Revés a la FGR: Un dudoso caso de tráfico de migrantes

El caso contra Irineo Mujica Arzate quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después. En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana.

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 12 por la noche, Héctor Manuel Cervantes Martínez, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la cárcel de Tapachula, en Chiapas, asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR): determinó la presunción de inocencia de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica Arzate y negó que se les vinculara a proceso por el delito de tráfico de personas.
En el caso de Sánchez, su defensa mostró que su cliente se encontraba en la Ciudad de México la noche del 29 de marzo último, con lo cual derrumbó la versión de la FGR según la cual ese día estaba en Tapachula –a mil 200 kilómetros de distancia de la capital–, donde supuestamente traficaba a costa de cinco personas de origen hondureño por 8 mil dólares.
En el caso de Mujica, el juez aceptó las evidencias de acuerdo con las cuales el activista se encontraba en el municipio de Chahuites, Oaxaca, la mañana del 27 de febrero. Ese dato desmintió también la versión de la FGR de que el director de la organización Pueblo Sin Fronteras estaba en ese mismo momento en Mapastepec, pueblo chiapaneco ubicado a dos horas y media de distancia, donde presuntamente cobraba 7 mil pesos a una familia hondureña.
Las carpetas de investigación abiertas contra Sánchez y Mujica se basan en supuestas denuncias que los integrantes de dos familias provenientes de Honduras interpusieron en la delegación de la FGR en Tapachula en abril y mayo pasado por hechos ocurridos meses antes.
Y aun cuando las denuncias incluidas en esas carpetas, cuyas copias obtuvo Proceso, contienen contradicciones en cuanto a fechas, hechos y lugares, la delegación de la FGR en Tapachula las consideró válidas y no aportó elementos adicionales para demostrar la culpabilidad de los imputados. En las audiencias realizadas la noche del miércoles 12, ninguno de los denunciantes acudió a declarar.

“Una fabricación muy pobre”
En su primera aparición en público, los activistas denunciaron la “fabricación de delitos” por parte de la FGR; estratagema que resultó “muy pobre”, dijo Sánchez, quien empezó su activismo en 1999 durante la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de ese año y posteriormente se dedicó a la atención de los migrantes.
Egresado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sánchez condenó las “viejas prácticas de parte de unos fiscales” y celebró que “esta fabricación de delitos” se haya derrumbado.
“Si hicimos algo malo, que se nos juzgue para alguna cuestión de este tipo, pero no por un invento”, declaró Mujica, quien al frente de Pueblo Sin Fronteras acompañó varias caravanas, entre ellas el Viacrucis del Migrante y el “éxodo centroamericano” en octubre pasado.
El activista asegura que continuará su labor de acompañamiento. “Si paramos –dice– esto se convierte aún más en un infierno”.
Las órdenes de aprehensión contra los activistas fueron emitidas el sábado 1, pero las detenciones ocurrieron el miércoles 5. La de Sánchez se efectuó en la Ciudad de México, mientras a Mujica lo arrestaron en Sonoyta, Sonora, donde opera un albergue para migrantes.
En ese momento en Washington arrancaron las arduas negociaciones de tres días, al cabo de los cuales el gobierno mexicano se comprometió a incrementar sus esfuerzos para impedir el paso a la migración irregular y para luchar contra el “tráfico de personas”. La finalidad era convencer al presidente Donald Trump de que no impusiera aranceles a las exportaciones de productos mexicanos.
Ambas detenciones levantaron una ola de indignación entre las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los migrantes, las cuales denunciaron el lunes 10 que existe una campaña de “criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos”.
La decisión de la justicia permitió que los dos activistas recobraran su libertad después de una semana tras las rejas. Sin embargo, los casos en su contra siguen abiertos y la FGR tiene la facultad de investigar más para imputarles los delitos. El jueves 13 la institución incluso anunció que apelará la decisión del juez con respecto a Mujica.
En los dos casos, los supuestos denunciantes acudieron a la FGR con fotografías que, según los relatos, encontraron en internet, y con las cuales identificaron formalmente a los dos activistas, con nombres y apellidos.
“Cuál fue mi sorpresa que al abrir la página (…) reconozco como la persona a la que el día 29 de marzo de este año le entregué la cantidad de 8 mil dólares”, planteó uno de los presuntos extorsionados por Sánchez; el otro señaló que en un cibercafé encontró “varias fotografías de Irineo Mujica, así como información de que es el líder de la asociación Pueblo Sin Fronteras, por lo que imprimimos tres fotografías de Irineo Mujica, las cuales presentamos ante esta autoridad”.

Incoherencias
La denuncia contra Sánchez se basa en los testimonios de cuatro integrantes de una familia hondureña, quienes comparecieron ante la autoridad el pasado 16 de abril, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0000729/2019.
Los testigos –una pareja y dos primos originarios de San Pedro Sula– sostuvieron que tomaron la decisión de salir rumbo a Estados Unidos días después que pandilleros de la Mara trataran de reclutar a los tres varones.
La mujer, de 28 años, llamada Nancy, aseguró que se comunicó con la organización Pueblo Sin Fronteras el pasado 22 marzo y que habló con Mujica, quien ofreció moverlos desde Guatemala hasta Tijuana por 2 mil dólares por persona. Según las mismas declaraciones, no hubo cobro por la niña de 8 años, quien viajó con ellos.
Los cuatro relatos coincidieron en que la familia viajó al municipio guatemalteco de Tecún Umán el 29 de marzo, y que en la noche los estaba esperando un tal “Cristóbal” en la terminal de autobuses Maya de Oro, en la ciudad fronteriza, quien les indicó que venía “de parte de Ireneo (sic) Mujica”. Afirmaron que Sánchez presuntamente cobró el dinero en ese momento.
Según las declaraciones, “Cristóbal” ayudó a los familiares a cruzar el río Suchiate en balsa, y del lado mexicano tomaron una combi rumbo a Tapachula. En la carretera, abundaron, se toparon con un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y tres agentes los obligaron a bajar; aseguran que éstos les robaron sus pertenencias –celulares y dinero en efectivo–, hablaron con el tal “Cristóbal” y los dejaron seguir caminando, tras decirles que “ahí no había pasado nada”.
Los hondureños narraron que “Cristóbal” se subió a la combi y desapareció. En ninguna parte de las declaraciones se identifica a Sánchez por su apellido; los relatos lo describieron como “una persona de baja estatura, aproximadamente 1.60 metros, medio fornido, con barba de candado, trigueño”, vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa.
El mismo 29 de marzo, Cristóbal Sánchez comió con su novia en un restaurante de Coyoacán, en la Ciudad de México, y posteriormente acudió a una fiesta cerca de la colonia Condesa. Resultó imposible, según el juez, que el mismo hombre esté cometiendo un delito en Chiapas y que en el mismo momento se divierta en una fiesta, mil 200 kilómetros más al norte.
El caso contra Mujica quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después.
En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana. Ahí, un cubano les indicó que viajar a Monterrey costaría 10 mil pesos por familia y que “Irineo Mujica y él tenían arreglado todo para llevarnos hasta allá”.
Según el relato, la pareja conoció a Mujica en el mismo parque; lo identificó como el líder de la caravana que partió de Tapachula en la madrugada del 23 de febrero. No existen registros de una caravana que haya salido ese día del municipio chiapaneco, por una simple razón: nunca existió esa caravana, declaró Mujica.
Los mismos relatos refieren que la caravana caminó durante cuatro días, con pausas de 20 minutos, pasó retenes del INM y del Ejército y, en la mañana del 27 de febrero, se acercó a Mapastepec. Alrededor de las nueve de la mañana, Mujica presuntamente dijo a la pareja “que era el momento de que le diéramos el dinero que hacía falta; es decir, 7 mil pesos. Acto seguido, guardó el dinero en una bolsa tipo mariconera que siempre llevaba colgada”.
De acuerdo con la pareja, una vez en Mapastepec Mujica se esfumó. Ellos se quedaron en el campo de refugiados improvisado en el auditorio hasta el mes de abril, cuando se ­desesperaron y decidieron seguir el viaje solos. Fueron detenidos kilómetros más adelante y deportados dos días después a su país.
La defensa sostiene que la mañana del 27 de febrero Mujica no pudo estar en el puente de Mapastepec, puesto que se hallaba en Chahuites, a 185 kilómetros de distancia. De hecho, el 26 de febrero estuvo con un grupo de más de mil personas en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, que se encuentra en un punto más avanzado de la carretera costera.

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Miles de migrantes atrapados entre dos gobiernos en tensión

En medio de inéditas tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, miles de migrantes –sobre todo centroamericanos– continúan arribando a la frontera entre los dos países para solicitar asilo al gobierno de Donald Trump. Y aunque se trata de un asunto de vida o muerte, poquísimos lo consiguen. A las dificultades del prolongado trayecto se suman los obstáculos burocráticos de las autoridades estadunidenses, la dificultad de sobrevivir en Baja California sin dinero, familia ni trabajo, y las acciones del Instituto Nacional de Migración para evitar el ingreso de las caravanas por la frontera sur.

ENSENADA, BC.

.- “Del miedo a morir y a que maten a tu familia… y también de sufrir tanta hambre, de ahí sale la fuerza para arriesgarse a todo”, explica María Carmen Flores cuando se le pregunta de dónde sacó el valor de arrojarse contra la barda fronteriza desde Tijuana para caer en territorio estadunidense. Lo hizo con su hijo de nueve años en brazos y otro, ya adolescente, de la mano.
Esa madre hondureña y sus dos vástagos ya se encuentran en Denver, Colorado, con un juicio en proceso para obtener asilo en Estados Unidos.
María Carmen tuvo suerte. Alcanzó a “tirarse contra la barda” antes del pasado 29 de enero, fecha a partir de la cual el presidente Donald Trump impuso el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que obliga a los solicitantes de asilo a retornar a México mientras se desahogan los juicios correspondientes, que pueden prolongarse varios años.
Baja California tiene registro oficial de 3 mil 213 migrantes centroamericanos, incluidas 980 familias. Todos solicitan asilo al país a través de dos puertos fronterizos: El Chaparral, en Tijuana, y la garita de Mexicali.
La mayoría de migrantes, 2 mil 159, se concentra en Tijuana; otros mil 54 están en Mexicali. Provienen sobre todo de Guatemala (mil 437), Honduras (mil 164) y El Salvador (524), según los datos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el 12 de mayo pasado.
Gobernación y el INM precisan que la población de centroamericanos en tránsito es de mil 75 hombres y 784 mujeres, 916 niños y niñas de cero a 12 años, y 356 adolescentes de 13 a 17 años.
La mayoría de ellos (mil 851) vive en albergues, otros 733 han logrado conseguir casas o habitaciones que rentan en grupos y más de 300 consiguieron hospedaje con amigos, muchos de ellos personas altruistas o activistas de derechos humanos.
Todos cuentan con documentos expedidos por el gobierno mexicano: 2 mil 798 con Forma Migratoria Múltiple (FMM); 377 tienen la Tarjeta Visitante Razones Humanitarias (TVRH) y seis la Tarjeta Residente Permanente.
Soraya Vázquez Pesqueira dirige el capítulo mexicano de la organización Families Belongs Together, que apoya a solicitantes de asilo en Estados Unidos y busca en Centroamérica a los padres de los menores que están solos en centros de detención estadunidenses, al conseguirles visas humanitarias para reunir a las familias.
–¿Cuántos migrantes, de los más de 3 mil “retornados” que están en la frontera norte de Baja California, han logrado que el gobierno estadunidense les conceda asilo? –se le plantea a Vázquez Pesqueira.
–¡Ninguno!
–¿Está fallando el programa de Trump?
–Al contrario, está cumpliendo su objetivo: impedir que entren los migrantes a Estados Unidos, aun cuando demuestren que sus vidas están en peligro, que huyen de la violencia política y social de sus países.
Cita el caso de María Carmen Flores:
“Ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena. Un día vio a los sicarios de la pandilla de Los Maras (Salvatruchas) matar a sangre fría a unos hombres en la casa vecina. Intentaron matarla porque fue testigo del multihomicidio, pero ella logró huir de su país. Pidió a uno de sus hermanos que le llevara a sus hijos a la frontera sur de México. En el camino se unió a la caravana que ya venía de Honduras y así llegó hasta Tijuana sin saber nada de su familia.
“Acá la conocí por mi trabajo en favor de los migrantes. Me movilicé y pude localizar a sus niños; los habían detenido en un retén de Chiapas. Logramos reunirla con sus hijos. Después recibí una llamada en mi celular. Era ella. ‘Estoy en Denver’, me dijo. ‘¿Cómo pudiste cruzar la frontera?’, pregunté. Y ella: ‘Me tiré por la barda’.
“Enfrentó un proceso por su entrada ilegal a Estados Unidos, pero ya inició su juicio de asilo en Denver, Colorado, donde tiene amistades. Los Maras mataron a uno de sus tíos que no pudo salir de Honduras.”

Tercer país seguro
Soraya Vázquez, abogada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y candidata a doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, afirma que actualmente la migración tiene características inéditas.
Con más de 20 años como activista de organismos mexicanos –como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– e internacionales defensores de los migrantes, agrega que antes éstos solían esconderse, mientras que hoy se visibilizan en caravanas para protegerse de asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Emigrar se convirtió en un asunto de vida o muerte.
Otro aspecto inédito y “bastante perverso” –dice– es que, a diferencia de lo que sucedió con María Carmen Flores, ahora a los migrantes se les obliga a retornar a México para seguir desde este país juicios de asilo que nunca se resuelven.
Como Estados Unidos presiona a México con todo, incluida su reciente amenaza de fijar aranceles especiales a sus productos, a fin de que el gobierno de López Obrador frene el flujo migratorio hacia su frontera norte, se le plantea a la especialista si Trump pretende convertir a México en el “tercer país seguro” para los migrantes.
–¡Claro, pero eso es imposible! Nuestro país no es seguro ni para nosotros. Y menos Tijuana, la ciudad con mayor tasa de asesinatos en el mundo.
–¿Cuál es la salida a esta crisis humanitaria de miles de migrantes que impacta a las ciudades fronterizas del norte de México?
–Estados Unidos debe recibir a esos migrantes. Tiene cuantiosos recursos, pero debe reorientarlos. En vez de invertir millonadas en centros de reclusión, debiera permitir que la gente espere su proceso de asilo en libertad, trabajando.
“Resulta muy costoso criminalizar la migración. Respetar el derecho de asilo a todas las personas es más barato. El problema es que han convertido la migración en una industria. Al criminalizar la migración, un puñado de inversionistas se enriquece construyendo y administrando centros de retención de migrantes, que son cárceles para quienes están esperando que les concedan asilo y no son criminales.”

La Pequeña Haití
Al preguntarle a la abogada Soraya Vázquez cuántos migrantes “retornados” podrían conseguir asilo en un futuro cercano, no es optimista:
–El caso más cercano al éxito que conozco es el de un hondureño que se entregó a la Migra (policía migratoria) en San Diego. Solicitó asilo a principios de febrero. Lleva dos audiencias en la Corte y en mayo le dieron cita para una tercera audiencia que se efectuará en diciembre. No sabemos a cuántas audiencias más será citado, tampoco podemos saber si el fallo será favorable o le negarán el asilo.
Vázquez, también fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana BC, que surgió hace tres años ante el arribo masivo de migrantes al estado, indica que muy pocos de los más de 16 mil haitianos que arribaron entre mayo y diciembre de 2016 obtuvieron asilo en Estados Unidos.
La mayoría se dispersó por América Latina, pero más de 3 mil aún esperan en Baja California la respuesta de los jueces estadunidenses y en tanto se integraron a la sociedad tijuanense. Crearon, incluso, un asentamiento denominado La Pequeña Haití, con casitas construidas en terrenos de 36 metros cuadrados, en un predio donado por Zaida Guillén y su esposo Gustavo Banda, pastor de la Iglesia evangélica Embajadores de Jesús.
La Pequeña Haití se ubica a 10 kilómetros al sureste de Tijuana, en el Cañón del Alacrán. Christopher Faustin y su esposa fueron los primeros en construir su pequeña casa de madera, donde viven con su bebé. “Fue dificilísimo llegar hasta aquí”, dice Faustin al recordar cómo cruzaron a pie la selva entre Colombia y Panamá.
Al preguntarle a la abogada y activista Vázquez si existen cuellos de botella en los trámites migratorios de haitianos y centroamericanos, contesta que sobre todo se muestra “crueldad”, ya que se obliga a los migrantes a retornar por Mexicali y se les fijan audiencias en la Corte de San Diego, a más de 330 kilómetros de ahí, lo que implica una inversión de tiempo, pasajes por 700 pesos, así como gastos de alimentación y hospedaje.
“Si no tienen recursos para acudir a la audiencia, pierdan la oportunidad y su caso se empantana”, comenta.
El proceso que enfrenta un solicitante de asilo exige infinita paciencia. Los migrantes elaboran listas de solicitantes en un cuaderno; cada quien recibe su nombre en un trozo de papel, como un boleto, con el número que le corresponde. El Grupo Beta, policía no armada que auxilia al INM, elabora esa lista en Mexicali; en otros lugares es tarea del Centro de Atención a Migrantes.
Cada migrante pregunta cuándo debe presentarse a solicitar asilo. Transcurren de dos a tres meses para que sea su turno. En ocasiones llaman a 10 y en otras a 40 personas para que acudan al mismo día a la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) para iniciar el proceso.
La persona solicitante de asilo espera a que la CBP le comunique cuándo es su primera audiencia ante una Corte. Pueden pasar dos meses, y cuando al fin se presenta a la Corte, va sin abogado y el juez “otorga” otro bimestre para que consiga uno.
Mientras procesan la solicitud, el migrante permanece en un centro de detención, luego lo regresan al puerto fronterizo de entrada, donde se le hace entrega de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) que regula su ingreso al país en calidad de “retornado” a México. Con ese documento puede estar legalmente en este país, pero no se le permite trabajar. En esas condiciones espera la segunda, tercera y cuantas citas ordenen los jueces de migración.
–¿Cuánto tarda ese proceso y de qué viven mientras tanto?
–Puede tardar años. ¿De qué viven? Unos consiguen chambitas limpiando cebolla en los mercados, lavando autos, vendiendo chucherías en la calle. Ganan una miseria y, para colmo, algunas veces son extorsionados por policías municipales. Viven recluidos en albergues, con carencia de alimentos, ropa y medicinas. En Tijuana existen entre 25 y 30 albergues, por lo general de congregaciones religiosas, que son una bendición para los migrantes.
–¿Y el gobierno?
–Como si no existiera. Peor aún, estorba, como fue el caso del alcalde Juan Manuel Gastélum, El Patas, quien discriminó y criminalizó a los migrantes incitando al odio de la gente en contra de ellos, motivo por el cual fue reconvenido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Algunas personas asumieron una actitud deleznable ante los migrantes hondureños, en contraste con la empatía hacia los haitianos, porque el largo trayecto de la caravana desde Honduras abrió espacio a que fuesen criminalizados mediáticamente.”
Añade que incluso vinieron a Tijuana simpatizantes de Trump a hostigar a los migrantes en el estadio Benito Juárez. “Eran pronazis, hombres de cabezas afeitadas, y con ellos venían un tipo de un programa de radio y una mujer que aparecía como Paloma for Trump”, relata la especialista.
–¿Cuáles deben ser las acciones inmediatas del gobierno mexicano ante las difíciles condiciones en que sobreviven los migrantes retornados?
–Entregar visas humanitarias a todos para que puedan conseguir un trabajo mientras se resuelve su juicio de asilo. También, incorporarlos a la sociedad en condiciones dignas y de pleno respeto a sus derechos humanos, como manda nuestra Carta Magna.

Chivos expiatorios
Organizaciones defensoras de migrantes en Baja California exigen la liberación de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, activistas detenidos el pasado 5 de junio, cuando la Guardia Nacional también impidió que una caravana de centroamericanos ingresara al país.
Mújica es uno de los líderes de Pueblo Sin Fronteras, que ha acompañado a las caravas de migrantes desde hace muchos años.
“A veces no comulgamos con sus métodos en la exigencia de derechos de los migrantes, pero eso no lo convierte en ningún criminal ni en un traficante de personas: es una injusticia la que están cometiendo contra estos líderes. Es absurdo, por ejemplo, que congelaran sus cuentas porque dicen que detectaron cinco transacciones bancarias a Querétaro. Yo también envío dinero a migrantes y no por eso soy una traficante de personas”, dice la abogada Vázquez.
Y concluye:
“Irineo Mújica tuvo un desacuerdo con el padre (Alejandro) Solalinde, quien parece ser el más autorizado en el tema migratorio para el gobierno federal. A partir de entonces el padre Solalinde criminalizó a Irineo y la ministra (la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) ha expresado comentarios criminalizando la labor de Irineo y de Pueblo Sin Fronteras. No queremos pensar que pretenden utilizarlo como chivo expiatorio en la mesa de negociaciones con Trump. Vamos a defenderlo.”

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Michoacán, una guerra con mil cabezas

Es difícil imaginar que, con más de 100 mil muertes en su haber, la guerra criminal mexicana podría empeorar. Pero una investigación patrocinada por la organización Crisis Group en las entrañas de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, hace evidente que por lo menos en esa zona la situación de violencia aún no ha llegado a su límite. En la medida en que las organizaciones criminales se fragmentan, aumenta el número de ejecuciones.

TIERRA CALIENTE, Mich. (proceso).– El cuerpo calcinado, tirado bajo un puente en la carretera, resulta imposible de reconocer. Tardan cuatro días en identificarlo en la morgue. Un día más y las autoridades lo habrían enviado a una fosa común, como ha ocurrido con docenas, quizá centenares de cuerpos sin reclamar.
Pero los padres de Josefina, de 19 años, sospechan que el cuerpo puede pertenecer a su hija desaparecida. Una pequeña parte interior del labio inferior sobrevivió a las llamas. El tejido es suficiente para una muestra de ADN, que se corresponde con el de su hermana. Ahora, al menos, Josefina tendrá un velorio y funeral apropiados.
Encontrar al asesino resulta más complicado. En México la gran mayoría de los asesinatos no son investigados y mucho menos resueltos: la tasa de impunidad se mantiene estática por encima de 95%. Una investigación es incluso menos probable si, como en este caso, todo indica que se trata de una ejecución al estilo narco. Para las autoridades, este sería el punto final.
No lo es para la familia de Josefina. Hay rumores sobre los asesinos y sus motivos. Era una puntera (vigía) para uno de los más de 20 grupos criminales que luchan por el control de la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Es una forma común de ganarse la vida entre los jóvenes de esta región semiárida de 120 por 50 kilómetros, pero el solo hecho de ser puntera no explica su destino.
El padre de Josefina también estaba en el negocio, sobrevivía trabajando como sicario o soldado de algunos contras (como se llaman entre grupos criminales rivales). Sólo por este hecho, los jefes de Josefina empezaron a sospechar que ella podría estar filtrando información. Por paranoia la asesinaron y para enviar un mensaje quemaron su cuerpo y lo dejaron donde pudiera ser encontrado fácilmente. El intento de venganza del padre lo lleva a su muerte poco después. Convence a su comandante de mandarlo a luchar contra los jefes de Josefina y recibe un disparo. Sus vecinos comentan que sólo se podía ver un pequeño orificio de entrada en su pecho, pero sus pulmones se llenaron de líquido hasta que dejó de respirar.

La Zona Cero
Más de 100 mil personas han muerto de manera violenta en México desde que el gobierno declaró la guerra al crimen organizado en 2006, presentándola como una batalla entre el bien y el mal. Durante su visita en abril, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se refirió a las cifras de muertes de México como las de un país en guerra.
Y todo indica que la guerra está empeorando. Hasta el momento, 2019 se perfila como el tercer año consecutivo en el que México rompería los récords históricos de homicidios en su historia.
Tierra Caliente es la zona cero de la guerra, su punto de inicio. Es el primer lugar donde el ejército se desplegó en masa contra los narcos, un laboratorio para los diversos métodos con los cuales gobiernos sucesivos han dicho que erradicarían a los capos del narcotráfico. Y un único cártel, los Caballeros Templarios, ostentaba el poder en Tierra Caliente. Terminó fracturado por el gobierno, que actuó de la mano de las autodefensas.

Desorden perpetuo
De acuerdo con El Toro, un combatiente robusto cuya trayectoria de dos décadas lo ha llevado a ser teniente, una nueva crisis de lealtad entre los narcos ha generado una sensación de desorden perpetuo. “Es como en el futbol”, dice. “Un día juegas para el América, al día siguiente te pones la camiseta de Monarcas”. Los jefes locales pueden cambiar su lealtad en un abrir y cerrar de ojos ante la promesa de mayores ganancias territoriales y económicas. La confianza, la columna vertebral de cualquier asociación, se ha esfumado.
Es difícil mantenerse al tanto de quién es quién y quién está luchando contra quién, mucho más, saber quién está al mando.
Los Caballeros Templarios que quedan han cambiado de bando tres veces en una gran batalla, pasando de enemigo mortal a aliado y de nuevo a enemigo mortal del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la supuesta nueva central criminal mexicana que busca transformar a Michoacán en uno de sus satélites. En el mismo periodo, los Templarios han cambiado de posición cuatro veces (enemigo, aliado, enemigo, aliado) respecto a Los Viagras, otro de los actores criminales de la región.
Y esto es sólo los Templarios y sus fracciones. En general, ha habido docenas de fragmentaciones en el mundo criminal michoacano en los últimos seis años. La proliferación de bandos en conflicto confunde a los propios combatientes, dicen algunos. Lo único que es claro, me dice alguien cercano a una familia de traficantes de larga trayectoria, es que “todos son narcos”.
Cada fisura redibuja las líneas de combate, marcando el comienzo de nuevas olas de asesinatos. Y con cada división, el conflicto penetra cada vez más profundamente en la sociedad. Amigos y vecinos, o incluso familiares, como sucedió en el caso de Josefina, se encuentran repentinamente en bandos opuestos. La violencia se vuelve íntima, a menudo impulsada por venganzas personales más que por competencia por los mercados ilícitos, haciendo que el ciclo sea cada vez más difícil de romper.
Los templarios y extemplarios se enfrentaron durante cuatro años en batallas por un puñado de puentes y poblados, trayendo un flujo constante de muertes a cambio de avances territoriales temporales. En algunos momentos los enfrentamientos aislaron del mundo exterior a los civiles al sur del río. Los contras bloqueaban el paso de comida, agua, medicina y hasta al sacerdote local, con el fin de sofocar a sus enemigos.

“¿Para qué?”
Ahora, los bandos enfrentados se han unido nuevamente para enfrentar una amenaza común. Los Jaliscos, como llaman en la zona a los integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, están presionando desde el oeste. Los soldados templarios y extemplarios tienen que dejar de lado las traiciones y el dolor. O al menos esa es la orden de los jefes cada vez que pasan de contras a compañeros en armas.
Puede ser difícil de aceptar para los que están al pie del cañón, luchando y muriendo. Un combatiente de amplia trayectoria, suficientemente amplia como para haberse despedido de los capos, es Ramón. La última vez que nos encontramos, hace dos años, él y siete sicarios jóvenes, así como un exfrancotirador de las fuerzas especiales mexicanas bajo su comando, habían sido desplegados como última línea de defensa de los templarios para proteger la ribera sur del río de los recurrentes ataques de los contras.
El equipo de batalla que exhibía en ese entonces, un rifle semiautomático AR-15, un chaleco táctico con cartuchos adicionales y un radio, ha desaparecido. En su lugar, ahora viste una camisa elegante, jeans de diseñador y zapatos negros brillantes Lacoste. “Las cosas han cambiado desde la última vez que viniste”, me dice, mientras un joven sicario, siguiendo sus órdenes, me sirve una cerveza fría.
La rabia florece en la medida en que Ramón expone las razones que lo llevaron a convertirse en la mano derecha de alguien, “haciendo cosas con el gobierno”, un emisario de cuello blanco del mundo criminal al oficialismo. “Nunca me quejé de la vida aquí”, dice. Pasó incontables noches escondiéndose en los cerros desolados que se asoman en el fondo, abrazando su rifle, acurrucado bajo una cobija, tambaleándose entre dormido y despierto, incluso bajo la fuerte lluvia.
“Inicialmente sólo estábamos recuperando lo que era nuestro”, recuerda, “pero luego ellos (los jefes) querían tomar áreas de otros. Era como Vietnam para los gabachos. No era nuestra gente, no teníamos su apoyo, no podía funcionar. Sufrimos muchas, muchas bajas. Y ¿para qué? Ambición. Nada.”
Lo que más pesaba en su mente era la decisión desde arriba de forjar un pacto justo con las personas que previamente le habían ordenado borrar del mapa. “Maté a 15 de ellos en una emboscada”, Ramón dice sin rodeos, “pero después de eso se metieron con mi familia, llegaron a mi casa y trataron de llevarse a mis hijos pequeños. ¿Cómo es posible? ¡No te metes con las familias!”.
Debido a su nuevo cargo, ahora sólo visita esporádicamente la región. Pero de ninguna manera ha olvidado sus rencores del pasado. Se refiere al caso de Josefina, cuya familia conoce, como un claro ejemplo. “Voy a ser franco contigo”, dice resumiendo. “Quizás los patrones los hayan perdonado, pero yo nunca lo haré. Si me topo con uno de esos hijos de su perra madre… ¡a la verga! Igual y me matan, pero no antes de que yo mate a tres de ellos. Mínimo”. Por eso, dice mientras señala la camioneta SUV en la que trajo a su familia hasta aquí, mantiene una pistola junto a su pierna derecha en todo momento.
Muchos otros se rinden rápidamente ante el sufrimiento y las dudas morales, y simplemente nunca regresan de sus cuatro días mensuales de descanso. A pesar de la deserción, a los grupos armados ilegales de Tierra Caliente les resulta fácil reponer las filas.
Una razón es la falta de alternativas legales viables, tal como me dice la madre de Emilio, un sicario de 22 años, mientras fríe un pescado entero para el almuerzo en su estufa de leña, en una población a poca distancia de donde me reuní con Ramón. Emilio también renunció un tiempo. Pero cuando el salario por medio día de cosecha de limones, bajo el sol inclemente de Tierra Caliente, bajó a menos de 200 pesos, le pidió al comandante volverse a integrar.
Jóvenes como Emilio aportan el combustible sin el cual la máquina de guerra de los jefes rápidamente se detendría. Pero, también debido a la falta de disciplina de algunos, muchos no duran.

* Analista senior de la organización International Crisis Group

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El sistema aduanero, puerta grande del crimen el sexenio pasado

En México existen 49 aduanas cuya operación contribuye con 31% del PIB. Sólo en 2018 se recaudaron 949 mil millones de pesos, según cifras de la AGA. En ese escenario, una de las primeras acciones que implementó Ricardo Peralta Saucedo fue reemplazar a los encargados aduanales por abogados penalistas especializados en el combate al crimen organizado y en labores de inteligencia, con una “trayectoria impecable”, dice.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México somos un caldo de cultivo “extraordinario” para el tráfico y el contrabando porque se puede, “porque todo el tiempo van de la mano la impunidad y la corrupción”, dice Ricardo Peralta Saucedo.
Sabe de lo que habla. Durante cinco meses que encabezó la Administración General de Aduanas (AGA) y Comercio Exterior se metió a sus entrañas hasta que el jueves 23 el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró subsecretario de Gobernación.
En entrevista con Proceso 13 días antes de que sustituyera a Zoé Robledo, quien dejó el cargo para ocupar la dirección general del IMSS, el autonombrado “Apóstol de la 4T” abordó el estado en el cual encontró las aduanas, el tráfico de la piratería, drogas y armas, los decomisos, la corrupción y abusos de autoridad; también expuso los planes que tenía para enderezar el sistema aduanero mexicano.
Abogado y maestro en derecho constitucional y administrativo por la UNAM, con especialidades en procuración de justicia, delincuencia organizada y seguridad nacional, Peralta aspiró a encabezar la Fiscalía Anticorrupción, pero el 13 de diciembre el titular del Ejecutivo lo puso al frente de la AGA. “Encontré las aduanas con ese desprestigio de hace décadas. Desde su existencia han crecido de la mano del contrabando y la corrupción. (Aunque) mucha mercancía pasa por las aduanas, ésta puede pasar por donde sea”, explica.
En ese contexto, México sólo tiene 19 puntos aduaneros en los 3 mil 400 kilómetros de frontera que comparte con Estados Unidos y únicamente tres en los mil kilómetros en la frontera sur.
El funcionario federal detalla: “Fuimos a la frontera sur, nos subimos a las ‘cámaras (de llanta)’ o balsas con las que cruzan 400 veces al día el río Suchiate y tienen capacidad para una tonelada y media. Pueden pasar un carro, (rifles) Barrett, armas, granadas, drogas y, por supuesto, migrantes. Pasan lo que quieras de Guatemala para acá”.
También especialista en comercio exterior, reconoce que existen redes internacionales que cooptan a personas en México para operar el contrabando. “¿A quién se le ocurriría enviar 40 toneladas de piratería? Se necesita a alguien que las reciba y las ponga a la venta. Son socios de negocios ilícitos que necesitan esa dualidad, quien mande fabricar y lo compre allá, quien lo importe a México, lo transporte, lo reciba y lo lleve a la venta.”
Expone que lo mismo ocurre con la droga: “Nadie manda una maleta de cocaína para ver quién se la encuentra. La envían con personas desde Bolivia, Perú o Colombia. Ya hay colusión de alguien que los recibe aquí con la maleta, la distrae de las líneas de revisión y de los perros, la lleva por una banda distinta o sale sin ser sujeta a una revisión, se la lleva caminando como si nada. Es una práctica desde el pasado, un modus operandi muy común, una red internacional”.

Mensajeros del crimen
En México existen 49 aduanas cuya operación contribuye con 31% del PIB. Sólo en 2018 se recaudaron 949 mil millones de pesos, según cifras de la AGA. En ese escenario, una de las primeras acciones que implementó Peralta fue reemplazar a los encargados aduanales por abogados penalistas especializados en el combate al crimen organizado y en labores de inteligencia, con una “trayectoria impecable”, dice.
Durante los cinco meses que estuvo a cargo de las aduanas fueron decomisadas casi tres toneladas de droga, principalmente cocaína y mariguana. Destacó la detección de 15 kilos de fentanilo, “un opiáceo poderosísimo que lo mandan de Asia, primordialmente de China”, hacia Estados Unidos.
Buena parte de esa droga, asegura, fue decomisada en la oficina del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mediante un procedimiento especial que incluye la revisión de los pedimentos oficiales que coincidan con el contenido. También pasa por rayos X, monitoreo, olfateo de perros, químicos del laboratorio del AGA que identifican la sustancia ilícita y, por último, la notificación a la Policía Federal y al Ministerio Público para el decomiso.
El pasado 27 de abril, la Policía Federal y el personal de la Aduana del AICM aseguraron dos kilos de fentanilo en cajas de cartón, cuyo destino era Hong Kong, según una nota de Excélsior. También hallaron 10 kilos de metanfetamina en ocho envoltorios escondidos en un paquete con equipo para escalar, con destino a Osaka, Japón, y unos 11 kilos de mariguana en 11 envoltorios rumbo a Iowa, Estados Unidos. Toda esa droga fue detectada en paquetes enviados vía Sepomex, de acuerdo con el texto. El 1 de marzo más de 123 kilos de cocaína fueron asegurados en la aduana del aeropuerto de Guadalajara, provenientes de Bogotá, según el diario El Occidental.
Reportes periodísticos indican que desde 2016 la AGA ya tenía sospechas de que los narcotraficantes usaban el Sepomex y las empresas privadas de mensajería para realizar sus envíos. También detectaron casos de venta por internet, cuyas entregas se hacen por paquetería, y no sólo de droga, sino también de armas.
En este rubro, el también presidente de la organización social “México correcto, no corrupto” destaca un golpe ejecutado en enero pasado en la aduana de Reynosa, donde un empleado en complicidad con el chofer de una camioneta modificó un documento que señalaba el ingreso a México de material eléctrico de Estados Unidos, cuando en realidad eran mil 400 cargadores de 50 municiones cada uno para fusiles de asalto conocidos como Cuernos de Chivo.
Ese empleado de aduanas forma parte de los 18 servidores públicos –operativos, no directivos– vinculados a proceso por corrupción. Están incluidos en el grupo de 68 procesados (choferes y cargadores, principalmente) de las aduanas de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora.
Media hora antes de la entrevista, Peralta fue llamado de Palacio Nacional para reunirse con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a quien le presentó la cifra de recaudación aduanera en el primer trimestre del año: 250 mil millones de pesos, 35% más que en los años anteriores. Según dijo, en 2018 fueron 949 mil millones, y en 2017, 845 mil millones de pesos.
De hecho, era común que interrumpiera su agenda para atender los llamados de Urzúa y de López Obrador, aún por encima de su entonces jefa, la titular del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, quien, vía oficios internos como el 100-2019-11 del 4 de marzo, expuso su desacuerdo con el trabajo de su subordinado.

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El fallido alzamiento militar dejó “tocado” a Maduro

La tentativa insurreccional del 30 de abril último, en vísperas del Día del Trabajo, no logró un pronunciamiento de las fuerzas militares en favor de Guaidó y contra Maduro. Mucho menos causó un quiebre en la FANB. Tampoco produjo la movilización multitudinaria popular que esperaba la oposición en todo el país y que hubiera puesto al gobierno ante la disyuntiva de capitular o de reprimir indiscriminadamente, sin importar que esa repuesta desatara un alto número de muertos.

BOGOTÁ.– El jueves 2 en el Fuerte Tiuna de Caracas, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabezaba un acto castrense bautizado como la Marcha por la Lealtad Militar, se transformó en una petición lo que debió ser un discurso de agradecimiento a las tropas por mantenerse al margen de la insurrección armada convocada dos días antes por el autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), dijo Maduro ante 4 mil 500 militares, “tiene que mostrarse unida ante el pueblo, cohesionada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada, cada vez más disciplinada, subordinada al mando institucional, cada vez más obediente a los principios y valores…”.
Maduro lo dejó en claro al enfatizar que “ha llegado la hora” de demostrar que en Venezuela hay una Fuerza Armada “leal, cohesionada (y) unida como nunca antes”.
Militares venezolanos asilados en Colombia afirman que por orden de la guardia personal de Maduro carecía de munición el armamento de las tropas formadas ante él en la enorme explanada del Fuerte Tiuna.
“Tiene mucho miedo porque sabe que el descontento en las filas militares es profundo y que el peligro de un atentado en una ceremonia de ese tipo es muy alto”, dice a Proceso un exmilitar venezolano consultado en Bogotá.
Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, fue extraño que Maduro acabara pidiendo lealtad a los militares en un acto en el que, se suponía, sólo era para que ellos le refrendaran su fidelidad.
“Esto quiere decir que en el gobierno hay desconfianza en la lealtad del sector militar y que pueden tener información de que hay ciertos sectores (de la FANB) que se debaten entre seguir o no seguir con el gobierno”, agrega Alarcón.
La tentativa insurreccional del 30 de abril último, en vísperas del Día del Trabajo, no logró un pronunciamiento de las fuerzas militares en favor de Guaidó y contra Maduro. Mucho menos causó un quiebre en la FANB.
Tampoco produjo la movilización multitudinaria popular que esperaba la oposición en todo el país y que hubiera puesto al gobierno ante la disyuntiva de capitular o de reprimir indiscriminadamente, sin importar que esa repuesta desatara un alto número de muertos.
No es que el gobierno de Maduro no haya reprimido las protestas de los últimos días en respaldo a Guaidó y a su llamado a la rebelión “cívico-militar”. Hasta el viernes 3 ya se habían reportado cuatro muertos por disparos de la Guardia Nacional, 239 heridos y 205 detenidos.

Tiros y videos
Es un hecho que el fallido alzamiento militar del 30 de abril involucró a un número reducido de personal de tropa y oficiales, apenas “un puñado de capitanes y tenientes”, según Maduro.
Dirigentes chavistas cifraron en 120 el número de efectivos que se alzaron, 90 de ellos guardias nacionales y 30 comandos del ejército y la armada adscritos al poderoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Contra lo que esperaba la oposición, el alto mando de la FANB, con el general en jefe Vladimir Padrino López al frente, salió en bloque por televisión a condenar el “movimiento golpista” y rendir un parte de normalidad en todas las guarniciones militares del país, aunque en La Carlota se escucharon ráfagas de metralleta y cientos de balazos.
El pequeño movimiento de rebelión no logró su propósito: la salida de Maduro del poder y la instalación de Guaidó en el Palacio de Miraflores, pero el gobierno no salió ileso de la “escaramuza golpista”, como el propio mandatario calificó a la intentona.
Con el transcurso de los días se ha hecho evidente que la “escaramuza” fue producto de gestiones conspirativas al más alto nivel que ninguno de los “halcones” de la Casa Blanca se ha molestado en negar, sino lo contrario: todos, desde el asesor de seguridad nacional, John Bolton, hasta el delegado especial para Venezuela, Elliot Abrams, las han proclamado a los cuatro vientos.
Según Bolton, la salida de Maduro ya estaba negociada con el jefe de la FANB, Padrino, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y con el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, el general Iván Hernández Dala. Los tres quedaron señalados.
Asesores de Guaidó afirman que el plan insurreccional estaba previsto para el miércoles 1, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, pero que se debió adelantar un día porque los servicios cubanos de seguridad advirtieron a Maduro del plan.
Según esa versión, Maduro planeó, entonces, arrestar a Guaidó y transferir a una cárcel militar al dirigente opositor Leopoldo López, quien se encontraba en prisión domiciliaria por una condena de 13 años de reclusión que le fue impuesta en 2015.
Las intenciones de Maduro fueron comunicadas a la oposición y a los gestores de la rebelión militar presuntamente por el director del Sebin, el general Cristopher Figuera, un militar de alta connotación en los círculos de poder en Venezuela porque fue edecán de Hugo Chávez durante 12 años y fue entrenado en Cuba en temas de seguridad.

Horas de ausencia
En medio de una versión del secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, de que Maduro estaba listo el 30 de abril para huir a Cuba, pero que Rusia lo persuadió de quedarse en Venezuela, el gobernante chavista permaneció varias horas sin aparecer en público ni pronunciarse sobre lo que estaba pasando.
A las 07:00 horas de ese día, dos horas y media después del llamado de Guaidó a la insurrección, Maduro tuiteó que los comandantes militares de todo Venezuela le habían manifestado su lealtad, pero después de ese mensaje no se volvió a saber de él sino hasta pasadas las 21:00 horas, cuando apareció en el Palacio de Miraflores en cadena nacional.
Otro golpe para Maduro fue la “liberación” de López –uno de los dirigentes más populares de la oposición– de la prisión domiciliaria que cumplía. El líder de Voluntad Popular, el partido de Guaidó, pudo salir de su departamento en Caracas cuando los agentes del Sebin que lo custodiaban simplemente le permitieron el paso.
Para el también analista Benigno Alarcón, pese a la fallida convocatoria opositora a la rebelión militar, aún está sobre la mesa la opción de orillar a las fuerzas armadas a actuar “con neutralidad institucional” y no en favor de Maduro.
Alarcón descarta que los sucesos del 30 de abril representen una derrota para la oposición porque un día después hubo marchas multitudinarias en todo el país en respaldo a Guaidó y contra Maduro, pese al notorio aumento de la represión. “Pareciera que la mayoría de los venezolanos está dispuesta a continuar luchando y a no darse por vencida”, asegura el abogado y experto en seguridad y defensa.

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Nada ni nadie consigue abatir la violencia en México

Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su programa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno. Por el contrario, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un incremento de los índices de homicidios, pero además el crimen organizado se empeña en demostrar que, si las condiciones del país no cambian, seguirá sembrando el terror y corrompiendo la vida pública.

CIUDAD DE MÉXICO.- En lugar de disminuir “a partir del primer día” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como él prometió en su campaña, la criminalidad en el país va en aumento en los primeros cuatro meses, según dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que orilló al mandatario a poner un plazo fatal de seis meses para revertir esa tendencia.
Hasta el pasado 12 de marzo, el presidente insistió en que habían bajado los índices delictivos, a pesar de que cada mes los medios de comunicación publican los datos del SESNSP
Y aunque insiste en responsabilizar de la inseguridad a las administraciones pasadas, en este gobierno han ocurrido masacres similares a las del sexenio de Felipe Calderón, como aquella en que un grupo delictivo asesinó a estudiantes que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Calderón se apresuró a señalar que se trataba de ajustes entre bandas rivales.

La masacre
Ya en la administración lopezobradorista, el pasado 19 de abril, Viernes Santo, un comando irrumpió en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, y asesinó a 13 personas, incluido un bebé de un año. Dos días después, el 21, en Comalcalco, Tabasco, pistoleros ejecutaron a dos mujeres e hirieron a dos menores.
Al día siguiente unos automovilistas que volvían de vacaciones denunciaron que fueron víctimas de un asalto masivo en la autopista México-Acapulco. Hombres armados bloquearon la circulación y los despojaron de sus pertenencias en el tramo conocido como Los Túneles.
El 24 de abril Maricela Vallejo Orea, alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Veracruz, fue asesinada a balazos cuando iba en una camioneta por el municipio de Los Reyes.
Y en un hecho inusual, ‘El Marro’, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, amenazó a López Obrador con enviarle un “regalo” explosivo a su casa. Es el primer presidente de la República que recibe una amenaza directa del crimen organizado.
En una revisión de la estadística delictiva que el SESNSP publicó el 21 de abril, Guanajuato destaca entre los estados con la mayor incidencia con 947 asesinatos de enero a marzo. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez había festejado por todo lo alto el operativo Golpe de Timón, realizado en conjunto con la Marina a fin de arrinconar al Cártel de Santa Rosa, pero guardó silencio ante los datos oficiales sobre la violencia. ‘El Marro’ sigue libre.
El número de homicidios dolosos reportado por el SESNSP en Guanajuato es “el más alto registrado en la historia reciente del país para cualquier estado de la República, con lo que se vive una situación que podría ser considerada similar a un ‘estado de excepción”, según la investigación de México Social, realizada por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, que la publicaron el pasado 21 de abril.

Nueva impunidad
En el Estado de México se han incrementado sobre todo los feminicidios y la desaparición de mujeres, señala Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Atribuye el exponencial aumento de casos de desaparición desde 2006 al menos a cuatro hechos: la confrontación entre el gobierno y los grupos del narcotráfico, que motivó a éstos a defender los que consideran sus territorios; que se diera prioridad a la captura de los líderes de los grupos criminales; el crecimiento del mercado interno de las drogas, y que se haya privilegiado el uso de la fuerza para atacar el problema.
Sin embargo, a decir de Cortez, al inicio del gobierno de López Obrador se privilegia la impunidad, al no perseguir a las bandas delictivas.
En Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el fiscal de la zona Norte, Jorge Nava, atribuyen a la guerra entre cárteles la tendencia ascendente del crimen que se sostuvo hasta marzo, mientras que en Guerrero surgieron nuevos grupos de autodefensa que las autoridades vinculan con la delincuencia, sobre todo en zonas donde el gobierno de Héctor Astudillo impulsa desarrollos mineros: las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente.

Corrupción, complicidad e infiltración
El pasado 5 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente López Obrador anunciaron que están disminuyendo los delitos patrimoniales gracias a la coordinación entre militares y policías federales, estatales y municipales. Sin embargo, al comparar las cifras oficiales del primer trimestre de 2018 y el de 2019 no se advierte reducción alguna.
El año pasado se registraron en dicho periodo mil 239 robos a casa habitación; en 2019 van 2 mil 6, según las estadísticas del SESNSP.
El pasado 1 de marzo arrancó de manera formal la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, con el operativo Bases de Operación Interinstitucionales (BOIS). A los 10 días se informó de la detención de 20 personas y el decomiso de cuatro armas cortas y 10 largas, más de 2 mil dosis de distintas drogas, 18 autos y seis motos.
Alfaro Ramírez confirmó: “Sería un error evaluar los resultados de este operativo en términos de detenciones (…) El propósito central de estas operaciones es reforzar la presencia que, por las limitaciones en nuestro estado de fuerzas estatales, municipales y federales, teníamos que resolver de alguna forma”.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, la principal causa de que la incidencia delictiva no disminuya es la corrupción de las fuerzas del orden y la falta de capacidad de sus mandos para dirigirlos, porque llegaron al cargo por amistad o compadrazgo con gente poderosa.
Refiere que el crimen organizado está infiltrado en las policías de los tres órdenes de gobierno “y en algunos casos hasta en las fuerzas armadas”, dado su poder económico y político.
En Baja California, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Raúl Baena, cuestiona: “Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policiacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué? Porque las corporaciones federales, estatales y municipales son fuente de recursos ilegales, producto de amplias y complejas redes de corrupción, de mordidas, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia… Mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, nada se va a resolver.
“AMLO ha apostado demasiado a la Guardia Nacional, que es una reedición de la estrategia militar de combate a la delincuencia organizada que provoca la violencia en el país, lo que no presagia el éxito a no ser que se actúe a sangre y fuego, con el riesgo de que continúen las violaciones graves a los derechos humanos”.
Este estado cuenta con ciudades como Tijuana, una de las más violentas del mundo, con 138 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, la violencia que arreció en el noreste de Tamaulipas desde finales de 2018 fue atribuida por los gobiernos estatal y federal a nuevas disputas entre numerosas bandas escindidas de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que se dividieron tras la detención de sus capos, como lo han revelado la DEA y el Ejército Mexicano.


“De Presidencia”, la orden de no confrontar a la CNTE

El bloqueo al que los maestros de la CNTE sometieron a la Cámara de Diputados para que no se aprobara la reforma educativa del presidente López Obrador desató posturas extremas. Este semanario consultó a los coordinadores parlamentarios, quienes responsabilizaron a los gobiernos federal y local de no garantizar la seguridad del recinto ni de los legisladores, pues retiraron a la policía del lugar.

CIUDAD DE MÉXICO.– Durante 10 días la Cámara de Diputados se mantuvo en vilo: menos de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon sus nueve accesos, impidiendo las sesiones ordinarias. El recinto de San Lázaro entró en crisis.
El intento por reencauzar los trabajos legislativos llevó a propuestas extremas: desde aquella de que los 500 diputados entraran caminando por la escalinata principal con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, hasta echar abajo los operativos policiacos solicitados conforme a la ley, e incluso permitir la injerencia de la Presidencia de la República y obligar a los diputados a retomar el diálogo con los inconformes.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios confiaron, en entrevistas por separado, que fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien desoyó la petición del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y dio marcha atrás al operativo policiaco que abriría a los legisladores el paso a sus curules en San Lázaro.
No obstante, un alto funcionario de la Mesa Directiva les reveló a coordinadores parlamentarios que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Sheinbaum que no desplegara el operativo solicitado, a fin de evitar la represión a los maestros de la CNTE.

La contraorden
El 20 de marzo, un contingente de la CNTE bloqueó la Cámara de Diputados para impedir que el dictamen de la reforma educativa se aprobara, primero en comisiones y después en el pleno, pues la agrupación sindical consideró que la iniciativa del Ejecutivo seguía siendo punitiva.
Los siguientes dos días, 21 y 22, San Lázaro siguió bloqueado y no hubo sesiones ordinarias. Del 25 al 29 de marzo el recinto fue objeto de negociaciones, bloqueos y desbloqueos. El 27, los maestros dieron un respiro a los diputados y les permitieron sesionar para aprobar el dictamen. Pero éste no les gustó a los profesores, que regresaron a los bloqueos mientras mantenían conversaciones con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública.
En esa semana surgieron las posiciones extremas. El PAN pidió la cabeza de Porfirio Muñoz Ledo y llevó el tema de los bloqueos a la justicia federal, con lo que consiguió un amparo para evitar la inacción del presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, ante las siguientes movilizaciones de la CNTE.
Desde el inicio de los bloqueos, Muñoz Ledo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, asumieron una actitud negociadora con la CNTE.
De hecho, el primer día del bloqueo Muñoz Ledo, obligado por ley a velar por el recinto y la seguridad de diputados y empleados, dejó clara en las redes sociales su postura:
“Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y para ampliar el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio, se suspende hoy la sesión y se cita para mañana a las 11:00”, informó en las redes sociales el 20 de marzo.
Luego emitió otro mensaje: “Se ha mantenido un diálogo fructífero con representantes magisteriales y seguiremos impulsando el análisis de dictamen de la reforma educativa. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales deberán ser sensibles a las demandas sociales, siguiendo nuestra práctica de parlamento abierto. El compromiso es claro: abrogaremos las reformas regresivas aprobadas anteriormente”.

Pero los bloqueos siguieron.
Su día más álgido fue el 26 de marzo, cuando llegó la policía capitalina, pero se retiró, presuntamente por órdenes presidenciales.
De acuerdo con el relato de uno de los coordinadores parlamentarios, ese martes la oposición le dijo a Muñoz Ledo que “era conveniente solicitar la fuerza pública para que, por un lado, la manifestación de los maestros se diera sin problemas, y por el otro se custodiara el acceso de los diputados a la cámara. Por fin se convenció y muy temprano, a las siete de la mañana, entregó el oficio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.
Minutos después de las siete se presentaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero a las 8:30 se retiraron. De inmediato los maestros de la CNTE colocaron sus pequeñas casas de campaña en cada una de las nueve puertas de la Cámara de Diputados e impidieron el paso.
Otro legislador que participó en los cónclaves para resolver la situación, relató que el acuerdo fue establecer un camino por la puerta 4 a fin de que ingresaran diputados y empleados. Pero esto no funcionó:
“Los maestros se acercaron y hubo un choque frontal con la policía –continúa el legislador–. En ese momento, del otro lado, se decidió que nadie quería la represión y se dio la contraorden a la policía para que se retirara.”
–¿Y de dónde vino la orden? ¿De Muñoz Ledo? –se le pregunta a otro de los coordinadores parlamentarios.
–No, el único escrito que firmó Porfirio fue solicitando la seguridad pública, nunca que se retirara.
Consultados por Proceso, cuatro legisladores de distintos partidos (dos de ellos afines al gobierno) coincidieron en que la orden provino del presidente López Obrador. “Habló con Sheinbaum –afirma uno de ellos– y pidió que retirara a la policía capitalina para evitar más choques; pidió que todo fuera con diálogo”.
Otro de los consultados revela que un alto funcionario de la Mesa Directiva les explicó que Muñoz Ledo entregó el oficio, pero “la jefa de Gobierno se comunicó con el presidente de la República para informarle y éste le dijo que retirara la fuerza pública, que se privilegiaría el diálogo”.


El asesinato de Colosio, la serie

La plataforma estadunidense de películas, documentales y series, que cuenta con más de 89 millones de suscriptores en internet (48 millones en su país), estrenó esta producción, un día antes del aniversario número 25 del magnicidio. Coincide con el momento en que el PRI vive su crisis más profunda, después de caer al tercer lugar como fuerza política en las elecciones federales de 2018.

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera escena, con música de suspenso al fondo, es una toma aérea de la camioneta negra en la que viajaba Colosio cuando entró en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. La gente grita: “¡Colosio, Colosio!…” y el candidato presidencial del PRI levanta las manos para saludar. En lo alto de una -colina dos policías judiciales del municipio están alerta. Después, en un fragmento de video real, Colosio afirma en el mitin que no le teme a la competencia política, que rechaza la incompetencia política.
Las imágenes posteriores son de Colosio rodeado de una multitud caótica, que ya rebasó a su equipo de seguridad. Suena la canción “La culebra”, interpretada por la Banda Machos, y en una escena actuada truenan un par de balazos como señal de la ejecución del candidato.

Historia de un crimen
La serie Historia de un crimen: Colosio recrea la historia del político sonorense asesinado en Tijuana. La historia ya es conocida y sus personajes principales son Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, Manuel Camacho, Ernesto Zedillo, Diana Laura Riojas, José María Córdoba Montoya, Manlio Fabio Beltrones, Diego Valadés, Liébano Sáenz…
La plataforma estadunidense de películas, documentales y series, que cuenta con más de 89 millones de suscriptores en internet (48 millones en su país), estrenó esta producción, un día antes del aniversario número 25 del magnicidio. Coincide con el momento en que el PRI vive su crisis más profunda, después de caer al tercer lugar como fuerza política en las elecciones federales de 2018.
La serie presenta de manera cronológica el relato de uno de los atentados políticos más controvertidos de la historia nacional. Empieza con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y después desarrolla una intrincada trama política y policiaca que, tanto en la serie como en la vida real, desembocó en una solución que todavía no convence del todo: se inculpó, juzgó y sentenció a un asesino solitario. Sin embargo, muchos consideran que Mario Aburto es un chivo expiatorio del régimen salinista.
Esta producción del sello Dynamo, con dirección de Hiromi Kamata y guion de Rodrigo Santos, Alejandro Gerber Bicecci e Itzel Lara, recrea de manera libre y en forma de ficción los acontecimientos que en su momento se atribuyeron a una conspiración palaciega urdida en los altos niveles del gobierno salinista en contra de Colosio.
Desde el primer capítulo el político sonorense aparece solo, pensativo e inquieto. En los primeros minutos se le ve corriendo en una zona boscosa. Destaca su pelo rizado y alborotado. Al dar una vuelta en el camino de terracería, ya lo está esperando el presidente Salinas de Gortari, quien lleva una sudadera blanca que ostenta en el pecho el logotipo de Solidaridad, el programa social con el que pretendía erradicar la pobreza en su sexenio.

Revela su decisión
En la siguiente escena corren juntos. Los sigue un grupo de soldados del Estado Mayor Presidencial. Salinas le revela al entonces secretario de Desarrollo Social su decisión de que él sea candidato presidencial y no Manuel Camacho Solís, por quien muchos apostaban, incluso dentro del PRI.
–¿Cómo la estás llevando últimamente con Camacho? –pregunta Salinas.
–Bien, hemos hablado mucho. Anda muy ocupado, preparándose… Con eso de que ya se mandó hacer un busto de él mismo… –contesta Colosio, riéndose.
–Entendiste bien el juego, Luis Donaldo. ¿Tú qué opinas?
–Si lo escoge a él, va a la segura. Será ambicioso, pero le dará continuidad a lo económico, a la modernidad y a todo lo que usted ha hecho.
Salinas voltea mientras siguen corriendo y le suelta:
–Voy contigo. ¿Te interesa?
–¡Claro que me interesa! –exclama sonriendo Colosio mientras siguen corriendo. Salinas le pide un favor único: que se corte el pelo. “Para tu campaña… no podemos tener a un candidato así de greñudo”.
Así se anuda el trágico pacto del poder entre ambos personajes y arranca la intriga que se formó alrededor de Colosio en 1994, cuando el país vivió una de sus peores crisis políticas y de gobierno con el asesinato del cuñado de Salinas y entonces líder nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas.


La historia que marcó a México

El 23 de marzo de 1994 Colosio se encuentra en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, un barrio pobre de Tijuana, Baja California. A las 5:05 de la tarde, ya entre la gente, alguien le dispara al candidato en la cabeza. Su muerte fue anunciada horas después. Pero ¿quién lo mató y por qué? Estas preguntas resuenan en la cabeza de Diana Laura Riojas, su viuda, y en todo un país que no cree la historia que señala a Mario Aburto como el asesino solitario.

CIUDAD DE MÉXICO.- “Veo un México con hambre y con sed de justicia…”.
Es una voz en off del actor Jorge A. Jiménez, quien interpreta al candidato presidencial del Partido Revolucionario Intitucional (PRI) en 1994, Luis Donaldo Colosio. En la pantalla se advierte su figura sentada frente al escritorio, escribiendo un discurso.
En otra escena, un mitin en el Monumento a la Revolución, el personaje Donaldo completa la frase: “…De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo”.
Es la serie Historia de un crimen: Colosio, de ocho episodios, que se estrenará el viernes 22. Con este polémico suceso abrirá la primera historia, basada en hechos reales, de las varias que planea esta empresa estadunidense sobre crímenes cometidos en Latinoamérica
Según la trama, el 23 de marzo de 1994 Colosio se encuentra en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, un barrio pobre de Tijuana, Baja California. A las 5:05 de la tarde, ya entre la gente, alguien le dispara al candidato en la cabeza. Su muerte fue anunciada horas después. Pero ¿quién lo mató y por qué? Estas preguntas resuenan en la cabeza de Diana Laura Riojas, su viuda, y en todo un país que no cree la historia que señala a Mario Aburto como el asesino solitario.
A Diana Laura le queda poco tiempo: el cáncer de páncreas la consume y en su lucha por encontrar la verdad tendrá que enfrentar muchos obstáculos. Contará con muy pocos aliados, pero descubre que Federico Benítez, jefe de la policía de Tijuana, también ha iniciado una peligrosa investigación para descubrir la verdad porque tampoco cree que el crimen fuera al azar.
En otra escena, un personaje muy parecido al expresidente Carlos Salinas de Gortari recibe a la viuda, quien baja de una avioneta, y le manifiesta: “Lo siento mucho, Diana Laura”.
Ella de inmediato le pregunta: “¿Quién fue, Carlos?”.
Las directoras de Historia de un crimen: Colosio son las mexicanas Hiromi Kamata y Natalia Beristáin. El guion y la investigación recayó en Rodrigo Santos (fue el shouwrunner,- quien carga con toda la responsabilidad), rubros en los que participaron Alejandro Gerber y Michael Lara. Los productores son Andrés Calderón y Juan Uruchurtu.
Entre otros actúan Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Jorge Antonio Guerrero, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro, Ari Brickman y Lisa Owen, en ese orden de aparición.
Las directoras, así como Ilse Salas, quien interpreta a Diana Laura Riojas; Jorge A. Jiménez (Donaldo) y Jorge Antonio Guerrero (Mario Aburto), en entrevista con Proceso coinciden en que se debe revisar el pasado para comprender el presente.
Kamata, quien dirige los primeros cuatro capítulos, destaca: “Natalia, Rodrigo y yo sentimos que era una buena oportunidad de presentarles a los millennials, que no vivieron lo ocurrido en 1994, un momento de la política que cambió el curso de la historia y que también está dando resultados ahora”.
Se incorporó al proyecto porque “es un caso delicado, me interesa y ha estado ahí a pesar de que ya pasaron 25 años… Las ganas de hablar un poco de la historia de nuestro país, con la responsabilidad y el cuidado que, por supuesto, intentamos durante todo el proceso. Es un momento importante en la vida política de México para revisar ese año tan crítico para la nación. Fue devastador y como un parteaguas”.
La primera mitad de la serie, dice, está muy apegada a los hechos:
“Estuvimos en un desarrollo bastante largo, de cuatro meses de investigación, de estudio, de revisar todo el material que había en la Procuraduría General de la República… cuanto artículo nos encontramos, libros y material de video de las televisoras.
“También hubo un ligero, pero muy ligero, acercamiento al PRI, porque no queríamos basarnos en la versión que ellos tenían del caso. Igualmente hay ficción al principio, pero hacia el final, digamos, nos dimos más libertad. En realidad todo es narrado a partir de Diana Laura y del policía de Tijuana José Federico Benítez. La voz de la viuda nos interesaba a todos y nos cuestionamos: ¿Y esa familia que fue completamente afectada? Nos pareció humano abrir esa vertiente de la historia.”
Dice que el productor Uruchurtu tuvo un acercamiento con el hijo de Colosio, “por respeto, para avisarle que preparábamos una serie, y creo que también la actriz Ilse Salas”.

Ficción y memoria
Kamata, nacida en la Ciudad de México en 1982, comenzó su carrera como asistente de dirección en 2002 en varias productoras de publicidad. Dirigió el episodio siete de la segunda temporada de Niño Santo y Diablo guardián.
Por su parte Beristáin (Ciudad de México, 1981), quien ha participado como directora en series de televisión como El secreto de Selena y Luis Miguel, además de ser realizadora de las películas No quiero dormir sola y Los adioses, menciona que “justamente la arista de narrar la historia a través del lado mucho más íntimo y de un personaje como el de Diana Laura, me intrigó mucho”.
“Siempre que pienso en ella –abunda– me conmueve mucho saber que ya estaba desahuciada, que padecía una enfermedad dolorosísima. Sabía que su marido probablemente llegaría a la Presidencia y lo apoyaba, lo acompañaba, sabiendo que ella no iba a estar en ese momento. La posibilidad de abordar la política desde ese lado me pareció muy bien, es un lado en el que me puedo conectar. Pero los vericuetos, las estratagemas de la política y la podredumbre que ahí se mueve, con todo eso no me conecto.”
Relata que fue invitada por el productor Juan Uruchurtu:
“A diferencia de otros trabajos en los que he participado en televisión, cuando me buscan para sacar los capítulos adelante, aquí Juan me llamó casi desde que estaban empezando a escribir los guiones, entonces pude involucrarme mucho más creativamente en el proceso, desde la escritura del guion, pasando por la selección del elenco. Y en un trabajo en conjunto sobre la imagen que finalmente tendría el proyecto con el fotógrafo, la otra directora y el diseñador de producción.”
–¿Qué reto le produjo el tema?
–Siempre he pensado que México es un país que no tiene memoria, que el mismo Estado se ha encargado de hacernos una sociedad de memoria muy corta, y por eso permitimos 80 años de priismo. Nuestra capacidad de retención, de análisis y de preguntarnos que pasó antes, para saber por qué estamos viviendo hoy así, es una asignatura pendiente. Y a través de la ficción se pueden abrir estas preguntas, son ventanas para entender la nación que estamos viviendo hoy día.
“Es muy difícil pensar en el México de 2019 si no miramos hacia 1994, si no entendemos y nos preguntamos qué pasó ahí. Por un lado hay esa necesidad de abrir esas preguntas y de creer que la ficción tiene ese poder, además de traer un tópico como éste. Dices ‘Colosio’ y pensamos que todo mundo lo ubica perfectamente, pero la verdad es que para las generaciones más jóvenes probablemente es un nombre que les suena, pero no comprenden el peso histórico de aquel momento. Es importante para los votantes de 18 años, quienes en las elecciones pasadas votaron por primera vez.”
Otro atractivo del proyecto, explica, es que el universo de la política, que suele ser absolutamente masculino, es abordado por dos directoras, además de que no es “sólo un thriller político sobre el caso, sino tratarlo desde un punto de vista más humano y personal desde el personaje de Diana Laura”.


Breve manual de consultas ciudadanas

19/03/2019 – En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los días que corren, mucho se habla de las consultas ciudadanas. El presidente de la República ha convocado a realizarlas para definir lo que debía hacerse con el Nuevo Aeropuerto, el llamado Tren Maya o la termoeléctrica de Huesca. Ha dicho, también, que será conforme a ellas como se defina la suerte procesal de los expresidentes de la República. Ante la probabilidad de que este mecanismo sea utilizado con frecuencia en acciones de la mayor importancia, vale la pena analizar sus condiciones en nuestro país.
La primera gran distinción que conviene hacer es entre las consultas que llamaremos jurídicas y las que bien podemos denominar políticas. Las primeras son aquellas que se encuentran previstas por alguna norma del derecho nacional o por algún tratado internacional suscrito por México y, por lo mismo, obligatorio. Las segundas son aquellas que se hacen por quien ejerce el poder político, sea éste el presidente de la República, un gobernador o cualquier otro tipo de funcionario federal, local o municipal, sin sustento expreso en el propio derecho. Es verdad que la dualidad jurídico–político no agota todas las posibilidades imaginables de consultas, pues podría haber otras de tipo familiar, deportivo o escolar. Sin embargo, y para no perdernos, nos limitaremos a tratar estas dos.

Procesos y consecuencias
Pudiendo elegir por dónde comenzar, lo haré por las consultas jurídicas por mera deformación profesional. Desde este punto de vista, las consultas pueden ser de tipo constitucional, convencional, legal o administrativo. Veamos cada una de ellas, sus procesos y las consecuencias de no realizarlas.
Las consultas constitucionales son aquellas cuyas condiciones más generales están previstas en la Constitución. En primer lugar, el artículo 2 dispone que la Federación, los estados y los municipios deberán consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que se realicen. Estas breves determinaciones se desarrollan con detalle en la Ley de Planeación y, dado que dicho plan tendrá que ser enviado a la Cámara de Diputados dentro del mes de abril de este año, seguramente veremos pronto intensas consultas con los numerosos y distintos pueblos que integran de manera plural a la nación mexicana.
En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. La propia Constitución dispone que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en ella, los principios consagrados en su artículo 40, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Para llevarla a cabo, la Suprema Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta previamente a la convocatoria del Congreso de la Unión, y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, verificada siempre el día de la jornada electoral federal. Cuando la participación total corresponda al menos a 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes públicos.
La Suprema Corte ha tenido la oportunidad de ejercer la facultad acabada de señalar en cuatro ocasiones. El 30 de abril de 2014 resolvió las peticiones de aviso que para hacer sendas consultas fueron planteadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otras personas, y por el licenciado López Obrador y otros ciudadanos, con relación a la reforma energética publicada en el Diario Oficial del 20 de diciembre de 2013. En ambos casos la Suprema Corte determinó por mayoría de nueve votos contra uno que las solicitudes eran inconstitucionales porque la materia que se pretendía someter a consulta involucraba ingresos del Estado.
El 29 de octubre del mismo año, la Corte declaró por mayoría de seis votos, e idéntico motivo, la inconstitucionalidad de la materia del aviso de consulta que pretendieron llevar a cabo Gustavo Madero Muñoz y otras personas respecto al nivel de los salarios mínimos partiendo de la línea de bienestar fijada por el Coneval. Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se declaró la inconstitucionalidad del proceso por el que quería preguntarse a la ciudadanía si está de acuerdo con que se reforme la Constitución para reducir el número de diputados federales por el principio de representación proporcional de 200 a 100 y se eliminen los 32 senadores de representación proporcional, por tratarse de una cuestión electoral prohibida por el mencionado artículo 35 constitucional.
El segundo nivel jurídico de las consultas está constituido por las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en los tratados internacionales que ha celebrado. De entre varias posibilidades, ejemplifico con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 6 se dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarles directamente, así como establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en todos los niveles de decisión en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de las políticas y los programas que les conciernan. En el mismo ­artículo se ordena que las consultas deberán ser de buena fe y apropiadas a fin de lograr acuerdos o consentimientos.

Convenio 169
Con base en ese Convenio 169, y en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador, resuelto el 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado no satisfizo los requisitos esenciales de un proceso de consulta válida a comunidades indígenas del carácter previo de la consulta, la buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo, la adecuación y accesibilidad, el estudio de impacto ambiental y el presupuesto de que sea informada; por lo que finalmente se concluyó que el Pueblo Sarayaku no fue consultado antes de que se realizaran actividades propias de exploración petrolera, se sembraran explosivos o se afectaran sitios de especial valor cultural.
A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de nuestro país resolvió en 2013 que todas las autoridades nacionales están obligadas en el ámbito de sus atribuciones a consultar siguiendo parámetros muy semejantes a los apuntados por la Corte Interamericana, pero añadiendo que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, ya que uno de los objetos del procedimiento es determinar si los ­intereses de los pueblos indígenas podrían ser perjudicados.
Otro ejemplo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en su artículo 4 se establece que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectivo ese tratado y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con ellas, incluidos los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan.
También la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 5 establece que los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de agrupaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la propia convención.
El siguiente nivel es el legal, es decir, aquél en el que las leyes prevén la necesidad de llevar a cabo las conductas de que venimos tratando. Por la cantidad de leyes que prevén diversos mecanismos de consulta, es imposible señalar aquí la totalidad de ellos. Me limito a exponer dos ejemplos. En el artículo 20 de la Ley de Planeación se dice que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. En el 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales integrará órganos de consulta con entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales para asesorar, evaluar y darle seguimiento a la política ambiental, así como recibir opiniones y observaciones, lo que, en caso de darse, obliga a la propia secretaría a expresar las causas de la aceptación o rechazo. Finalmente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización prevé un sistema de consulta respecto del procedimiento de creación de las normas oficiales mexicanas.

Violación a sus reglas
Una vez que hemos identificado los casos más relevantes de consultas jurídicas, es de la mayor importancia preguntarnos por las consecuencias de su franca omisión o de la violación a sus reglas. En el primer caso, y por las razones que se quieran, las autoridades simplemente no convocan a quienes tienen que hacerlo para que manifiesten su parecer respecto a la norma a crear o la acción a tomar. En el segundo, y dado que la consulta es un procedimiento, no se satisfacen todos los pasos que debieran darse. Por ejemplo, no se llama al grupo adecuado, la consulta se hace de manera amañada o los resultados anunciados no coinciden con los obtenidos, por mencionar algunos supuestos. Dejando de lado el tipo de violación jurídica que se haya promovido, lo primero que conviene definir es el tipo de procedimiento que puede instaurarse para anularla.
Una buena parte de los sujetos a quienes tiene que escucharse en una consulta tienen ese estatus por lo previsto en la Constitución o en un tratado internacional. Por lo mismo, gozan de un derecho humano a ser consultados y el mismo es exigible mediante el juicio de amparo. Esto significa que si una persona o colectivo debiera ser consultado y no lo es o lo es inadecuadamente, es altamente posible que mediante una sentencia de amparo se anule la norma o el acto y se pida a la autoridad que reponga el procedimiento escuchando a quienes debieran ser consultados. Nada de extraordinario tiene este asunto en la jurisprudencia.
En el mismo plano de los derechos humanos, existe la posibilidad de que las comisiones federal y locales que los tutelan impugnen las leyes en las que no se hubieren escuchado a las personas que debieran serlo. Al respecto, conviene recordar que la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015 en contra de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista tenía como aspecto principal determinar si el Congreso de la Unión había satisfecho o no la consulta con los correspondientes colectivos. Si la consulta está prevista en alguna ley, los interesados podrán promover medios de defensa para hacerse escuchar en lo que debieron ser consultados.
Como no podría ser de otra manera, las consultas jurídicamente reguladas tienen efectos jurídicos, tanto si se cumplen como si no se cumplen. El señalamiento parece obvio, pero no lo es. Las consultas se han constituido en un elemento procedimental de validez de normas o actos de la ­autoridad. No satisfacerlas total o parcialmente puede acarrear la invalidez de esa norma o decisión, tal como si la misma hubiera sido emitida por una autoridad incompetente o fuera del correspondiente proceso.
Indicados algunos de los elementos más relevantes de las consultas jurídicas, paso a analizar las políticas. La manera más directa de hacerlo es señalando que son convocatorias no reguladas por el derecho, hechas por un servidor público u órgano del Estado para escuchar la opinión de la población con la finalidad de orientar sus decisiones. Desde el momento en que las consultas no están reguladas, resulta claro que su manera de realización queda determinada por el convocante. El número de participantes es decidido por él, y pueden ser conjuntos amplios o restringidos de la población, o subconjuntos previamente fijados: toda la población, los beneficiados o los perjudicados, por ejemplo. Igualmente variable puede ser el modo de recoger la opinión, tanto como aplausos, a mano alzada, votos en urnas o sentires percibidos por el consultante.
En la lógica formalizada básicamente por la voluntad o los deseos de quien realiza la consulta, los resultados de ésta son igualmente variables e interpretables, desde luego por él. Lo determinante pueden ser números o porcentajes de votos, niveles auditivos, emociones cuantificadas o percepciones sentidas. Al final de cuentas, la formalización depende de las reglas más o menos fijadas por quien convoca, y de su deseo más o menos constante de mantenerlas hasta el final o hasta que decida revocarlas o ajustarlas.
Más allá de la elasticidad de los procesos consultorios y de los resultados que arrojen tan singulares ejercicios, hay un elemento a destacar. Las consultas políticas no son, desde luego, jurídicas, pero sus resultados muy probablemente sí lo serán. Me ­explico. Los órdenes jurídicos modernos están construidos en mucho para evitar la arbitrariedad de los funcionarios. Por lo mismo, existen prevenciones para que todo aquello que hagan se encuentre debidamente fundado y motivado. Estas dos expresiones simplemente imponen la carga de que las acciones públicas estén basadas en una norma jurídica y que la aplicación de la misma sea razonable a la situación que se enfrenta. Si, por ejemplo, una autoridad sanitaria va a clausurar un establecimiento mercantil por la falta de condiciones higiénicas, en la orden correspondiente deberá explicar las situaciones que considere son contrarias a la higiene e identificar las normas jurídicas que precisamente le permiten cerrar un negocio cuando esos hechos se hayan dado.


Rasgos de autoritarismo

12/03/2019 – José Woldenberg, quien presidió el Instituto Federal Electoral durante las elecciones de la primera alternancia presidencial, en 2000, manifiesta su preocupación por el “resorte autoritario” que observa en las decisiones iniciales del gobierno lopezobradorista, por lo que llama a los distintos sectores sociales a evitar que en el país se escuche sólo la voz del presidente.

CIUDAD DE MÉXCO.- José Woldenberg está molesto con Andrés Manuel López Obrador, quien hace tres décadas fue su compañero en el PRD:
–Lo nombramos presidente, no sultán.
Al evaluar las decisiones, acciones y omisiones de López Obrador en sus primeros 100 días de gobierno, admite que ha “modificado las coordenadas de la política nacional”, como tender puentes con la sociedad que antes estaban rotos, pero ve malas señales para la democracia.
En particular, Woldenberg afirma que López Obrador “desprecia, y mucho, a las instituciones del Estado y a sus funcionarios, desprecia a los órganos autónomos y desprecia a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto no presagia nada bueno”.
–¿Hay ya un modo de gobernar de López Obrador?
–Sí. Lo que más me preocupa es que existe un resorte autoritario en el presidente de la República.
Después de renunciar al PRD en 1991, por discrepar de la línea política del partido que presidía Cuauhtémoc Cárdenas, Woldenberg encabezó el primer consejo ciudadanizado del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996, justo cuando ascendía López Obrador al liderazgo perredista.
Se mantuvo en ese cargo hasta 2003, cuando López Obrador cumplía tres años al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país, desde la que se catapultó para ser tres veces candidato presidencial, hasta que ganó, en 2018, con 53% de los votos.
Desde su cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió López Obrador, Woldenberg observa un fortalecimiento del presidencialismo, un afán centralizador de decisiones, una descalificación a “rajatabla” de sus adversarios, y decisiones autoritarias, como las consultas.
Las organizadas para cancelar el nuevo aereopuerto y sobre la termoeléctrica de Huexca, reprueba, no son constitucionales, ni siquiera encuestas con muestra representativa: “Son más bien caprichos donde el poder se ve en el espejo y el espejo le dice al poder lo que éste quiere oír. Eso tampoco presagia nada bueno”.
En particular, le parece aberrante la consulta que López Obrador organizará, el 21 de marzo, en el natalicio de Benito Juárez –uno de sus próceres favoritos–, para definir si son enjuiciados los expresidentes del “neoliberalismo”: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Eso a mí me parece un delirio. ¡Un delirio!”, exclama para manifestar su repudio a esa consulta que considera indigna de un jefe de Estado, porque no se puede enjuiciar a quienes fueron presidentes por haber sido neoliberales.
“Eso no es un cargo. La democracia se hace para que las corrientes neolibeales, socialistas, conservadoras se expresen, contiendan y finalmente se trata de políticas diferentes, pero no pueden ser llevadas a tribunales”, explica.
Lo que sí puede llevarse a los tribunales son delitos específicos, pero de lo contrario “volveríamos a la época de los juicios de alzada, sin garantías para los inculpados. Impartir justicia tiene su chiste”.
Si se quiere juzgar a los expresidentes, añade, que el Ministerio Público arme los expedientes para establecer los posibles delitos y se los presente a un juez, para que se notifique al inculpado y se defienda, y si es culpable que se sancione.
“Está hablando desde Salinas hasta acá. Muchos de los eventuales delitos es muy probable que hayan prescrito”, advierte, y reitera: “Hablar de cosas que pasaron hace 25 o 30 años y que van a ir a tribunales me parece una bufonada”.
–Pero va a ocurrir.
–Yo espero que no.
–¿Debe reconsiderar?
–Creo que sí. Eso sería un show, sin ninguna base legal, sin ninguna base constitucional. Espero que eso no suceda.
Woldenberg entiende que López Obrador diga que la consulta prevista en la Constitución es inoperante, pero entonces que se modifique.
“Yo no digo que a nuestra Constitución tengamos que verla como las tablas de la ley reveladas. Pero el presidente sobre todo está obligado a cumplir con lo que la Constitución dice. Lo nombramos presidente, no sultán. Y es presidente porque hay un marco constitucional en que derivan todas sus potencialidades, pero también todos sus límites.”

Llamado a resistir
Constructor y defensor del proceso de transición democrática en México, Woldenberg lamenta el poco aprecio que López Obrador y la sociedad tienen de los logros en esta materia.
“Me preocupa que desde el gobierno, y también desde la sociedad, no se valore mucho lo que se construyó en México en las últimas décadas en materia democrática. En el discurso presidencial la etapa de transición a la democracia prácticamente es omiso”, subraya.
Autor de una treintena de libros, entre ellos La mecánica del cambio político en México y México: la democracia difícil, el expresidente del organismo antecesor del Instituto Nacional Electoral valora los logros de la transición democrática, como el sistema plural de partidos, hoy debilitado, la Presidencia de la República acotada por el Congreso y el Poder Judicial, así como el sistema de organismos autónomos.
Pero reconoce que esto obedece a que la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han estado más en el centro de la atención pública.
“No hay un disolvente mayor de la confianza en las instituciones públicas que los fenómenos de corrupción que llevan aparejada impunidad”, subraya, y añade que, en paralelo al proceso democratizador, hubo una espiral de violencia que alimentó el malestar con los políticos, los partidos y los gobiernos.
“Y si a eso sumamos que la economía no creció a tasas medianamente importantes como para atender la incorporación de millones de jóvenes al mercado de trabajo, que acabaron en la informalidad, y si además agregamos las enormes desigualdades que marcan nuestro país, entonces quizá podamos entender por qué esa desafección con los partidos que hicieron posible la transición democrática en los primeros años de la democracia.”
Esto explica en buena medida, dice, el triunfo de López Obrador, pero también le advierte: “Ese caldo de cultivo sigue ahí y no se revierte sólo con proclamas y con anuncios. Mucho del performance del nuevo gobierno sí ha tendido puentes con los ciudadanos, pero si la corrupción y la violencia no se abaten, si la economía no crece, si la gente no ve un horizonte productivo para él y para sus hijos, es probable que los fenómenos de desencanto vuelvan a aparecer”.
Alerta: “Ojalá no tiremos al niño con el agua sucia. Para mí el niño se construyó en términos democráticos y el agua sucia son todos estos fenómenos, todos estos rezagos, estas plagas que erosionan la vida misma”.
Para Woldenberg, es claro que en los primeros 100 días de gobierno de López Obrador hay el afán de “reconcentrar en la Presidencia muchas facultades y eso, bien pensado, no le conviene ni al presidente”.


Emporios construidos a la sombra de la venta de gasolina

11/02/2019 – Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera tiendas de conveniencia– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay en México un club exclusivo de familias que acumularon fortunas con el negocio de la gasolina: estos “zares”, de la mano de gobiernos generalmente priistas, construyeron emporios con decenas de gasolinerías esparcidas en varios estados.
En la revisión de una muestra de 4 mil 793 permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Proceso encontró que varios de estos potentados, que obtuvieron decenas o cientos de permisos durante el sexenio de Peña Nieto, incluso participaron en maniobras fraudulentas que favorecieron a los gobernantes.
Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera tiendas de conveniencia– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo, ese emporio es sospechoso, por lo que, en el marco de la estrategia federal de combate al robo de hidrocarburos, bloqueó las cuentas bancarias de William Karam y lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas junto con otros presuntos lavadores de dinero, según reportó el diario Reforma el 31 de enero.

Amparo
Karam solicitó un amparo el pasado 28 de enero y un juez le otorgó la suspensión provisional dos días después.
En las últimas tres décadas, los Karam Kassab se vincularon con personajes involucrados en maniobras fraudulentas a favor del PRI. Uno fue el exbanquero yucateco Carlos Cabal Peniche. También se asociaron con Moisés Mansur Cysneiros, uno de los operadores de la red de lavado de dinero del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
Los hermanos Issa Tafich también tejieron relaciones en Pemex desde hace décadas. Su tío, Antonio Juan Marcos Issa, fue asesor del priista Rogelio Montemayor Seguy durante los 10 meses en los que éste dirigió la petrolera y juntos operaron los desvíos millonarios de fondos a la campaña del priista Francisco Labastida, en la trama conocida como Pemexgate.
Actualmente, mediante la empresa Energía y Servicios Coordinados, que registraron en diciembre de 2014, Salomón Issa Tafich y sus hermanas controlan 75 gasolinerías, principalmente en Coahuila y Durango, pero también en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz.
En 2016 los poderosos consorcios gasolineros LodemoRed, E.S.G.E.S., CorpoGas, Enerkom e Hidrosina se aliaron para formar la franquicia externa a Pemex llamada La Gas.
E.S.G.E.S. opera 49 gasolinerías en los siete estados del sureste; fue fundada por el empresario Carlos Mouriño Terrazo, hermano del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien falleció en noviembre de 2008 en un accidente aéreo.
La familia Loret de Mola Gómory, dueña del consorcio LodemoRed, posee decenas de gasolinerías en la región y se asoció con los Mouriño en junio de 2007 para crear la empresa Administración de Estaciones del Sureste, que controla cuatro gasolinerías en Campeche y Yucatán.
En la región opera, asimismo, Ricardo Antonio Vega Serrador, vinculado a las redes de desvío del exgobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo, ahora preso. Junto con su socio Anuar Fayad Hassan, Vega encabeza un imperio de al menos 176 gasolinerías en siete estados, principalmente en Quintana Roo (donde tiene 80), el Estado de México (51) y la Ciudad de México (32).
El empresario regiomontano Antonio Espinosa de los Monteros Leal y su familia controlan al menos 48 concesionarias de gasolina, 45 de ellas en Tabasco y las demás en Campeche y Veracruz. Espinosa de los Monteros participó en los saqueos al erario tabasqueño operados durante el sexenio del priista Andrés Granier Melo –ahora en prisión domiciliaria–, al que también rentaba aviones y vehículos blindados. Según la todavía Procuraduría General, el empresario puede haber participado en un fraude de 144 millones de pesos a través de la venta de un predio al gobierno estatal para construir casas destinadas a los damnificados por las inundaciones de 2007.

Sexenio presidencial
En el sector gasolinero también operan los financieros Salvador Oñate Ascencio y su hijo Santiago Oñate Barrón, cuyos negocios crecieron durante el sexenio presidencial de su amigo Vicente Fox. Oñate Ascencio, también presidente de Banco del Bajío y decenas de empresas registradas a su nombre en esa región, opera 51 gasolinerías con la empresa Mega Gasolineras y otras nueve con Servicio El Once, la mayor parte de ellas en Guanajuato, uno de los estados más afectados por el huachicoleo.
En noviembre pasado el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua, acusó al Grupo Soni –de Oñate Barrón y Oñate Ascencio– de operar tomas clandestinas conectadas a los ductos de Pemex. La PGR abrió una carpeta de investigación.
En San Luis Potosí, la familia de Juan Carlos Valladares Eichelmann –enlace del PRI con los empresarios del estado e integrante del jet set– controla 19 gasolinerías; en el norte del país opera Luis Carlos Valencia Rosas, un amigo de López Obrador que tiene 37 gasolinerías. (Con información de corresponsales)


Las reformas para crear la Guardia Nacional preservan la impunidad militar

25/01/2019 – La iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado desde antes de asumir el gobierno, no sólo otorga la cobertura legal a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública. También mantiene a los cuerpos militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos fuera del alcance de la Corte Penal Internacional y, en la práctica, preserva la posibilidad de que los detenidos puedan ser interrogados, con riesgo de tortura, en instalaciones militares antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá la cobertura legal a las Fuerzas Armadas, esenciales en su proyecto de gobierno, para que la Corte Penal Internacional (CPI) siga impedida de intervenir directamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos en México.
Las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional, aprobadas en la Cámara de Diputados el miércoles 16 por el oficialismo con el apoyo del PRI, excluyeron la modificación al artículo 21 de la Constitución para reconocer plenamente la jurisdicción de la CPI en el país.
Además, mantienen la posibilidad de que los efectivos de la Guardia Nacional, que serán en su mayoría policías militares y policías navales, continúen la práctica de interrogar a los detenidos en los cuarteles antes de llevarlos ante el Ministerio Público, como ha ocurrido durante los últimos 12 años, según lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas en el marco del combate al narcotráfico.

Intervención de la justicia militar
Las reformas aprobadas hasta ahora en la Cámara de Diputados y pendientes de ratificación en el Senado conservan también la intervención de la justicia militar en casos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, y no hacen ninguna referencia a las ­disposiciones de la intervención de las comunicaciones de personas por parte de los militares ni a la facultad que tiene la justicia castrense para citar a declarar a civiles.
La iniciativa original presentada por Morena para la creación del nuevo cuerpo armado proponía que el Estado mexicano reconociera la jurisdicción de la CPI y superar lo que ahora sucede: que el presidente de la República, con el aval del Senado, tenga la última palabra para cualquier actuación de ese tribunal de Naciones Unidas en el país.
Después de casi dos décadas de reconocimiento a la CPI, hasta ahora ninguna de las denuncias presentadas en contra del Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos ha derivado en la actuación de esa corte. México reconoció su jurisdicción en septiembre del año 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, pero se ha quedado en un mero enunciado.
En el gobierno de Vicente Fox, en medio de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército durante el régimen del PRI, se estableció un doble candado en la Constitución para la intervención de la CPI en México. En la reforma al artículo 21 constitucional, aprobada en 2004, se estableció: “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, reconocer en cada caso la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Inicialmente, Morena pretendía eliminar esa doble restricción que se ha traducido en una obstrucción a las denuncias presentadas contra México desde que en 2007 los militares emprendieron el combate frontal al narcotráfico. En la iniciativa se eliminaba ese impedimento y se proponía que en la Constitución se estableciera: “El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

Marginada, la Corte Penal Internacional
La propuesta de reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional fue presentada el 20 de noviembre del año pasado por la diputada morenista María Guillermina Alvarado Moreno, apenas a cinco días que el entonces presidente electo anunciara su decisión de integrar ese nuevo cuerpo armado.
Como lo hizo el gobierno de Fox, el de López Obrador y su mayoría en el Congreso decidieron anular cualquier intervención jurídica internacional en el país para los casos en que agentes del Estado, incluidos militares, se vean implicados en crímenes de lesa humanidad.
En casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o la desaparición de civiles en Tamaulipas a manos de efectivos de Marina, ocurridos durante el gobierno de Peña Nieto, la CPI habría intervenido desde el principio para que los responsables tuvieran una sanción efectiva, dice la experta.
Advierte también de otra salvaguardia para los militares en la Guardia Nacional: la intervención del fuero militar para la investigación de esos casos, que ahí son considerados como “violencia contra las personas” y no violaciones graves a los derechos humanos.
En las reformas ya aprobadas por los diputados se estableció que los delitos cometidos por los elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por las autoridades civiles, mientras que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por la justicia militar.
Pero el Código de Justicia Militar abre la posibilidad de que los delitos cometidos por efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada contra civiles puedan ser investigados por tribunales castrenses. Incluso, en su capítulo Delitos cometidos en ejercicio de funciones militares o con motivo de ellas, establece una pena de sólo un año en contra del militar que use de manera innecesaria sus armas contra cualquier persona, o que sin autorización ejerza cualquier acto injustificado de violencia contra algún individuo.
En el caso de agresiones o vejaciones contra vecinos del lugar por donde ­transite, la pena es de dos años. Tratándose de robo o destrucción en alguna casa o de maltrato a personas del domicilio, el castigo es de seis meses. En el caso de la matanza de al menos 15 presuntos delincuentes en Tlatlaya, los militares que fueron procesados por la justicia militar sólo pasaron un año en la prisión del Ejército.

Reformas constitucionales
Victoria Unzueta observa también que las reformas constitucionales soslayaron las facultades que tiene la justicia militar para autorizar la intervención de comunicaciones o citar a particulares para declarar en tribunales castrenses.
La intervención de comunicaciones, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, abarca todo sistema de comunicación o programas de la evolución tecnológica sobre el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes y archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación en tiempo real o posterior a la comunicación.
Aunque aclara que la intervención de comunicaciones privadas “sólo podrá autorizarse en la investigación de delitos de la competencia de los órganos jurisdiccionales militares”, esas disposiciones se refieren a “hechos probablemente cometidos por personal militar en el ámbito de competencia castrense, que incluye actos cometidos en el servicio o con motivo de éste”.
En el caso de los citatorios judiciales a civiles por parte de la justicia castrense, el Código Militar de Procedimientos Penales señala que toda persona está obligada a presentarse ante la justicia militar o el Ministerio Público castrense “cuando sea citada”. La excepción es para el presidente de la República, los senadores, los diputados, los ministros de la Suprema Corte y otros altos funcionarios del Poder Judicial de la federación, así como los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El resto de los ciudadanos, incluso exfuncionarios públicos, pueden ser llamados a declarar en los tribunales militares.
Una modificación más del dictamen que operará a favor de los efectivos de la Guardia Nacional es que, en la propuesta original de la diputada Alvarado Moreno para reformar al artículo 16 de la Constitución, se establecía que bajo ninguna circunstancia una persona detenida podría ser trasladada ni resguardada en instalaciones militares. En un cambio posterior, se especificaba que los detenidos deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante las autoridades de carácter civil.
Pero al final los diputados redujeron el alcance del artículo y sólo se estableció: “Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan”. Es decir, se mantiene, ahora bajo el reconocimiento constitucional, la práctica actual: que en muchos casos los militares suelen llevar primero a los detenidos a cuarteles militares para interrogarlos o torturarlos antes de presentarlos ante el Ministerio Público.


Incidental golpe a la ultraderecha panista

3/01/2019 – Con la muerte de Rafael Moreno Valle desapareció el más influyente liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN), con cuyo poder ganó la presidencia Marko Cortés, pero también se desvaneció su más sólido prospecto a la Presidencia de la República para 2024, un proyecto que comenzó a construir con las peores prácticas desde que ganó la gubernatura de Puebla en 2010.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el desplome del helicóptero en el que viajaban el senador panista Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso, el PAN perdió su liderazgo interno más poderoso, y no sólo porque ella había logrado conservar Puebla para la derecha, sino también porque el legislador había llegado a una serie de acuerdos para amarrar su candidatura presidencial. Sin embargo, esta labor se basó en traiciones, acuerdos incumplidos y un autoritarismo cuyas primeras víctimas fueron los propios panistas.
Con la muerte de Rafael Moreno Valle desapareció el más influyente liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN), con cuyo poder ganó la presidencia Marko Cortés, pero también se desvaneció su más sólido prospecto a la Presidencia de la República para 2024, un proyecto que comenzó a construir con las peores prácticas desde que ganó la gubernatura de Puebla en 2010.
Sin Felipe Calderón y Margarita Zavala, así como con la marginación del excandidato presidencial Ricardo Anaya y los viejos liderazgos, el PAN experimenta un reacomodo interno con gobernadores que ya no tienen a Moreno Valle para que los articule, aunque emergen otros prospectos presidenciales, como el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el gobernador Javier Corral.

Escenario electoral
A la crisis interna derivada de la muerte de la pareja Alonso-Moreno Valle se suma el complejo escenario electoral para el PAN: la primera elección con Cortés como presidente, la extraordinaria de Monterrey, la perdió ante el PRI el domingo 23, y se perfila la misma suerte ante Morena en la gubernatura de Baja California, después de tres décadas ininterrumpidas de gobierno.
Uno de los escasos panistas que alertaron de la captura del PAN por parte de Moreno Valle en la más reciente elección interna, Juan José Rodríguez Prats, advierte que la muerte de éste deja en la orfandad a Cortés, pero al mismo tiempo lo libera para que asuma su condición de presidente del PAN.
En 2010, con todo el apoyo de Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo y la coalición de PAN, PRD, MC y Panal, Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla, desde la que comenzó a construir su candidatura presidencial, inicialmente prevista para 2018.
Esto supuso un pacto con la dirigencia del PAN, presidido a nivel nacional por César Nava, y con la organización secreta de ultraderecha El Yunque –que en Puebla se fundó en la década de los cincuenta–, con pláticas que comenzaron en 2009.
Con Moreno Valle asistían a esas reuniones su concuño Fernando Manzanilla, quien fue coordinador de campaña y el primer secretario de Gobierno, y Banck Serrato, mientras que El Yunque era representado por Jorge Espina, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Luis Regordosa Valenciana y Pablo Rodríguez Posada, líderes empresariales locales, así como el exdiputado Pablo Rodríguez Regordosa.
Producto de esos encuentros secretos fue un documento de compromisos de Moreno Valle con los jerarcas de El Yunque, como confirmó Rodríguez Regordosa. “Para más detalles, lo redacté yo”, dijo al reportero en junio de 2017 (Proceso 2119).
Aunque no participó en las reuniones, Juan Carlos Mondragón supo del pacto como presidente del PAN en la elección de 2010. Reveló que el documento por duplicado –el cual sólo tienen Moreno Valle y Rodríguez Regordosa– enlistaba compromisos sobre un gobierno con visión de largo plazo y participación ciudadana.
“Uno de los acuerdos era respetar la vida interna del partido, no meterse desde el gobierno, y a cambio no nos meteríamos en el gobierno. Él había dicho que iba a gobernar con panistas, pero no se exigió una sola cartera. Se pidió que fuera un gobierno sin corrupción, abierto a la transparencia y al desarrollo democrático y con separación de poderes”, dice Mondragón.
–¿Y Moreno Valle cumplió con estos compromisos?
–¡No, de ninguna manera, en absoluto! No hay un solo punto que se haya cumplido: ni en el tema de la corrupción ni de transparencia, mucho menos en la división de poderes. La conformación de su gobierno no fue de verdadera transición. De ninguna manera cumplió.
Al mismo tiempo que en su sexenio se disparó la inseguridad y la violencia, el robo de combustible –que implicó a altos mandos de la Policía Estatal y a políticos como Javier Lozano– y se multiplicaron los feminicidios, como lo admitió la propia Alonso como candidata, Moreno Valle impuso en el PAN numerosas prácticas autoritarias.
Una de ellas fue la afiliación masiva instrumentada por Eukid Castañón Herrera, su operador político acusado también de montar el aparato de espionaje a cargo de Joaquín Arenal Romero, exsubdirector de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Desde que Moreno Valle coqueteó con el PAN, en 2006, y sobre todo desde que se perfilaba su candidatura al gobierno estatal, una de las prominentes panistas de Puebla, Ana Teresa Aranda, advirtió de los riesgos para el partido.

Mensaje siciliano
En 2013, un comando ingresó a su domicilio mientras estaba ausente.  Ella culpó a Moreno Valle: “Es un mensaje siciliano que lleva la marca de ya sabes quién”, dijo Aranda. Uno de sus mejores amigos, el exalcalde panista Pedro Barojas, fue detenido con violencia en octubre de 2011 cuando iba con ella a la sesión del Consejo Estatal del PAN.
“Esa persecución le ha servido para mandar una enseñanza: a cualquiera que se quiera sublevar le va a pasar lo que a Pedro, que está en el bote, sea culpable o no. Bartlett se queda pequeño junto a Moreno Valle.”
–¿A ese nivel? –pregunta el reportero.
–Sí, de plano. Nada más comparemos los medios. En los tiempos de Bartlett podías ir a los medios, hablabas en la televisión y la radio, le pegabas al gobernador y ni modo. Ahora, salvo tres o cuatro excepciones, los medios mueren de miedo. ¡Es increíble la sumisión!
Con más de 350 presos, procesados y perseguidos políticos en su sexenio, Moreno Valle llevó la represión a niveles inauditos, como la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, cuyo cráneo fue destrozado por un cartucho de gas lacrimógeno cuando la Policía Estatal desalojaba un bloqueo carretero, el 19 de junio de 2014, al amparo de la llamada “Ley Bala”. El abuso derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nunca cumplió a cabalidad.
Luego de dejar la gubernatura en manos de Gali, Moreno Valle emprendió la búsqueda de la candidatura presidencial mediante una estructura nacional que financió durante años, pese a lo cual fracasó ante Anaya. Sin embargo, Moreno Valle amarró con Anaya la candidatura de su esposa a gobernadora y la propia como senador. Y luego pactó con Cortés su apoyo a cambio de la coordinación del PAN en el Senado, plataforma de su proyecto presidencial.
Damián Zepeda, quien prefirió renunciar a la coordinación antes de ser sustituido por Moreno Valle, definió la trayectoria de éste, exactamente un mes antes de su muerte, en dos palabras: autoritario y traidor.


Ante el desastre, el gran desafío

4/12/2018 – Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tomar posesión de la Presidencia este sábado 1, Andrés Manuel López Obrador pintó el panorama desastroso de un país –que gobernará– sometido a 36 años de neoliberalismo, durante los cuales la corrupción, la pobreza y la violencia se desbordaron. Para enderezar un México que describió prácticamente en ruinas, el presidente ofreció perdón y no venganza, y detalló una serie de medidas que resumió en la frase “Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.
“Hoy comienza un cambio del régimen político”, lanzó Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna del Congreso de la Unión. El reloj marcaba las 11:26 horas del sábado 1 y el tabasqueño se ceñía el símbolo del poder, la banda presidencial, para convertirse al fin en presidente de México.
Protagonista del quiebre del PRI en 1988, Porfirio Muñoz Ledo encabezó el ritual desde la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión: del mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, recibió la banda presidencial, la levantó, la mostró al pleno y se la colocó al tabasqueño, arrancando así lo que se ha llamado “la hora cero de la República”… y estallaron los aplausos en el pleno.
Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador.
“Iniciamos hoy la Cuarta Transformación. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada. Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”, exclamó entre vítores.
Y aunque pretende acabar con los males del país, ofreció no ser juez sino conciliador. Puso sobre la mesa la política de “punto final”, a lo que la bancada del PAN respondió con un rotundo “¡noooooo!”.
Abarrotado el recinto de San Lázaro, el tabasqueño se apropió del escenario.
El PRI que combatió replegado, respetó la ceremonia republicana y acaso dio débiles gritos de apoyo a Peña Nieto en su despedida. El PAN, que por momentos parecía lleno de ira, lo recibió con pancartas, exigencias y reclamos para acabar lo que ellos mismos echaron a andar: el aumento al precio de las gasolinas.
El PRD, partido que él, Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano (testigo de la ceremonia desde el palco de invitados especiales) construyeron, ahora estaba totalmente desdibujado.
En el otro extremo, la izquierda del recinto, sus compañeros de la larga campaña presidencial de 12 años: el PT, sus nuevos aliados del PES y Morena no cabían de gozo. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, coreaban exultantes.
El ambiente era de fiesta para la nueva mayoría y de prudencia para el PRI, al cual se aludió una y otra vez, pero a final de cuentas uno con el PAN en su caminar por el neoliberalismo.

Contra el neoliberalismo
La magia del poder que potencia la banda presidencial no tuvo los mismos efectos en anteriores mandatarios, quienes una vez que la acariciaban cobraban fuerza en la voz o a quienes cubría entonces un artificial halo de respeto.
Aunque se sumó a la liturgia del cambio de poder presidencial, López Obrador resumió aquello contra lo que luchó a lo largo de 36 años. Sí, acarició brevemente la banda, pero largamente enumeró los estragos del desastre neoliberal.
“La crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada… Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”, soltó el presidente, pero sin voltear a ver a Peña Nieto. Estoico, el mandatario saliente aguantó la hora con 18 minutos del recuento de los daños, de muchos de los cuales su Presidencia fue responsable.
En el estrado, sentado a la derecha de Martí Batres, Peña Nieto comentó en corto al presidente del Senado: “Es indudable el liderazgo de Andrés Manuel. Lo tiene desde hace muchos años. Ya estaba preparado para esto desde 2006”.
Ante el reconocimiento lopezobradorista a Peña Nieto por no meterse en las elecciones, el expresidente le comentó a Batres: “¡No faltaba más. Era inevitable!”.
“Bueno… pero otros gobiernos, como el de Fox, sí intervinieron en la elección”, reviró Batres.
El neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, pero también de la inseguridad y violencia que padece México, dijo López Obrador, quien se cuidó: nunca acusó al PRI, por el contrario, elogió a gobiernos priistas que antecedieron al neoliberalismo iniciado con Miguel de la Madrid.
Concluida la Revolución y hasta los años setenta, la economía de México creció 5% y a veces 6% al año, apuntó, para luego elogiar a Antonio Ortiz Mena. Vino luego la debacle: crecimiento pero con inflación y endeudamiento.
Siguió la bofetada a los gobiernos panistas y priistas que trajeron el neoliberalismo al país: con Vicente Fox la deuda externa quedó en 1.7 billones de pesos, con Felipe Calderón aumentó a la estratosférica cifra de 5.2 billones de pesos y con EPN cierra en 10 billones.
Otra perla del neoliberalismo, dijo, son “las privatizaciones y la corrupción. Hablar de las primeras es sinónimo de lo segundo”.


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