Ante el desastre, el gran desafío

4/12/2018 – Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tomar posesión de la Presidencia este sábado 1, Andrés Manuel López Obrador pintó el panorama desastroso de un país –que gobernará– sometido a 36 años de neoliberalismo, durante los cuales la corrupción, la pobreza y la violencia se desbordaron. Para enderezar un México que describió prácticamente en ruinas, el presidente ofreció perdón y no venganza, y detalló una serie de medidas que resumió en la frase “Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.
“Hoy comienza un cambio del régimen político”, lanzó Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna del Congreso de la Unión. El reloj marcaba las 11:26 horas del sábado 1 y el tabasqueño se ceñía el símbolo del poder, la banda presidencial, para convertirse al fin en presidente de México.
Protagonista del quiebre del PRI en 1988, Porfirio Muñoz Ledo encabezó el ritual desde la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión: del mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, recibió la banda presidencial, la levantó, la mostró al pleno y se la colocó al tabasqueño, arrancando así lo que se ha llamado “la hora cero de la República”… y estallaron los aplausos en el pleno.
Acabar con 36 años de neoliberalismo –marcados por una corrupción que corrió a galope–, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador.
“Iniciamos hoy la Cuarta Transformación. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada. Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”, exclamó entre vítores.
Y aunque pretende acabar con los males del país, ofreció no ser juez sino conciliador. Puso sobre la mesa la política de “punto final”, a lo que la bancada del PAN respondió con un rotundo “¡noooooo!”.
Abarrotado el recinto de San Lázaro, el tabasqueño se apropió del escenario.
El PRI que combatió replegado, respetó la ceremonia republicana y acaso dio débiles gritos de apoyo a Peña Nieto en su despedida. El PAN, que por momentos parecía lleno de ira, lo recibió con pancartas, exigencias y reclamos para acabar lo que ellos mismos echaron a andar: el aumento al precio de las gasolinas.
El PRD, partido que él, Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano (testigo de la ceremonia desde el palco de invitados especiales) construyeron, ahora estaba totalmente desdibujado.
En el otro extremo, la izquierda del recinto, sus compañeros de la larga campaña presidencial de 12 años: el PT, sus nuevos aliados del PES y Morena no cabían de gozo. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, coreaban exultantes.
El ambiente era de fiesta para la nueva mayoría y de prudencia para el PRI, al cual se aludió una y otra vez, pero a final de cuentas uno con el PAN en su caminar por el neoliberalismo.

Contra el neoliberalismo
La magia del poder que potencia la banda presidencial no tuvo los mismos efectos en anteriores mandatarios, quienes una vez que la acariciaban cobraban fuerza en la voz o a quienes cubría entonces un artificial halo de respeto.
Aunque se sumó a la liturgia del cambio de poder presidencial, López Obrador resumió aquello contra lo que luchó a lo largo de 36 años. Sí, acarició brevemente la banda, pero largamente enumeró los estragos del desastre neoliberal.
“La crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada… Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”, soltó el presidente, pero sin voltear a ver a Peña Nieto. Estoico, el mandatario saliente aguantó la hora con 18 minutos del recuento de los daños, de muchos de los cuales su Presidencia fue responsable.
En el estrado, sentado a la derecha de Martí Batres, Peña Nieto comentó en corto al presidente del Senado: “Es indudable el liderazgo de Andrés Manuel. Lo tiene desde hace muchos años. Ya estaba preparado para esto desde 2006”.
Ante el reconocimiento lopezobradorista a Peña Nieto por no meterse en las elecciones, el expresidente le comentó a Batres: “¡No faltaba más. Era inevitable!”.
“Bueno… pero otros gobiernos, como el de Fox, sí intervinieron en la elección”, reviró Batres.
El neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, pero también de la inseguridad y violencia que padece México, dijo López Obrador, quien se cuidó: nunca acusó al PRI, por el contrario, elogió a gobiernos priistas que antecedieron al neoliberalismo iniciado con Miguel de la Madrid.
Concluida la Revolución y hasta los años setenta, la economía de México creció 5% y a veces 6% al año, apuntó, para luego elogiar a Antonio Ortiz Mena. Vino luego la debacle: crecimiento pero con inflación y endeudamiento.
Siguió la bofetada a los gobiernos panistas y priistas que trajeron el neoliberalismo al país: con Vicente Fox la deuda externa quedó en 1.7 billones de pesos, con Felipe Calderón aumentó a la estratosférica cifra de 5.2 billones de pesos y con EPN cierra en 10 billones.
Otra perla del neoliberalismo, dijo, son “las privatizaciones y la corrupción. Hablar de las primeras es sinónimo de lo segundo”.

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6 mil víctimas: un sexenio de represión

29/11/2018 – Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas. Además, identificaron cuáles eran los derechos que defendían y la mayoría de los casos se concentra en quienes protestaban contra la Reforma Educativa, ejercían el derecho a la manifestación o se articulaban en defensa del territorio.

CIUDAD DE MÉXICO.- El 1 de diciembre de 2012 las redadas para someter a las multitudes que protestaban por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto marcaron el inicio de un periodo de represión contra movimientos sociales.
Todas las agresiones que suelen aplicarse a movimientos sociales y sus dirigentes y contra defensores de derechos humanos se usaron ese día en la Ciudad de México: se detuvo a un centenar de personas –32 de esas detenciones quedaron plenamente acreditadas como arbitrariedades–, 14 permanecieron presas y sujetas a proceso y hubo una veintena de heridos.
Uno de los heridos a la postre murió: Juan Francisco Kuykendall, hombre de teatro y militante de izquierda, salió ese día a protestar contra lo que consideraba el resultado de un fraude electoral cuando un objeto lanzado por los policías le perforó el cráneo. Junto a él estaba su compañero de teatro y causas, Teodulfo Torres, quien con su cámara captó el momento de la agresión.

Testigo
Kuykendall permaneció en coma inducido. La pérdida de masa encefálica impidió que recuperara la conciencia. Murió el 25 de enero de 2014.
Torres, testigo de los hechos, fue llamado a declarar al Ministerio Público, que lo citó el 27 de marzo de 2013. Nunca llegó a la cita porque cinco días antes de la diligencia su nombre quedó inscrito en una base de datos como uno más de las decenas de miles de desaparecidos.
Las agresiones, detenciones arbitrarias, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones crecieron a partir de ese día por todo el país, hasta acumular alrededor de seis mil víctimas.
Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas.
Además, identificaron cuáles eran los derechos que defendían y la mayoría de los casos se concentra en quienes protestaban contra la Reforma Educativa, ejercían el derecho a la manifestación o se articulaban en defensa del territorio.

Violaciones a los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra dirigentes sociales, casi siempre en defensa o ejercicio de un derecho fundamental, tienen en primer lugar a quienes se oponían a la Reforma Educativa; en segundo, a los que protestaban contra alguna política gubernamental, y en tercer lugar a quienes se oponen a megaproyectos energéticos, mineros o de infraestructura, en defensa de sus tierras, territorios o recursos naturales.
Las víctimas de la represión peñanietista tuvieron como común denominador haberse opuesto a las reformas estructurales.
El hecho que marcó a la administración ocurrió en Guerrero: la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 desparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Normal de Ayotzinapa. Esa desaparición permanece irresuelta, y los perpetradores, impunes.
Lo ocurrido con los jóvenes disparó las estadísticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para entonces ya sumaba, por año, más casos de represión que en el sexenio de Felipe Calderón. Éste, en todo su régimen, acumuló 55 desapariciones de dirigentes o miembros de movimientos sociales o defensores de derechos humanos en el contexto de algún conflicto; con el mexiquense, hasta mediados del presente año totalizaban 110.
El episodio más reciente es el del indígena Sergio Rivera Hernández, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, en Puebla, quien participaba en la oposición a la hidroeléctrica que pretende construirse en la zona Coyolapa-Atzala, en la Sierra Negra. Desapareció el pasado 23 de agosto.

Asesinan a
161 personas
A lo largo del sexenio, al menos 161 personas que se resistían a megaproyectos de infraestructura fueron asesinadas, la mayoría de ellas por agentes del Estado.
En los episodios más recientes, el 24 de octubre fue asesinado el indígena rarámuri Julián Carrillo, quien acababa de lograr que un tribunal agrario reconociera los derechos de tenencia de la tierra de esa etnia en el territorio Choreachi. Ya en 2016 habían asesinado a su hijo Víctor, y en marzo de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones; el 30 de julio de ese año otro sobrino suyo, Guadalupe Carrillo, fue ultimado, y el más reciente caso fue el homicidio de su yerno, Francisco Chaparro, el pasado 1 de julio.
Un día después, el 25 de octubre, fue asesinado Noel Castillo Aguilar, en el contexto de una campaña de hostigamiento a los miembros de su organización, que se oponían al despojo de tierras para la instalación de hidroeléctricas y compañías mineras en la Costa de Oaxaca.
Al cierre de esta edición se sumaba el asesinato de Carlos Mayorga Guerrero, dirigente del Movimiento por la Paz en Amatán, Chiapas, por una disputa poselectoral.

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Presunto pacto AMLO-Peña Nieto;

26/11/2018 – “Es un guion que pactaron para sus decisiones: el repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: ‘Es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien’. Todo pactaron con guion.”

CIUDAD DE MÉXICO.- La amnistía de Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno para no ser investigados por corrupción es producto de un pacto entre ambos, y el operador para concretarlo fue el canciller Luis Videgaray, asegura Carlos Navarrete, expresidente del PRD.
Ese acuerdo se formalizó en plena campaña electoral en una reunión entre López Obrador y Videgaray, previo al segundo debate de los candidatos presidenciales, el 20 de mayo, precisa Navarrete y afirma que a eso obedece la “transición de terciopelo” tras las elecciones y que incluye la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

El repliegue está pactado
“Es un guion que pactaron para sus decisiones: el repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: ‘Es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien’. Todo pactaron con guion.”
–¿Incluyendo la cancelación del aeropuerto?
–Incluyendo el aeropuerto: “Esa es tu decisión, presidente”.
En entrevista con Proceso, el 29 de octubre y el viernes 23, el exsenador no revela sus fuentes, pero garantiza que Videgaray aconsejó a Peña actuar igual que ante el inminente triunfo de Donald Trump, porque el candidato priista, José Antonio Meade, no le ganaría a López Obrador.
“Videgaray le dice: ‘Presidente, va a ganar (López Obrador). Así como te dije que iba a ganar Trump y que había que platicar, te digo que va a ganar Andrés.’ Y platicó. Por eso la transición de terciopelo.”
–¿Lo sabe usted de cierto?
–Por supuesto. No te puedo decir las fuentes.
–¿Pero cómo fue la negociación?
–Videgaray y Andrés.
–¿Se reunieron ­personalmente?
–Sí. Videgaray, que es un témpano para tomar decisiones, le dijo al presidente: “No hay forma. La tendencia es imparable y con el nuestro no hay forma”.
Precisa: “Estamos hablando de antes del segundo debate. Ya Andrés había mandado tres mensajes antes sobre la amnistía, sobre el borrón y cuenta nueva y no había tenido respuesta en Los Pinos. Les dijo en un discurso, se los dijo en Acapulco con empresarios. Y Peña Nieto decía: ‘Quién sabe’”.
Además del crecimiento de López Obrador y el estancamiento de Meade, otro elemento que gravitó para la consecución del acuerdo fue la amenaza que lanzó Anaya, el 5 de marzo, de encarcelar a Peña si se comprobaba que había cometido graves actos de corrupción y que para ello crearía una comisión de la verdad.
“Ese fue el último elemento que los convenció”, subraya Navarrete, a quien sus fuentes del gobierno le recordaron que, hacia el segundo debate de los candidatos presidenciales, en Tijuana, todas las encuestas marcaban una amplia ventaja para López Obrador.

Cancelación del NAIM
Miembro de la corriente Nueva Izquierda del PRD, que encabeza Jesús Ortega, y uno de los artífices de la alianza con Anaya y el PAN, Navarrete insiste en que incluso la cancelación del NAIM forma parte del pacto de López Obrador con Peña.
–¿Aunque sea la obra emblema de Peña?
–Es preferible la tranquilidad.
–¿La impunidad?
–Impunidad. El borrón y cuenta nueva es en serio. Es en serio.
Navarrete asegura que él se enteró de este acuerdo a finales de julio, pasada la elección, en una comida con “un alto funcionario del gobierno” de Peña, cuya identidad se comprometió a no revelar.
El primer punto del acuerdo, según él, fue la petición de López Obrador a Peña de no intervenir en la elección, como lo hizo Vicente Fox en la de 2006 para imponer a Felipe Calderón: “Desde Los Pinos”, recuerda Navarrete, “habían operado con gobernadores, con medios, con guerra sucia, con recursos, con todo”.
El segundo punto, añade, fue que reconociera su triunfo de inmediato para evitar un conflicto poselectoral y el tercero, una transición estable, de julio a diciembre, para asumir decisiones antes de tomar posesión.

Cacería de brujas
“Para la contraparte (de Peña) no fue menor el acuerdo: ‘No te preocupes: no habrá una cacería de brujas ni habrá fincamiento de responsabilidades. A partir del 1 de diciembre empieza una nueva etapa’.”
Y aclara: “Por cierto, nada diferente a lo que le había dicho Andrés públicamente. En esa materia hay que reconocer que ha sido bastante transparente. No es un acuerdo soterrado, no; se los mandó decir públicamente. Y después lo concretó en marzo y el contacto se mantuvo con él permanentemente.
“¿Qué ocurre ahora? Todo es perfectamente lógico con un acuerdo de esa naturaleza: El aeropuerto, lo de Javier Duarte, que es un chivo expiatorio, lo de Rosario Robles, que es cosa secundaria. Son señales para Peña: ‘Yo voy a cumplir el acuerdo’. Eso es lo que yo conozco.”
–¿Qué revela este acuerdo si López Obrador lo ofreció públicamente y lo está cumpliendo?
–Revela una decisión política: Llegar al poder mediante un acuerdo con el viejo régimen. Y a partir de la llegada, intentar instaurar un nuevo régimen con todo el poder concentrado en sus manos, sin obstáculos de los personeros perdonados mediante un acuerdo de impunidad.
–Pero también Anaya quiso pactar con Peña.
–Nunca prosperó ese intento. Nunca hubo interlocución, nunca hubo operadores, nunca hubo apertura.
La “amnistía anticipada” la ofreció López Obrador en 2016, en una conferencia que pronunció ante empresarios en Acapulco, y también la planteó por escrito, desde 2010, en su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012.
El “pacto de impunidad” con Peña fue una imputación que hizo el excandidato presidencial Anaya a López Obrador, quien desde el año pasado aseguró que un grupo de magnates, encabezados por Claudio X. González, le pidió al presidente cerrarle el paso.

“Amnistía” desde 2010
Medio año antes, el 11 de agosto de 2016, López Obrador ofreció, de manera inequívoca, una “amnistía anticipada” al “grupo en el poder”, en el mensaje que pronunció al participar en el ciclo de conferencias “Era Familiar Princess 2016”, en Acapulco, en el que participaron también, por separado, Margarita Zavala y Carlos Salinas.
“Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie.”
En una ponencia de 18 cuartillas denominada “Cambio y porvenir de México (una visión hacia el 2018)”, López Obrador recordó que en 2006 ofreció también una amnistía a la “mafia del poder”.
En su mencionado libro incluyó un capítulo para plantear a los integrantes de la oligarquía que, de ganar, no habría represalias: “Declaramos esta amnistía anticipada”, escribió, “porque lo que se necesita es justicia, no venganza”.

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Ni un peso más para los exmandatarios

Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

15/11/2018 – CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se acabó: los privilegios inconstitucionales e ilegales de los expresidentes de México, emblemáticos del patrimonialismo y el abuso del dinero público de la alta burocracia, han sido jurídicamente eliminados en vísperas de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado.
Pero más que el ahorro económico por estos privilegios, estimado en 5 millones de pesos al mes, esta decisión marca el inicio del desmantelamiento del “Estado corrupto”, advierte el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, autor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en vigor desde el martes 6, que ha cimbrado a la alta burocracia.
“Las pensiones siempre han sido ilegales, pero hace nueve años, cuando entró en vigor la reforma al artículo 127 de la Constitución, quedaron en condición de inconstitucionalidad y ahora pagarlas es delito. Entonces si Peña les quiere pagar noviembre, va a correr un riesgo”, dijo.
La ley define –en sus artículos 127 bis y 127 ter– los delitos que se cometen por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, que se castigan inclusive con cárcel.
El 127 bis establece que “además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita (…) el servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”.
Como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional, dispone en su artículo 10 que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, las pensiones presidenciales quedaron proscritas.

Ahora, conflictos de interés
Y es que los privilegios de los expresidentes se fundaron, desde su origen, en simples acuerdos que ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por lo que nunca tuvieron validez legal.
A partir de 1976, al concluir el sexenio de Luis Echeverría, los expresidentes disfrutan, además de una pensión equivalente a la de un secretario de Estado –205 mil pesos actuales–, de aviones, vehículos blindados, funcionarios con sueldos de hasta subsecretario, cientos de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial (EMP), servicio médico militar, pago de predial, telefonía, choferes y hasta jardineros (Proceso 2163).
En ningún país, ni en Estados Unidos, existen los privilegios de los que han gozado José López Portillo y Miguel de la Madrid, ya fallecidos, así como Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes ahora deberán vivir sólo con sus propios recursos.
A excepción de Echeverría y Salinas, Zedillo, Fox y Calderón siguen trabajando y perciben ingresos.
Calderón cobró 8 millones 267 mil 515 pesos por honorarios sólo en 2016, como declaró su esposa, Margarita Zavala. Es miembro del consejo de administración de Avangrid, empresa ligada a la española Iberdrola.
Fox, además de controlar los donativos y negocios del Centro Fox, tiene ingresos como conferencista e inversionista en el sector energético, en la empresa EIM Capital, y él mismo ha anunciado que, una vez que se legalice, incursionará en el negocio de la mariguana.
Zedillo, a su vez, ha sido miembro de la Junta Directiva de Citigroup, del consejo ejecutivo de Procter & Gamble, de la fundidora de aluminio Alcoa y de Union Pacific, concesionaria de Ferrocarriles Nacionales de México; mantiene en secreto el monto de sus honorarios.

“Estado corrupto”
Pablo Gómez Álvarez y Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coinciden, en entrevistas por separado, que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos tiene solidez jurídica y pone punto final a los abusos presidenciales.
En el caso de las pensiones, Salinas y Zedillo renunciaron a ellas; Calderón donó el monto total, a partir de febrero de 2017, a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que atiende a niños con cáncer, mientras que las viudas de López Portillo y de De la Madrid, Alejandra Acimovic Popovic (Sasha Montenegro) y Paloma Cordero Tapia, reciben 80% neto del sueldo total.
Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.
Esta última parte, la referida a la seguridad, la propuso el PRI en las negociaciones, pero pasó el tiempo y nada se hizo, pese a que la propia disposición ordenaba al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados expedir leyes para hacer efectivo el contenido de ese artículo y para sancionar su incumplimiento.
“¿Quién cumplió? Nadie, ni un estado ni el Congreso de la Unión. ¡Nueve años de omisión, de desobedecer este precepto! Además, el transitorio del decreto de aprobación del artículo 127 les daba un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. ¡Pasaron nueve años! Y todavía están de chillones, no querían que se aprobara”, cuenta Gómez.
–¿Quiénes se opusieron?
–El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, todos.
Pablo Gómez afirma que la eliminación de las pensiones presidenciales es sólo una parte del proceso de desmantelamiento del “Estado corrupto”, que incluye la eliminación en la Constitución de la partida secreta presidencial y del Ramo 23.
“Queremos eliminar el Ramo 23 también como un símbolo”, dice, y se emitirán leyes como la de austeridad y de la administración pública, que en el caso de los delegados en los estados sean enlaces de los gobiernos estatales ante la Federación.
“Lo que queremos evitar son las mordidas, el tráfico de influencias, el influyentismo, la tracalería. Porque el Estado corrupto es un fenómeno que, en buena medida, ­consiste en que la corrupción se convierte en forma de gobierno. Ese es el punto. En ­todos los Estados hay corrupción, pero no todos los Estados son corruptos. El mexicano sí es un Estado corrupto y, como tal, articula la gobernanza mediante la corrupción.

Calderón, el exceso
En Los parásitos del poder (Ediciones Proceso, 2015), Villanueva y Nucci acreditaron que los privilegios de los expresidentes de México no se tienen ni en los países más ricos. El volumen señala que los privilegios de los expresidentes nunca tuvieron sustento jurídico y por eso es fácil eliminarlos con la ley, pero lo que ayudó también fue el cambio en el reglamento del EMP que hizo Calderón el último día de su sexenio, cuando se aumentó a 425 los efectivos para el resguardo y seguridad de él y de sus familiares.
Michoacano como Calderón, a Villanueva le consta el despliegue del EMP para cuidar a la madre del titular del Ejecutivo: “Era un pelotón completo afuera de la casa de la señora, en el centro de Morelia. Y estas personas tenían que comer, se hospedaban en un hotel cercano, si bien de tres estrellas, pero había que pagar lavado de ropa y otros gastos”.
Era ostensible también el despliegue del EMP que cuidaba a Luisa María Calderón, sobre todo cuando fue candidata a gobernadora de Michoacán, en 2011 También Margarita Zavala era resguardada por muchos elementos, como a Villanueva le tocó verla en Veracruz este mismo año.
“Me tocó causalmente. Yo estaba en el mismo hotel y la gente que trabaja conmigo en seguridad identificó a toda la gente de seguridad disfrazados de paisanos. Contamos, nada más adentro, unos 25, además de los que estaban afuera, otros 10 por lo menos.”
Villanueva minimiza los señalamientos de personeros de Calderón en el sentido de que quitarle la custodia del EMP a los expresidentes pone en riesgo su vida y que el responsable será López Obrador.
“El presidente de la República no puede garantizar la seguridad de los expresidentes. Eso no está establecido en la Constitución ni en la ley, y en ningún lugar del mundo. Ese es simplemente un argumento psicológico, efectista para tratar de justificar lo injustificable y más en el caso Calderón.”
Además, dice, él debe hacerse cargo de las decisiones que tomó al margen de la ley, como el “michoacanazo” y la muerte que jamás se comprobó del narcotraficante Nazario Moreno. “Una persona debe ser responsable de lo que hace y más si lo hace al margen de la legalidad”.

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La migración hondureña como arma electoral de la Casa Blanca

24/10/2018 – Frente a la posibilidad de que una derrota electoral limite en gran medida su poder y él quede a merced de la oposición demócrata en el Congreso, el mandatario aprovechó el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que arrancó en Honduras, en un intento desesperado de robustecer los sentimientos antimigrantes y canalizarlos a favor de los republicanos.

WASHINGTON.- La nueva andanada de ataques verbales contra la inmigración indocumentada centroamericana, acompañada de amenazas a México por parte del presidente estadunidense Donald Trump, es una estrategia electoral para alentar el voto conservador y racista de su país a fin de mantener el Congreso federal en manos de los republicanos.
El próximo 6 de noviembre habrá elecciones federales de medio periodo en las que se juega el control del Capitolio. Aunque actualmente su partido controla el Poder Legislativo, Trump está preocupado porque las encuestas favorecen a los demócratas.
Frente a la posibilidad de que una derrota electoral limite en gran medida su poder y él quede a merced de la oposición demócrata en el Congreso, el mandatario aprovechó el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que arrancó en Honduras, en un intento desesperado de robustecer los sentimientos antimigrantes y canalizarlos a favor de los republicanos.
El martes 16 Trump, por medio de su cuenta de Twitter, amenazó a Honduras con suspenderle la ayuda económica si no detenía la caravana. Horas después amenazó también a El Salvador y Guatemala.

Mensajes en Twitter
Luego de los mensajes en Twitter, su red social favorita, Fox News, la cadena de televisión nacional, y todas sus estaciones afiliadas dieron amplia cobertura a la caravana centroamericana en su camino hacia el norte.
Los comicios del 6 de noviembre son el primer plebiscito para la presidencia de Trump. Se juegan las 435 curules de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 de Senadores.
De acuerdo con el promedio de las encuestas recientes de varios medios estadunidenses, los demócratas tienen 57% de posibilidades de ganar el control de la Cámara de Representantes; los republicanos, 43%.
En esa rama legislativa los republicanos cuentan con 235 curules, los demócratas 193 y hay siete vacantes. En el Senado la pelea está muy cerrada; el promedio en las encuestas al cierre de esta edición daba 52% a los republicanos, frente a 47% de los demócratas.
Actualmente el Partido Republicano cuenta con 51 lugares en el Senado, los demócratas con 47 y hay dos independientes. De los 35 que estarán en juego el 6 de noviembre, 23 son demócratas, 10 republicanos y dos independientes.
Los sondeos muestran que los asuntos importantes para los votantes estadunidenses son: economía, creación de empleos, reducción de impuestos, inmigración indocumentada, servicios de salud, educación pública, servicios sociales y subsidios para las jubilaciones.
“Si los demócratas ganan el control de la Cámara de Representantes, el presidente Trump estará imposibilitado para cumplir sus promesas de gobierno en los próximos dos años. De nada le servirá si los republicanos mantienen el control del Senado, y las posibilidades de que lo logren son como un volado”, consideró The Wall Street Journal en un editorial publicado la semana pasada.

Títeres del Twitter
A menos de tres semanas de los comicios de noviembre, el pasado jueves 18 Trump escribió en Twitter:
“Estoy observando al Partido Demócrata (porque quiere fronteras abiertas y débiles leyes migratorias) liderar el asalto a nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes no están haciendo nada para detener el gran flujo de personas, que incluye a muchos criminales que entran a México para dirigirse a Estados Unidos”. No presentó ninguna evidencia de su acusación.
“Además de detener todos los pagos a esos países que al parecer no tienen control sobre su población, debo pedirle a México, en los términos más enérgicos, parar este ataque y, si no puede hacerlo, llamaré al ejército y cerraré nuestra frontera sur”, advirtió en su segundo mensaje, el mismo jueves 18.
Remató el día con un tercero: “El asalto a nuestro país, a nuestra frontera sur, incluyendo al elemento del flujo de drogas, para mí, como presidente, es más importante que el comercio o el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Espero que México contenga este ataque a su frontera norte. Las leyes débiles son culpa de los demócratas”.
Las frustraciones electorales de Trump y su aliento a los sectores conservadores y racistas de la población estadunidense (que apoyan la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de los inmigrantes, tanto indocumentados como residentes permanentes de origen latino) surtieron el efecto que esperaba.
Envió a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a hablar de la caravana con el presidente Enrique Peña Nieto, su canciller, Luis Videgaray, y con Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores.
El gobierno mexicano magnificó la presunta crisis migratoria por la caravana centroamericana al puro estilo de Trump; Peña Nieto ordenó el despliegue de la Policía Federal en la frontera con Guatemala y Videgaray apeló a la asistencia de las Naciones Unidas.
Para militarizar la frontera con México, el mandatario estadunidense requiere de la aprobación del Congreso. Revertir o anular las negociaciones del nuevo acuerdo comercial de América del Norte le costaría a Trump el respaldo de los sindicatos del sector agrícola, de las manufacturas y el automotriz, por mencionar algunos, con lo que disminuiría las posibilidades de triunfo de los republicanos el 6 de noviembre. Sin embargo, tres mensajes en Twitter bastaron para que Peña Nieto y Videgaray reaccionaran como Trump quería.
En cambio, conscientes de los riesgos electorales y políticos de la acusación infundada de Trump a los demócratas, de que alientan la inmigración indocumentada, minutos después del tercer mensaje del mandatario en Twitter, se pelearon a gritos dos de sus principales asesores en la Casa Blanca.
De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca citados por los diarios The New York Times y The Washington Post, a unos pasos de la Oficina Oval discutieron airadamente el general John Kelly, jefe del gabinete, y John Bolton, jefe del Consejo Nacional de Seguridad.

La caravana y los niños enjaulados
Desde febrero de 2017, al cumplir un mes en la Presidencia, Trump presumió que las políticas antimigrantes de mano dura –con las que ganó muchos votos– estaban dando los resultados que garantizó como candidato. Afirmó que el flujo de indocumentados había disminuido, en tanto que su captura se incrementaba.
En junio pasado el mandatario ordenó aplicar la política de tolerancia cero hacia la inmigración indocumentada, lo que provocó la captura, arresto y separación de sus padres o familiares de 2 mil 654 menores, detenidos en la frontera con México.
El hecho de que Trump separara a los niños de sus padres y los mantuviera enjaulados y sin noticias de sus familiares, se convirtió en una crisis humanitaria que hasta la fecha favorece políticamente a los demócratas.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Departamento de Seguridad Interior sobre la aprehensión o detención de inmigrantes indocumentados, el año pasado éstas aumentaron 30%, lo que irrita a Trump porque exhibe el fracaso de sus promesas de reducir el flujo de personas sin documentos.
No obstante la tendencia a la baja que se registró de 2000 a 2017, al concluir el año fiscal 2018, el pasado 30 de septiembre, los agentes migratorios habían detenido a 396 mil 579 indocumentados en la frontera con México, lo que otra vez equivale a 30% más que el año fiscal anterior.
Para mayor desmentido a las afirmaciones de Trump, las estadísticas oficiales indican que en el año fiscal 2018 se detuvo a 107 mil 212 personas sin documentos a quienes se clasifica como “integrantes de familias”. Esa cifra es muy superior a la que el mandatario presumió el año pasado: 77 mil 857 personas integrantes de familias capturadas en 2016.
En la misma semana que el presidente Trump desató su frustración y furia contra la caravana de migrantes y contra México, la Unión Americana de Libertades Civiles dio a conocer que de los 2 mil 654 niños separados de sus padres o familiares por la tolerancia cero, 245 permanecen en centros de detención temporal porque se desconoce el paradero de sus familiares, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Se presume que los parientes de 175 de esos niños ya fueron deportados a sus países de origen.
La separación de familias es un punto vulnerable de los republicanos entre el electorado estadunidense. En los estados del medio oeste, donde se concentra la mayoría de la población blanca que apoyó a Trump en la elección de 2016, los candidatos republicanos mantienen una posición moderada sobre el caso de los niños, pero igual de radical respecto de la construcción del muro y la deportación de indocumentados adultos.
Pero en el sur la situación es diferente, en parte porque el electorado de origen latino es fundamental. Por ejemplo, en Texas el senador republicano Ted Cruz busca reelegirse, pero tiene una ventaja mínima frente al candidato demócrata, Beto O’Rourke: 50% y 47%, respectivamente.
La reelección de Cruz es crucial para que los republicanos retengan la mayoría en el Senado. La última vez que Texas contó con un senador demócrata en el Congreso federal fue en 1993.

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El racismo y la xenofobia explotaron en las redes

22/10/2018 – El Observatorio de Redes y Derechos Digitales revela a Proceso que “al menos medio millar de cuentas de trolls que tradicionalmente se montan en tendencias para realizar ataques de odio, participaron este viernes dentro de #CaravanaMigrante difundiendo ataques y opiniones racistas y xenófobas a los migrantes, simulando que se trataba de expresiones espontáneas”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas se divulgaron los primeros videos del salto de la barda fronteriza de cientos de jóvenes centroamericanos, los usuarios reales y los bots (cuentas automatizadas con menos de 50 seguidores) y trolls (dedicados a provocar utilizando las tendencias más mencionadas) inundaron las redes con expresiones como: “criminales”, “violentos”, “entraron ilegalmente”, “es un problema de Honduras”, “escorias”, “egoístas”, “vienen a secuestrar, a matar y a dañar”, “van a quitar empleos”, “llévatelos a tu casa”, ante cada intento de expresar solidaridad.
Con el hashtag #CaravanaMigrante, que se volvió la principal tendencia en Twitter con 75 mil tuits, cientos de usuarios, reales y ficticios, expresaron sus fobias y su odio ante las expresiones de solidaridad de varias cuentas representativas.
Por ejemplo, el diputado independiente de Jalisco Pedro Kumamoto, descendiente de migrantes japoneses, redactó en su cuenta de Twitter: “Mi bisabuelo llegó a este país con nada más que ganas de alimentar sus sueños y su panza. Desde él aprendimos que ningún ser humano es ilegal. Que México sepa escuchar esta delicada situación humanitaria y nos solidaricemos”.
Y así le respondieron algunos de sus seguidores:
–Nadie es ilegal, pero debemos respetar las reglas que nos rigen…
–Cuando tu bisabuelo llegó no existía tanta población, existía lugar disponible para vivir y recursos.
El periodista y documentalista Epigmenio Ibarra lanzó un mensaje en su cuenta para cuestionar este brote de odio: “Me duele, me indigna, me subleva la xenofobia de los que piensan como si fueran red necks norteamericanos. Revictimizan a los migrantes centroamericanos. Los llaman delincuentes. Dicen que ponen en peligro sus empleos. Hablan como Trump”.
Decenas de bots, activados desde algún call center también respondieron a la crítica de Ibarra con expresiones como “no es xenofobia, es precaución, con orden y buen registro de la cantidad de personas que ingresen no me importaría” (@AmlieKing2).
El activista y defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof destacó que al menos 76 veces le replicaron seguidores falsos y verdaderos con esta pregunta: “¿Dejaría usted entrar a su casa a la caravana?” Consideró “interesante” que casi 40% de los mexicanos que participaron en la Encuesta Nacional sobre Discriminación declaró que no le rentaría un cuarto a un migrante.

Odio sincronizado
El Observatorio de Redes y Derechos Digitales revela a Proceso que “al menos medio millar de cuentas de trolls que tradicionalmente se montan en tendencias para realizar ataques de odio, participaron este viernes dentro de #CaravanaMigrante difundiendo ataques y opiniones racistas y xenófobas a los migrantes, simulando que se trataba de expresiones espontáneas”.
Consultado en la noche de esta oleada de mensajes, el Observatorio indicó que algunos mensajes de estos trolls eran llamados explícitos al uso de la fuerza pública, justo cuando elementos de la Policía Federal, al mando del comisionado Manelich Castilla, dispersaron con gases lacrimógenos a los migrantes.
El mismo Observatorio destacó que el titular informativo de UnoTV, el sistema de mensajes por telefonía móvil de Telcel, desató una serie de expresiones de odio. Al reportar el ingreso de los centroamericanos, encabezó su nota: “A la fuerza, migrantes entran a México; así rompieron la cerca”.
La virulencia antiinmigrante coincidió también con el cambio de discurso del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y del encuentro entre el canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo.

Caos
Navarrete Prida primero se comprometió a que no se recurriría a la violencia contra la Caravana Migrante y después pidió “regresar al diálogo, luego de haber provocado caos al romper la valla que divide al país con Guatemala”.
Otros personajes públicos como el exoficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah, tuiteó:
“Ante la Caravana Migrante, si el gobierno mexicano no tiene una política distinta a la limitada y unilateral contención y expulsión, mínimamente debe garantizar la dignidad, integridad física y psicológica de ellos. Y la CNDH debe dictar medidas cautelares.”
En su cuenta de Twitter la CNDH no se pronunció en contra de las expresiones racistas contra los migrantes centroamericanos.


El número de muertos del 68, aún en el misterio

4/10/2018 – Con base en la investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, de la organización civil National Security Archive sobre el movimiento de 1968, en la que ella también participó, la comunicóloga Susana Zavala rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la represión policiaca y militar. No se limitó a los hechos del 2 de octubre de 1968, sino amplió la indagación a los días anteriores y posteriores. Aquí, algunos de los datos que ella logró sustentar e historias de víctimas que otras fuentes compartieron con este semanario.

CIUDAD DE MÉXICO.- Setenta y ocho muertos, 31 desa­parecidos, 186 lesionados, mil 491 detenidos… En total mil 786 víctimas directas de la represión perpetrada por el Estado durante 1968.
Tales son las cifras que arroja la más reciente investigación sobre los agraviados del movimiento estudiantil de 1968.
“No son datos definitivos ni concluyentes. Pueden surgir nuevos casos, pero cada uno de los que tenemos registrados está sustentado en evidencias y en el cotejo de documentos de archivos policiacos, forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia”, comenta Susana Zavala, responsable de dicha investigación.
Zavala lleva años tratando de encontrar respuestas a preguntas como cuántos muertos hubo en el 68, cuántos estudiantes resultaron heridos, cuántos presos, cuántos desaparecidos, quiénes eran y qué hacían.
En busca de respuestas participó en Archivos Abiertos, una iniciativa de la organización civil National Security Archive (NSA), que en asociación con Proceso indagó en fuentes documentales de México y Estados Unidos para encontrar datos precisos sobre las personas que murieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Kate Doyle, responsable de ese proyecto, publicó los resultados en este semanario, en octubre de 2006 (Proceso 1561), y en el sitio web del NSA (https://nsarchive.gwu.edu).
Zavala retomó esa investigación, pero la amplió: no se limitó al 2 de octubre, sino al periodo que va de julio a diciembre de 1968; y no se ciñó al número de muertos, sino también incluyó a heridos, presos y desaparecidos.

Resultados
Los resultados serán públicos a partir de esta semana, cuando se inaugure en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) el proyecto Semillas; se trata de un mural audiovisual de 22 por dos metros que rinde homenaje a las víctimas del 68. Junto a ese mural habrá un dispositivo interactivo donde se podrá consultar la base de datos producto de esa investigación.
“Ese dispositivo estará abierto a la contribución de la ciudadanía. Las personas que conozcan casos de agraviados en el 68 podrán aportar información para completar esa base de datos”, explica Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto Semillas.
“Sabemos que las organizaciones de víctimas han manejado distintas cifras de muertos, heridos y desaparecidos. No es de nuestro interés validarlas ni contradecirlas. Lo que queremos es aportar evidencias y dejar los datos abiertos para que se siga investigando”, señala.

Días de furia
De acuerdo con la investigación de Zavala, de julio a diciembre de 1968 hubo 78 víctimas mortales, 44 de ellas el 2 de octubre en Tlatelolco y el resto en las semanas previas o posteriores a esa fecha. De esos 44, tiene plenamente identificados con nombres y apellidos a 34 y 10 más están anotados en los registros como “desconocidos”. Entre éstos hay una mujer que tenía un “embarazo avanzado”, por lo que contabilizó también a un “nonato”.
No es de extrañar los casos de muerte previos al 2 de octubre, si se consideran la represión generalizada de que fue objeto el movimiento estudiantil, así como los violentos choques que escenificaron estudiantes, granaderos y soldados. Fueron los casos de las marchas del 26 de julio, el desalojo del Zócalo el 28 de agosto y la toma del Casco de Santo Tomás por los granaderos y el Ejército el 23 y el 24 de septiembre: una batalla campal que duró 12 horas y que terminó con un número indeterminado de muertos y heridos.
El 26 de julio, por ejemplo, murió Federico de la O, estudiante de la Escuela de Comercio de la UNAM. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral producto de los golpes que le propinaron los granaderos, pero el parte oficial señaló que se debió a un mal estomacal causado por comer una torta en mal estado.
También están los casos de Arturo Colín, del Tecnológico 4 Mariano Azuela, cuyo hermano se encontraba desaparecido; y Joel Richard Fuentes, de la Preparatoria 3: su hermano Héctor fue herido con una bayoneta y lo llevaron al hospital Notre Dame de Polanco. El padre de ambos muchachos, Samuel Fuentes, murió de un infarto al enterarse de la suerte de sus hijos.
Ángel Martínez Velázquez murió baleado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás durante uno de los embates que realizaron soldados y granaderos para tomar ese centro educativo en la noche del 23 de septiembre. Los diarios publicaron que sus compañeros le improvisaron una capilla ardiente en la Escuela de Ciencias Biológicas. Lo velaron al tiempo que resistían, con piedras, cohetones, bombas molotov y armas calibre .22, el ataque de los granaderos, quienes recibieron apoyo de soldados en la madrugada del 24.
Esa noche murió Luis Lorenzo Ríos Ojeda, de 21 años, cuando los granaderos tomaron a balazos la Vocacional 7.
Un par de días antes murió el granadero Julio Adame González y resultó gravemente herido su compañero, Miguel Llamas González. El teniente del Ejército Benjamín Uriza baleó a ambos cuando los encontró golpeando a su madre, quien vivía en la Unidad Tlatelolco, donde los vecinos apoyaban a los estudiantes de la Voca 7.
El entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, encabezó un homenaje al granadero muerto –“pereció en cumplimiento de su deber”, dijo– y prometió a la familia una indemnización de 30 mil pesos, una casa nueva en San Juan de Aragón y el sueldo “íntegro y de por vida” para la viuda.

Registro documental
En la base de datos de Zavala aparecen 186 lesionados. Ella precisa que se trata de personas que sufrieron desde heridas leves hasta muy graves, pero de los cuales existe un registro documental serio. Pone por ejemplo el caso de Telésforo Manuel López Carvallo, soldado del 14 Batallón de Infantería, quien perdió un ojo y un dedo de la mano derecha durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco.
Muestra un telegrama del 21 de abril de 1969 y un memorándum del 22 de abril de ese año, en el que se asienta que Román López Avilez, padre del soldado herido, le pide a la Presidencia de la República una pensión completa, una compensación por los órganos perdidos y la construcción de una casa en La Paz, Baja California.
Respecto de los 31 desaparecidos, aclara que se trata de personas reportadas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero que fueron apareciendo posteriormente como heridas, detenidas o muertas. Zavala no incluye en esa lista a Héctor Jaramillo Chávez, un caso de desaparición forzada por el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó, entre otros, a Luis Echeverría Álvarez. “No lo incluí debido a que no se encontraba en los volantes que repartió el CNH denunciando las desapariciones”, explica la investigadora.

Agencias


En 2018, nuevo récord de asesinatos

27/09/2018 – Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando ceda la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto dejará un país en el que diariamente 90 personas se suman a las más de 238 mil víctimas de homicidio doloso registradas en México desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó al Ejército y las fuerzas federales a una “guerra contra el narcotráfico”.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.
En los últimos 12 años las administraciones de Calderón y Peña Nieto cuadruplicaron su gasto en las funciones de justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y de seguridad interior, que pasó de 82 mil 917 millones de pesos en 2006 a 261 mil 341 millones de pesos este año, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno del priista.

“Guerra contra el narcotráfico”
Es decir, que desde el lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico”, la seguridad absorbió 2 billones 432 mil 856 millones de pesos del erario. Con estos recursos Calderón y Peña Nieto inflaron los aparatos de seguridad: las fuerzas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crecieron de 244 mil 238 militares en 2006 a 269 mil 738 actualmente; el número de policías federales se triplicó –de 11 mil 756 a 37 mil 331 en 2018– y la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó su personal de 21 mil 755 a 26 mil 190 agentes.
Desde 2007 las fuerzas de seguridad detuvieron en promedio a 29 mil personas al año por delitos de narcotráfico, erradicaron un total de 328 mil hectáreas de cultivos ilícitos y capturaron o eliminaron a líderes de grupos criminales, de los cuales el gobierno de Peña Nieto lo hizo con 109 de los 122 “objetivos prioritarios” identificados al principio del sexenio.
En lugar de frenar la violencia, ésta se desbordó y erosionó la confianza de los mexicanos en las instituciones de seguridad: seis de cada 10 mexicanos consideran que estas dependencias son corruptas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, que publicó el viernes 21 el Instituto para la Economía y la Paz.
A los más de 238 mil homicidios registrados desde 2007 –de acuerdo con un cálculo basado en las cifras del Inegi y el SESNSP– se suman más de 37 mil personas desaparecidas.
El Índice de Paz México 2018 estimó que, tan sólo en 2017, la violencia tuvo un impacto económico de 4 billones 72 mil millones de pesos, equivalente a 21% del Producto Interior Bruto (PIB) o una suma ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces superior a la inversión gubernamental en educación el año pasado.

Desbordamiento
En los últimos meses, Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta del país: las autoridades registraron 2 mil 135 víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto, un promedio de 8.8 por día, y un incremento de 139% respecto del mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con las estadísticas de las procuradurías locales, Guanajuato incluso rebasó a Baja California, Guerrero y Chihuahua en materia de asesinatos, y 25 de los 37 municipios que conforman el estado sufrieron incrementos superiores a 100% en homicidios dolosos desde los primeros ocho meses del año pasado y el mismo lapso de 2018.
En cuanto a Baja California, reportó 2 mil 37 asesinatos en los primeros ocho meses del año –40% más que el año pasado–; en Guerrero se registraron mil 707 víctimas de homicidio doloso; en el Estado de México, mil 674, y en Chihuahua, mil 582, según los datos oficiales.

Saturación
Esta semana el país dio un paso más en el horror, cuando se difundió que, ante la saturación de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, el gobierno de Jalisco contrató tráileres refrigerantes para almacenar y mover centenares de cadáveres no identificados.
En ese estado, las autoridades registraron mil 468 víctimas de homicidio en lo que va de 2018 –un incremento de 42% respecto de 2017–, la mayoría de las cuales provenía de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Tonalá.
Por municipios, Tijuana encabeza la lista de los más aquejados por la violencia: ahí se abrieron 2 mil 92 carpetas de investigación por homicidio doloso entre septiembre de 2017 y agosto pasado: un promedio de seis por día. En total, 12 de cada 10 mil tijuanenses fueron asesinados en 12 meses.
Siguen Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Culiacán y Guadalajara, donde se perpetró al menos un asesinato cada día entre septiembre de 2017 y agosto pasado. En Juárez se abrieron 969 carpetas de investigación de ese tipo; en Cancún, 444, y en Guadalajara, 395, todo lo cual representa más de 80% respecto del año anterior.
De acuerdo con una revisión exhaustiva de la base de datos del SESNSP, en 82 municipios de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en el último año. De éstos, 15 se encontraban en Guerrero, 11 en Guanajuato, siete en Chihuahua, seis en Michoacán y cinco en Colima.

El fracaso
De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, “ganar la guerra contra las drogas no es un objetivo de política viable para construir la paz” en el país.
Según el documento, a la par de que el gobierno federal continuó con la militarización del combate contra el narcotráfico, los grupos criminales de la delincuencia se apoderaron de nuevas actividades ilegales, como el tráfico de seres humanos, el robo de combustible de Pemex, la extracción ilícita de recursos naturales, las extorsiones y los secuestros, entre otros.
En un estudio anexo, el politólogo Guillermo Trejo, profesor en la Universidad estadunidense de Notre Dame, Indiana, sostuvo que en el marco de la guerra contra el narcotráfico “el crimen organizado ha pasado de cooptar a agentes estatales a apoderarse de trozos del Estado mismo”.


El pragmatismo de la Cuarta Transformación

20/09/2018 – La ola de críticas a la podredumbre política exhibida por Morena en la ­primera sesión de la LXIV Legislatura incluyó la de Lorenzo Meyer, uno de los más sólidos defensores del presidente electo: “El Verde es el partido con el que menos debió de haber negociado porque es la quintaesencia de la corrupción del viejo régimen, el traslado de estos cinco diputados empaña y para siempre. Es también una estupidez; la legitimidad se consiguió con mucho trabajo y se pierde muy fácilmente con un hecho”

CIUDAD DE MÉXICO.- En preocupante contradicción con su oferta del cambio de régimen implicado en la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador ya ejerce el poder –que asumirá en dos meses y medio– con pragmatismo e ímpetu propios del presidencialismo autoritario. Ufano, impone su voluntad a diestra y siniestra sin valorar las consecuencias de su precipitada toma de decisiones o aceptando sin rubor las incongruencias derivadas de ellas. El burdo trueque de Morena con el Partido Verde para pasar de 247 a 252 legisladores y lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ha causado indignación en la ciudadanía y, al menos, desconcierto entre sus incondicionales.
A cambio de ceder cinco diputados, la franquicia verde exigió que el Senado avalara una trapacería surrealista: otorgarle licencia al senador Manuel Velasco Coello para que pudiera retomar su cargo de gobernador de Chiapas –¡como sustituto de sí mismo!– en clara violación de los artícu­los 55 y 125 de la Constitución. Además, en un primer momento de la sesión del martes 4, el Senado negó la licencia al senador Velasco, pero minutos después, tras un apasionado discurso del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los senadores recularon y otorgaron la licencia a Velasco, infringiendo el artículo 72 constitucional que prohíbe plantear un mismo asunto dentro del mismo periodo de sesiones (¡Así no…!, Proceso 2184).

Críticas
La ola de críticas a la podredumbre política exhibida por Morena en la ­primera sesión de la LXIV Legislatura incluyó la de Lorenzo Meyer, uno de los más sólidos defensores del presidente electo: “El Verde es el partido con el que menos debió de haber negociado porque es la quintaesencia de la corrupción del viejo régimen, el traslado de estos cinco diputados empaña y para siempre. Es también una estupidez; la legitimidad se consiguió con mucho trabajo y se pierde muy fácilmente con un hecho”, comentó en el noticiario de Carmen Aristegui.
Cierto, pero más allá de la torpeza del procedimiento inquieta la suciedad y la mentalidad que hay detrás del mismo. Decepciona que prevalezca una visión del poder que en lugar de aplicar los principios de ética política pregonados por Morena y su líder para, supuestamente, acabar con un régimen caduco y envilecido, se reproduzcan los métodos de ejercer la autoridad gubernamental marcados por la simulación, el autoritarismo y el precepto maquiavélico de que el fin justifica los medios.
¿Quién si no el propio AMLO pudo haberle ordenado a Monreal que a toda costa consiguiera la aprobación de la licencia del senador Velasco para asegurar la mayoría absoluta de Morena en el Congreso, que le permitirá sacar adelante su agenda legislativa, incluyendo las reformas constitucionales? ¿Por qué el presidente electo se negó a comentar el desaguisado de su partido llamando “corazoncitos” a las reporteras que lo interrogaron al respecto? ¿A cambio de qué actuó Morena como movimiento de regresión, no de regeneración, nacional?

Gobernadores
Por lo pronto, flanqueado por los gobernadores de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el presidente electo presentó el pasado domingo 9 en Palenque el proyecto del Tren Maya. La colaboración de los gobernadores, en especial de Velasco Coello, será fundamental para controlar los brotes comunitarios que pudieran surgir en contra de la construcción del ferrocarril.
Al día siguiente, la bancada de Morena en el Senado presentó la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que prevé la designación del fiscal general en los próximos días, sin haber reformado el artículo 102 constitucional a fin de garantizar una auténtica autonomía de la nueva institución frente al Ejecutivo. Por el contrario, López Obrador optó por una fiscalía que sirva al presidente. Será él quien designe al fiscal general para un periodo de nueve años. Del señor presidente dependerán también el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral, lo cual significa que el Supremo Poder Ejecutivo seguirá definiendo la procuración de justicia, que es el talón de Aquiles del estado de derecho en México.
En última instancia, el presidente seguirá decidiendo a quién se procesa por delitos de corrupción o de otra índole y a quién no, trátese de delincuencia común o de la derivada del crimen organizado. La Procuraduría General de la República cambiará de nombre al de Fiscalía, pero el presidente seguirá teniendo la llave del castigo o de la impunidad, como hasta ahora. Por tanto, en el ámbito de la procuración de justicia la transformación institucional estará limitada por la continuidad del poder presidencial en la materia: el que permite que se creen “verdades históricas” impuestas por el mandatario en turno. Seguiremos teniendo una justicia presidencialista, no autónoma.
También en materia de corrupción, la procuración de justicia basada en un diseño institucional dependiente del Ejecutivo, corresponde a gobiernos autoritarios. Es lo que permite que casos como el de la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra y tantos otros hayan quedado impunes por decisión presidencial. El próximo titular del Ejecutivo será también el gran juez. El Ministerio Público seguirá siendo un arma política del presidente de la “Cuarta Transformación”.
Cómo utilizará el presidente López Obrador ese inmenso poder, está por verse. Lo que está claro es que él será quien decida el significado y el alcance de ofertas como la “amnistía anticipada a corruptos” o la de “acabar con la corrupción, barriendo de arriba para abajo, como las escaleras”. Hasta ahora desconocemos si la corrupción del gobierno actual, la del líder del sindicato petrolero o el de otros magnates del proletariado o del empresariado quedarán impunes o no, pero sabemos que ello dependerá exclusivamente de la voluntad presidencial. Sabemos también que ello no supone un avance en materia de estado de derecho. La independencia política del Ministerio Público es condición indispensable de la justicia democrática. Al menos en este ámbito, el pragmatismo impedirá el cambio de régimen. Lástima.

Agencias


A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños

17/09/2018 – “Hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año del sismo del 19 de septiembre aún se carece de un diagnóstico de las afectaciones y no hay certeza sobre el número de damnificados, la cantidad de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan. A ello se suma la falta de claridad en el ejercicio de los recursos económicos y sus reglas de operación. En concreto, no hay un programa real de reconstrucción.
Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”.
Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción.
A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de 100 que no aparecen”.
Explican: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad.
“Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la Ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió.
“Por otro lado, hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”

Falta un censo
Por su parte, la asambleísta Dunia Ludlow, quien será directora del Centro Histórico en el equipo de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, coincide con Salgado en que se desconoce el estado de los inmuebles dañados en la Ciudad de México y no se sabe el tipo de atención que se le tiene que dar a cada uno.
“Va a llegar otro sismo de la misma magnitud o peor, y evidentemente no estamos preparados. Y los miles de edificios que quedaron tocados están en riesgo, como los catalogados en amarillo y rojo”, afirma, en referencia a la catalogación hecha por Plataforma CDMX, la página en internet para consulta y ubicación de los inmuebles dañados por el sismo del año pasado.
“Además –prosigue Ludlow– no tenemos la certeza de que efectivamente sean rojos –a punto de colapsarse– o que efectivamente sean amarillos. También hay dobles clasificaciones. Por eso los vecinos hablan de la falta de certeza que brinda la Plataforma CDMX, cuando ésta debería ser el instrumento de comunicación y transparencia de la reconstrucción.”
Abunda: “La Plataforma CDMX no ha aclarado el destino de más de mil 810 millones de pesos que teníamos disponibles en 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso de 2018, se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaba establecido que iban a irse específicamente a la reconstrucción y que no sabemos dónde están.
“También falta aclarar el destino de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que es la diferencia entre lo asignado en el artículo­ 14 de la Ley de Reconstrucción, lo que dice la Plataforma CDMX y lo que dice el Fideicomiso (para la Reconstrucción) sobre la manera en que se va a asignar. En total, entre los recursos de 2017 y los de 2018, podemos decir que se han desviado o están en opacidad mil 80 millones de pesos y no sabemos qué pasó con ellos”, explica Ludlow.
A través de los colectivos Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan y Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, los damnificados han logrado distintos apoyos de las autoridades, unos a fondo perdido, otros bajo un esquema que les permite acceder a 35% de recursos del Fideicomiso, otros a partir de esquemas mixtos, “pero no es la misma atención para todos, esa es la gran injusticia que ha generado este gobierno.

La reconstrucción
César Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien el próximo 5 de diciembre será el nuevo comisionado para la Reconstrucción, habla sobre los problemas de los damnificados:
“En el proceso de reconstrucción hemos encontrado áreas de oportunidad donde podemos mejorar la atención a los damnificados; agilizar los procedimientos; hacerlos más sencillos; estar más cerca de las zonas donde hay afectaciones; convocar a más instituciones, organizaciones y fundaciones; organizar mejor a las empresas que están participando en la reconstrucción; mejorar la Ley de Reconstrucción; mejorar los procesos administrativos para eliminar los escollos que impiden a los damnificados acceder a los apoyos económicos”, asegura.
Para Cravioto, hubo mucha irresponsabilidad de Miguel Ángel Mancera, a quien le urgía renunciar al gobierno para ser candidato a senador.
Y abunda: “luego se empecinaron en sacar una ley que no generó certidumbre de cómo se iba a atender a los damnificados. Después vino el asunto de que tres diputados de la ALDF quisieron controlar los recursos de la reconstrucción y eso ocasionó que la primera comisión renunciara, y tuvo que entrar una segunda comisión; eso, a cinco meses del sismo, generó aún más incertidumbre.
Sobre el tema de que no hay transparencia en la reconstrucción, dice: “No sabemos cuánto (dinero) se ha comprometido, cuánto está por ejercerse. No hay un censo que nos dé confianza, hay mucha información disgregada, dispersa. Vamos a empezar un censo este mes y lo vamos a terminar antes de que acabe este gobierno, para tener información fidedigna de cuántas viviendas hay que levantar, cuántas familias están afectadas, para poder planear y presupuestar el costo de la reconstrucción de la ciudad.


Manuel Velasco y la “pifia monumental” en el Senado

10/09/2018 – La bancada mayoritaria aprobó junto con legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido del Trabajo, por 82 votos a favor, 31 en contra (la mayoría del PAN y seis de Morena, entre ellos la excomandante de la policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado) más cuatro abstenciones, la petición de Velasco Coello, que además logró el apoyo de todos los coordinadores partidistas de la Junta de Coordinación Política.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al solicitar licencia al Senado para retornar como gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello “extinguió su cargo como senador y, por decisión propia, decidió ser mandatario estatal y no puede volver a la cámara alta”, sentencia el jurista Javier Quijano Baz, quien analiza este polémico caso que marcó con un escándalo político el inicio de la nueva Legislatura.
El martes 4, cuatro horas después de que la mayoría de senadores rechazaron la solicitud de licencia del exgobernador de Chiapas que llegó como senador plurinominal del Partido Verde, la mayoría de legisladores de Morena cambiaron el sentido de su voto.
En un hecho insólito, la bancada mayoritaria aprobó junto con legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido del Trabajo, por 82 votos a favor, 31 en contra (la mayoría del PAN y seis de Morena, entre ellos la excomandante de la policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado) más cuatro abstenciones, la petición de Velasco Coello, que además logró el apoyo de todos los coordinadores partidistas de la Junta de Coordinación Política.

Críticas en redes sociales
La segunda votación de un mismo punto generó una oleada de críticas en redes sociales y entre especialistas en derecho parlamentario, porque se presume que la solicitud de licencia de Velasco es una abierta violación al artículo 125 constitucional, que prohíbe que alguien desempeñe “a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación ni otro de un estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.
Para Quijano, en el Senado “se cometió una pifia monumental” al otorgarle licencia y pretender que después de terminado su periodo como gobernador, el próximo 8 de diciembre, Velasco retornara a su escaño.
“Es una clara incompatibilidad jurídica de los dos cargos. No se pueden ejercer dos cargos de elección popular. Y si Manuel Velasco eligió regresar a ser gobernador, automáticamente renunció al otro, según el artículo 125 constitucional”, argumenta.
–Durante el debate el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y el propio Manuel Velasco afirmaron que era un derecho de todo senador solicitar licencia. ¿Es correcto este enfoque?
–Es una falsedad lo del derecho a pedir licencia. En el caso de Manuel Velasco no se le conculcaron sus derechos. Él no tenía derecho a pedir esa licencia. Un legislador puede pedir licencia porque se va a operar quirúrgicamente, porque tiene que ir a un funeral, porque hará algún viaje, pero lo que no puede decir es “pido licencia como senador para ejercer el otro cargo de elección popular. ¿Por cuál optó en realidad?
“Por donde uno observe jurídicamente el caso, no hay senador en el caso de Velasco. Es lo que los senadores deben argumentar cuando pretenda regresar, en diciembre de 2018, después de terminar su periodo como gobernador.”
–Manuel Velasco afirma que hay otros casos similares, por ejemplo el del exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, o el de otros senadores que piden licencia, como José Ramón Enríquez, quien solicitó una ese mismo 4 de septiembre.
–Mancera no tiene dos cargos de elección popular. Renunció a su cargo como jefe de Gobierno y luego fue electo senador por la vía plurinominal. Él sí puede pedir licencia, pero no es el mismo caso que el de Velasco. Él pretende ejercer alternativamente dos cargos, como senador y como gobernador. Hay una incompatibilidad jurídica de los cargos.
“La única manera de enmendar esta pifia monumental es que no se le permita regresar como senador y se quede en el cargo su suplente”, advierte Quijano Baz.

“Amigo” de casi todos
El caso de Velasco escaló ante la opinión pública al surgir versiones de que se trataba de un “pacto político” con Andrés Manuel López Obrador para impulsar el Tren Maya con los cinco gobernadores del sureste, porque coincidió con la incorporación de cinco diputados federales del Partido Verde a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y porque las redes familiares, de negocios y políticas del propio Velasco atraviesan a prácticamente a toda la clase política.
“Todos le deben favores y, fundamentalmente, dinero”, afirmó a Proceso un excolaborador de Velasco Coello que conoce la forma de operar del joven político, emparentado con el fallecido exregente capitalino Manuel Camacho Solís. Su abuelo Fernando Coello tiene una antigua y pública relación de apoyo a López Obrador.
Velasco también mantuvo una firme alianza con Osorio Chong, a quien apoyó en la contienda interna priista por la nominación presidencial de 2018, ha dado su respaldo a Dante Delgado de MC y también fue aliado político del exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Por si fuera poco, reforzó su alianza con Ricardo Monreal desde que el actual coordinador de la bancada de Morena era delegado en Cuauhtémoc.
Velasco también está emparentado con la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador, Josefa González Blanco Ortiz Mena, hija del exgobernador priista chiapaneco Patrocinio González Blanco Garrido, primo de la madre de Manuel Velasco.
El árbol genealógico de Velasco Coello lo emparenta asimismo con la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, nieta de Salomón González Blanco, y con el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Desde el Partido Verde, Velasco Coello fue uno de los primeros legisladores que apoyó las aspiraciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en su carrera por la Presidencia en 2012, y desde su gobierno en Chiapas apoyó las reformas estructurales del presente sexenio.
En la campaña electoral, Manuel Velasco reforzó su alianza con el exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, a tal grado que su suplente es un hijo de éste, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, quien podría quedarse como titular del escaño que abandonó el chiapaneco.

Agencias


AMLO y los militares: no se avizora cambio alguno

28/08/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- “El rescate del Estado implica la reconstrucción de la organización del territorio y del poder político, con la participación de los ciudadanos… proveyendo ?las condiciones necesarias para garantizar derechos humanos, individuales y sociales.”
Proyecto de Nación 2018-2024 (Morena-AMLO).
Bogotá: Del desencuentro al triunfo tutelado
Con el resguardo del Estado Mayor Presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió su constancia como presidente electo el 8 de agosto y, de no hacer un replanteamiento de fondo respecto del principio de supremacía civil (como lo muestra su visita a Lomas de Sotelo y a Coyoacán el 22 y el 23 de agosto, respectivamente), continuará su tránsito hacia el ejercicio de un poder que terminará tutelado por los militares del país.

Descalificaciones
Atrás, al menos para el presidente electo, quedaron las descalificaciones de los secretarios de Defensa y Marina, quienes lo ridiculizaban como candidato y no dudaron en expresar su desdén ante su protagonismo como “actor social” (así calificado en boletines y discursos). También quedó atrás el adjetivo de “matraquero” endilgado por AMLO al general de cuatro estrellas (en la peculiar formalidad militar mexicana sólo hay uno, el titular de la Sedena) cuando el uniformado, en su indebida campaña política, se aprestó a recibir un doctorado honoris causa por una universidad pública (bajo la “recomendación” de un sector castrense), como parte de la cobertura de propaganda a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
A diferencia del grueso de ofertas de campaña que lo llevaron al triunfo, AMLO se pronunció, por un lado, con ambigüedad (no usar la ley para reprimir movimientos sociales) respecto de las amplias atribuciones militares con la aprobación y vigencia de la LSI. Una ley severamente cuestionada e impugnada, dentro y fuera del país, por sus vicios de inconstitucionalidad y el grave riesgo que representa para las garantías ciudadanas y los derechos humanos de la población. Por otro lado, a partir del 2 de julio, AMLO ha omitido siquiera revisar su pertinencia y menos derogarla, como debería hacerlo a la luz de las demandas de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y otras, como la CNDH y la misma ONU.
Llama la atención el silencio de los críticos de la LSI, organizados y en lo individual, luego del triunfo electoral de AMLO, que no persisten en su reclamo por echarla abajo, sabedores de que el gobierno entrante continuará con esquemas fracasados, creados e impulsados por sus predecesores, como el mando único policial.
Todo indica que los mecanismos intrusivos y antidemocráticos de la LSI serán la base para aspirar al modelo estadunidense de Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security)… pero “a la mexicana” porque, además de constituir la moneda de cambio castrense de control político y social al servicio del gobierno entrante, serán los militares el factótum de la nueva hegemonía de poder sin contrapesos reales ni formales. De ahí la retórica de “esperar” a que la Suprema Corte “decida” sobre una ley que ya se aplica desde diciembre pasado (véase la entrevista: Durazo ofrece verdad y justicia. El país un panteón, Proceso 2181), olvidando que se trata de la misma Corte que aprobó la jurisprudencia que les dio el disfraz de policías a los militares bajo la coartada del confuso concepto de “seguridad interior” que figuraba sólo en leyes orgánicas castrenses.
El documento sustantivo de la campaña del presidente electo fue el Proyecto de Nación 2018-2024, cuyas 461 páginas son escasas, generales u omisas, dependiendo, en lo que atañe a la agenda de seguridad y defensa, la función militar y sobre el análisis de su desempeño.
Entre otras cosas, la LSI ni siquiera es mencionada, en tanto que la “Guardia Nacional” –ya cancelada, según señaló Alfonso Durazo, el próximo titular de Seguridad Pública, el miércoles 15– fue desvirtuada en su concepto civilista original para dejarla en manos castrenses, tal como lo habían anunciado voceros oficiosos del Ejército y la Marina (Íñigo Guevara, El Heraldo de México, 10 de julio de 2018).
El complejo Mx “sui generis”:militares intocables
En 1946, con la culminación del proceso civilista del poder en México, los militares fueron acotados del ejercicio político con prerrogativas y privilegios otorgados por el presidente mismo (con reglas escritas y no escritas). Todo a cambio de la lealtad e incondicionalidad castrense de servir al Ejecutivo federal (civil) y a su camarilla gobernante, incluso recurriendo a la fuerza represiva en nombre de la razón de Estado (ahora se dice que de la seguridad nacional e interior), y así garantizar la hegemonía y el control del país.

Gobernanza autoritaria
Ese sería el modelo sintético de la gobernanza autoritaria o semidemocrática que privó durante más de seis décadas en el país y que llevó a justificar, en el discurso y la práctica política, la ausencia de reforma del sector de la defensa (Ejército y Marina), tal y como ocurrió en el hemisferio y en otras latitudes donde se vivieron regímenes autoritarios y/o dictaduras represivas (militares o civiles con el apoyo castrense), al despuntar la ola democratizadora en los ochenta y noventa.
Se decía, y se dice, que no haber pasado por una dictadura militar (salvo el lejano golpe de Victoriano Huerta en 1913) era razón suficiente para no revisar siquiera las condiciones de los militares y su relación con el poder civil en México, el papel y el perfil que debían tener en un proceso de transición democrática y, posteriormente, en su consolidación. Esto resultó en más autonomía militar en detrimento del desarrollo democrático del país.
En la práctica, la ignorancia y/o miopía de gobernantes e intelectuales permitió, entre otras cosas, que en los últimos 25 años los militares mexicanos no sólo evitaran cambios según las exigencias de su papel en la transición política, sino que trastocaran un pacto no escrito (cuyo origen se remonta a 1928) con características clientelares y corporativas: ensancharon sus prerrogativas económicas, políticas y legales con garantías de impunidad gracias a su involucramiento, tanto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (antes lo fue contra la guerrilla rural y urbana), como en el “apoyo” a enfrentar la crisis de seguridad que ha hundido al país en la violencia.


El director del Inacipe: inviable, un fiscal general independiente

El nombramiento de los próximos fiscales general y anticorrupción ya empezó a generar problemas. Sectores de la sociedad –ONG y empresarios, principalmente– creen que ambos deben ser nombrados sin la intervención presidencial. López Obrador no piensa lo mismo. En opinión de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el nombramiento del fiscal general (que sustituirá la figura del procurador general) debe ser prerrogativa del presidente, no así el del fiscal anticorrupción, quien debe ser independiente del Ejecutivo para poder juzgar, entre otros, al propio jefe del Ejecutivo.

21/07/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un “fiscal carnal”, como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora López Obrador se mantiene en su postura, a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.
Ninguna de las partes cede, aunque la semana pasada comenzaron formalmente una serie de encuentros en los que el único punto de coincidencia es que se debe cambiar la forma en que México ha “procurado” la justicia, a la vista de que es uno de los países con más impunidad en el mundo. Apenas uno de cada 10 delitos se castiga.

Facultad constitucional
Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está en favor de que el presidente de la República mantenga la facultad constitucional de proponer al que será el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que sustituirá a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR).
La autonomía que reclaman las ONG para el nuevo fiscal general la reserva el investigador para quien será el nuevo fiscal anticorrupción.
“Todos estamos de acuerdo en que se deben combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Cuando vemos que algunas procuradurías tienen un nivel de impunidad de hasta 95% es claro que tenemos que hacer algo. Pero en el debate sobre la autonomía de la fiscalía hay una confusión”, comenta en entrevista.
Con su insistencia de que debe castigarse a los funcionarios corruptos, dice que los delitos contra los servidores públicos no se pueden perseguir igual que los de la delincuencia federal: “El resultado es que no se persiguen unos ni otros. Por eso es necesaria una fiscalía anticorrupción independiente, que única y exclusivamente se concentre en los delitos de los servidores públicos”.
Las ONG piden que la FGR sea autónoma, como lo dice el artículo 102 de la Constitución, pero buscan una nueva reforma para que la designación del titular y de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales esté en manos de expertos de la sociedad civil, el Congreso y el presidente de la República, y no sólo en éste, como ha sido hasta ahora.
Ese artículo no está regulado, y mientras no haya una ley no va a haber consenso, ataja Laveaga.
–¿Por qué no hacer eco de esta exigencia si la experiencia en México nos demuestra que los ministerios públicos han estado al servicio de los presidentes y de los gobernadores?
–Porque el bono democrático lo tiene el presidente de la República, que es quien gana una elección y presenta un programa de gobierno. Para ser autónomo, el fiscal general tiene que ser electo, pero no es el caso de México. Además, el Estado no puede renunciar a su facultad sancionadora. Hay que garantizar que se castigue el delito, pero eso no se logra con una fiscalía general autónoma.
“Los delitos se enfrentan a partir de la discrecionalidad, como en Estados Unidos o Inglaterra; o de la legalidad, como en Italia y España, donde se dice que se tiene que perseguir todo. Pero ningún país tiene un aparato para perseguir todos los delitos que se cometen.

Autonomía
“La autonomía implicaría que el fiscal decidiera qué delitos sí y cuáles no perseguir. Y en ese caso, el presidente de la República, quien goza del bono democrático, carecería de la discrecionalidad para la persecución de los delitos de acuerdo con su política criminal.”
En la práctica, si el presidente está interesado en la evasión de impuestos, delitos ambientales o el contrabando, un fiscal autónomo podría decir que no, que su prioridad es el secuestro o el homicidio, ejemplifica. “Necesitamos una FGR que dependa del presidente de la República para que él nombre al fiscal y pueda removerlo”.

Casos separados
Laveaga pone por separado el caso del fiscal anticorrupción: “En este caso estamos ante un modelo moderno en el que el Estado sí puede ceder parte de su potestad punitiva. Pero sólo para delincuencia gubernamental, para perseguir a los servidores públicos corruptos.
“En los demás delitos, el presidente tiene que decidir y el procurador ser su empleado. Las organizaciones no gubernamentales están disparando balas al aire. En lugar de concentrarse en la fiscalía anticorrupción lo están haciendo en una institución del Estado, que es la facultad punitiva, a la que ningún Estado va a ceder.”


El triunfo de la esperanza

5/07/2018 – Ciudad de México.- La gente que fue al Zócalo a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es la izquierda coleccionada por sí misma: el cardenismo de 1988 –el del reclamo para que se contaran los votos y jamás el de la evocación de la educación socialista–, el zapatismo de 1994 –el que reconoce que México es racista y encuentra en la autonomía comunitaria una solución al descomunal despojo global–, el de la lucha contra el desafuero del alcalde electo de la Ciudad de México –que piensa que las opciones en la boleta no deberían ser palomeadas por el presidente en turno como una forma de dedazo enguantado en legalidad–, el estado de ánimo que en los dos fraudes –2006 y 2012– denunció lo que obstaculizaba el simple depósito de la boleta en una urna y su conteo: el fraude cibernético y la compra de votos, la decisión de los poderes monopolizados por encima de lo que es tan simple: un domingo de cada tres o seis años, todos valemos lo mismo: uno.

La épica a la mano es la de lo pequeño. En cada uno de los 30 millones que votaron por el tabasqueño el domingo 1 de julio hubo, por primera vez, la sensación de que tiene un efecto discutir las opciones, decidir por una, y levantarse para ir a votar. De eso se trata la presencia de los cuerpos en las calles: nadie los ha convocado, se han coleccionado a sí mismos, para dejarse ver, para abrazarse en un desenlace feliz por compartido. Además de la épica tan prohibida por los jueces cínicos que desdeñan todo triunfo de los más –aquí, los pobres; aquí, también, la clase media cuya existencia ya es sólo tarjeta de débito, indignada por la corrupción; aquí, el millón de familias sin poder salir de la frecuencia de la violencia y el miedo cotidianos–, además de esa heroicidad que significa ir a votar en un país en el que, entre el sufragio y su conteo, siempre se interpone el dinero, la trampa, también ejercemos en público la otra prohibición: lo sentimental. Desde Eugenia León cantando “La paloma” hasta el recuerdo de los puños apretados en el desafuero de 2005 y el desenlace por punto cinco de 2006, las lágrimas se abren paso. La felicidad es una forma de la modestia. Es breve pero densa.
Los que hemos llegado hasta aquí pasamos por todo: no es lo mismo ganar, que te dejen ganar; no es lo mismo ganar y que te dejen gobernar –todavía resuenan las televisoras pidiendo la renuncia del primer jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas–; no es lo mismo ganar que enunciar un porvenir. El “quizás” es su única ocasión. Pero existe ahora en las calles ocupadas por miles de cuerpos que se presentan sin ser convocados por un poder. ¿Qué dicen con su aparición? Me acuerdo de unos versos de Carlos Pellicer, a cuya campaña externa al Senado en 1976 le debe Andrés Manuel López Obrador su entrada a la política:

El acto de pensar se vuelve canto
y nuestra vida al borde de la noche
comienza a despertar.
No hay que volver a nada.
Ya casi hemos llegado a nube firme.

Un vapor seguro. Eso es el movimiento. El velo macizo cuya entrada en la historia es nombrarse como histórico. Se entra de espaldas, mirando las derrotas del pasado y a sus muertos. No puede entrarse de frente porque el porvenir no se puede ver, salvo nombrarlo como quizás. Se usa a un hombre que tiene tres nombres: Andrés Manuel, para quien lo conoce; López, para quienes creyeron que haciéndolo un hombre común le restaban en vez de sumarle; Obrador, para quienes es la idea de alguien que hace, que concibe, que compone, que gobierna y no sólo administra. López Obrador es el hombre que quiere actuar pero que no lo dejan. Es el hombre de los obstáculos y por eso su triunfo es de la esperanza trágica. No del optimismo como fe ciega en que las cosas se van a despejar, sino de quien tuvo que tomar los restos que nos dejó el naufragio para hacerse de una barca. La felicidad de este Zócalo es la de sostener el cuello delante de una tempestad.
Andrés Manuel era un militante del partido que surgió del fraude de 1988 cuando, silenciosamente, se mudó con su familia a un departamento de Copilco 300, frente a la Universidad Nacional. Yo vivía en la planta baja del edificio 16, desde el 85, y me lo topaba en las madrugadas; yo llegando de los despojos de una sobremesa dilatada hasta el arrepentimiento; él saliendo, recién bañado, a trabajar. Nos dábamos los buenos días y él se metía al Metro y, a veces, hablaba por el teléfono de la esquina. Sólo una vez hizo una fiesta, el día de su cumpleaños: el pasillo olía a pescado y se escuchaba una marimba. Tiempo después se mudó con su esposa Rocío, enferma de lupus, y sus hijos, a unos departamentos del parque de enfrente, el Hugo B. Margain, a un edificio viejo desde el que algunos representantes del Consejo Nacional de Huelga de 1968 vieron la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército. Cuando lo desaforaron por órdenes del presidente Fox para que no compitiera en la boleta, desde ese parque daba sus conferencias de prensa. Las paredes del entorno se llenaron de notas de apoyo: “Peje, El Toro”. Desde entonces es el hombre común, el vecino discreto, el hombre cuya medianía enfurece a los oligarcas del dispendio.
Cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México fui a verlo para escribirlo. Me adentré en eso que fueron las conferencias de prensa a las seis de la mañana, el Zócalo, este Zócalo hoy festivo, entonces, en 2004, desierto y frío; una cafetera destartalada en la apretada sala llamada “Francisco Zarco”, y el manejo de las preguntas con él “lo que diga mi dedito”. Por razones que no recuerdo, me fijé en el escritorio de su oficina: un libro de Antonio Ortiz Mena, dos de historia nacional del siglo XIX, artesanías que le regalaban en las comunidades, un café turco para aguantar la jornada de 10 horas. Ese es Andrés, el estudiante de Ciencia Política que puso a prueba su primer matrimonio al irse durante años con los campesinos de La Chontalpa de Tabasco. Lo volví a ver cuando subió los terrenos del Encino, cuando lo desaforaron por construir un camino para un hospital. A ese mismo, al hombre común (López) al que no dejaban hacer (Obrador) lo miré sentado junto a Elena Poniatowska en una carpa en este mismo Zócalo, entonces el Zócalo del fraude electoral, diezmado, entre aguaceros. Esa madrugada, un día antes de la resolución de la Corte que le dio la Presidencia a Felipe Calderón, una camioneta amarilla arrolló a los manifestantes contra el fraude electoral sobre Reforma frente al Museo de Arte Moderno. Se dio la vuelta, subió el camellón, y trató, de nuevo, de pasar por encima de los que hacían guardia. Ese conductor simboliza todo lo que se opone al lopezobradorismo. En su intento homicida dejó ahí tirada la defensa de su coche.
Lo que apoya este triunfo esta vez no son sólo los pobres o los viejitos, como despectivamente aseguraron los opinólogos en 2006, sino además los jóvenes, las mujeres, y las clases medias universitarias. En la suma para una coalición electoral y no ideológica, se diluyó la izquierda del cambio de sistema económico por el cambio de régimen político. El combate a la corrupción como prioridad sobre la desigualdad. Lo que había cambiado no era López Obrador, sino el país: roto por las consecuencias de los dos fraudes electorales, la guerra de Calderón como legitimación del que se sabe impuesto y las privatizaciones de Peña en petróleo y educación, la patria necesitaba una reparación. El neoliberalismo dejó de funcionar como porvenir modernizador y sólo planteó un ataque al “populismo”, es decir, a abrir el capitalismo de los compadres. Del lado modernizador no hubo más que un futuro como presente mejorado. Se le pidió a los electores esperar a que lo que no había funcionado en 30 años, empezara, ahí sí por arte de magia, a funcionar. El candidato del Frente PAN-PRD empezó hablando de autos que volaban y terminó repartiendo tarjetas cuyos fondos “de por vida” se activarían si ganaba. El candidato del PRI tuvo que cargar con el desprestigio del presidente en funciones y trastabilló entre el “no soy del PRI” al “háganme suyo” a abrazar al líder de los petroleros, símbolo contundente de la corrupción.
“López” es, a decir de Carlos Monsiváis, el político más atacado desde Madero. Contra él se han usado desde el “payaso” que le profirió Diego Fernández de Cevallos en la exhibición impúdica de los expedientes falsificados del Paraje San Juan en 2003 –el magistrado Mariano Azuela lo llamó “demócrata populista”– hasta su infarto en 2013. En esta campaña la retahíla de insultos en su contra siguió la abigarrada línea de la rabia oligarca y de la clase media que fantasea con que votar por el neoliberalismo lo candidatea para portada de Forbes: sirve a intereses extranjeros –rusos o venezolanos–, espanta la inversión, está senil, tiene dos departamentos de 85 metros cuadrados, es una vuelta al echeverrismo –un corporativismo donde ya no dejaron casi nada de Estado–, es “provinciano” –dijo el ganador de los Juegos Florales de Tehuacán en 1954, Gabriel Zaid–, está enfermo –del corazón o de ambición, usted escoja–, va a regalar dinero en efectivo –dicen los de las tarjetas de compra del voto–, y –last but not least– “pactó con el PRI”. Del otro lado, de los que se fueron uniendo a la idea de un país naufragado que requería de los restos que había dejado la tempestad para hacer una barca, también se recibieron insultos: se les dijo que iban a votar por puritito coraje y sin pensar –dijeron los que han usado como argumento el miedo a perder la casa que ni es tuya– o que estaban aburridos y melancólicos como ajolotes enjaulados en la genética de un cromosoma vernáculo. Hacia el final de las campañas, imperó una defensa extraña del reparto del voto como blackjack: “Si quieren voten por el honesto, pero también por los rateros, para preservar la pluralidad”. Esta última propuesta fue del ingeniero Krauze y de la cantante Gloria Trevi.
Pero “Obrador” fue refractario a los insultos. Desde 2003 en que se le demanda por mil millones de pesos en indemnizaciones por el Paraje San Juan, el funcionario público se sitúa en la categoría de “ejemplar”: reconoce la ley y sus resoluciones, pero, también, avisa sobre sus consecuencias. En la hipocresía de un país en el que la ley se sacraliza en la letra pero que es laxa en sus resultados, Obrador es quien, desde el desafuero y en los dos fraudes en su contra, establece una utopía mexicana: que ley y justicia corran por los mismos caminos. La forma en que aguantó los ataques está sostenida en su “ejemplaridad”: si él es intachable, podrá exigirle lo mismo a sus funcionarios y a nuestros representantes. El problema con todos los insultos fue de quién provenían. Para decir una mentira que tenga éxito es necesario que el que la profiere sea confiable. Nunca fue el caso.
Veo en la gente que ha salido a la plaza central que estuvo secuestrada por el gobierno capitalino durante seis años, otras utopías. Una de ellas me parece la más profunda: un deseo de reconocimiento y, por lo tanto, acabar con el menosprecio.

Reconocimiento
El reconocimiento es, desde luego, esa formación de una identidad por reciprocidad. Desde esa mirada, se puede hablar de “derechos” como pretensiones individuales que sabes que los otros cumplirán. Los deberes son su contraparte. La preservación de los derechos por los demás es a lo que llamamos “dignidad”. En la experiencia del reconocimiento, el sujeto está seguro de su valor en la comunidad. Ese autorrespeto surge de una tensión entre “el yo” –los impulsos y apetitos legítimos– y el “mí”, que es la conformación delante de los otros.
Eso es lo que veo en esta gente que celebra su triunfo: el deseo de existir para los otros, de no ser más menospreciados, de contar, al menos por esta noche, con el “honor” social, con eso que el lema de campaña llamó “hacer historia”. Mirado desde esa perspectiva se entiende el cambio que estamos haciendo: incluir simbólicamente en la idea de patria a una mayoría menospreciada. Las luchas por el reconocimento son, en el fondo, afectivas. El amor, en el sentido político y no en el sexual, es sentirse recíprocamente reconocidos y poderse distanciar unos de otros sin aflicción y sin agobio. Somos una sociedad de castas que vive el disenso como división y la lucha contra el menosprecio como “siembra de odio”. Nadie como los ciudadanos de esta noche han sido tan menospreciados y tildados de lastre para “lo moderno”. Hoy han respondido al votar.

¿Qué nos espera?
Nunca se sabe con la historia. De pronto se llena de gente y de pronto la abandonan. Aquí se abarrota de salida de emergencia, de reconstruir el barco con los restos que dejó el naufragio, de que se vayan los ruines y no sigan medrando, rondando el saqueo. Somos como el agua del pozo que se derrama: cubriremos la tierra por querernos beber el cielo. Pero, al menos, sabremos lo que es la luz.


Guerrero, donde el narco manda…

9/05/2018 – La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho.

CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.
A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.
Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.
De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores.
Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo.
Otro asunto que refleja el problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana.
Pese a los señalamientos, el PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio controlado por el narcotráfico.

Mineras en la mira
El 23 de marzo último, Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta zona del estado.
La refresquera expuso que, recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”.
Otro caso: en junio de 2015, la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia, municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a La Familia.
Así, a una semana del ataque a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y mucho menos detenidos.
Amparada por la ausencia de las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y política.
En agosto de 2017, este semanario informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo delictivo de La Familia.
Esta mina de 12 mil hectáreas era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces.
De acuerdo con declaraciones ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China.
En su edición 2081, Proceso publicó el reportaje Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario en Guerrero, en el que empresarios y personajes de la política del estado denunciaron que el impulso que el gobernador Astudillo realiza en favor de ciertos proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada.
El 12 de julio de 2017, el presidente del Clúster Minero de Guerrero y gerente de la empresa canadiense Media Luna, Alfredo Phillips Greene, anunció tres proyectos en la zona norte y en Tierra Caliente.
También expuso que Grupo Peñoles, que actualmente explota la mina Rey de Plata en la zona norte, se va a expandir a la región de Tierra Caliente para invertir 200 millones de dólares en “una importante zona con potencial minero” ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, lugar que ha sido golpeado por la violencia que generan los cárteles.
Phillips Greene agregó que la canadiense Alio Gold –antes Timmins Gold Corp– está en fase de desarrollo del proyecto minero Ana Paula, ubicado entre los municipios de Cuetzala y Apaxtla, en la zona norte.
El anuncio de inversión extranjera ocurre en un contexto de intensa confrontación entre grupos delictivos por el control de las zonas mineras de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como por la producción y el trasiego de heroína hacia el Estado de México. Se trata de una confrontación que ha dejado muerte, terror, desplazados, pueblos fantasmas, ­desaparecidos y que tiene paralizada la economía local.

El desorden del fiscal
El pasado 25 de abril, Xavier Olea Peláez anunció su dimisión como fiscal general de Guerrero. Su salida se da en un ambiente de impunidad y de extrema violencia. Durante el periodo que estuvo en el cargo, dos años y cuatro meses, hubo al menos 5 mil homicidios dolosos.
De acuerdo con víctimas y fuentes de la fiscalía, Olea Peláez se caracterizó por su frivolidad y se va sin resolver, entre otros asuntos, una decena de homicidios de políticos en pleno proceso electoral.
Además, dejó una fiscalía en la que la mayoría de sus mil 406 policías ministeriales no pudo ser certificada y 750 cadáveres permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense del estado, debido a la falta de recursos humanos y técnicos.
En la tragedia de Guerrero también cabe la corrupción: integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda con Vida de Personas Desaparecidas reprocharon que el gobierno de Héctor Astudillo Flores destinó “en la opacidad” 6 millones de pesos para construir un panteón forense de la Fiscalía del estado en el interior de un cementerio privado que administra una empresa propiedad del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez.
Para los miembros de la organización, ese dinero debió invertirse en la elaboración de perfiles genéticos de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, dijo Lamberto Castro de la Cruz, integrante de la caravana y del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilpancingo.
Olea Peláez se ha caracterizado por asumir la defensa legal de personajes polémicos, como Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Arturo El Negro Durazo.
Mientras es designado el reemplazo de Olea Peláez –el segundo fiscal que deja el gobierno de Astudillo–, el encargado de despacho es el vicefiscal José Antonio Bonilla Uribe. A su vez, los policías judiciales seguirán bajo el control de Esteban Maldonado Palacios.
Durante 10 años, Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de Investigación de la fiscalía, desde donde ha enfrentado diversos señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incurrir en diversas irregularidades.


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