porque las redes familiares, de negocios y políticas del propio Velasco atraviesan a prácticamente a toda la clase política.
“Todos le deben favores y, fundamentalmente, dinero”, afirmó a Proceso un excolaborador de Velasco Coello que conoce la forma de operar del joven político, emparentado con el fallecido exregente capitalino Manuel Camacho Solís. Su abuelo Fernando Coello tiene una antigua y pública relación de apoyo a López Obrador.
Velasco también mantuvo una firme alianza con Osorio Chong, a quien apoyó en la contienda interna priista por la nominación presidencial de 2018, ha dado su respaldo a Dante Delgado de MC y también fue aliado político del exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Por si fuera poco, reforzó su alianza con Ricardo Monreal desde que el actual coordinador de la bancada de Morena era delegado en Cuauhtémoc.
Velasco también está emparentado con la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador, Josefa González Blanco Ortiz Mena, hija del exgobernador priista chiapaneco Patrocinio González Blanco Garrido, primo de la madre de Manuel Velasco.
El árbol genealógico de Velasco Coello lo emparenta asimismo con la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, nieta de Salomón González Blanco, y con el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Desde el Partido Verde, Velasco Coello fue uno de los primeros legisladores que apoyó las aspiraciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en su carrera por la Presidencia en 2012, y desde su gobierno en Chiapas apoyó las reformas estructurales del presente sexenio.
En la campaña electoral, Manuel Velasco reforzó su alianza con el exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, a tal grado que su suplente es un hijo de éste, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, quien podría quedarse como titular del escaño que abandonó el chiapaneco.

Agencias


AMLO y los militares: no se avizora cambio alguno

28/08/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- “El rescate del Estado implica la reconstrucción de la organización del territorio y del poder político, con la participación de los ciudadanos… proveyendo ?las condiciones necesarias para garantizar derechos humanos, individuales y sociales.”
Proyecto de Nación 2018-2024 (Morena-AMLO).
Bogotá: Del desencuentro al triunfo tutelado
Con el resguardo del Estado Mayor Presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió su constancia como presidente electo el 8 de agosto y, de no hacer un replanteamiento de fondo respecto del principio de supremacía civil (como lo muestra su visita a Lomas de Sotelo y a Coyoacán el 22 y el 23 de agosto, respectivamente), continuará su tránsito hacia el ejercicio de un poder que terminará tutelado por los militares del país.

Descalificaciones
Atrás, al menos para el presidente electo, quedaron las descalificaciones de los secretarios de Defensa y Marina, quienes lo ridiculizaban como candidato y no dudaron en expresar su desdén ante su protagonismo como “actor social” (así calificado en boletines y discursos). También quedó atrás el adjetivo de “matraquero” endilgado por AMLO al general de cuatro estrellas (en la peculiar formalidad militar mexicana sólo hay uno, el titular de la Sedena) cuando el uniformado, en su indebida campaña política, se aprestó a recibir un doctorado honoris causa por una universidad pública (bajo la “recomendación” de un sector castrense), como parte de la cobertura de propaganda a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
A diferencia del grueso de ofertas de campaña que lo llevaron al triunfo, AMLO se pronunció, por un lado, con ambigüedad (no usar la ley para reprimir movimientos sociales) respecto de las amplias atribuciones militares con la aprobación y vigencia de la LSI. Una ley severamente cuestionada e impugnada, dentro y fuera del país, por sus vicios de inconstitucionalidad y el grave riesgo que representa para las garantías ciudadanas y los derechos humanos de la población. Por otro lado, a partir del 2 de julio, AMLO ha omitido siquiera revisar su pertinencia y menos derogarla, como debería hacerlo a la luz de las demandas de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y otras, como la CNDH y la misma ONU.
Llama la atención el silencio de los críticos de la LSI, organizados y en lo individual, luego del triunfo electoral de AMLO, que no persisten en su reclamo por echarla abajo, sabedores de que el gobierno entrante continuará con esquemas fracasados, creados e impulsados por sus predecesores, como el mando único policial.
Todo indica que los mecanismos intrusivos y antidemocráticos de la LSI serán la base para aspirar al modelo estadunidense de Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security)… pero “a la mexicana” porque, además de constituir la moneda de cambio castrense de control político y social al servicio del gobierno entrante, serán los militares el factótum de la nueva hegemonía de poder sin contrapesos reales ni formales. De ahí la retórica de “esperar” a que la Suprema Corte “decida” sobre una ley que ya se aplica desde diciembre pasado (véase la entrevista: Durazo ofrece verdad y justicia. El país un panteón, Proceso 2181), olvidando que se trata de la misma Corte que aprobó la jurisprudencia que les dio el disfraz de policías a los militares bajo la coartada del confuso concepto de “seguridad interior” que figuraba sólo en leyes orgánicas castrenses.
El documento sustantivo de la campaña del presidente electo fue el Proyecto de Nación 2018-2024, cuyas 461 páginas son escasas, generales u omisas, dependiendo, en lo que atañe a la agenda de seguridad y defensa, la función militar y sobre el análisis de su desempeño.
Entre otras cosas, la LSI ni siquiera es mencionada, en tanto que la “Guardia Nacional” –ya cancelada, según señaló Alfonso Durazo, el próximo titular de Seguridad Pública, el miércoles 15– fue desvirtuada en su concepto civilista original para dejarla en manos castrenses, tal como lo habían anunciado voceros oficiosos del Ejército y la Marina (Íñigo Guevara, El Heraldo de México, 10 de julio de 2018).
El complejo Mx “sui generis”:militares intocables
En 1946, con la culminación del proceso civilista del poder en México, los militares fueron acotados del ejercicio político con prerrogativas y privilegios otorgados por el presidente mismo (con reglas escritas y no escritas). Todo a cambio de la lealtad e incondicionalidad castrense de servir al Ejecutivo federal (civil) y a su camarilla gobernante, incluso recurriendo a la fuerza represiva en nombre de la razón de Estado (ahora se dice que de la seguridad nacional e interior), y así garantizar la hegemonía y el control del país.

Gobernanza autoritaria
Ese sería el modelo sintético de la gobernanza autoritaria o semidemocrática que privó durante más de seis décadas en el país y que llevó a justificar, en el discurso y la práctica política, la ausencia de reforma del sector de la defensa (Ejército y Marina), tal y como ocurrió en el hemisferio y en otras latitudes donde se vivieron regímenes autoritarios y/o dictaduras represivas (militares o civiles con el apoyo castrense), al despuntar la ola democratizadora en los ochenta y noventa.
Se decía, y se dice, que no haber pasado por una dictadura militar (salvo el lejano golpe de Victoriano Huerta en 1913) era razón suficiente para no revisar siquiera las condiciones de los militares y su relación con el poder civil en México, el papel y el perfil que debían tener en un proceso de transición democrática y, posteriormente, en su consolidación. Esto resultó en más autonomía militar en detrimento del desarrollo democrático del país.
En la práctica, la ignorancia y/o miopía de gobernantes e intelectuales permitió, entre otras cosas, que en los últimos 25 años los militares mexicanos no sólo evitaran cambios según las exigencias de su papel en la transición política, sino que trastocaran un pacto no escrito (cuyo origen se remonta a 1928) con características clientelares y corporativas: ensancharon sus prerrogativas económicas, políticas y legales con garantías de impunidad gracias a su involucramiento, tanto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (antes lo fue contra la guerrilla rural y urbana), como en el “apoyo” a enfrentar la crisis de seguridad que ha hundido al país en la violencia.


El director del Inacipe: inviable, un fiscal general independiente

El nombramiento de los próximos fiscales general y anticorrupción ya empezó a generar problemas. Sectores de la sociedad –ONG y empresarios, principalmente– creen que ambos deben ser nombrados sin la intervención presidencial. López Obrador no piensa lo mismo. En opinión de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el nombramiento del fiscal general (que sustituirá la figura del procurador general) debe ser prerrogativa del presidente, no así el del fiscal anticorrupción, quien debe ser independiente del Ejecutivo para poder juzgar, entre otros, al propio jefe del Ejecutivo.

21/07/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un “fiscal carnal”, como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora López Obrador se mantiene en su postura, a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.
Ninguna de las partes cede, aunque la semana pasada comenzaron formalmente una serie de encuentros en los que el único punto de coincidencia es que se debe cambiar la forma en que México ha “procurado” la justicia, a la vista de que es uno de los países con más impunidad en el mundo. Apenas uno de cada 10 delitos se castiga.

Facultad constitucional
Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está en favor de que el presidente de la República mantenga la facultad constitucional de proponer al que será el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que sustituirá a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR).
La autonomía que reclaman las ONG para el nuevo fiscal general la reserva el investigador para quien será el nuevo fiscal anticorrupción.
“Todos estamos de acuerdo en que se deben combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Cuando vemos que algunas procuradurías tienen un nivel de impunidad de hasta 95% es claro que tenemos que hacer algo. Pero en el debate sobre la autonomía de la fiscalía hay una confusión”, comenta en entrevista.
Con su insistencia de que debe castigarse a los funcionarios corruptos, dice que los delitos contra los servidores públicos no se pueden perseguir igual que los de la delincuencia federal: “El resultado es que no se persiguen unos ni otros. Por eso es necesaria una fiscalía anticorrupción independiente, que única y exclusivamente se concentre en los delitos de los servidores públicos”.
Las ONG piden que la FGR sea autónoma, como lo dice el artículo 102 de la Constitución, pero buscan una nueva reforma para que la designación del titular y de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales esté en manos de expertos de la sociedad civil, el Congreso y el presidente de la República, y no sólo en éste, como ha sido hasta ahora.
Ese artículo no está regulado, y mientras no haya una ley no va a haber consenso, ataja Laveaga.
–¿Por qué no hacer eco de esta exigencia si la experiencia en México nos demuestra que los ministerios públicos han estado al servicio de los presidentes y de los gobernadores?
–Porque el bono democrático lo tiene el presidente de la República, que es quien gana una elección y presenta un programa de gobierno. Para ser autónomo, el fiscal general tiene que ser electo, pero no es el caso de México. Además, el Estado no puede renunciar a su facultad sancionadora. Hay que garantizar que se castigue el delito, pero eso no se logra con una fiscalía general autónoma.
“Los delitos se enfrentan a partir de la discrecionalidad, como en Estados Unidos o Inglaterra; o de la legalidad, como en Italia y España, donde se dice que se tiene que perseguir todo. Pero ningún país tiene un aparato para perseguir todos los delitos que se cometen.

Autonomía
“La autonomía implicaría que el fiscal decidiera qué delitos sí y cuáles no perseguir. Y en ese caso, el presidente de la República, quien goza del bono democrático, carecería de la discrecionalidad para la persecución de los delitos de acuerdo con su política criminal.”
En la práctica, si el presidente está interesado en la evasión de impuestos, delitos ambientales o el contrabando, un fiscal autónomo podría decir que no, que su prioridad es el secuestro o el homicidio, ejemplifica. “Necesitamos una FGR que dependa del presidente de la República para que él nombre al fiscal y pueda removerlo”.

Casos separados
Laveaga pone por separado el caso del fiscal anticorrupción: “En este caso estamos ante un modelo moderno en el que el Estado sí puede ceder parte de su potestad punitiva. Pero sólo para delincuencia gubernamental, para perseguir a los servidores públicos corruptos.
“En los demás delitos, el presidente tiene que decidir y el procurador ser su empleado. Las organizaciones no gubernamentales están disparando balas al aire. En lugar de concentrarse en la fiscalía anticorrupción lo están haciendo en una institución del Estado, que es la facultad punitiva, a la que ningún Estado va a ceder.”


El triunfo de la esperanza

5/07/2018 – Ciudad de México.- La gente que fue al Zócalo a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es la izquierda coleccionada por sí misma: el cardenismo de 1988 –el del reclamo para que se contaran los votos y jamás el de la evocación de la educación socialista–, el zapatismo de 1994 –el que reconoce que México es racista y encuentra en la autonomía comunitaria una solución al descomunal despojo global–, el de la lucha contra el desafuero del alcalde electo de la Ciudad de México –que piensa que las opciones en la boleta no deberían ser palomeadas por el presidente en turno como una forma de dedazo enguantado en legalidad–, el estado de ánimo que en los dos fraudes –2006 y 2012– denunció lo que obstaculizaba el simple depósito de la boleta en una urna y su conteo: el fraude cibernético y la compra de votos, la decisión de los poderes monopolizados por encima de lo que es tan simple: un domingo de cada tres o seis años, todos valemos lo mismo: uno.

La épica a la mano es la de lo pequeño. En cada uno de los 30 millones que votaron por el tabasqueño el domingo 1 de julio hubo, por primera vez, la sensación de que tiene un efecto discutir las opciones, decidir por una, y levantarse para ir a votar. De eso se trata la presencia de los cuerpos en las calles: nadie los ha convocado, se han coleccionado a sí mismos, para dejarse ver, para abrazarse en un desenlace feliz por compartido. Además de la épica tan prohibida por los jueces cínicos que desdeñan todo triunfo de los más –aquí, los pobres; aquí, también, la clase media cuya existencia ya es sólo tarjeta de débito, indignada por la corrupción; aquí, el millón de familias sin poder salir de la frecuencia de la violencia y el miedo cotidianos–, además de esa heroicidad que significa ir a votar en un país en el que, entre el sufragio y su conteo, siempre se interpone el dinero, la trampa, también ejercemos en público la otra prohibición: lo sentimental. Desde Eugenia León cantando “La paloma” hasta el recuerdo de los puños apretados en el desafuero de 2005 y el desenlace por punto cinco de 2006, las lágrimas se abren paso. La felicidad es una forma de la modestia. Es breve pero densa.
Los que hemos llegado hasta aquí pasamos por todo: no es lo mismo ganar, que te dejen ganar; no es lo mismo ganar y que te dejen gobernar –todavía resuenan las televisoras pidiendo la renuncia del primer jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas–; no es lo mismo ganar que enunciar un porvenir. El “quizás” es su única ocasión. Pero existe ahora en las calles ocupadas por miles de cuerpos que se presentan sin ser convocados por un poder. ¿Qué dicen con su aparición? Me acuerdo de unos versos de Carlos Pellicer, a cuya campaña externa al Senado en 1976 le debe Andrés Manuel López Obrador su entrada a la política:

El acto de pensar se vuelve canto
y nuestra vida al borde de la noche
comienza a despertar.
No hay que volver a nada.
Ya casi hemos llegado a nube firme.

Un vapor seguro. Eso es el movimiento. El velo macizo cuya entrada en la historia es nombrarse como histórico. Se entra de espaldas, mirando las derrotas del pasado y a sus muertos. No puede entrarse de frente porque el porvenir no se puede ver, salvo nombrarlo como quizás. Se usa a un hombre que tiene tres nombres: Andrés Manuel, para quien lo conoce; López, para quienes creyeron que haciéndolo un hombre común le restaban en vez de sumarle; Obrador, para quienes es la idea de alguien que hace, que concibe, que compone, que gobierna y no sólo administra. López Obrador es el hombre que quiere actuar pero que no lo dejan. Es el hombre de los obstáculos y por eso su triunfo es de la esperanza trágica. No del optimismo como fe ciega en que las cosas se van a despejar, sino de quien tuvo que tomar los restos que nos dejó el naufragio para hacerse de una barca. La felicidad de este Zócalo es la de sostener el cuello delante de una tempestad.
Andrés Manuel era un militante del partido que surgió del fraude de 1988 cuando, silenciosamente, se mudó con su familia a un departamento de Copilco 300, frente a la Universidad Nacional. Yo vivía en la planta baja del edificio 16, desde el 85, y me lo topaba en las madrugadas; yo llegando de los despojos de una sobremesa dilatada hasta el arrepentimiento; él saliendo, recién bañado, a trabajar. Nos dábamos los buenos días y él se metía al Metro y, a veces, hablaba por el teléfono de la esquina. Sólo una vez hizo una fiesta, el día de su cumpleaños: el pasillo olía a pescado y se escuchaba una marimba. Tiempo después se mudó con su esposa Rocío, enferma de lupus, y sus hijos, a unos departamentos del parque de enfrente, el Hugo B. Margain, a un edificio viejo desde el que algunos representantes del Consejo Nacional de Huelga de 1968 vieron la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército. Cuando lo desaforaron por órdenes del presidente Fox para que no compitiera en la boleta, desde ese parque daba sus conferencias de prensa. Las paredes del entorno se llenaron de notas de apoyo: “Peje, El Toro”. Desde entonces es el hombre común, el vecino discreto, el hombre cuya medianía enfurece a los oligarcas del dispendio.
Cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México fui a verlo para escribirlo. Me adentré en eso que fueron las conferencias de prensa a las seis de la mañana, el Zócalo, este Zócalo hoy festivo, entonces, en 2004, desierto y frío; una cafetera destartalada en la apretada sala llamada “Francisco Zarco”, y el manejo de las preguntas con él “lo que diga mi dedito”. Por razones que no recuerdo, me fijé en el escritorio de su oficina: un libro de Antonio Ortiz Mena, dos de historia nacional del siglo XIX, artesanías que le regalaban en las comunidades, un café turco para aguantar la jornada de 10 horas. Ese es Andrés, el estudiante de Ciencia Política que puso a prueba su primer matrimonio al irse durante años con los campesinos de La Chontalpa de Tabasco. Lo volví a ver cuando subió los terrenos del Encino, cuando lo desaforaron por construir un camino para un hospital. A ese mismo, al hombre común (López) al que no dejaban hacer (Obrador) lo miré sentado junto a Elena Poniatowska en una carpa en este mismo Zócalo, entonces el Zócalo del fraude electoral, diezmado, entre aguaceros. Esa madrugada, un día antes de la resolución de la Corte que le dio la Presidencia a Felipe Calderón, una camioneta amarilla arrolló a los manifestantes contra el fraude electoral sobre Reforma frente al Museo de Arte Moderno. Se dio la vuelta, subió el camellón, y trató, de nuevo, de pasar por encima de los que hacían guardia. Ese conductor simboliza todo lo que se opone al lopezobradorismo. En su intento homicida dejó ahí tirada la defensa de su coche.
Lo que apoya este triunfo esta vez no son sólo los pobres o los viejitos, como despectivamente aseguraron los opinólogos en 2006, sino además los jóvenes, las mujeres, y las clases medias universitarias. En la suma para una coalición electoral y no ideológica, se diluyó la izquierda del cambio de sistema económico por el cambio de régimen político. El combate a la corrupción como prioridad sobre la desigualdad. Lo que había cambiado no era López Obrador, sino el país: roto por las consecuencias de los dos fraudes electorales, la guerra de Calderón como legitimación del que se sabe impuesto y las privatizaciones de Peña en petróleo y educación, la patria necesitaba una reparación. El neoliberalismo dejó de funcionar como porvenir modernizador y sólo planteó un ataque al “populismo”, es decir, a abrir el capitalismo de los compadres. Del lado modernizador no hubo más que un futuro como presente mejorado. Se le pidió a los electores esperar a que lo que no había funcionado en 30 años, empezara, ahí sí por arte de magia, a funcionar. El candidato del Frente PAN-PRD empezó hablando de autos que volaban y terminó repartiendo tarjetas cuyos fondos “de por vida” se activarían si ganaba. El candidato del PRI tuvo que cargar con el desprestigio del presidente en funciones y trastabilló entre el “no soy del PRI” al “háganme suyo” a abrazar al líder de los petroleros, símbolo contundente de la corrupción.
“López” es, a decir de Carlos Monsiváis, el político más atacado desde Madero. Contra él se han usado desde el “payaso” que le profirió Diego Fernández de Cevallos en la exhibición impúdica de los expedientes falsificados del Paraje San Juan en 2003 –el magistrado Mariano Azuela lo llamó “demócrata populista”– hasta su infarto en 2013. En esta campaña la retahíla de insultos en su contra siguió la abigarrada línea de la rabia oligarca y de la clase media que fantasea con que votar por el neoliberalismo lo candidatea para portada de Forbes: sirve a intereses extranjeros –rusos o venezolanos–, espanta la inversión, está senil, tiene dos departamentos de 85 metros cuadrados, es una vuelta al echeverrismo –un corporativismo donde ya no dejaron casi nada de Estado–, es “provinciano” –dijo el ganador de los Juegos Florales de Tehuacán en 1954, Gabriel Zaid–, está enfermo –del corazón o de ambición, usted escoja–, va a regalar dinero en efectivo –dicen los de las tarjetas de compra del voto–, y –last but not least– “pactó con el PRI”. Del otro lado, de los que se fueron uniendo a la idea de un país naufragado que requería de los restos que había dejado la tempestad para hacer una barca, también se recibieron insultos: se les dijo que iban a votar por puritito coraje y sin pensar –dijeron los que han usado como argumento el miedo a perder la casa que ni es tuya– o que estaban aburridos y melancólicos como ajolotes enjaulados en la genética de un cromosoma vernáculo. Hacia el final de las campañas, imperó una defensa extraña del reparto del voto como blackjack: “Si quieren voten por el honesto, pero también por los rateros, para preservar la pluralidad”. Esta última propuesta fue del ingeniero Krauze y de la cantante Gloria Trevi.
Pero “Obrador” fue refractario a los insultos. Desde 2003 en que se le demanda por mil millones de pesos en indemnizaciones por el Paraje San Juan, el funcionario público se sitúa en la categoría de “ejemplar”: reconoce la ley y sus resoluciones, pero, también, avisa sobre sus consecuencias. En la hipocresía de un país en el que la ley se sacraliza en la letra pero que es laxa en sus resultados, Obrador es quien, desde el desafuero y en los dos fraudes en su contra, establece una utopía mexicana: que ley y justicia corran por los mismos caminos. La forma en que aguantó los ataques está sostenida en su “ejemplaridad”: si él es intachable, podrá exigirle lo mismo a sus funcionarios y a nuestros representantes. El problema con todos los insultos fue de quién provenían. Para decir una mentira que tenga éxito es necesario que el que la profiere sea confiable. Nunca fue el caso.
Veo en la gente que ha salido a la plaza central que estuvo secuestrada por el gobierno capitalino durante seis años, otras utopías. Una de ellas me parece la más profunda: un deseo de reconocimiento y, por lo tanto, acabar con el menosprecio.

Reconocimiento
El reconocimiento es, desde luego, esa formación de una identidad por reciprocidad. Desde esa mirada, se puede hablar de “derechos” como pretensiones individuales que sabes que los otros cumplirán. Los deberes son su contraparte. La preservación de los derechos por los demás es a lo que llamamos “dignidad”. En la experiencia del reconocimiento, el sujeto está seguro de su valor en la comunidad. Ese autorrespeto surge de una tensión entre “el yo” –los impulsos y apetitos legítimos– y el “mí”, que es la conformación delante de los otros.
Eso es lo que veo en esta gente que celebra su triunfo: el deseo de existir para los otros, de no ser más menospreciados, de contar, al menos por esta noche, con el “honor” social, con eso que el lema de campaña llamó “hacer historia”. Mirado desde esa perspectiva se entiende el cambio que estamos haciendo: incluir simbólicamente en la idea de patria a una mayoría menospreciada. Las luchas por el reconocimento son, en el fondo, afectivas. El amor, en el sentido político y no en el sexual, es sentirse recíprocamente reconocidos y poderse distanciar unos de otros sin aflicción y sin agobio. Somos una sociedad de castas que vive el disenso como división y la lucha contra el menosprecio como “siembra de odio”. Nadie como los ciudadanos de esta noche han sido tan menospreciados y tildados de lastre para “lo moderno”. Hoy han respondido al votar.

¿Qué nos espera?
Nunca se sabe con la historia. De pronto se llena de gente y de pronto la abandonan. Aquí se abarrota de salida de emergencia, de reconstruir el barco con los restos que dejó el naufragio, de que se vayan los ruines y no sigan medrando, rondando el saqueo. Somos como el agua del pozo que se derrama: cubriremos la tierra por querernos beber el cielo. Pero, al menos, sabremos lo que es la luz.


Guerrero, donde el narco manda…

9/05/2018 – La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho.

CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.
A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.
Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.
De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores.
Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo.
Otro asunto que refleja el problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana.
Pese a los señalamientos, el PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio controlado por el narcotráfico.

Mineras en la mira
El 23 de marzo último, Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta zona del estado.
La refresquera expuso que, recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”.
Otro caso: en junio de 2015, la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia, municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a La Familia.
Así, a una semana del ataque a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y mucho menos detenidos.
Amparada por la ausencia de las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y política.
En agosto de 2017, este semanario informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo delictivo de La Familia.
Esta mina de 12 mil hectáreas era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces.
De acuerdo con declaraciones ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China.
En su edición 2081, Proceso publicó el reportaje Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario en Guerrero, en el que empresarios y personajes de la política del estado denunciaron que el impulso que el gobernador Astudillo realiza en favor de ciertos proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada.
El 12 de julio de 2017, el presidente del Clúster Minero de Guerrero y gerente de la empresa canadiense Media Luna, Alfredo Phillips Greene, anunció tres proyectos en la zona norte y en Tierra Caliente.
También expuso que Grupo Peñoles, que actualmente explota la mina Rey de Plata en la zona norte, se va a expandir a la región de Tierra Caliente para invertir 200 millones de dólares en “una importante zona con potencial minero” ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, lugar que ha sido golpeado por la violencia que generan los cárteles.
Phillips Greene agregó que la canadiense Alio Gold –antes Timmins Gold Corp– está en fase de desarrollo del proyecto minero Ana Paula, ubicado entre los municipios de Cuetzala y Apaxtla, en la zona norte.
El anuncio de inversión extranjera ocurre en un contexto de intensa confrontación entre grupos delictivos por el control de las zonas mineras de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como por la producción y el trasiego de heroína hacia el Estado de México. Se trata de una confrontación que ha dejado muerte, terror, desplazados, pueblos fantasmas, ­desaparecidos y que tiene paralizada la economía local.

El desorden del fiscal
El pasado 25 de abril, Xavier Olea Peláez anunció su dimisión como fiscal general de Guerrero. Su salida se da en un ambiente de impunidad y de extrema violencia. Durante el periodo que estuvo en el cargo, dos años y cuatro meses, hubo al menos 5 mil homicidios dolosos.
De acuerdo con víctimas y fuentes de la fiscalía, Olea Peláez se caracterizó por su frivolidad y se va sin resolver, entre otros asuntos, una decena de homicidios de políticos en pleno proceso electoral.
Además, dejó una fiscalía en la que la mayoría de sus mil 406 policías ministeriales no pudo ser certificada y 750 cadáveres permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense del estado, debido a la falta de recursos humanos y técnicos.
En la tragedia de Guerrero también cabe la corrupción: integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda con Vida de Personas Desaparecidas reprocharon que el gobierno de Héctor Astudillo Flores destinó “en la opacidad” 6 millones de pesos para construir un panteón forense de la Fiscalía del estado en el interior de un cementerio privado que administra una empresa propiedad del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez.
Para los miembros de la organización, ese dinero debió invertirse en la elaboración de perfiles genéticos de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, dijo Lamberto Castro de la Cruz, integrante de la caravana y del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilpancingo.
Olea Peláez se ha caracterizado por asumir la defensa legal de personajes polémicos, como Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Arturo El Negro Durazo.
Mientras es designado el reemplazo de Olea Peláez –el segundo fiscal que deja el gobierno de Astudillo–, el encargado de despacho es el vicefiscal José Antonio Bonilla Uribe. A su vez, los policías judiciales seguirán bajo el control de Esteban Maldonado Palacios.
Durante 10 años, Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de Investigación de la fiscalía, desde donde ha enfrentado diversos señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incurrir en diversas irregularidades.


A 80 años de la expropiación, la desnacionalización petrolera

El desmantelamiento de la soberanía mexicana sobre sus hidrocarburos se inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y culminó en el actual, con la llamada reforma energética y, más aún, luego de descomunales fraudes sucesivos. De acuerdo con diversos especialistas, fue el Fondo Monetario Internacional el que obligó a hipotecar nuestro petróleo a cambio de créditos y el Tratado de Libre Comercio. A 80 años de la expropiación petrolera –que se cumplen este domingo 18–, la paraestatal creada por Lázaro Cárdenas se ha convertido en “una mera administradora de instalaciones y empleados” de los grandes consorcios extranjeros.

22/03/2018 – Ciudad de México.- El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, anunció la expropiación de la industria petrolera, y con ello las grandes empresas extranjeras –algunas antecesoras de BP, Shell o Chevron– que extraían el hidrocarburo mexicano debieron salir del país.
Tres meses después nació Petróleos Mexicanos (Pemex), creada para “prestar servicios al Estado” explorando, produciendo y explotando el hidrocarburo para beneficio de los mexicanos. Su arranque fue posible gracias al dinero que miles de ciudadanos aportaron.
Hoy, 80 años después, las grandes firmas extranjeras no sólo regresaron a México –BP, Chevron y Shell, entre ellas–, sino que tienen a Pemex como su empleada. El ingeniero Fabio Barbosa Cano, experto en aguas profundas, dice a Proceso que Pemex es hoy “una mera administradora de instalaciones y empleados”. Todo gracias a la lenta privatización que inició Carlos Salinas de Gortari y culminó Enrique Peña Nieto con la reforma energética.
De ser una de las principales del ranking mundial como productora de petróleo, Pemex hoy está en octavo lugar. De tener refinerías con 80 y hasta 90% de producción, hoy las tiene funcionando apenas a 40 o 60% de su capacidad.

Etanol extranjero
De exportar 50% del crudo, ahora lo hace en 80%, lo que ha obligado a la importación de gasolinas para el abasto local. De contar con las mejores plantas petroquímicas, hoy necesita comprar etano al extranjero para poder mantenerlas con una mediana producción.
Los 17 mil kilómetros de ductos por los que se transporta gas y gasolina pasaron de ser un tema de seguridad nacional a un simple objeto de renta al mejor postor, con las llamadas “temporadas abiertas” o “venta de plaza”.
Y lo más grave, de detentar la exclusividad de México para explorar, explotar y producir crudo, ahora empresas de 17 países tienen en sus manos contratos para dichas actividades en 116 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional, en mar, tierra firme y aguas someras.
Si en 1938 Cárdenas expulsó a las grandes empresas petroleras que explotaban los bienes nacionales, Enrique Peña Nieto no sólo permitió la entrada de compañías de 17 países, sino que además les entregó la información geofísica y geológica que durante décadas investigaron y desarrollaron los ingenieros de Pemex.
En su más reciente reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex consignó pérdidas por 352 mil 259 millones de pesos, sólo en el último trimestre de 2017.
A todo lo anterior hay que sumar que el gobierno federal ha puesto en venta todo lo que ha podido: desde tornillos, rieles, vehículos, válvulas, casas, terrenos, buques-tanque y plantas petroquímicas hasta grandes plataformas marinas. Todo se ha rematado al mejor postor e incluso se ha vendido tres veces por debajo de su valor real.
En suma, en el aniversario 80 de la expropiación petrolera no queda ni el suspiro de lo que Cárdenas pudo haber soñado.

Venta de garaje
Geóloga, extrabajadora de Pemex “y abuela”, como se presenta, María Fernanda Campa –además, hija del líder comunista Valentín Campa– resumió y alertó el 3 de junio de 2008 a los legisladores federales del peligroso rumbo a la privatización.
Dimensionó el peligro, pero nadie la atendió. También trazó la línea del tiempo de la privatización. Recordó que desde 1982, con el estallamiento de la crisis de la deuda, las reservas petroleras pasaron de ser la joya de la corona, la razón de “la administración de la abundancia”, a ser moneda de cambio para la entrega de créditos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), rehén de Estados Unidos.
“Por primera vez, desde la expropiación petrolera, la banca norteamericana obligó a Pemex a informar acerca de sus reservas petroleras y ponerlas como aval para los préstamos”. Desde 1938 –siguió– México sufrió el bloqueo de parte de la dupla anglosajona (Gran Bretaña y Estados Unidos, de donde eran las empresas expulsadas por Cárdenas) para que Pemex no avanzara.
Pero Pemex avanzó con el apoyo de todos los mexicanos, que hasta gallinas donaron para sacarla adelante.
En 1975, con el llamado “boom petrolero” y el descubrimiento de yacimientos como Cantarell, el bloqueo quedó de lado. Pero en 1995 sobre México pesó la presión para privatizar el sector petrolero.
En la línea de tiempo de la debacle de Pemex, Campa ubica el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la negociación del Tratado de Libre Comercio, el error de diciembre y el préstamo de 50 mil millones de dólares para que no cayera el país, hipotecando de nuevo el petróleo.
La carta de intención del FMI dice, leyó la geóloga en el Congreso: “El gobierno mexicano acelerará las reformas reglamentarias y legales pendientes, y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desregulación de las frecuencias de los satélites, la electricidad y la privatización del sector petrolero”.
No fueron los presidentes, desde Miguel de la Madrid al actual, quienes privatizaron; sólo siguieron los dictados, afirmó Campa el 3 de junio de 2008, cuando se argumentaba contra la reforma petrolera que impulsaba Felipe Calderón.
Jaime Patiño Ruiz, ingeniero y extrabajador de Pemex, describe a este semanario lo concretado por los gobiernos priistas y panistas. En 1992 se dividió a Pemex: “La idea era separar la industria para enfocarse en explorar y producir crudo. Se abandonó la inversión en los sectores de transformación (refinación). Vender crudo era la opción de obtener dinero rápido ante los constantes incrementos de los precios internacionales. Refinación y petroquímica se abandonaron”.
Hasta 2013, sostiene, la restitución de las reservas se mantuvo al 100%; es decir que se descubrían volúmenes de hidrocarburos equivalentes a lo que se extraía cada año. “Desde 2014, cuando comenzó a ser efectiva la reforma, las reservas han caído constantemente y no ha habido restitución entre 2013 y 2016… En términos prácticos, la reforma ha detenido el nivel de la actividad exploratoria de Pemex”.
Sostiene que el trabajo de los exploradores de Pemex se ha centrado en preparar y organizar la información para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Toda esa información que generó Pemex en décadas por parte de su personal altamente calificado y reconocido mundialmente, como datos de información geofísica y geológica que pagó la nación para su beneficio, “ha sido requisado por la CNH y comercializado a precios irrisorios”.
Lo anterior se refiere a la entrega de datos que hace la CNH a privados antes de someter a licitación las llamadas rondas para subastar y distribuir bloques, en los cuales, hoy, empresas de 17 países pueden explorar y explotar en territorio mexicano en búsqueda de hidrocarburos.
En México, sigue Patiño, “se ofrecen volúmenes de sísmica tridimensional con procesos altamente sofisticados y modelado geológico de prospecto en los bloques (lugar de probable yacimiento). Los mismos bloques en licitaciones se distribuyen en posiciones geográficas en las que ya Pemex había identificado prospectos con riesgos geológicos mínimos”.


Alfonso Romo y las “dudas” sobre su ética de negocios

10/03/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- En 2002, el empresario Alfonso Romo Garza vendió a bajo costo las acciones de Savia, una empresa que presidía, pero se quedó con una participación que poco tiempo después le generó una ganancia de cientos de millones de dólares, a espaldas de sus socios originales.
El cuestionamiento es ético, según el artículo “Cómo hacerse rico rápidamente en México”, publicado por Mary Anastasia O’Grady el pasado 26 de febrero en The Wall Street Journal y que en la prensa mexicana, particularmente en los noticiarios de Televisa, se reprodujo provocando que Andrés Manuel López Obrador saliera en defensa del magnate, que coordina su relación con el empresariado y está perfilado como futuro jefe de gabinete.
López Obrador calificó a Romo Garza como un “empresario ejemplar”, para luego arremeter contra Televisa como no lo había hecho, al menos desde el inicio de la precampaña, en diciembre, aseverando incluso que, hasta ese 26 de febrero, la televisora “se había portado bien”.
El artículo de The Wall Street Journal se dirige a la integridad y conducta ética, uno de los pilares del discurso del candidato presidencial, y en el caso de su colaborador, con los empresarios, a quienes han prometido tranquilidad y respeto a ellos y sus inversiones.

Irregularidades
En el contexto del asunto Romo, dos escándalos: las irregularidades por 5 mil 251 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la gestión de Rosario Robles al frente de dos secretarías de Estado, que necesariamente tocan al candidato del PRI, José Antonio Meade, y las revelaciones sobre un esquema de presunto blanqueo de fondos que se investigan al frentista Ricardo Anaya Cortés.
“Se escudan en un periódico extranjero que da a conocer la noticia, cuando muchas veces esos periódicos inventan noticias. A ese periódico en particular, el Wall Street Journal, lo tuve que demandar porque me difamó. No sólo por venir del extranjero una noticia es veraz, y aquí lo que lamento es que Televisa, Loret de Mola, que es muy dado a dar información que beneficia al régimen, hoy se lanzó contra Alfonso Romo”, insistió el aspirante de Morena.
Hasta entonces, las expresiones de López Obrador hacia los medios habían sido tersas, excepto por alguna aclaración a Reforma sobre una encerrona de la cúpula de Morena en Puebla, así como su desencuentro con Jesús Silva Herzog y Enrique Krauze, entre otros. Tras el reclamo, el candidato reiteró su confianza en Romo y lo presentó como futuro jefe de su gabinete.

Un pleito de familia
El asunto aludido por el WSJ lleva unos tres lustros. Se trata de uno de los conflictos más sonados en los últimos años en la élite empresarial regiomontana, debido a que los principales demandantes contra Alfonso Romo fueron sus suegros, Alejandro Garza Lagüera y Consuelo Rangel.
Garza Lagüera es hijo de Eugenio Garza Sada, heredero de un clan con siglos de influencia política y económica, que fue asesinado en 1973. Alfonso Romo es descendiente de Evaristo Madero –y por lo tanto, sobrino-nieto de Francisco I. Madero– y contrajo nupcias con Maca, la hija de Alejandro Garza.
Romo aún no cumplía 30 años cuando ya había alcanzado la cima dentro de Valores Industriales S.A., el holding de los Garza Sada, desde el que manejaban numerosas industrias y ahora convertida en FEMSA, empresa cuya columna vertebral la constituyen Coca-Cola y Oxxo, las cuales construyó Romo.
Sin embargo, el empresario y su suegro se separaron del clan, compraron Cigarrera La Moderna y, luego de venderla a la British American Tobacco, diversificaron sus inversiones reuniéndolas en Grupo Pulsar: la casa de bolsa Vector; alguna participación en medios de comunicación; intereses en telefonía; bienes raíces, y los negocios agroindunstriales y los transgénicos –un sueño de Romo Garza, que es ingeniero agrónomo– a través de Savia y su filial Seminis.
El negocio no prosperó, entre otras razones por la cancelación de inversiones en Estados Unidos relacionadas con las protestas de medioambientalistas contra los transgénicos. Con pérdidas y deuda, logró vender acciones de Seminis, entre éstas las de Garza Lagüera, a la empresa estadunidense Fox Paine por 266 millones de dólares.
Romo se mantuvo como accionista minoritario y administrador. Un año y dos meses después, Fox Paine vendió Seminis a Monsanto por mil 400 millones de dólares, con lo que Romo obtuvo una ganancia de 275 millones de dólares.
Alejandro Garza Lagüera vio disminuido su capital y acusó a Alfonso Romo de haberlo convencido de vender. Lo responsabilizó de “manejos dudosos”, mientras que el yerno alegaba que el padre de su esposa no había querido invertir en Fox Paine y luego se negaba a cumplir las prestaciones acordadas en la primera venta.
El asunto se volvió una maraña jurídica. El 7 de junio de 2005 un grupo de accionistas encabezado por Garza Lagüera demandó ante el Juzgado 49 de lo Civil, en Monterrey, que se realizara una asamblea de accionistas de Savia a fin de anular toda consecuencia de derecho derivada de los acuerdos tomados el 22 de marzo y del 29 de abril de 2005.
El alegato central consistía en que la convocatoria a la asamblea de accionistas estaba viciada debido a que el lugar, fecha y hora no correspondían, según Garza Lagüera, con el desarrollo de la asamblea de la que devino la primera venta.
De acuerdo con los expedientes de los que Proceso tiene copia (correspondientes al amparo directo civil 712/2017, así como a las diferentes sentencias asentadas en los tocas número 973/2005/ con terminaciones 14, 15 y 16), el asunto quedó zanjado el 18 de septiembre de 2007 en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Sin embargo no fue el único intento. Aun cuando los actos de asamblea fueron declarados legales por diferentes instancias, la suegra de Romo, Consuelo Rangel, intentó reclamar la nulidad de la venta que había firmado su marido, alegando que estaba casada con Garza Lagüera por bienes mancomunados y que jamás fue notificada de los movimientos de compraventa realizados con Romo.
El escándalo en la cúpula regiomontana, que se inició en 2005, se prolongó nueve años, hasta que en marzo de 2014 se resolvió: todas las instancias le dieron la razón a Alfonso Romo.

De la lista de Forbes a Morena
Desde que apareció en la escena pública en los ochenta, Alfonso Carlos Romo Garza ha sido objeto de un seguimiento constante: sus inversiones exitosas y sus fracasos; sus intentos de internacionalización; su cercanía con grupos ultraconservadores muy asentados en la élite regiomontana, como los Legionarios de Cristo, pasando por su relación con los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
En una entrevista realizada por el reportero Antonio Jáquez, publicada el 30 de octubre de 2000 (Proceso 1252), Romo habló de su forma de hacer negocios y sus relaciones familiares antes de las demandas:
“–Se dice que usted hace fortuna cuando se casa con una hija de Alejandro Garza Lagüera, pero también hay la versión de que en realidad usted hizo más rico a su suegro cuando se asocian para comprar Cigarrera La Moderna.
“–Mi suegro es un hombre muy exitoso, somos muy amigos. Él ha sido muy independiente de lo que yo hago y yo respeto lo suyo, nos hemos apoyado en muchas cosas. Pero él nunca me prestó dinero ni yo manejé su fortuna, eso es falso; lo cierto es que él creyó en mí cuando trabajábamos en Cervecería Cuauhtémoc, donde aprendí todo lo que sé o mucho de lo que sé.
Si hasta 2000 la presencia de Romo se identificaba con la articulación de una élite empresarial con los proyectos presidenciales, en 2005, de cara a los comicios presidenciales de 2006, decidió integrar el grupo Opción Ciudadana, cuyos principales miembros ahora se distinguen en el entorno de López Obrador.
Participaban en ese grupo, por ejemplo, Tatiana Clouthier –hija del extinto aspirante presidencial por el PAN en 1988, Manuel Clouthier–, que en las últimas semanas ha asumido un rol protagónico en el debate público como coordinadora general de campaña de López Obrador.
También estaban Alejandro Gertz Manero, hoy miembro de un consejo consultivo en materia de seguridad que desarrolla la propuesta del tabasqueño, y Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación del sexenio de Ernesto Zedillo y directivo de Fundación Azteca, la entidad de beneficencia de Ricardo Salinas Pliego.
Desde 2011 Alfonso Romo se aproximó a López Obrador y en los últimos seis meses ha jugado un papel importante, primero en la integración del Proyecto 18 y ahora como enlace con empresarios y sociedad civil.

Agencias


El Poder Judicial frente a la Ley de Seguridad Interior

El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.
Sobre las afectaciones que conlleva ese ordenamiento para nuestro régimen democrático de derecho, casi todo se ha difundido.

11/01/2018 – Ciudad de México.- Durante 2018, en la agenda del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia, pocos temas tan trascendentes como el de la Ley de Seguridad Interior. Al respecto, mi punto de partida es que la actuación del presidente y del Congreso pone de manifiesto la lejanía que ambos tienen frente a las voces especializadas que desde todos los frentes advirtieron sobre las inconsistencias de aquélla en relación con el respeto a un régimen democrático de derecho.
El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.
Sobre las afectaciones que conlleva ese ordenamiento para nuestro régimen democrático de derecho, casi todo se ha difundido. No obstante, me parece que hay espacio para unas ideas más.

Seguridad jurídica

Antes habré de confesar que no alcanzo a entender la finalidad que se persigue con la aprobación de tal ley. Si busca brindarle a las Fuerzas Armadas seguridad jurídica en su actuación diaria, no lo logra. Mucho menos cumple su cometido si la intención es darle seguridad a las personas. Si el objetivo es detonar una transición para el retorno de los militares a los cuarteles, tampoco aprueba como medio racional para lograrlo. Pero a lo que sí da lugar es a especulaciones y múltiples incertidumbres.

Destaco cuatro de ellas generadas de inmediato con su entrada en vigor. ¿Pueden intervenir las Fuerzas Armadas frente a una manifestación que proteste contra la construcción de un proyecto de energía o de infraestructura que violente a las personas y comunidades de una región?, ¿podemos conocer los riesgos a la seguridad interior que detonan intervenciones inmediatas o su presencia permanente?, ¿pueden las Fuerzas Armadas impedir protestas contra las instituciones electorales?, ¿pueden intervenir las comunicaciones de las personas?
Como toda la información generada en la materia se clasifica como de seguridad nacional, lo cierto es que las personas comunes no podemos conocer los riesgos a la seguridad interior con certeza y oportunidad. Por esa razón, buena parte de las intervenciones militares pretextadas en ella se prestan a la arbitrariedad. Nada más alejado de la seguridad jurídica, esa seguridad jurídica que, por cierto, con mucho tino exaltó el ministro presidente de la Corte en su mensaje inaugural de este año.

Tampoco se tiene certeza para asegurarle a las personas y comunidades que defienden sus tierras y territorios contra los llamados megaproyectos de desarrollo e infraestructura, que sus manifestaciones de protesta no serán desde ya reprimidas por las Fuerzas Armadas, so pretexto de acciones de seguridad interior que atiendan riesgos en vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Y ni imaginar ante un descontento social por las próximas elecciones.

Así, en estos días se requiere un análisis pormenorizado de los precedentes de la Suprema Corte a fin de anticipar la mejor estrategia argumentativa para plantear las acciones legales que cuestionarán la Ley de Seguridad Interior. Dependerá de los planteamientos el que se permita a la Corte volver a desplegar su encomienda de garante último de nuestro régimen democrático, como hicieron la mayoría de sus integrantes en la Primera Sala respecto del tema de la publicidad oficial; o lo que por contra, facilitará que no se reúnan los votos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de esa ley o su interpretación hasta acotar el abanico de incertidumbres que sus preceptos ocasionan.
Como una muestra de ello, es necesario tener en mente que apenas en 2016 la Segunda Sala de la Corte avaló que la seguridad nacional sea motivo de la restricción de la publicación de cierta información (amparo directo en revisión 2931/2015); o en otro caso, que las autoridades encargadas de la seguridad nacional tengan la posibilidad de requerir la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil (amparo en revisión 964/2015). En ese contexto, se antoja bastante complicado un cambio de criterio en tan poco tiempo.
También es cierto que al menos en acciones de inconstitucionalidad, la Corte tiene manga ancha para suplir los conceptos de invalidez formulados, y llegado el día de los debates en el Pleno, eso nos dará una muestra más de la actitud que asuma, como garante o no de nuestro régimen democrático.

Controversias constitucionales

En todo caso, lo que estamos por conocer es el compromiso real de las diversas instancias que en estos días ven correr los plazos para presentar acciones y controversias constitucionales para que la Ley de Seguridad Interior llegue a la Corte.
Ojalá y sean varios los actores que formulen controversias constitucionales. Mientras, me consta que las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos están trabajando a toda marcha para contribuir en este debate de interés nacional.
En esa pista, aporto una idea para la discusión. Acorde con los textos literales de nuestra Constitución, la seguridad pública y la seguridad nacional son actividades excluyentes. Ello porque la primera se encomienda exclusivamente a autoridades civiles, mientras que la segunda se encuentra a cargo exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La seguridad nacional comprende la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación y para preservarla, el presidente dispone solamente de las Fuerzas Armadas –Ejército, Armada y Fuerza Aérea y adicionalmente la Guardia Nacional–, pero nunca de la policía.
No hay que olvidar que la intervención de aquéllas no es posible en tiempos de paz salvo en lo que tenga una exacta conexión con la disciplina militar, lo que por exclusión implica que, de desplegarse las Fuerzas Armadas por causas de seguridad interior, eso conlleva la admisión de que se está en presencia de una situación de guerra, la cual podría regirse como conflicto armado interior.
A la par, la seguridad pública es una actividad a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, sujeta a coordinación entre estos niveles de gobierno, que cuenta con una facultad expresa del Congreso para emitir una Ley General de Coordinación.

Por su parte, la seguridad nacional no es una actividad sujeta a coordinación. La Constitución no establece facultades de intervención en la materia para las autoridades locales, ni el Congreso de la Unión tiene atribución alguna para expedir una ley general. Y por si fuera poco, las intervenciones federales en las entidades federativas, en el caso de trastorno interior, son posibles pero sólo a petición de las legislaturas o los ejecutivos locales.
Concluyo con lo que inicié. En este tema necesitamos seguridad jurídica y mejor pronto que después. No deberíamos llegar a medio año con tanta incertidumbre. En torno a esa cuestión, también en la sede de la Suprema Corte se tiene la posibilidad de darle atención prioritaria al asunto de la Ley de Seguridad Interior.

La ley de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales así lo permite. Hace más de 20 años que su pleno se pronunció preliminarmente sobre la materia, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96. Visto ese precedente a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, no hay forma de avalar que las Fuerzas Armadas puedan, por sí mismas, desplegar las encomiendas que la ley les pone en hombros, pues de suceder así, se abre el camino para la sujeción de las autoridades civiles a ellas, y se compromete seriamente nuestro régimen democrático y de derechos humanos.


Viene el “guadalupanazo”

Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las nueve de la mañana, a una sesión para dictaminar. De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

11/12/2017 – CIUDAD DE MEXICO.- La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.
“Nos van dar el guadalupanazo, como con la reforma energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.
Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las nueve de la mañana, a una sesión para dictaminar.
De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

Premio
Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: “Esta ley no debe prosperar”.
La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.
El colectivo “Seguridad sin Guerra”, formado por 270 organizaciones civiles, se presentó el martes 5 en el Senado para argumentar en contra de esta ley ante la Junta de Coordinación Política. La analista Denise Dresser acusó a “un manojo” de senadores del PRI, Verde y “los llamados rebeldes del PAN” de preparar “el equivalente a un autogolpe militar”. Ese mismo día, a las afueras del recinto del Senado, cientos de activistas y seguidores de Gerardo Fernández Noroña bloquearon los accesos al edificio de Insurgentes y avenida Reforma para protestar contra la ley.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se enfrentó en sesión pública del Senado al general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, y demandó que no se apruebe la iniciativa.
Legalizarse
“Entendemos que hoy por hoy la situación de seguridad es tan compleja que no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de inmediato, pero no se puede aceptar la lógica poco racional de que el paradigma militar iniciado sin apoyo en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito”, reprochó Jarab.
El general Ramos Flores le contestó, como si fuera vocero de los senadores, que “la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrían ser empleadas como último recurso”. Y cuestionó: “¿De dónde resulta ahora la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas?”
También han sido desestimadas las observaciones de la Coparmex, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de colectivos de abogados y especialistas en derecho, y hasta de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El jueves 7, el panista Roberto Gil Zuarth prácticamente humilló al comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, quien acudió a la Junta de Coordinación Política del Senado para argumentar en contra del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior que clasifica como “de seguridad nacional” la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley y la reserva hasta por 20 años.
Gil Zuarth negó que la Ley de Seguridad Interior desplace al régimen jurídico de transparencia porque lo aprobado en la Cámara de Diputados “no es un islote ajeno, aislado, desprendido del sistema jurídico mexicano” y tampoco desplaza la aplicación de otras normas.
Débil, intimidado por Gil Zuarth y también por el general Ramos Flores presente en la reunión, Acuña aceptó que la posición del Inai se subsanaría si “en el exordio o en la exposición de motivos sería francamente conveniente, aunque fuera tautológico”, se dijera que no afectaba el principio de máxima publicidad.
“Yo creo que con eso se atendería, y mucho, la preocupación que a nosotros nos hace venir hoy aquí”, remató el comisionado presidente del Inai, para sorpresa de los reporteros presentes.
Su afirmación provocó que un grupo de senadores opositores a la ley le demandaran al instituto aclarar su posición y expresaron su “extrañeza” ante la “aquiescencia” de Acuña. El comunicado fue firmado por los senadores panistas Laura Rojas, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, así como por Alejandro Encinas, independiente, y por Zoé Robledo, del bloque PT-Morena.
Al cabildeo y a la presión pública también se incorporó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien rechazó que esta ley se traduzca en una militarización del país. El expriista y ahora mandatario por la coalición PAN-PRD defendió el nuevo ordenamiento ante los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Yunes ha presionado a senadores panistas de Veracruz y otras entidades para que apoyen la ley.
Durante la reunión que sostuvieron los representantes del colectivo “Seguridad Sin Guerra” con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo; con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz; con el coordinador del PRD, Luis Sánchez, y con el senador Ernesto Gándara Camou, también del PRI, no se definió ningún mecanismo de diálogo o consulta.
Herrera Anzaldo, del PRI, les comentó a los representantes ciudadanos que también van a escuchar a gobernadores, presidentes municipales y otras autoridades que “están a favor” de la Ley de Seguridad Interior.

Juristas en contra
El último pronunciamiento, firmado el viernes 8 por más de 40 doctores y doctoras en derecho de la UNAM, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac y la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, es un duro reproche al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues, dicen, viola los artículos 1, 8, 21, 29, 73 y 129 constitucionales.

Agencias


Peña Nieto revive el ritual del dedazo

En un paso más hacia la restauración del viejo régimen priista, Enrique Peña Nieto comenzó el sexto año de su gobierno con el juego sucesorio del destape, que en tiempos del partido hegemónico ponía de manifiesto el poder del mandatario para designar a su seguro sucesor. Los comicios de 2018 son distintos. El candidato del PRI ya no va a la segura, pero Peña Nieto pospone el anuncio de quién es “el bueno” y fomenta las especulaciones como si estuviera nombrando al próximo presidente.

30/11/2017 – Ciudad de México.- A principios de septiembre, en torno a las fechas de su quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto inició el juego sucesorio: desplegó una campaña publicitaria por la continuidad, descalificó al principal opositor a su partido y perfiló su intromisión tanto en la vida interna del PRI como en el proceso electoral que definirá en 2018 al próximo presidente de México.
Desde 2012, cuando regresó a la residencia oficial de Los Pinos, el PRI reeditó sus formas, sus gestos y modulaciones; retomó antiguas expresiones, su retórica de entrelíneas; renovó las concentraciones y actos públicos que con la llamada alternancia estaban en desuso, para llegar al cierre del quinto año de gobierno a la espera del momento cumbre de toda sucesión priista: el destape.
Acto de primera importancia del antiguo régimen, derecho que por uso y costumbre se arroga el presidente, el destape es uno de los rituales partidarios que se dejaron de practicar desde el 28 de noviembre de 1993, cuando de conformidad con el canon –pronunciamiento de la CTM y contingentes de salutación para el llamado “besamanos”–, llegó “la línea” a favor de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Postulación de
Ernesto Zedillo
Éste fue asesinado en marzo, lo que provocó en el sistema una crisis que desembocó en la postulación de Ernesto Zedillo.
A 24 años de aquellos hechos, Peña Nieto anticipó:
“Los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia. Hay quienes nos estigmatizan porque no somos diferentes, porque no hacemos primarias, ejercicios que otros partidos políticos eventualmente hacen, o que otros partidos políticos de otros países hacen. Está bien que las hagan, se vale… como se vale ser católico, como se vale ser protestante.
“El PRI tiene su propia liturgia, sus tiempos, sus ritmos y es algo que además el priismo lo asimila y entiende muy bien. Tú pregúntales a los priistas si les gusta cómo se definen (las candidaturas)”, dijo Peña Nieto el 12 de octubre, en un encuentro convocado por el Grupo Financiero Interacciones y el diario El Financiero Bloomberg.
En una comparación con el cónclave de cardenales que elige al nuevo Papa, Peña Nieto dijo que a la Iglesia católica le ha funcionado ese método durante 2 mil años: “Creo que no han cambiado mucho las cosas”. Mientras que para designar al candidato presidencial en el PRI “luego nos sincronizamos el partido y el presidente, eso pasa. Luego no sé quién le lee la mente a quién, si el partido al presidente o el presidente al partido, pero coincidimos”.
–¿El presidente no va a decidir quién va a ser el candidato del PRI a la Presidencia? –insistió Adela Micha, moderadora del encuentro.
–El presidente tiene siempre, por supuesto, una opinión importante en el priismo y el priismo lo sabe. Los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia –dijo Peña Nieto.
El ritual sucesorio ha provocado rupturas a través de la historia: desde su etapa fundacional, en la época de las rebeliones de generales revolucionarios, hasta ahora con reclamos como los de la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, pasando por la escisión de 1987 que dio paso a la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas y la posterior fundación del PRD.
El viejo partido hegemónico no soltó el poder hasta el año 2000, paradójicamente cuando –así fuera de manera simulada– abrió su proceso de elección a finales de 1999.
Este último año, la convocatoria priista contempló una consulta abierta a los ciudadanos para elegir candidato presidencial. Se inscribieron Francisco Labastida Ochoa, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Bartlett Díaz y Humberto Roque Villanueva. El primero, el más cercano al entonces presidente Zedillo, consiguió la postulación pero fue derrotado en la elección del 2 de julio de 2000.
Ya sin presidente de la República que diera “línea”, Roberto Madrazo buscó una vez más la postulación, después de ser dirigente del PRI. Se enfrentó a una alianza de gobernadores que abanderó al mexiquense Arturo Montiel. Éste último debió retirarse de la contienda en medio de un escándalo de corrupción que dejó el camino libre a Madrazo, quien se apropió de la candidatura pero no alcanzó más que el tercer lugar en las polémicas elecciones de 2006.
Para 2012, el proceso interno dejó sin posibilidades al aspirante Manlio Fabio Beltrones, dejando el camino libre a Peña Nieto.
No obstante, Peña Nieto afirma que el PRI supo pasar de partido hegemónico a la competencia electoral: “Lo que no cambia es su esencia, su liturgia, su estilo, su forma”, dijo en el mencionado foro del 12 de octubre. E insistió: “Dejen que el PRI defina su proceso al amparo de su propia liturgia; siempre ha funcionado así”.

El destape anticipado
La primera semana de agosto, pese a la resistencia de antiguos cuadros priistas, el PRI eliminó el “candado” que exigía una militancia de al menos 10 años a quien deseara contender por la Presidencia. La dictaminación quedó a cargo de José Ramón Martel, uno de los operadores priistas y exasesor de José Antonio Meade, quien precisamente carecía de ese requisito.
Al respecto, Peña Nieto precisó el alcance de ese dictamen:
“La Comisión Política Permanente que corresponda podrá aprobar la participación en el proceso de la postulación de candidaturas a cargos de elección popular a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señale que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación y, en consecuencia, en condición competitiva para ganar.”
Los días 23 y 24 de agosto, Luis Videgaray y José Antonio Meade, que forman una dupla desde que estudiaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), hicieron el primer movimiento al develar mutuamente sus retratos, pues fueron predecesores uno del otro en Hacienda y Relaciones Exteriores.
Llegó el 1 de septiembre, “día del presidente”, después los sismos del 7 y el 19. Todo se detuvo, hasta que el 5 de octubre Meade compareció en la Cámara de Diputados para la glosa del quinto informe. El reportero de Proceso Carlos Acosta narró que Meade fue objeto de una recepción apoteósica de los diputados, principalmente los priistas.
Siguió la declaración de Peña Nieto del 12 de octubre, en la que llamaba a seguir la liturgia partidista, y luego el besamanos anticipado de Claudio X. González Laporte, uno de los hombres más importantes de la “cúpula de cúpulas”, es decir, el Consejo Mexicanos de Negocios, creación del entonces presidente Miguel Alemán y espacio histórico del pase de charola, que agrupa a los empresarios que son los más ricos de México gracias a los negocios al amparo del poder.
“Sin duda lo puedo decir con mucha convicción: aquí está uno de los más fuertes (candidatos)”, dijo Claudio X. Luego añadió:
“Pepe Meade nos va a poner la mesa de una manera que va a ser clara de lo que puede ser el gran futuro que tiene nuestro país. Porque Pepe sabe hablar de lo que es México y de lo que es su aspiración hacia el futuro; Pepe es alguien que ve hacia el futuro.”
En la liturgia priista, decía Fidel Velázquez, “el que se mueve no sale en la foto”.

Arturo Rodríguez


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