Bajezas mediáticas

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como son las redes sociales y las apps, comenzaron a divulgar mensajes de ayuda, convocaron a los rescates en la Colonia Del Valle, en la Roma, en la Condesa, en Tlalpan. Documentaron todo y en exceso. Un millón de ciudadanos ganaron las calles para rescatar a los atrapados en alguno de los 42 edificios derrumbados ese día, recolectar ayuda, acompañar a quienes habían sido desalojados de sus casas. La sociedad civil volvió a tomar la iniciativa más rápido que las autoridades.

25/09/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana del 19 de septiembre de 1985 un crujido sordo se extendió por toda la Ciudad de México. Junto con el miedo, los derrumbes, los incendios, vino la incomunicación. La central de Teléfonos de México en la calle de Victoria se derrumbó. Sus 55 mil ramales se desconectaron. El edificio de Chapultepec 18, de Televisa, se vino abajo. La televisora sólo pudo reiniciar transmisiones cuatro horas después. Los capitalinos se comunicaron a través de radioaficionados, Imevisión y las estaciones de radio que no perdieron la señal.
Treinta y dos años después, a las 13:14 horas, otro sismo castigó a la Ciudad de México. La memoria de la Tierra se abrazó con la memoria de millones de mexicanos que vivieron los sismos del 85. La diferencia fue que en el sismo de este 19 de septiembre la incomunicación sólo duró menos de una hora.

Las televisoras y las estaciones de radio no dejaron de transmitir. Los teléfonos móviles se convirtieron en acompañantes indispensables de todos. Se afectaron 75 mil servicios de voz, pero a las 48 horas estaban restablecidos 70 mil. A las 72 horas del sismo, 98% de las redes de telecomunicaciones estaban en funcionamiento. América Móvil, AT&T y Telefónica volvieron gratuitos sus servicios, según la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Tecnologías de la información

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como son las redes sociales y las apps, comenzaron a divulgar mensajes de ayuda, convocaron a los rescates en la Colonia Del Valle, en la Roma, en la Condesa, en Tlalpan. Documentaron todo y en exceso. Un millón de ciudadanos ganaron las calles para rescatar a los atrapados en alguno de los 42 edificios derrumbados ese día, recolectar ayuda, acompañar a quienes habían sido desalojados de sus casas. La sociedad civil volvió a tomar la iniciativa más rápido que las autoridades.
Con la sobreinformación difundida en los medios electrónicos y en las redes sociales comenzaron también los rumores: primero, versiones de nuevos sismos ese mismo día en estados del noroeste del país, como Sonora y Chihuahua; después, versiones de desabasto en los supermercados ante presuntas compras de pánico. Junto con los rumores, cientos de videos, fotografías y audios documentando el trabajo de ayuda inmediata.
Uno de los rumores más difundidos a través de WhatsApp, Facebook y Twitter decía lo siguiente:
“En las últimas horas ha estado temblando en diferentes países del mundo y en algunos estados de la República Mexicana, el último recién fue en Perú y Oaxaca. El sistema de monitoreo de sismos del Servicio Sismológico Nacional, la UNAM en combinación con el Servicio Sismológico Nacional, la UNAM en combinación con el servicio Geológico de EUA y Google USA, arroja una posible estimación del sismo, y que en las próximas horas podría suceder en el Suroeste de Estados Unidos y Noroeste de México, en estados como California, Arizona, Nuevo México, Baja California, Sonora y Chihuahua, este evento primero ocasionado en las costas de Guerrero con una magnitud de 8.6 grados, invitamos a la ciudadanía a estar pendientes y tener botiquín de primeros auxilios.”

Sismológico

De inmediato, este mensaje viralizado fue desmentido por la UNAM, por el Servicio Sismológico Nacional (que aparecía como la “fuente”) y por las autoridades federales y estatales.
En paralelo, las grandes plataformas digitales, como Google y Facebook, activaron desde el mismo martes 19 sistemas de geolocalización de personas a través de internet y para mandar mensajes solicitando u ofreciendo refugio, transporte, combustible, equipamiento, ropa, alimentos, ayuda en general. Ambos servicios se saturaron y facilitaron que miles de ciudadanos, en especial jóvenes, se organizaran en grupos, por sectores y en los parques de las colonias Roma y Condesa para emprender las labores de rescate.
Las plataformas de transporte privado vía internet, como Uber y Cabify, anunciaron viajes gratis por toda la Ciudad de México, desactivaron su “tarifa dinámica” y ofrecieron trasladar sin costo hacia Puebla, otra de las zonas más afectadas, hasta las 22:00 horas de ese mismo día. Gracias a estos servicios, muchos usuarios llegaron a alguno de los 20 albergues abiertos.

“El país contiene el aliento”…

Al día siguiente del sismo, miércoles 20 de septiembre, las redes sociales y los medios electrónicos provocaron una movilización sin precedente por toda la ciudad hacia los edificios derrumbados, las zonas acordonadas, los centros de acopio, hospitales. Citando fuentes gubernamentales, el periódico Reforma calculó que fueron “al menos 1 millón de ciudadanos” que salieron a las calles de la Ciudad de México y otras 200 mil personas prestaron servicios como voluntarios en Morelos y Puebla.
En las pantallas de las principales cadenas de televisión el epicentro de la tragedia comenzó a concentrarse en el colegio Enrique Rébsamen, donde el mismo día del sismo fallecieron 25 personas (21 niños y cuatro adultos) al venirse abajo la pesada estructura del edificio.
Cámaras, micrófonos, drones, despliegue de rescatistas, padres de familia, más efectivos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina se trasladaron hacia la escuela junto con las cámaras de Televisa, que ocuparon un sitio privilegiado: su reportera Danielle Dithurbide estuvo todo el tiempo en el primer círculo de los trabajos de rescate, junto al almirante de la Marina José Luis Vergara y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que estuvo presente cerca de 10 horas.

El espectáculo se concentró en este sitio porque, al filo del mediodía, el almirante Vergara Ibarra afirmó que había una niña con vida entre los escombros: “Hay una niña que aún escuchamos con vida. Y es ahí donde realizamos el mayor esfuerzo porque está muy complicado el rescate”.
Citando a una profesora, algunos medios aseguraron que la menor se llamaba Frida Sofía y que cursaba la primaria. Un “marino” (del que no se supo su nombre) dijo que Frida movió su mano y pidió agua. Televisa citó en extenso estas versiones, con declaraciones del almirante y testimonios de oídas de quienes estaban a cargo del rescate.

El titular de la SEP, Aurelio Nuño, le declaró en entrevista a Joaquín López Dóriga, conductor que reapareció en los informativos de Televisa en estos días: “Lo que sí está plenamente acreditado es que sí hay una niña con vida… con la que se está en comunicación… a la que se ha hecho llegar agua… el operativo de rescate cada vez está más cerca de ella”.

El despliegue de Televisa junto a las ruinas del colegio Enrique Rébsamen duró 16 horas ininterrumpidas, según la propia reportera Danielle Dithurbide, pero el clímax de la transmisión fue a las 22:00 horas, justo en el horario del noticiario estelar, que rompió índices de audiencia.
El rating de la tragedia provocó que otras cadenas de televisión, en especial TV Azteca e Imagen TV, más los enviados de medios internacionales y un enjambre de reporteros de medios digitales, radiofónicos e impresos (que permanecieron en el segundo y tercer círculos de cercanía) se enlazaron para observar el “milagro” del rescate de Frida Sofía. El nombre se volvió trending topic en Twitter y Televisa también.

A las 22:45 horas el almirante Vergara corroboró en El Financiero TV lo que había declarado en Televisa: “En un máximo de un par de horas podemos llegar al rescate de la niña. Es información que nos proporcionó la niña… No tenemos información para confirmar lo que ella nos dijo”.
La niña hablaba, se comunicaba, bebía agua, movía la manita. Al filo de las 23:00 horas unos supuestos “rescatistas” declararon en un video subido en Twitter que habían sacado de los escombros a una niña llamada Frida Sofía o Ana Sofía. En Televisa, Aurelio Nuño declaró desconcertado que no sabían quiénes eran los padres de Frida Sofía y los exhortaba a acercarse. La suspicacia cundió entre los usuarios de las redes sociales.
Indignada, la reportera Dithurbide regañó en su cuenta de Twitter a Javier Risco, conductor de El Financiero TV y de W Radio, que citó el video de los “rescatistas” que anunciaron la liberación de Frida Sofía:

“Les hemos transmitido por 16 horas el rescate de Frida, ¿cómo puede ser que caigan en la información de un charlatán?… Por favor @jrisco quita ese tuit video que es incorrecto.”
En su último reporte, Televisa afirmó que desde las cinco de la madrugada las labores de rescate “fueron suspendidas por completo, por lo frágil de la estructura”, y sólo había un equipo de especialistas trabajando en los escombros de la escuela.
En TV Azteca, Hannia Novel reportó que en la lista de niños del colegio Enrique Rébsamen no había ninguna menor con el nombre de Frida Sofía. Citó a la SEP.
La reacción en redes sociales fue de decepción. Comenzó a difundirse la versión de que todo era un invento, un error o simplemente una farsa. El 21 de septiembre, el periódico La Razón tituló así su nota principal: “El país contiene aliento ante el largo rescate de la niña Frida”.

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Una vez más, la estrategia equivocada

La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.

18/05/2017 – PALMARITO TOCHAPAN, PUE..- El enfrentamiento de huachicoleros con tropas del Ejército la noche del 3 y la madrugada del jueves 4 en esta localidad puso en entredicho la actuación de la milicia en el combate al crimen organizado. Tras la refriega, en la que murieron cuatro militares y seis civiles, el presidente Enrique Peña Nieto envió más de 2 mil soldados a la zona conocida como Triángulo Rojo, la de mayor incidencia en el robo de combustibles en el país.

Ejecuciones extrajudiciales
La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.
Las cámaras que presuntamente colocaron los delincuentes registraron todo. En las imágenes se observa cuando un soldado dispara contra un civil que ya había sido sometido; también registra el momento en que los militares recogen algunos casquillos para alterar la escena del crimen y se llevan los dos artefactos que grabaron el tiroteo.
La Sedena pidió que se revise el material, de más de dos horas de duración, para comprobar su autenticidad, y en el cual también se ve cuando un sujeto abre fuego contra los soldados y abate a uno de ellos. Hasta el cierre de edición no había ningún elemento que sustentara la versión oficial de que las bajas de civiles se debieron a que los huachicoleros usaron a mujeres y niños como “escudos humanos”.
Testimonios de los lugareños sostienen que los soldados iban tras los huachicoleros y, al llegar al poblado, arremetieron contra las personas que encontraron a su paso. Entre los caídos, dicen, había un ama de casa, un agricultor y un menor; además, aseguran, se llevaron a dos niños, uno de ocho años y otro de 13.
A la entrada de Palmarito, en la barda de la iglesia y en la fachada de la Presidencia Auxiliar los pobladores colocaron decenas de mantas en las que exponen sus quejas. “Queremos paz por el bien de los niños. Soldados, no maten a gente inocente”, dice una.

Otra alude a los huachicoleros, quienes, según los pobladores, intervinieron para defenderlos del ataque militar: “El pueblo respalda a quien defendió a nuestras mujeres y niños”, se lee en la manta.
Habitantes de la localidad refieren que en los últimos días sus casas han sido cateadas sin orden judicial y algunos soldados incluso han encañonado a varios menores y tratan a todos los pobladores como delincuentes.
Varios de ellos acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar su queja. El ombudsman nacional les otorgó medidas cautelares, por lo que la Policía Militar ya no podrá ingresar a Palmarito Tochapan, señalado como uno de los principales bastiones del huachicoleo.

Un nuevo modo de vida
De acuerdo con las autoridades estatales, se tienen ubicadas varias bandas que controlan el llamado Triángulo Rojo y se asientan en Palmarito, Palmar de Bravo, Esperanza y Yehualtepec.
Uno de los grupos, indican, es comandado por Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, presunto operador de Los Zetas en Puebla, Veracruz y Tlaxcala; los cabecillas de las otras bandas son Antonio Martínez Fuentes, El Toñín; Gustavo Jiménez Martínez, La Vieja, y Ruselbi Vargas Hernández, El Ruso.
Los integrantes de estos grupos portan armas de grueso calibre, como rifles AK47 y R15, por lo que tienen una alta capacidad de fuego, como quedó demostrado en el enfrentamiento con tropas de la Sedena en Palmarito, a las que les causaron cuatro bajas.
Los alcaldes de la región advierten que la problemática es más compleja, pues en algunas comunidades el robo de gasolina lo realizan varias familias, quienes cuentan con cisternas y tinacos para almacenarla.
Eso quedó demostrado el 4 de enero último, cuando cuatro integrantes de una familia murieron en Tlacotepec de Juárez intoxicados por los gases emanados de la cisterna de su domicilio, donde guardaban 10 mil litros de huachicol.
La delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, Isabel Allende, señala que en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es visto como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.
Cuenta que muchos de los vehículos detenidos por la Gendarmería por transportar bidones con hidrocarburo robado llevan a bordo al padre, su esposa y sus hijos.

También, dice, algunos habitantes son cooptados por los delincuentes mediante fiestas o regalos de electrodomésticos; otros simplemente se quedan callados para no enfrentar a los huachicoleros, quienes son sus vecinos, amigos o familiares.
A mediados de marzo último, el gobernador Antonio Gali Fayad presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) relacionada con 12 menores que, según comprobaron las autoridades, fueron contratados como halcones por los ladrones de combustible, quienes les pagaban hasta 12 mil pesos mensuales.
Según datos de Pemex, en los dos últimos años tuvieron pérdidas de más de 7 millones de pesos al día por la ordeña de ductos. De esa cantidad, el 26% –poco más de 2 millones–, es por el combustible que se extrae de los ductos de la paraestatal ubicados en Puebla.
Al principio, los huachicoleros sólo operaban en seis municipios, pero en los últimos meses ampliaron sus actividades a 20, entre ellos Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec, Esperanza, Amozoc, Xoxtla, Tochtepec, San Matías Tlacanaleca, San Martín Texmelucan y otros del sur de la capital poblana.
El pasado martes 2, la banda identificada como Los Macacos, ligada al robo de hidrocarburos, asaltó a una familia de Quecholac que viajaba por la autopista Puebla-México, a la altura de San Martín Texmelucan. Los delincuentes asesinaron a un niño de dos años y violaron a su hermana de 14 años y a su madre.

“Golpes mediáticos”
Roxana Luna Porquillo, exdiputada federal por el PRD, señala que hasta ahora la estrategia para combatir a los huachicoleros se ha quedado en “golpes mediáticos” que pasan por la criminalización de los pueblos, pero no se observa el problema de fondo: el abandono económico de una zona netamente agrícola.
Como ejemplo cita el Operativo Encrucijada contra El Bukanas, emprendido por el gobernador Gali Fayad el 9 de marzo pasado y en el que participaron 500 efectivos estatales.
Y aun cuando el criminal escapó, los uniformados arrestaron a 87 supuestos integrantes de su grupo en los municipios de Esperanza, Atzitzintla, Cuyachapa y Palmar de Bravo en una sola noche. Veintidós de los detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y sólo 42 han sido procesados.
Uno de ellos es el alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez, quien milita en el PRD. En ese momento fue ubicado como el “José Luis Abarca” de Puebla –en alusión al exalcalde de Iguala, Guerrero, presuntamente implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– por su supuesta protección a los grupos delictivos.
El PRD estatal considera que Velázquez es un preso político, pues se le acusa sólo de “obstrucción a la justicia”, por el cual tiene derecho a fianza.

Crisis de seguridad
La exdiputada Luna Porquillo sostiene que el asunto del huachicol en Puebla se disparó en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle. Dice que éste actuó con dureza en contra del movimiento social, usando incluso equipos de espionaje para perseguir a activistas, políticos y periodistas, pero no hizo nada para detener a los criminales que destruyeron el tejido social de muchas comunidades poblanas.
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se expresó de manera similar: “No se debió llegar a esto; se debió solucionar a tiempo”.
Marcos Mazatle, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, asegura que la crisis de seguridad que vive Puebla a causa de los huachicoleros tiene responsables, pero que nadie los está investigando.
El observatorio pide que se investigue a Facundo Rosas Rosas, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión de Moreno Valle.
En julio de 2015, dos mandos policiacos cercanos a Rosas, el director general de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos cuando custodiaban vehículos con hidrocarburos robados.
Eso le costó el puesto a Rosas, quien fue despedido por Moreno Valle en medio de elogios. Nunca se le investigó. Todavía peor, la estructura que armó Rosas en la SSP permaneció intacta, dice Mazatle.
Hoy, la ordeña de ductos en Puebla es una próspera industria de la cual depende toda una región; incluso ya tiene su propia cultura, sus canciones y hasta su santo.
La senadora perredista Dolores Padierna también pide que se abra una investigación para saber si los recursos procedentes del robo de combustible han servido para financiar la campaña de Moreno Valle, quien busca ser candidato del PAN a la Presidencia.
“¿Existe algún vínculo entre el robo de combustibles y el financiamiento ilegal a campañas políticas, como podría ser la del propio exgobernador Moreno Valle? Esta duda está presente en el análisis de lo ocurrido en la comunidad de Palmarito y debe ser investigado e informado por las autoridades del estado de Puebla y las federales”, expuso Padierna.

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De regreso al “infierno libio”

El 13 de diciembre de 2016 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) publicaron de manera conjunta un informe de 30 páginas en el que documentan una situación generalizada de desnutrición, trabajo forzado, graves enfermedades, torturas, abusos sexuales, sobornos y desapariciones en todos los centros de detención de migrantes en Libia.

15/02/2017 – PARÍS.- El embajador de Alemania en Níger es categórico: en Libia los centros de detención de migrantes controlados por traficantes de personas son comparables con los campos nazis de concentración.
El diplomático, quien asegura disponer de fotos y videos tomados con celulares y debidamente autentificados para corroborar sus afirmaciones, recalca que los detenidos son sometidos a todo tipo de torturas y tratos inhumanos, y que los grupos criminales suelen ejecutarlos cuando necesitan “espacio” para “recibir” a más migrantes.
El embajador pinta esta situación atroz en un cable diplomático enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que el periódico Die Welt publicó en su edición del pasado 29 de enero.
El 13 de diciembre de 2016 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) publicaron de manera conjunta un informe de 30 páginas en el que documentan una situación generalizada de desnutrición, trabajo forzado, graves enfermedades, torturas, abusos sexuales, sobornos y desapariciones en todos los centros de detención de migrantes en Libia. Sostienen que ello ocurre tanto en los que se encuentran bajo responsabilidad de las autoridades, como en los controlados por milicias, mafias y el mismo Estado Islámico (EI).

Predicar en el desierto
Los autores del informe describen en forma cruda lo que viven los migrantes: se ven obligados a orinar y defecar en el piso de las celdas y bodegas sobrepobladas en las que están encerrados y en las que, en medio de esa hediondez, viven durante meses; muertes por desnutrición; ejecuciones de presos demasiado débiles para cumplir con los trabajos forzados que les imponen; violaciones sistemáticas de mujeres y niñas y su frecuente venta a redes de prostitución; multiplicación de fosas comunes…
Puntualizan que en numerosos casos los autores de estos crímenes son los mismos policías, militares y funcionarios de lo que queda del Estado libio, y subrayan con particular énfasis la actitud delictiva de los guardacostas de Libia que extorsionan, golpean y matan a los migrantes.
Inquietos, los expertos del ACNUDH y de la UNSMIL denuncian: “Recientemente políticos europeos empezaron a sugerir que se debería agrupar a los solicitantes de asilo en campos de migrantes en Libia y en otros países de África del Norte”.

Identifican a esos políticos:
“El 16 de septiembre de 2016, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, dijo que la Unión Europea debería crear en Libia ‘una gigantesca ciudad para refugiados’ que funcionara como un gran centro de selección. El 6 de noviembre el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pidió regresar a Libia todos los barcos de migrantes interceptados o rescatados en el Mediterráneo, mientras que Thomas de Maiziere, ministro del Interior alemán, propuso devolver esas embarcaciones a los países del norte de África”.
Y los autores del informe advierten con firmeza: “La ONU considera que los migrantes no deben ser devueltos a Libia porque ese país no les ofrece garantías de seguridad. Es la razón por la que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) interrumpió en agosto de 2014 su programa de devolución a Libia de inmigrantes que no habían obtenido asilo en Europa.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el ACNUDH también insisten en que Libia no puede ser considerada un país seguro”.
En los últimos años Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Save the Children, entre otras numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, multiplicaron también informes demoledores sobre el “infierno libio”. En vano.
Tanto la ONU como las ONG predicaron en el desierto.

Desafío a la ley y la ética
Reunidos en la Valeta, capital de Malta, el pasado viernes 3, los jefes de Estado y de gobierno europeos sentaron las bases de una futura colaboración con Libia para “cortar la ruta migratoria del Mediterráneo central” entre ese país e Italia.
Joseph Muscat, primer ministro de Malta, pequeña isla ubicada precisamente entre Libia e Italia, asumió el 1 de enero la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE), encargo que dura seis meses.
Consolidar las fronteras marítimas de la UE es su prioridad y uno de los principales objetivos de su mandato es tener con Libia un acuerdo del mismo tipo que el firmado con Turquía el 19 de marzo de 2016.
La declaración final de Malta demuestra que Muscat no tuvo mayores problemas para convencer a sus pares europeos de la urgencia de delegar a Libia la responsabilidad de bloquear los flujos migratorios hacia Italia y de hacerse cargo de los refugiados expulsados por la UE.
El documento consta de 10 puntos. Los más importantes son el quinto y el sexto.
En el quinto, los líderes europeos se comprometen a seguir participando activamente en la “estabilización de Libia” para que las autoridades del país “tengan la capacidad de controlar sus fronteras marítimas y terrestres”. Y en el sexto, sin tomar en cuenta las advertencias de la ONU y de las ONG acerca de la conducta delictiva de los guardacostas libios, los dirigentes de la UE prevén apoyarse en ellos dotándolos de todos los medios materiales necesarios para cumplir su misión al tiempo que anuncian un amplio programa de reclutamiento y capacitación de más guardacostas.
La ambición de los líderes de la UE es clara: impedir a cualquier precio que las embarcaciones de los migrantes salgan de las aguas territoriales libias, ya que el derecho internacional y europeo impide la devolución a su punto de partida de las embarcaciones interceptadas en aguas internacionales.

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Un cambio de táctica

Sólo un frente verdaderamente ciudadano y representado por ciudadanos moralmente claros y no contaminados por los vicios y las corrupciones de las partidocracias podría, me parece, encauzar el malestar social y conducir ese proceso revolucionario no-violento que el llamado al boicot electoral no logró.

6/02/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- La emergencia nacional, que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) puso en evidencia en 2011, parece haber llegado a un grado de descomposición sin retorno con el llamado “gasolinazo” de 2017 y la entrega del país al odio de Trump. Parece, por lo mismo, que los mexicanos hemos tomado al fin conciencia de que nos encontramos en estado de revolución y que ya no es posible seguir gobernados por las partidocracias.
El problema es que ese proceso revolucionario que en los últimos 10 años se ha manifestado a través de marchas, plantones, autodefensas y policías comunitarias ha dejado de ser útil en sí mismo para el cambio. Su poder, a pesar de proliferar a lo largo y ancho del país, no sólo se agotó; comienza a funcionar en favor de quienes desde las partidrocracias han generado esta realidad y pretenden seguir administrándola.
Para nuestra clase política, las luchas fragmentadas e intermitentes son, sin importar su multiplicación, la mejor forma de controlar su contenido revolucionario e imposibilitar cualquier tipo de cambio. Una vieja táctica que, junto con la persecución de los líderes políticos y el uso de la fuerza, han utilizado todos los gobiernos dictatoriales o en descomposición.

Boicot electoral
Desde que el MPJD develó la emergencia nacional creí, siguiendo las enseñanzas de Gandhi y las propuestas de muchos otros que me antecedieron, que el boicot electoral era la manera de unificar ese descontento nacional, dar cauce a su proceso revolucionario y generar el cambio. La razón es tan simple como el sentido común de las enseñanzas de Gandhi: un gobierno sólo existe porque la gente le concede autoridad y apoyo. En el momento en que se los retiran, el gobierno pierde su razón de ser y se desmorona.
Bajo esa lógica me parecía que las elecciones, al reunir a la mayor parte de la nación, podrían, mediante su boicot, encauzar el malestar nacional y desmoronar el sistema político de manera no-violenta. Me equivoqué, no por la fuerza que encierra el boicot –con el boicot de las telas y del impuesto sobre la sal, la India de Gandhi logró sacar de su territorio al gobierno inglés–, sino porque una buena parte de los mexicanos, no obstante las expresiones de su malestar, han continuado asistiendo a las urnas a votar y a legitimar con ello la causa de su sufrimiento y de su indignación.
A pesar de que algo se quebró de manera grave en la conciencia ciudadana y de que ya no habrá discurso ni medida extrema que pueda evitar la evidencia del colapso y las protestas que crecen y se expanden, hoy esa parte de la ciudadanía se prepara paradójicamente a volver a las urnas en 2018. Apremiada por la propaganda, por el miedo a la violencia que conlleva siempre un proceso revolucionario y por la ilusión de que quizás ahora sí, no obstante lo que todos sabemos, un cambio de partido en el gobierno mejorará lo que en la realidad está destruido y es fuente de la violencia, el llamado al boicot volverá, por desgracia, a fracasar, y el infierno, a hacerse más hondo.
¿Qué hacer? Esta pregunta que Lenin formuló en 1901 y que vuelve a plantearse irremediablemente en el México de 2017 debe ser respondida de forma semejante a como lo hizo el líder bolchevique, pero en términos democráticos y no-violentos. Para ello habría que crear, como lo he referido en mis últimos artículos, no un partido, sino un frente o una coalición ciudadana que aglutine a una buena parte de los líderes morales de la nación, incluso a los miembros más sanos de todos los partidos, con el fin de crear un programa mínimo para la refundación de la nación, que incluya la agenda indígena y las bases para un nuevo constituyente, y ganar así las elecciones.
Sólo un frente verdaderamente ciudadano y representado por ciudadanos moralmente claros y no contaminados por los vicios y las corrupciones de las partidocracias podría, me parece, encauzar el malestar social y conducir ese proceso revolucionario no-violento que el llamado al boicot electoral no logró.
No es una renuncia a lo que continúa siendo mi convicción y la de muchos otros, sino un uso negativo del boicot mediante el cual, en una especie de jiu-jitsu político, se utiliza la fuerza del oponente –en este caso del voto que las partidocracias han secuestrado– para vencerlo y devolverle, como lo pretendía el puro boicot, la democracia a quien realmente pertenece: la gente común, el pueblo.

Congruencia ciudadana
Por ello es necesario que los miembros de los partidos que se sumaran al frente declinaran, en un acto de congruencia ciudadana y democrática, sus aspiraciones al poder, para poner su sabiduría al servicio de la refundación nacional.
Las condiciones están dadas: el derrumbe absoluto del sistema político, los procesos revolucionarios que, fragmentados, seguirán creciendo a lo largo y ancho del país, los líderes morales, las redes ciudadanas que esos líderes han generado en los últimos 10 años y las urnas. Lo único que falta es la decisión. Imaginemos –parafraseo a Gandhi– a un pueblo entero recuperando y utilizando para sí mismo los mecanismos democráticos que le han arrebatado. Toda la maquinaria legislativa y ejecutiva se encontraría de repente paralizada y no habría ninguna policía ni ningún ejército que pudiera doblegar esa voluntad democrática.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, devolverle su programa a Carmen Aristegui y abrir las fosas de Jojutla.

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Hay que lidiarlo con resistencia

En su más reciente artículo, titulado Trump no es mi jefe, Jorge Ramos advierte que el nuevo presidente tiene una predilección especial por humillar y silenciar a periodistas de origen latino. Puso como ejemplos su propio caso, cuando lo enfrentó durante una conferencia en Dubuque, Iowa, durante la campaña presidencial; el del corresponsal de CNN, Jim Acosta, a quien Trump le impidió hacer una pregunta en su primera rueda de prensa y le soltó: “No te voy a permitir hacer una pregunta. Tú reportas noticias falsas”.

 

30/01/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- Identificado como uno de los mexicanos más influyentes en la comunidad latina de Estados Unidos y señalado por Donald Trump como uno de sus adversarios personales, el periodista Jorge Ramos, conductor del principal noticiario de Univision en los últimos 30 años, advierte: “El principal error que podemos cometer los medios y los periodistas es pretender la normalización de Trump”.
Desde su punto de vista, “nos equivocamos si creemos que Trump será un político normal, que va a respetar las reglas y las instituciones. Él es un político que insulta, miente, que es abiertamente racista y sexista. Y lo seguirá siendo”.
Se pregunta: “¿A cambio de qué se pretende tratar a Trump como un político normal? A cambio de acceso al poder”.
En entrevista vía telefónica con Proceso, Ramos subraya que actualmente existen “dos bandos” en el periodismo frente a Trump: por un lado, “los periodistas que buscan sólo el acceso a la Casa Blanca” y, por el otro, “los periodistas que lo estamos cuestionando”.
Añade: “El verdadero periodista no tiene que buscar sólo el acceso. Tiene que cuestionarlo, enfrentarlo a sus propias mentiras. Trump no está acostumbrado a que lo cuestionen”.
–¿Cómo lidiar entonces con Trump y su gobierno frente a estos dos bandos? ?–se le plantea.
–Con resistencia, desafíos y vigilancia. Hay que vigilarlo todo el tiempo. Trump no va a cambiar por el hecho de que haya llegado a la Casa Blanca.
–¿Es paradójico que en el país donde la prensa ha sido tradicionalmente crítica con sus presidentes, ahora llegue a la Casa Blanca alguien que ignora y menosprecia a la prensa?
–En América Latina estamos acostumbrados a este tipo de gobernantes que son como caudillos, de estilo autoritario. Trump me recuerda a los viejos políticos de la era del PRI, que no aceptaban cuestionamientos, o a mandatarios como Hugo Chávez o Nicolás Maduro, en Venezuela. Trump es un líder autoritario e intransigente.
“Los estadunidenses no están acostumbrados a un líder así. Trump se salta a la prensa a través de Twitter. En su reciente entrevista con Fox News dijo que si la prensa fuera honesta él no usaría el Twitter.
“Yo seguiré apostándole a la prensa que cuestiona, que lo investiga. En Estados Unidos venimos de una tradición maravillosa, como el Watergate o los periodistas del Boston Globe que investigaron los escándalos de pederastia. Esa tradición difícilmente se morirá con Trump.
“Lo que está sucediendo ahora es que Trump te obliga a tomar partido como periodista: o haces y dices lo que él quiere o lo cuestionas.”
En su más reciente artículo, titulado Trump no es mi jefe, Jorge Ramos advierte que el nuevo presidente tiene una predilección especial por humillar y silenciar a periodistas de origen latino. Puso como ejemplos su propio caso, cuando lo enfrentó durante una conferencia en Dubuque, Iowa, durante la campaña presidencial; el del corresponsal de CNN, Jim Acosta, a quien Trump le impidió hacer una pregunta en su primera rueda de prensa y le soltó: “No te voy a permitir hacer una pregunta. Tú reportas noticias falsas”. O el caso de Tom Llamas, de ABC News, a quien Trump calificó como “sinvergüenza” por preguntar sobre las donaciones sospechosas del magnate inmobiliario.
“Si Trump evita a un reportero o evade un tema, este es mi consejo para cualquier periodista: no le hagas caso a Trump y pregunta. Como lo hicieron Tom Llamas y Jim Acosta. Lo peor que te puede pasar es que te ataque, te insulte o te expulse del lugar”, escribió Ramos. En la entrevista se le pregunta:
–¿Percibes una diferencia entre la actitud agresiva o aguerrida de los reporteros frente a Trump y el de los dueños de las empresas mediáticas?
–Hay que esperar a ver cómo evoluciona esta situación. Lo que existe, en general, es un temor de las empresas a Trump. Le tienen mucho miedo a que los ataque a través de uno de sus tuits, como ha ocurrido con Toyota, con Ford o con la empresa Carrier de aires acondicionados.
–Trump, al igual que Obama, ha capitalizado el uso de las redes sociales. Y, sobre todo, el de Twitter. ¿Qué diferencias existen entre uno y otro estilo?
–Es un estilo nuevo el de Trump. No hay ninguna comparación con Obama. Para Trump el Twitter es una pistola, un sable para amenazar. En cambio, Obama usaba Facebook y Twitter al estilo de un profesor.
“Aquí tienes dos estilos muy diferentes: por un lado, tienes al profesor Obama que explica, que toma sus pausas al hablar, que es mesurado. Y ahora tienes a un Trump que es un presidente iracundo, amenazador, agresivo. Él va a utilizar las redes sociales y la televisión de la misma forma. Como lo hizo con su reality.”

“Nadie habla por México aquí”
Jorge Ramos también ha sido muy puntual e incisivo en su crítica hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Expresó su apoyo a Carmen Aristegui y a su equipo de periodistas cuando fueron expulsados de MVS tras el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto. Ha señalado una y otra vez en televisión y en sus mensajes en redes sociales la corrupción del gobierno priista y su ineficacia.
Sobre la actitud del gobierno mexicano hacia Trump, Ramos es contundente: “Peña Nieto se agachó frente a Trump y se está equivocando ahora. Apaciguar el bullying de Trump no es la política adecuada. A un acosador hay que enfrentarlo de manera decidida, pero el gobierno de México ha decidido buscarlo y adoptar las buenas maneras. No van a cambiarlo. Desde junio de 2015, Trump escogió a México como su enemigo y lo seguirá haciendo.
“Peña Nieto tardó 265 días en responder a los insultos de Trump. Ahora, nadie está dando la batalla desde aquí. No hay un solo mensaje con la posición del gobierno mexicano. El mejor ejemplo de la presencia que debería tener la autoridad mexicana es cuando el gobierno de Carlos Salinas inundó las pantallas y los medios de Estados Unidos para explicar y defender las bondades del Tratado de Libre Comercio. Ahora nadie está haciendo eso en defensa del TLCAN y de los mexicanos.”
En Estados Unidos, añade, los mexicanos “estamos solos. No se oye a nadie. El gobierno mexicano es como si no existiera. Y lo peor es que tienes enfrente a un nuevo presidente necio, que va a insistir en que México le pague de alguna u otra manera el muro o renegocie el TLCAN.
“México se equivoca si cree que apaciguando a Trump va a lograr un mejor arreglo. Hay que demostrarle a Trump que si nos pega va a haber consecuencias.”

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La austeridad dorada

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto les anunció que se bajarán el sueldo 10%, seguirán ganando mucho más que la mayoría de los mexicanos, mantendrán estímulos muy ventajosos –como su apoyo para la compra de gasolina– y permanecerán prácticamente sin pagar impuestos.

26/01/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- La gallina de los huevos de oro se acabó… pero no para los altos funcionarios del gobierno federal. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto les anunció que se bajarán el sueldo 10%, seguirán ganando mucho más que la mayoría de los mexicanos, mantendrán estímulos muy ventajosos –como su apoyo para la compra de gasolina– y permanecerán prácticamente sin pagar impuestos.

Gastos del gobierno

A casi dos años de iniciado el despido masivo de burócratas federales de bajo rango, así como de severos recortes presupuestales, mencionados como ejemplo de austeridad por Peña Nieto en sus discursos sobre el gasolinazo, su oficina es ejemplo de obesidad burocrática.

Por ejemplo, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República tiene sueldo integrado de secretario de Estado: 205 mil pesos mensuales. El gobierno le paga cuatro teléfonos celulares y le otorga, entre otras prestaciones, 11 mil 460 pesos mensuales para la compra de gasolina.
Conforme a la ley, en el gabinete federal hay 52 subsecretarios de Estado en 18 secretarías. Pero además, para efectos de nómina, en la Presidencia hay 15 funcionarios con plaza de subsecretarios; de ellos, 11 cobran 203 mil pesos y cuatro ganan, cada uno, más de 201 mil pesos mensuales.

En total la Presidencia tiene 50 servidores públicos de mando superior. El más modesto en cuanto a ingresos es el responsable de la Unidad de Transparencia: cobra 122 mil pesos mensuales. Todos tienen un apoyo económico para gasolina y lubricantes, 44 de ellos por 7 mil 500 pesos mensuales y seis, por 6 mil pesos.
Una consulta realizada por Proceso en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) –donde se publican sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos– permitió observar las condiciones salariales no sólo de la Presidencia, sino de mil 612 servidores públicos de mando superior, quienes tienen percepciones que van de los 120 mil a los 213 mil pesos mensuales.
Y no tienen que preocuparse por el precio de la gasolina, pues a todos les dan recursos para eso: 414 reciben 5 mil 730 pesos mensuales; a 285 les dan 3 mil 750, y 913 cuentan con 2 mil 958 pesos mensuales para el combustible de sus vehículos.

La austeridad de Peña Nieto

En su mensaje en cadena nacional de la noche del jueves 5, Peña Nieto anunció, como única medida concreta de austeridad, que los servidores públicos de mando superior de las dependencias federales reducirían 10% sus sueldos y salarios.

Lo reiteró el lunes 9, al ampliar sus anuncios para hacer frente al gasolinazo, con la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, a donde asistieron los dirigentes de los sectores corporativos del PRI y dirigentes de cámaras y organismos empresariales.
La revisión de los ingresos brutos de los mil 612 servidores públicos de mando superior refleja que la medida es irrisoria. Si bien las cantidades que ganan superan con mucho el ingreso promedio de las familias mexicanas, no hay impacto presupuestal con reducir esos salarios 10%.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el ingreso familiar promedio en México era de 12 mil 806 dólares anuales, hasta su último informe en mayo de 2016.
Un cálculo elemental: el ingreso promedio de un servidor público de mando superior era cercano a los 100 mil dólares anuales al tipo de cambio de ese mismo mes de mayo. Esto es: un colaborador promedio del peñismo ganaba casi ocho veces más que una familia mexicana promedio.

La distancia es peor si se toma en cuenta sólo lo que ganan los secretarios de Estado. Con ese mismo mes de mayo como referencia, el titular de una Secretaría ganaba 136 mil 666 dólares anuales. La diferencia respecto al ingreso promedio de un hogar mexicano era pues, de 10 a uno.
Cada mes el gobierno gasta en pagarle a los mandos superiores del gabinete legal y ampliado poco más de 300 millones de pesos. Al reducir 10% el ingreso, como ofreció el presidente, el país se ahorraría unos 30 millones de pesos cada mes, una cantidad minúscula.

En ese mismo cálculo, al año el país se ahorraría en la nómina de funcionarios alrededor de 360 millones de pesos. A los canales de Grupo Televisa, el gobierno de Peña Nieto les pagó por spots publicitarios 424.5 millones de pesos de enero a octubre de 2016. De manera que el ahorro de 10% en la nómina de mandos superiores de los gabinetes legal y ampliado durante un año no serviría ni para pagar la publicidad de 10 meses en esa televisora.
La gallina seca

El pasado jueves 12, cuando Peña Nieto dijo que se había secado “la gallina de los huevos de oro”, explicaba que Pemex ya no produce como antes, que los yacimientos petroleros importantes se agotaron y que por eso ya no podía subsidiarse la gasolina. Sin embargo, la nómina y prestaciones de los mandos en la petrolera son superiores al resto del sector público.

Por ejemplo, Pemex Corporativo tiene un directorio oficial de 270 servidores públicos, de los cuales 215 tienen nivel salarial de mando superior.
De esos 215, 34 ganan 135 mil pesos; 149, 150 mil; y 16 más, 153 mil pesos mensuales cada uno. Otros tres funcionarios cobran 180 mil pesos y 11 más, 185 mil 800 pesos.

El director general, José Antonio González Anaya, es quien gana más que todos en Pemex, más que cualquiera en el gabinete e incluso más que Peña Nieto, pues su ingreso es de 213 mil 822 pesos mensuales, mientras que el mandatario gana apenas 208 mil 570 pesos mensuales. Lo anterior, a pesar de que la Constitución, en su artículo 127 Fracción III, prohíbe que un servidor público gane más que el Presidente de la República.
No sólo es el funcionario mejor pagado del gabinete, sino que cuenta con las prestaciones más altas. Cada mes González Anaya recibe 10 mil 605 pesos para gasolina y 2 mil 760 pesos para el gas de su casa. También le dan 5 mil 750 pesos para celular. Cuenta con un seguro para el retiro, al cual el gobierno le aporta 21 mil 382 pesos mensuales, y tiene derecho a becas, sin que se especifiquen los montos.

Sin contar las becas, vehículo, pago de seguros e indemnizaciones previstas para su caso, González Anaya le cuesta mensualmente al país 257 mil 725 pesos y, al año, calculando el pago de vacaciones y aguinaldo, representa una erogación superior a 3 millones 183 mil pesos.
Dos colaboradores del presidente cobran como secretarios de Estado sin serlo. Se trata del jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, y del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes.
Entre los secretarios que sí tienen ese nombramiento y los dos mencionados colaboradores presidenciales, el propio presidente y el director de Pemex, suman 23 personas con un salario integrado superior a los 200 mil pesos mensuales por cabeza.

Así, cada año, y considerando sólo salario integrado, vacaciones y aguinaldo, Peña Nieto le cuesta al país 2 millones 570 mil pesos; un secretario de Estado, 2 millones 527 mil y, el director de Pemex, 2 millones 656 mil.
Las otras nueve dependencias consideradas que integran el gabinete ampliado tienen sueldos variables, pero paradójicamente los que más ganan son quienes están al frente de dependencias relevantes en la política social: el director del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa (203 mil pesos mensuales); la directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga (200 mil), y el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero (199 mil).

Agencias


Trump es la superficie; el problema está en su base social

Lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de Estados Unidos sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representan a la mitad de la sociedad políticamente activa de ese país.

19/01/2017 – CIUDAD DE MEXICO.- La tesis es ésta: lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de Estados Unidos sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representan a la mitad de la sociedad políticamente activa de ese país.

Hoy, la única superpotencia ha colocado en su institución más poderosa, la Presidencia, a un personaje absolutamente improbable y peligrosamente impredecible: Donald John Trump. Se trata de un constructor multimillonario (3 mil 700 millones de dólares) de 70 años, exconductor de un programa de televisión –un reality show con una audiencia de 7 millones–, sin ninguna experiencia política y con obvios y serios problemas de personalidad.

Los datos anteriores tienen interés por sí mismos, pero para México resultan cruciales pues el señor Trump ha decidido caracterizar la relación con nuestro país como fundamentalmente antagónica al interés nacional del suyo. Y así, lo que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 ha sido una situación de interdependencia asimétrica entre países vecinos, ahora es presentada por el próximo presidente norteamericano como una incompatibilidad de proyectos, como un juego de suma cero.

Al arrancar en 2015 la carrera de los aspirantes del Partido Republicano de Estados Unidos en pos de la candidatura presidencial, muy pocos consideraron que Trump pudiera llegar a ser realmente el abanderado republicano y menos aún el ganador de la elección de 2016. Se suponía que entre los 17 precandidatos republicanos iniciales, el finalista sería un político profesional como Jeb Bush –exgobernador de Florida e hijo y hermano de presidentes– o Marco Rubio o Ted Cruz, senadores por Florida y Texas, respectivamente. Para sorpresa de casi todos, las bases republicanas le dieron ese papel a Trump, el multimillonario “no político” y estrella de televisión.

Desde el inicio, Trump despertó el interés de los mexicanos, pero por malas razones: porque en el arranque mismo del proceso electoral, el personaje decidió construir una parte central de su discurso alrededor de temas específicamente antimexicanos. En efecto, el 16 de junio de 2015, en la Torre Trump, en Manhattan, el rubio constructor afirmó: “Cuando México nos manda a su gente, no manda a los mejores. No los manda a ustedes. Envía a gente con montones de problemas y nos traen esos problemas. Ellos traen drogas y crimen. Son violadores. Aunque, supongo, que algunos de ellos son gente buena”. De esa caracterización tan negativa como injusta de los 5.8 millones de mexicanos indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, Trump pasó a proponer un remedio drástico: la erección de una gran muralla a lo largo de los 3 mil 145 kilómetros que constituyen la frontera entre México y Estados Unidos, la deportación de los indocumentados y, finalmente, la renegociación o derogación del marco en que funciona el comercio bilateral México-Estados Unidos y que asciende a 531 mil millones de dólares anuales (2015): el TLCAN.

En el primer debate público entre él y la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en septiembre de 2016, el republicano aseguró que el TLCAN era “el peor tratado que se haya firmado alguna vez y, desde luego, el peor firmado por este país (Estados Unidos)”. Desde ese punto de vista, México y China, con su mano de obra barata, se habían apropiado de trabajos que deberían haberse quedado en Estados Unidos. Trump se comprometió entonces a que las plantas industriales que habían emigrado a México, particularmente las automotrices, volverían a Estados Unidos so pena de imponerles un impuesto de 35% a las unidades exportadas desde México.

Esta última propuesta de Trump es un golpe al corazón del proyecto neoliberal en que se embarcó a México a partir de la decisión de Carlos Salinas de Gortari de firmar el TLCAN y dejar atrás el modelo económico nacionalista heredado del cardenismo. Lo que Salinas y los suyos buscaron fue integrar la economía mexicana a la norteamericana pese a la desigualdad entre las partes. Hoy, como ya se señaló, ese intercambio comercial con Estados Unidos llega a 531 mil millones de dólares, a lo que debe añadirse el rubro de servicios: alrededor de 60 mil millones de dólares anuales. El 80% de las exportaciones mexicanas de manufacturas se dirigen a Estados Unidos y de ahí recibe 50.2% de sus importaciones (2012). Por ello la sorpresa, temor e incertidumbre que se han extendido en México ante la posibilidad de que Trump, como presidente, cumpla total o parcialmente con su proyecto de deportar a millones de mexicanos y de revertir la integración económica con México con medidas arancelarias.

El fondo del problema

En la historia mundial contemporánea hay ejemplos dramáticos del papel que un líder puede jugar en la dirección que tome la política interna y externa de su país. A la mente vienen, de inmediato, no sólo los nombres de Hitler y Stalin, sino también de Gandhi, Roosevelt o Mandela. Sin embargo, el ascenso e importancia que esas figuras adquirieron se explica finalmente por el contexto social y una situación de crisis o circunstancias de injusticia extrema en sus países o en el sistema internacional. En contraste, en los Estados Unidos de 2016 que eligió a Trump no había, no hay, ninguna crisis económica ni amenaza externa que explique al personaje. La economía creció a 3.5% en el último trimestre de 2016 y el desempleo se encuentra en mínimos (5%). Sin embargo, el sentido de injusticia sí ha anidado en una parte de la sociedad norteamericana. Finalmente, el carisma de Trump –esas cualidades personales excepcionales que, en situaciones fuera de lo ordinario, le permiten a un individuo imponer su voluntad sobre otros y transformarlos en seguidores– no parece alcanzar los niveles de ninguno de los grandes líderes históricos, pero resulta que el de su rival fue mucho menor o inexistente.

¿Cómo explicar entonces que Trump haya podido imponerse en las elecciones primarias y luego recibir 61.2 millones de votos en las presidenciales? Y todo sin haber llegado a formular un proyecto coherente de futuro, salvo el compromiso de volver a “hacer grande a Estados Unidos”. Un primer paso en la explicación es la naturaleza absurda del sistema electoral; uno que da la última palabra a un Colegio Electoral donde la representación es por estados, lo que permite que alguien sea declarado vencedor pese a no tener la mayoría del voto ciudadano. Pero dejemos de lado esa peculiaridad del sistema norteamericano y vayamos a la naturaleza misma de la contienda electoral.

La candidata demócrata, Hillary Clinton, esposa de un expresidente, tuvo más votos directos pero nunca despertó gran entusiasmo entre sus partidarios. Además, los malquerientes de la demócrata estaban concentrados en estados clave para el conteo en el Colegio Electoral. De ahí que muchos observadores concluyeran: Trump ganó los estados clave no por él mismo sino ¡por no ser Hillary Clinton!

Y es que la señora Clinton –y antes los precandidatos republicanos descartados por el fenómeno Trump en las primarias–, no entendió lo que el multimillonario neoyorquino sí entendió y muy bien: que en una amplia zona de la sociedad norteamericana había una fuerte concentración de malestar, frustración y rabia por la forma en que la élite política –demócrata y republicana– los había ignorado durante años y a los que la señora Clinton en un mal momento llamó “conjunto de deplorables”. Esos “deplorables” se vieron a sí mismos como injustamente relegados por las élites políticas –personificadas por la Clinton– en el proceso de evolución económica, social y cultural de Estados Unidos y tomaron su revancha.

Para los “deplorables”, Trump representó la oportunidad de dar forma a una auténtica “rebelión de las masas”, para usar el concepto acuñado hace 90 años por José Ortega y Gasset. Pero, y esto es fundamental, no de todas las masas norteamericanas, sino de unas muy específicas: las blancas, esas que consideran que el tipo de evolución que ha experimentado Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años les ha cancelado su presente y, sobre todo, su futuro. Se trata de ciudadanos de origen europeo, que habitan en las zonas rurales de su país o en ciudades que una vez fueron el dinamo de la economía industrial como Detroit o Pittsburgh, pero que ahora ya no tienen importancia, donde las naves industriales están abandonadas o de plano son ya tierra baldía. Este grupo que fue la base del Partido Demócrata de Franklin Roosevelt y su New Deal en los 1930 y 1940, hoy no sólo se considera abandonado por el Partido Demócrata sino también por la dirigencia tradicional del Republicano. Es más, hay en ellos un sentido de traición por parte de todos los políticos tradicionales.

En 2015 y 2016 los blancos resentidos se volcaron en apoyo a un candidato sin carrera política, que se supone hizo su fortuna según las reglas del mercado y que deliberadamente se propuso usar un lenguaje políticamente incorrecto y vulgar –similar al que emplean sus votantes– y abiertamente machista. Los resentidos estuvieron dispuestos a dar por buenas las vagas promesas de Trump y a creer un montón de exageraciones o francas falsedades sobre la candidata demócrata: “Hillary Clinton viola y mata niños”, “es una alcohólica”, “los Clinton han asesinado al menos a veinte personas”, etc., (Mark Danner, The real Trump, New York Review of Books, 22 de diciembre, 2016).

Trump supo leer muy bien y explotar mejor el resentimiento y la ira acumulados en esa parte de la sociedad norteamericana blanca, trabajadora, sin grado universitario, habitante del mundo rural o de centros urbanos en decadencia y con bastante consciencia de lo injusto que es que hoy una minoría de minorías de los norteamericanos –0.1%– reciba un ingreso promedio de 184 veces el que llega a los bolsillos de 90% de quienes se encuentran en el fondo de la pirámide social, (Institute for Policy Studies. Inequality.org, Boston).

Pero hay más. Si bien Trump, el multimillonario exitoso y creador de empleos, se identificó con los perdedores, no lo hizo con todos. Fue selectivo. Se identificó con los blancos y no con los pertenecientes a las minorías de color: afroamericanos e hispanos. Así, de manera no muy velada, el ahora presidente electo reavivó y se benefició de un viejo fenómeno de su país: el racismo. Fue Trump el que insistió en que Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, no era en realidad norteamericano y no tenía derecho a estar en la Casa Blanca, lo que resonó muy bien entre su electorado que, con Trump como presidente, consideran “reconquistada” la mansión presidencial, construida por esclavos negros pero para que la habitaran norteamericanos de cepa: blancos como Trump y su familia.

Y es aquí donde entra de lleno en la arena política norteamericana “el factor mexicano”. Trump identificó a los millones de mexicanos indocumentados no sólo como criminales y violadores sino como ladrones de empleos de los verdaderos norteamericanos. Y, por extensión, también se vio igual a los mexicanos en México, al considerar que las empresas norteamericanas que al amparo del TLCAN abrieron plantas en México eran responsables de la falta de empleo y de vitalidad en las regiones industriales deprimidas de Estados Unidos. Por eso en sus mítines se pudo escuchar el estribillo “built the wall, kill them all” (“construyamos el muro y matémoslos a todos”). En suma, el antimexicanismo fue una fuente de energía política del trumpismo.

La demagogia de Trump hace caso omiso del hecho de que la pérdida de empleos en los centros industriales tradicionales norteamericanos se explica fundamentalmente por el cambio tecnológico y no por lo barato de la mano de obra mexicana o china. Tampoco hace referencia al TLCAN como creador de empleos en Estados Unidos: alrededor de 200 mil al año.

Para concluir

Cuando Samuel P. Huntington, el famoso politólogo de Harvard, publicó Who are we. The challenges to America’s national identity, (Nueva York: Simon & Schuster, 2004), en México se debió haber detectado una señal de peligro: que un sector de la sociedad norteamericana –el blanco y protestante– ya veía a la creciente población hispana –alrededor de millones– como una amenaza a sus valores, a su identidad nacional y que podía reaccionar, si alguien lo encabezaba, contra la creciente presencia documentada e indocumentada de mexicanos en lo que alguna vez fue territorio mexicano. Ahora bien, ese identificar a México como un peligro para Estados Unidos tiene consecuencias: el rechazo político y económico y la amenaza de una nueva deportación masiva.

En 2009 George Friedman, un analista norteamericano de los procesos políticos mundiales y futurólogo, publicó The next 100 years. A forecast for the 21st century (Nueva York: Doubleday). El último de los 13 capítulos de este libro está dedicado a examinar las causas que llevarán a una guerra entre México y Estados Unidos. Y las causas están en la gran migración de mexicanos hacia el país del norte, originada en factores económicos, demográficos y tecnológicos, y en la concentración de mexicanos en zonas norteamericanas que antes fueron mexicanas. Friedman consideró que las causas del conflicto madurarían alrededor de 2060 y harían crisis alrededor del año 2080.

Pareciera como si Trump hubiera leído a Friedman –cosa improbable– y hubiera decidido adelantarse medio siglo para sorprender a México en las peores condiciones posibles. Como quiera, lo realmente importante no es Trump sino las razones por las cuales el trumpismo se ha convertido en una fuerza antimexicana y que puede sobrevivir a Trump.

Agencias


El enojo acumulado salió a la calle

No es la primera vez que ello ocurre. Ha habido movilizaciones nacionales por devaluaciones o aumento de precios en la gasolina en otros sexenios, que solían hacerse en diciembre, cuando nadie se enteraba. La diferencia ahora es que la información inunda las redes sociales de manera inmediata.

13/01/2017 – Ciudad de México (Proceso).- El cierre de año fue calamitoso: el 28 de diciembre el gobierno federal adelantó que a partir del domingo 1 sería liberado el precio de la gasolina; dos días después anunció el aumento de las tarifas eléctricas, lo que detonó las protestas.
Apenas iniciado el año y una semana después había cientos de manifestaciones, cierre de carreteras y toma de gasolineras en prácticamente todo el país.
“Es el enojo de la gente ante el cúmulo de abusos de poder”, sostienen la politóloga y directora de la Red de Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, y el director de la encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos. Por separado, ambos coinciden: estas manifestaciones no son una catarsis social, sino una expresión de falta de gobierno y un reclamo a los partidos.

Desde 2014
“En primer lugar”, sostiene Campos, “no se puede descontextualizar ese descontento. Hay un enojo desde 2014 que se ha ido acumulando por corrupción, impunidad, malos resultados económicos, inseguridad creciente, e indignación por los bonos de los diputados. Todo esto genera el enojo”.
Morales, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y egresada de la Universidad de París, señala:
“Estamos viendo un rechazo de la gente a los abusos de la clase política. Si bien el costo político lo estaba pagando el PRI por sus (ex)gobernadores corruptos, hasta ahora no vemos a otros partidos pronunciarse al respecto. El PAN está muy callado con respecto a los bonos de los diputados y el PRD es omiso. Por eso la gente está muy enojada.
“Además, la gente está enojada por la forma en que el gobierno lo hizo, en vacaciones, para intentar diluir el impacto político. Eso es un insulto más grave a la ciudadanía. Quisieron verle la cara al ciudadano y esa es una falta de sensibilidad, un exceso”.
Las protestas sociales de la semana pasada incluyeron más de 40 manifestaciones en una semana, así como el cierre de las principales carreteras del país y una serie de saqueos a 400 establecimientos comerciales y actos de violencia.
Los entrevistados reiteran: no se trata de una expresión momentánea o catártica de la gente, ni tampoco se circunscribe a una región; es de índole nacional y seguramente tendrá efectos en las elecciones de 2018.

El papel de las redes sociales
No es la primera vez que ello ocurre. Ha habido movilizaciones nacionales por devaluaciones o aumento de precios en la gasolina en otros sexenios, que solían hacerse en diciembre, cuando nadie se enteraba. La diferencia ahora es que la información inunda las redes sociales de manera inmediata.
“El anuncio fue el 28 de diciembre, pero no funcionó. El enojo fue creciendo de manera rápida entre toda la gente (gracias a las redes sociales y los celulares). Primero como una catarsis, porque la gente quiere gritar, pero después como enojo acumulado… y se lo van a cobrar al gobierno en las próximas elecciones, sobre todo en 2018”, advierte Campos.
–¿Será un castigo sólo para el gobierno o para todos los partidos?
–Depende de la habilidad política de cada partido que ahora han salido a apoyar a la gente, olvidándose que participaron en la aprobación de la reforma energética.
Para Campos, miembro del comité técnico asesor de Transparencia Mexicana, el gobierno comete el error al tratar de explicar su impopular decisión, pues sólo provoca un mayor enojo entre la gente.
Siete días después del anuncio de la liberación de los precios de la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en su mensaje de año nuevo que se trataba de un problema que venía del exterior y culpó a su predecesor, Felipe Calderón, de haber mantenido subsidiado el precio del combustible y “quemar” 1 billón de pesos.
“Quizá lo que dicen es verdad –expuso Peña Nieto el jueves 5 por la noche–, pero el ciudadano está enojado. Y manifiesta sus dudas y enojo cada vez que sale el gobierno a explicar; eso genera más coraje…
“El gobierno no preparó su comunicación y trató de engañar anunciando la liberación de precios de la gasolina el 28 de diciembre, pensando que no pasaría nada, pues la gente iba a despertar en enero diciendo: ‘Ya está más cara la gasolina, ni modo’”.
–¿Este enojo no es pasajero?
–No lo creo. La gente está enojada con el presidente desde hace tiempo.
Campos asegura que las mediciones de opinión pública de Mitofsky y de otras encuestadoras y medios de comunicación de 2016 indican que Peña Nieto sale con una desaprobación cercana al 80%. Ese porcentaje quizá crezca por el alza de la gasolina.
Desde cualquier punto de vista, dice, el gobierno en general sale muy mal librado por esta medida, no sólo por la falta de comunicación, sino por su desdén a la ciudadanía; las autoridades creyeron que la molestia sería transitoria, que el gasolinazo sólo se iba a quedar en las redes; pero no, salió a la calle.

Agencias


La pesadilla mexicana se vuelve tragedia

Los aumentos a las gasolinas siempre son los que más peso tienen en el alza general de precios. En octubre pasado los energéticos –gas, turbosina, combustóleo y electricidad, además de las gasolinas– contribuyeron en 64.1% a la inflación de ese mes, que fue de 0.60%. En noviembre, el peso de los energéticos fue de 68.7% en la inflación del mes, de 0.78%. El dato para diciembre lo dará el INEGI el próximo lunes 9.

7/01/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2017 será un año trágico para la economía del país, pero sobre todo para la de los hogares mexicanos. En relación con enero de 2016 la población resentirá, al arrancar el año, los efectos de tasas de interés 53% más altas, un peso depreciado en casi 20% en el año y alrededor de 60% desde que se inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, y una inflación anual de casi 3.5%, cuando un año antes fue de 2.13%.

Es decir, que todo será más caro: los créditos de todo tipo para las personas y el financiamiento para las empresas. Más caros también los insumos importados para la industria y el comercio.
Los empresarios tendrán la opción de trasladar el incremento de sus costos al precio final de sus productos y servicios, o bien reducir su producción, con el consecuente desempleo, para enfrentar las altas tasas de interés y los dólares caros, que ya rondan los 21 pesos.
Además, una carestía generalizada, impulsada por una inflación que alcanzará y aun rebasará 4% anual –el techo que se fijó el Banco de México–, según los especialistas.

Gasolinas

Y la puntilla: desde este domingo 1 entran en vigor los nuevos precios de las gasolinas, anunciados el martes pasado. La Magna, que estaba en 13.98 pesos por litro, costará desde hoy 15.99 pesos. La Premium, de 14.81 a 17.79. El diésel, de 14.63 a 17.05 pesos por litro. Los aumentos son, respectivamente, de 2.01, 2.98 y 2.42 pesos. En porcentajes, el aumento en la Magna es de 14.4%; el de la Premium, 20.1% y el del diésel, 16.5%.
Pero esos son los precios máximos promedio anunciados por la Secretaría de Hacienda. En realidad, como la Comisión Reguladora de Energía dividió el país en 90 regiones –siete sólo en la frontera–, los aumentos irán desde 1.35 hasta 2.61 pesos para la Magna, que significan un rango de incrementos de 9.7% a 18.7%. En el primer caso se hallan varios municipios de Veracruz, donde se pagará a 15.33 pesos el litro de Magna. En el segundo, se encuentran municipios de Puebla, en los cuales el litro de esa gasolina costará 16.59 pesos.
Respecto de la gasolina Premium, los precios van desde 17.11 pesos por litro en municipios de Campeche y Yucatán, hasta 18.41 pesos en municipios de Jalisco y el Estado de México, entre otros. Es decir, los aumentos van de 2.30 a 3.60 pesos, que equivalen a incrementos de 15.5% hasta 24.3%.
Para el diésel se determinó un rango de precios que van desde 16.41 pesos por litro –en los mismos municipios de Campeche y Yucatán– hasta 17.68 en municipios del norte del país. En este caso los aumentos van desde 1.78 hasta 3.05 pesos. Es decir, un rango de aumentos de 12.2% a 20.8%.
Pero lo más grave es que los 90 precios establecidos como máximo en igual número de regiones sólo estarán vigentes desde este domingo 1 y hasta el 3 de febrero. En las dos primeras semanas completas de este último mes se harán dos ajustes a los precios en cada una de ellas. Y a partir del 18 de febrero los ajustes se harán cada día.

Ajustes

Y se mantendrán ese ritmo y ese mecanismo de ajustes en cada región, hasta que no haya en ellas una flexibilización de los precios de los combustibles, es decir, hasta que sea la oferta y la demanda –el mercado, pues– quienes determinen el precio.
Esos fueron los aumentos decretados, de un solo golpe, para iniciar 2017. Pero en lo que va del sexenio la población ha tenido que aguantar aumentos de 32% en la gasolina Magna, que costaba 12.13 pesos promedio en 2013; de 38.1% en la Premium, que tuvo un precio promedio de 12.88 pesos en el primer año de Peña Nieto, y de casi 37% en el diésel, que costaba 12.49 pesos promedio en 2013.
Y los aumentos a las gasolinas siempre son los que más peso tienen en el alza general de precios. En octubre pasado los energéticos –gas, turbosina, combustóleo y electricidad, además de las gasolinas– contribuyeron en 64.1% a la inflación de ese mes, que fue de 0.60%. En noviembre, el peso de los energéticos fue de 68.7% en la inflación del mes, de 0.78%. El dato para diciembre lo dará el INEGI el próximo lunes 9.
En suma, no hubo necesidad de esperar al viernes 20 de enero para saber en qué condiciones se desenvolvería la economía nacional, con las amenazas de Donald Trump, cuando tome posesión, ese día, como presidente de Estados Unidos.
Seguirán siendo, hasta entonces, una incógnita las presuntas deportaciones masivas, que trastocarían el mercado laboral; los controles a las remesas que envían los mexicanos que trabajan allá, que son la tercera gran entrada de divisas al país, motor del consumo interno y que ha hecho que la economía no se desbarranque.
También queda como enigma, hasta ese día, qué tanto apostará Trump por los estímulos fiscales internos –disminución de tasas impositivas, sobre todo– y las facilidades que dará a las empresas estadunidenses asentadas en México y otros lugares para que regresen a su país, con lo que se dará al traste a los ingresos por exportaciones.
Antes de que se sepa todo eso, 2017 se inicia con los peores augurios. Por lo pronto, mayor inflación, menos empleo y un crecimiento económico magro que apenas rebasará 1%, según los últimos análisis de especialistas nacionales y extranjeros.
Así lo cree, entre muchos otros grupos financieros, el Bank of America Merrill Lynch (BAML), uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, en su más reciente análisis sobre las perspectivas de la economía mexicana para 2017.
Desde el punto de vista del banco, los principales riesgos que enfrentará la economía mexicana este año, son: “Una reducción de la Inversión Extranjera Directa y en los flujos de capital (…) Los principales riesgos internos son una menor producción petrolera y el descontento social”.

La más cara

Durante el día del anuncio de los nuevos precios de las gasolinas –el pasado 27 de diciembre a las 08:30 horas– y los dos subsecuentes, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, estuvo en los principales espacios noticiosos de radio y televisión para explicar la nueva dinámica de fijación de los precios de las gasolinas.
En todas las ocasiones alegó que aun con los ajustes que entraron en vigor este domingo 1, las gasolinas en México son de las más baratas del mundo. “Competitivas”, las calificó. Es cierto… en parte. Desde el 27 de diciembre, cuando ya las redes sociales daban cuenta de la creciente indignación popular por el gasolinazo, la oficina de Comunicación de la Secretaría de Hacienda (SHCP) distribuyó en los medios un comparativo internacional de precios de la gasolina regular, equivalente a la Magna mexicana.
En él se observa, ciertamente, que la gasolina mexicana es de las más baratas: 78 centavos de dólar, o 15.99 pesos por litro. Muy por debajo de los 1.90 dólares (39.36 pesos) en que se vende el litro en Hong Kong, o el precio de 1.77 dólares (36.67 pesos) que cuesta en Noruega.
En el comparativo internacional la gasolina mexicana aparece entre las más baratas del mundo. Pero es un dato muy relativo. Lo cierto es que en México, para los consumidores del país, la gasolina es de las más caras del mundo. Y ese es un asunto que tiene que ver con la creciente disminución del poder de compra de los salarios, del ingreso de las familias, en las últimas cuatro décadas.
Con base en información de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y estadísticas de precios de las gasolinas contenidas en los anuarios de Pemex, se puede señalar lo siguiente:
un tanque de 40 litros de Magna se llenaba con 160 pesos o 1.34 veces el salario mínimo general promedio diario en 1979. Un año después se necesitaban 280 pesos o 1.99 veces el salario mínimo para llenar el tanque. Al final de 1985 el tanque se llenaba con 4 mil pesos o 3.61 salarios diarios.
En 1990, al final, se necesitaban 40 mil pesos para los 40 litros del tanque, o 3.68 salarios. En 1995, después de la reforma monetaria, ese costo subió a 89.60 pesos o 4.86 veces el salario mínimo. En 2000 el tanque se llenaba con 210.80 pesos, equivalentes a seis veces el salario mínimo.
Para 2005 el tanque de 40 litros de Magna costaba 253.29 pesos, 5.6 veces el salario. Para 2010, se necesitaban 350 pesos con 40 centavos o 5.8 veces el salario. En 2015, al final, el tanque costaba 542.80 pesos 7.74 veces el salario mínimo de un día. Al terminar el 2016, se necesitaban 559.20 pesos para llenar el tanque de 40 litros de Magna, o 7.66 veces el mínimo por día.
Desde este domingo el tanque se llena con 639.6 pesos, el equivalente a casi ocho salarios mínimos de 80.04 pesos por día.
Eso, considerando el precio máximo promedio establecido la semana pasada por Hacienda, de 15.99 pesos por litro. Pero por regiones, en las que se venderá menos cara la gasolina, el tanque se llenará con 613.20 pesos, que son casi 7.7 salarios. Y en las más caras, se necesitarán 663.60 pesos, que son 8.3 salarios mínimos, para llenar un tanque de 40 litros de Magna.
En diciembre de 2012, al inicio del gobierno de Peña Nieto, el tanque se llenaba con 432.40 pesos, 7.12 veces el salario mínimo.
El caso de la gasolina Premium es peor. Un tanque de 40 litros se llenará ahora con 684.40 pesos, unos 8.6 salarios mínimos en los lugares menos caros, y hasta en 736.40 pesos, que son 9.2 salarios mínimos, en los municipios donde ya es más cara la gasolina. En 2016 el tanque de 40 litros de Premium empezó llenándose con 559.20 pesos, 7.7 salarios mínimos, y terminó con un costo de 592.40 pesos, 8.11 salarios mínimos de un día.
Muy por arriba del precio que tenía en 1996 cuando se introdujo la Premium: 3.18 pesos el litro, 127.20 pesos el tanque de 40 litros, 159 pesos el de 50 litros. Se necesitaban, para el tanque de 40 litros, 6.9 salarios cuando éste era de 18.43 pesos diarios; 6.16 cuando el salario era de 20.66 pesos y 5.23 veces el salario cuando lo subió Ernesto Zedillo a 24.30 pesos diarios.
De 5.23 salarios al final de 1996, el tanque de 40 litros de Premium pasó ahora a un rango de entre 8.6 y 9.2 salarios mínimos.
Resulta, entonces, que la gasolina no sólo no es barata como dice el secretario de Hacienda, sino cada vez mucho más cara, al menos para el consumidor nacional, aunque en el comparativo internacional aparezca como una de las más baratas, o “competitivas” del mundo, como dice Meade.

La verdadera razón

Durante sus apariciones en los medios, Meade se dedicó también a explicar las razones del aumento en las gasolinas. Pero se enredó en su discurso y acabó por revelar la verdadera causa del gasolinazo y de la nueva dinámica de fijación de precios: ofrecerle a los empresarios gasolineros, mexicanos y extranjeros, un margen de ganancias tal que los haga interesarse en invertir en infraestructura de almacenamiento y transporte y, a fin de cuentas, en poner más gasolineras.
Porque, en México sólo hay más de 11 mil gasolineras, que es la cuarta parte de las que tiene Estados Unidos, la mitad de las que se tienen en Europa o América Latina.
Entonces, dijo, era necesario subir el precio de las gasolinas, porque de otra forma “nadie iba a invertir ni en almacenamiento ni en ductos, ni en gasolineras, si no tenía certeza de que el precio iba de veras a reflejar los costos que tenía, tanto la logística, como el costo de ‘la molécula’, el costo del petróleo que entra en la producción de gasolinas”.
Y Meade dio cuenta de lo que viene: “Esto quiere decir que vamos a tener en México, en el corto plazo, tantos precios cuantas políticas comerciales tengan las gasolineras. Y habrá quien escoja bajar el precio para generar más tráfico, habrá quien (lo haga) para ofrecer en estación de servicio otros espacios (sic), pero lo fundamental es que el precio se moverá conforme se bajen los costos y la competencia nos va a ayudar en seguridad energética y en que haya más gasolineras, que haya más calidad en las gasolinas, y se estima que la flexibilización puede traer consigo más de 16 mil millones de pesos de inversión solamente este año.”
Hacienda aplicó un despiadado aumento a las gasolinas de hasta 24% en algunas regiones del país. Y con ello, en aras de favorecer a los gasolineros –si no hay ganancias no invertimos–, no sólo atenta el gobierno contra sus finanzas –Meade dijo que en la estructura del nuevo precio el impuesto a las gasolinas bajará de 4.6 pesos por litro a “poco más de tres pesos”; ergo: menos recaudación, pero precios más altos y más ganancia para gasolineros–, sino que aprieta aún más la soga en el cuello de una población de por sí asfixiada por una economía que este año dará al traste con cualquier posibilidad de una mejoría en el bienestar social.

Agencias


Cuatro prelados aspiran a sustituir al cardenal Rivera

En junio próximo, Norberto Rivera Carrera deberá presentar su renuncia al cargo de arzobispo primado de México, luego de más de 20 años de ejercerlo sin haber hecho ninguna aportación pastoral, sino más bien para tejer relaciones personales con la alta clase política y empresarial.

6/12/2016 – CIUDAD DE MÉXICO.- En los círculos eclesiásticos ya empiezan a mencionarse los nombres de los posibles sucesores del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien en junio próximo deberá presentar su renuncia al cargo de arzobispo primado de México, luego de más de 20 años de ejercerlo sin haber hecho ninguna aportación pastoral, sino más bien para tejer relaciones personales con la alta clase política y empresarial.
Hasta ahora son cuatro los prelados con mayores posibilidades de llegar al más importante arzobispado del país: Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y recién nombrado cardenal; Jorge Carlos Patrón Wong, el más cercano al Papa Francisco y actual secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero; Ramón Castro Castro, el obispo de Cuernavaca que impulsa una pastoral social comprometida, y Víctor Sánchez Espinoza, el conservador arzobispo de Puebla, señalado como el “delfín” de Rivera Carrera.
Especialista en la conformación de la jerarquía católica mexicana, el investigador Rodolfo Soriano Núñez asegura:
“De estos cuatro prospectos, quien tiene más posibilidades de ocupar el arzobispado es Aguiar Retes. Lleva con mucho la delantera, en primer lugar porque ya es cardenal y además por su amplia experiencia en altos cargos eclesiásticos: fue dos veces presidente del episcopado mexicano y también ha ocupado puestos directivos en el Consejo Episcopal Latinoa­mericano (Celam), donde conoció a Jorge Mario Bergoglio desde antes que éste fuera Papa. Ambos llevan una relación cordial. Me aventuraría a decir que Aguiar Retes tiene 80% de probabilidades de suceder a Norberto Rivera.”
–Tomando en cuenta que los obispos deben renunciar a los 75 años, ¿Aguiar Retes está en edad óptima para asumir el cargo?
–Por supuesto, al igual que los demás prospectos. Todos ellos son sesentones o rondan los sesenta. Es una edad ideal para llegar al arzobispado, donde podrían estar por un lapso aproximado de 10 años para culminar ahí sus carreras.
–¿Y cómo definiría el estilo pastoral de Aguiar Retes?
–No es dado a la confrontación como lo son Norberto Rivera, Sánchez Espinoza u otros obispos mexicanos. Esto lo acabamos de ver con el tema del matrimonio gay, donde varios obispos se confrontaron con las organizaciones LGBTTTI que luchan por sus derechos. Aguiar Retes no se metió en el asunto. Tiene más tacto para conducirse. Evita el discurso y las actitudes radicales.

La “desventajas” de Aguiar
Con un doctorado en la Universidad de Fordham, de Nueva York, y autor de las investigaciones Edad, generación y acción pública del episcopado mexicano; En el nombre de Dios, religión y democracia en México, y Una mirada a la Iglesia en México, Soriano Núñez resalta otra “desventaja” de Aguiar Retes; su cercanía con Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México.
En efecto, en diciembre de 2009, el entonces gobernador del Estado de México –acompañado por Aguiar Retes– viajó al Vaticano para presentarle al Papa Benedicto XVI a su novia Angélica Rivera, La Gaviota. Al momento de hacerlo, le adelantó al pontífice: “Pronto me casaré”.
Oriundo de Tepic, Nayarit, donde nació en 1950, Aguiar Retes fue obispo de Texcoco de 1997 a 2009. Después pasó a la arquidiócesis de Tlalnepantla, donde permanece hasta la fecha. Durante dos trienios –de 2006 a 2012– fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
También ocupó varios cargos directivos en el Celam –el máximo organismo de la jerarquía latinoamericana–, entre ellos su presidencia, de 2011 a 2015. Fue precisamente en ese organismo donde conoció al hoy Papa Francisco, quien en noviembre pasado le impuso el birrete cardenalicio a Aguiar Retes. De ahí que –a sus 66 años– ahora Aguiar sea considerado el candidato más viable para encabezar la principal arquidiócesis del país.

El más cercano al Papa
Sobre el segundo prospecto a la arquidiócesis, el yucateco Patrón Wong, dice Soriano:
“Patrón ha tenido un ascenso vertiginoso en los últimos tres años. Tan pronto llegó Bergoglio al pontificado lo sacó de la diócesis de Papantla –donde apenas tenía un año como obispo titular– y se lo llevó al Vaticano. Allá lo nombró secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero y además consejero de la Pontificia Comisión para América Latina. Dos cargos importantísimos.”
–¿Por qué se habrá fijado el Papa en él?
–No lo tengo claro. Quizá detrás estuvo la mano del anterior nuncio, Christophe­ Pierre. Pero lo cierto es que en el tiempo que estuvo en Papantla, primero como obispo coadjutor, Patrón Wong se empeñó mucho en cambiar cosas y en promover la pastoral social. Fue muy activo en la organización de actividades académico-pastorales y no era indiferente a los problemas de la región. De todos los prospectos al arzobispado, él es el más cercano al Papa y, a sus 58 años, el más joven.
Patrón Wong nació en Mérida en 1958. Se formó en la arquidiócesis de Yucatán, de donde llegó a ser rector de su seminario conciliar. En 2009 se le nombró obispo coadjutor de Papantla, y en 2012 se le designó titular. Al año siguiente, el recién ungido Papa Francisco se lo llevó a Roma.
Otro prospecto al que Soriano le ve arrestos para ocupar la principal circunscripción eclesiástica del país es el actual obispo de Cuernavaca, sobre quien opina:
“El obispo Ramón Castro ha tenido mucha cercanía con las comunidades urbanas y rurales morelenses que están peleando por sus derechos y enfrentándose, incluso, con el gobernador Graco Ramírez.
En efecto, el obispo de Cuernavaca, a la vez que abre centros de atención a víctimas de la violencia –llamados en su diócesis Grupos Levadura– encabeza manifestaciones contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, que en Morelos acaba de ser permitido por el Congreso estatal.
Castro, jalisciense de 60 años, fue miembro del servicio diplomático de la Santa Sede en las nunciaturas de Zambia, Malawi, Angola, Ucrania, Venezuela y Paraguay. Fue también director del Óbolo de San Pedro en la ciudad del Vaticano.

El “delfín”
El cuarto candidato a ocupar el cargo es el actual arzobispo de Puebla, sobre quien Soriano Núñez comenta:
“Sánchez Espinoza tiene la ventaja de conocer bien la arquidiócesis de México, donde se desempeñó como obispo auxiliar de Norberto Rivera. Incluso actualmente hay un movimiento de algunos sacerdotes de la arquidiócesis que se manifiestan a su favor, lo cual es muy raro. Creo que Norberto está detrás y apoya su candidatura; es su ‘delfín’.”
–¿Cómo ha sido el quehacer pastoral de Sánchez Espinoza?
–Del estilo de Norberto; de aferrarse a ciertas tradiciones que dan énfasis a lo litúrgico y están obsesionadas con la moral sexual. Al igual que Norberto, Sánchez también acaba de confrontarse en Puebla con los grupos LGBTTTI que pugnan a favor del matrimonio gay. Tiene poca capacidad para imaginar nuevas maneras de relacionarse con la gente.
Originario de Santa Cruz, Puebla, donde nació en 1950, Sánchez Espinoza fue obispo auxiliar de Norberto Rivera de 2004 a 2009. De ahí saltó al arzobispado de Puebla.
Estos cuatro prospectos tienen posibilidades de llegar a la arquidiócesis primada siempre y cuando –aclara Soriano– el Papa le acepte “relativamente pronto” la renuncia a Norberto Rivera, quien el próximo 6 de junio cumple 75 años, edad señalada por el Código de derecho canónico para que los obispos presenten sus dimisiones.
No les ve posibilidad de suceder a Norberto a los titulares de otras arquidiócesis importantes: como Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara; Rogelio Cabrera López, de Monterrey; José Luis Chávez Botello, de Oaxaca, ni a Carlos Garfias, quien acaba de ser nombrado arzobispo de Morelia.
Indica que de todos los obispos mexicanos es Raúl Vera, obispo de Saltillo, quien tiene una línea pastoral más acorde a la del Papa, aún así, le ve muy pocas probabilidades de ser el nuevo arzobispo de México.
–¿Qué papel está jugando en la sucesión el nuncio recién llegado a México, el italiano Franco Coppola?
–El nuncio recaba opiniones, sobre todo cuando se trata de promover a un sacerdote a rango de obispo. También debe elaborar reportes sobre lo que ocurre en México. Su opinión es muy importante. Pero en este caso es la Congregación de los Obispos la que tiene el mayor peso en el proceso sucesorio. Y, claro, el Papa, quien acaba de hacer un llamado para mejorar la manera de seleccionar a los obispos.
–¿Y cómo deja la arquidiócesis el cardenal Norberto Rivera?
–Bueno, la descatolización en la Ciudad de México avanza a un ritmo más acelerado que en el resto del país. Y no le veo una personalidad propia al catolicismo capitalino. Además, con Rivera Carrera se diluyeron las iniciativas pastorales que había emprendido su antecesor, Ernesto Corripio, como la Misión Guadalupana.
“En todos estos años, el cardenal Rivera ha estado más interesado en tejer relaciones con políticos y empresarios, y en aparecer en las páginas de sociales de las revistas del corazón, que en apoyar realmente a la gente necesitada de la Ciudad de México. Esa es la arquidiócesis que le deja a su sucesor.”

Agencias


El odio que Trump desenterró

“El racismo, el sexismo o la misoginia tienen una historia larga y profunda en Estados Unidos”, dice Kathleen Staudt, académica de la Universidad de Texas en El Paso. “La desagradable retórica de la campaña parece haber ‘normalizado’ el hablarle a la gente con odio y falta de respeto. Esto no debería ser considerado una conducta normal, decente”.

24/11/2016 – EL PASO, TX.- El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado martes 8 desenterró el más burdo racismo y el odio hacia los inmigrantes.

Pocas horas después de darse a conocer los resultados de la elección presidencial, las redes sociales se inundaron con mensajes de todo el país denunciando el acoso y los comentarios racistas y xenófobos hacia hispanos, negros, musulmanes, gays, mujeres e inmigrantes indocumentados.

En la preparatoria Franklin, en esta ciudad, la maestra Thalia Longoria atendió en un solo día a cuatro estudiantes –tres afroamericanos y un latino– agobiados por el temor ante lo que representa el triunfo de Trump. Ese mismo día, en la cafetería escolar un estudiante le gritó a una alumna de origen mexicano que se fuera, que regresara a México.

“Este señor (Trump) nos convirtió a todas esas personas en eso”, dice Longoria. “(Ahora) me di cuenta de que Estados Unidos es más racista y sexista de lo que pensaba. Yo sabía que había un odio, pero ahora es más claro y tenemos muchas evidencias”.

Los testimonios se multiplicaron

En la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, circularon volantes titulados “Por qué las mujeres blancas no deben salir con hombres negros”. Entre otras cosas, el texto advertía que un hombre “es más probable que abuse de la mujer”, “que tenga enfermedades venéreas” y que sus hijos “no sean inteligentes”.

En la Universidad de Nuevo México en Albuquerque las autoridades dijeron que recibieron e investigan varios reportes de incidentes de odio contra estudiantes. Uno de ellos contra una estudiante musulmana a quien otro alumno –quien vestía una camiseta con la imagen de Trump– trató de arrancarle el velo que cubría su cabeza. “Me voy a sentar antes de que me avientes una granada”, le dijo después de la agresión.

En Silver Spring, Maryland, la prensa reportó que una iglesia fue vandalizada con pintas. En las afueras del templo, cuya feligresía es mayoritariamente inmigrante, apareció la leyenda: “Trump Nation. Whites Only” (“Nación de Trump. Sólo blancos”).

En Michigan, en la preparatoria DeWitt, un grupo de estudiantes entrelazaron sus brazos para crear una muralla simbólica, al tiempo que coreaban frases en referencia al muro. Algo similar sucedió en la escuela Royal Oak, donde estudiantes de secundaria coreaban “Build a wall, build a wall” (“construyan un muro”) frente a estudiantes de minorías. El incidente propició que el director estatal del Departamento de Derechos Civiles urgiera a las personas a reportar cualquier tipo de acoso.

En Copell, Texas, las autoridades del distrito escolar se reunieron con representantes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) después de que un menor reportó que en su página de Facebook aparecieron mensajes de sus compañeros diciendo que lo iban a deportar y apoyando la construcción del muro.

“Eso es racismo”, dice Héctor Flores, dirigente de la LULAC en Dallas. “Después de la elección parece que esto agarró como una bacteria y está consumiendo al país”.

El Southern Poverty Law Center (SPLC), organización dedicada a monitorear la actividad de los grupos de odio en Estados Unidos, reporta que desde la elección se han identificado y verificado alrededor de 437 hechos de intimidación y odio.

La mayoría de los reportes fueron por incidentes contra inmigrantes (136), negros (89) y miembros de la comunidad LGBT (43). De acuerdo con el conteo del SPLC, la mayoría de los incidentes (99) sucedieron en escuelas públicas, 76 en negocios y 67 en universidades.

“El racismo, el sexismo o la misoginia tienen una historia larga y profunda en Estados Unidos”, dice Kathleen Staudt, académica de la Universidad de Texas en El Paso. “La desagradable retórica de la campaña parece haber ‘normalizado’ el hablarle a la gente con odio y falta de respeto. Esto no debería ser considerado una conducta normal, decente”.

La politóloga atribuye el resurgimiento de esos comentarios a varias razones, entre ellas la pérdida de empleos y la reducción de salarios que trajo la globalización en la industria manufacturera, así como a la competencia laboral que ha significado para los blancos la participación de las minorías en el mercado de trabajo.

“Muchos de esos hombres culpan de ello a los inmigrantes, a las mujeres y a miembros de minorías raciales, en lugar de atribuirlo a la economía global, a las políticas económicas o incluso a sus propias habilidades”, dice Staudt.

Protestas en todo el país

Mientras los mensajes de odio se multiplican, las protestas por el triunfo de Trump se intensifican.

En Los Ángeles, una marcha convocada por Unión del Barrio, el sábado 12, logró aglutinar a varios miles de personas en rechazo a la presidencia de Trump. “Hoy estamos todos unidos contra Trump. Sólo mediante la organización de nuestra lucha podremos ser capaces de defendernos de los ataques”, afirmó uno de los organizadores.

En San Francisco, Chicago, Seattle, Oakland, Oklahoma, Nueva York, Filadelfia y una decena de ciudades más también hubo protestas. En algunos lugares, como Portland, las manifestaciones se tornaron violentas y hubo decenas de detenidos.

Las protestas son un reflejo de la inconformidad que generó el triunfo de Trump en amplios sectores de la población. Una encuesta de The Huffington Post reveló que la mayoría de los estadunidenses no se sienten felices con la victoria del republicano: “El 43% dijo estar conforme con la victoria de Trump: De ellos, 26% dijo sentirse entusiasmado, y 17%, satisfecho; 52% está inconforme: 15% se siente frustrado, mientras que 37% aseguró sentirse molesto”.

Trump tomará posesión el 20 de enero de 2017. Mientras trabaja en la formación de su gabinete, algunos de sus comentarios poselectorales han dejado ver un cambio en la radicalidad de sus dichos de campaña. En una entrevista con 60 Minutes, aseguró que no había escuchado reportes de acoso o amenazas de sus seguidores contra minorías étnicas y prometió nuevamente que unificará al país.

Pero detener el odio no será fácil.

“Será muy difícil para los representantes políticos y para la ciudadanía lograr acuerdos importantes en temas como trabajo, salarios, comercio, clima, igualdad, salud e inmigración”, dice Staudt. “Una vez abierta la caja de Pandora del odio, tomará mucho tiempo interactuar con confianza, civilidad y respeto”.

La académica agrega que el riesgo de un clima político polarizado es que muchos problemas seguirán sin atenderse y sin solución. “La mitad del electorado que votó estará enojado y desconfiado hacia los procesos políticos”, dice.

Staudt destaca que las protestas en todo el país evidencian el enojo y el temor hacia el futuro. Considera que las movilizaciones construyen solidaridad. Sin embargo, dice que éstas no incidirán en cambios inmediatos en las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno, al menos en los próximos dos años, cuando habrá elecciones para renovar la Cámara de Representantes.

“Si el presidente electo no puede hacer milagros, los votantes podrán volcarse al partido opositor en las elecciones del Congreso en 2018”, añade la politóloga.

Y en ello se enfocarán las organizaciones que trabajan para los latinos e inmigrantes en Estados Unidos.

“Vamos a trabajar muy duro para seguir registrando latinos para votar”, dice Héctor Flores, de la LULAC. “Los republicanos están peleándose también entre ellos y la idea será recuperar espacios para el Partido Demócrata en el Poder Legislativo”.

La LULAC está también creando frentes con otras organizaciones, como el Mexican American Legal Defense and Education Fund, que defiende a latinos e inmigrantes, para garantizar que los derechos de esas minorías no sean violentados.

Otras organizaciones, como la National Hispanic Leadership Agenda (NHLA) –que agrupa a unas 40 coaliciones hispanas en el país–, están movilizando recursos para enfrentar los casos de acoso y discriminación e informar a los latinos e inmigrantes sobre sus derechos civiles.

“Nos preocupan mucho los casos de odio contra los latinos e inmigrantes”, dice Héctor Sánchez, presidente de la NHLA, quien cree que podría haber un subregistro de casos de odio y discriminación porque la manera en que el gobierno anota y da seguimiento a los mismos es ineficiente.

“Hay alrededor de 3 mil condados en el país que no le reportan crímenes de odio directamente al FBI y eso es un serio problema estructural”, afirma Sánchez. “Vamos a presionar al presidente Obama para que se den cambios inmediatos en la forma de reportar esos crímenes y en la forma de proteger a las comunidades.”

Agencias


México, bajo la amenaza de una nueva realidad

Jorge Castañeda Gutman, canciller de México entre 2000 y 2003, asevera que la administración de Peña Nieto debe abandonar la postura pasiva que adoptó durante la campaña de Trump y pelear cada política que afectaría los intereses de México en Estados Unidos, con las herramientas políticas y legales disponibles en ese país.

14/11/2016 – CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta regresiva arrancó: a partir del próximo 20 de enero el gobierno mexicano dialogará con Donald Trump, el recién electo presidente de Estados Unidos que reunió 59 millones 791 mil votos con las promesas de expulsar a los inmigrantes indocumentados –11 millones de ellos, de origen mexicano–, extender el muro fronterizo a expensas del pueblo mexicano, renegociar o salir del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y sancionar a las empresas estadunidenses que trasladen sus plantas productivas a México, entre otras.
De aplicarse, tales medidas tendrían efectos desastrosos sobre la población y la economía mexicanas. México perdió su “relación privilegiada” con Estados Unidos, y el gobierno tiene nueve semanas para redefinir a fondo su estrategia y contrarrestar las políticas antimexicanas de Trump, concuerdan tres diplomáticos de administraciones pasadas en entrevistas, por separado, con Proceso.
Jorge Castañeda Gutman, canciller de México entre 2000 y 2003, asevera que la administración de Peña Nieto debe abandonar la postura pasiva que adoptó durante la campaña de Trump y pelear cada política que afectaría los intereses de México en Estados Unidos, con las herramientas políticas y legales disponibles en ese país.
Diplomacia
Rafael Fernández de Castro Medina, asesor de Felipe Calderón en materia de política exterior cuando éste era presidente y director de Asuntos Políticos de la Dirección General para América del Norte de la Cancillería en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, estima que la diplomacia mexicana “no tiene los instrumentos” para negociar con Trump y considera que el gobierno debe cabildear en Washington para frenar, hasta donde se pueda, las medidas más nefastas del magnate inmobiliario.
Y según Enrique Berruga Filloy, subsecretario de Relaciones Exteriores durante los primeros tres años de la administración de Vicente Fox, México debe apoyarse en sus “aliados naturales” en Estados Unidos y en el ámbito internacional para evitar una confrontación directa con el gobierno estadunidense, la cual, asegura, sería muy dañina para ambos países.

“Situación crítica”
“Llega a la presidencia de Estados Unidos un candidato que no sólo hizo pronunciamientos, sino que hizo campaña abiertamente contra los intereses nacionales de México en su país. Esto nunca había sucedido”, advierte Castañeda.
En el último año y medio, además de tachar a los mexicanos radicados en Estados Unidos de “violadores” o “criminales”, Trump reiteró su intención de chantajear al gobierno de México: con el propósito de extender el muro en la frontera, anunció que retendría parte de las remesas que envían los migrantes a sus familias. Incluso amenazó con presionar mediante la fuerza militar.
“México tiene que entender que el juego de las relaciones va a cambiar porque Estados Unidos va a cambiar”, plantea Fernández de Castro. Añade: “Efectivamente, la agenda de Trump va a ser antimexicana. Nunca habíamos tenido una situación tan crítica como la que tenemos ahora. Hay que creérnosla.”
Según el diplomático, la “relación privilegiada” de la que gozaba México en los últimos 25 años “ya se acabó”.
“Sería un error pensar que la diplomacia mexicana tiene los instrumentos (para influir en Trump). No es cierto. El cambio que viene nos va a rebasar. Teníamos unos instrumentos para tratar con Estados Unidos cuando era un país distinto. Tenemos una aspirina para combatir el cáncer que va a ser Trump. Necesitamos remedios mucho más potentes”, añade.
Berruga expresa su preocupación ante los impactos en México de las medidas que Trump prometió a su electorado. El efecto acumulado de las deportaciones masivas de connacionales a México, del retiro del TLCAN y de las medidas que sancionarían la instalación de empresas estadunidenses en el país, provocaría un incremento súbito de la mano de obra en México, junto con una disminución del número de empleos.
“Habría zonas del país, sobre todo los cuatro principales estados de origen de migrantes (Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco, los cuales tienen más de 7% de su población en Estados Unidos, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior), que tendrían mucha presión si es que los migrantes vuelven a sus hogares. ¿Cómo crear tantos empleos tan rápidamente?”, se pregunta.
Otra medida costosa para la economía mexicana sería el impuesto a las remesas que envían los mexicanos radicados en Estados Unidos a sus familiares, que anunció Trump como forma de financiar la extensión del muro fronterizo. “Sería un golpe muy fuerte. Si suponemos que se retenga 10% de las remesas, hablaríamos de cerca de 2 mil millones de dólares anuales”, subraya.
Desde la noche del martes 8, cuando se oficializó el triunfo de Trump, tanto el presidente Peña Nieto como la canciller Claudia Ruiz Massieu han sido cautelosos en calificar la nueva relación bilateral. Hablaron de la “oportunidad” de buscar “nuevas coincidencias” y reiteraron que el andamiaje institucional que une ambos países es más fuerte que las “coyunturas políticas e ideológicas”.
A Castañeda le molestaron estos discursos. “Si el gobierno de Peña Nieto sigue diciendo que el muro es asunto de Estados Unidos a condición de que no lo paguemos, si sigue aceptando que se retire del TLCAN, o diciendo que acogeremos a los deportados con los brazos abiertos; si sigue diciendo cosas tan absurdas, sí va a haber problemas, no en la relación con Estados Unidos sino en México”, afirma.

Hitler o Mussolini
Según el excanciller, la administración actual no supo reaccionar ante el fenómeno Trump desde un principio. “Ya sea cuando (Peña Nieto) lo equiparó a Hitler o Mussolini, lo cual es absurdo; ya sea cuando no decían nada porque tenían miedo; ya sea porque lo invitaron y se pusieron de tapete con él. Fue una postura totalmente errática y lamentable”, sostiene, e insiste que la invitación “fue un error enorme; fue el punto de inflexión de la campaña de Trump”.
Concuerda Fernández de Castro: “A nivel diplomático es clarísimo: desde que Trump era candidato nos dimos cuenta que México no tiene la capacidad de incidir políticamente en Estados Unidos. Si bien nuestra relación era buena y de confianza, nos percatamos de que México no tenía capacidad de cabildeo en Estados Unidos; no tuvo la capacidad de imponerle un costo político a un demagogo como Trump”.
Si bien los entrevistados difieren sobre las medidas que debería adoptar el gobierno mexicano para frenar las políticas más nocivas de Trump, coinciden en que la pelea la tiene que dar en la cancha estadunidense.

Agencias


La reforma laboral, imposición internacional

El jueves 13 la propuesta legislativa fue aprobada prácticamente como la envió la Presidencia: se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se fomenta la libre sindicalización, se da un paso para abolir los sindicatos blancos y se regulan los llamados contratos de protección.

21/10/2016 – CIUDAD DE MEXICO.- El gobierno de Enrique Peña Nieto doblegó a los sindicatos charros, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al exsecretario del Trabajo Javier Lozano, que buscaban modificar la iniciativa de reforma laboral que el propio jefe del Poder Ejecutivo presentó.
Así, el jueves 13 la propuesta legislativa fue aprobada prácticamente como la envió la Presidencia: se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se fomenta la libre sindicalización, se da un paso para abolir los sindicatos blancos y se regulan los llamados contratos de protección.
Esos logros, sin embargo, no son una concesión gubernamental a los trabajadores, sino producto de la presión internacional derivada del Acuerdo de Comercio Transpacífico, firmado el 4 de febrero pasado en Nueva Zelanda. Tampoco, dicen sus críticos, son una panacea.
El Congreso del Trabajo (CT), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) nunca estuvieron de acuerdo con la iniciativa presidencial.

Iniciativa
A principios de mes, Peña Nieto envió la iniciativa al Senado. Fue celebrada por los sindicatos llamados independientes. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados Unidos y no por la histórica exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos desde hace décadas.
Por primera vez en lo que va del sexenio –y debido a esta iniciativa– el sindicalismo “charro” (sometido al poder en turno) se manifestó contra el gobierno. A principios de octubre, el CT envió una carta a Peña Nieto para expresarle su rechazo a la propuesta. Argumentó que el marco jurídico prevaleciente “ha llevado una marcada paz laboral” (Proceso 2083).

La “chicanada”
En la sesión del miércoles 5, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos elaboraron un acuerdo para reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución.
Las cámaras empresariales tuvieron un papel importante en este debate. Estaban divididas. Algunos empresarios apoyaban la reforma, pero otros querían mantener los contratos de protección, que son aquellos firmados opacamente con sindicatos registrados pero sin afiliados. Esto permite imponer condiciones abusivas y opacas a los trabajadores reales.
Avanzada la negociación, el presidente de la Coparmex, Lorenzo Roel, abogó por este tipo de contratos e hizo causa común con el senador panista Javier Lozano, secretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón.
En esa sesión –que duró varias horas– se realizaron cambios de redacción a las fracciones 18 y 22 del artículo 123 constitucional, que atañían a la contratación colectiva y el derecho a huelga. Respecto de este último se agregaron requisitos para emplazarla, pero que sólo afectaban a los trabajadores y no a los patrones.
Las propuestas fueron consensuadas entre Roel, Lozano y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actual, Alfonso Navarrete Prida. El encargado de la política laboral del país fue convencido y ordenó a los senadores priistas de las comisiones unidas apoyar esa nueva versión. “Sorprendieron a todo el mundo, pero por consigna votaron a favor los del PAN y los del PRI”, indicó un funcionario presente.
Pese a ello, los panistas se molestaron con Lozano, pues consideran que actuó a espaldas de la fracción para defender sus intereses con las cámaras patronales.
Un día después, el jueves 6, Lozano y Roel fueron a la STPS a presionar a Navarrete Prida para mantener el acuerdo cuando se votara en el pleno senatorial.

Doblegaron a los charros
A fin de cuentas la “fracción Lozano” no pasó. El abogado laboralista Arturo Alcalde explica en entrevista que fue un gran logro quitarla: “Una cosa que ayudó mucho fue la posición de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del PRD, que votaron en contra, y el gobierno quería sacar la reforma en consenso. ¿Por qué? Porque el sindicalismo independiente es el que tiene más relaciones en el extranjero”.
Al final, las centrales de trabajadores cercanas al poder dieron la última batalla, pero ya no en contra de la fracción 18, sino de la fracción 22 del 123 constitucional.
La propuesta que los senadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) plantearon durante toda la semana –y hasta el jueves 13– fue que el voto libre y secreto de los trabajadores en los sindicatos estuviera condicionado y acotado por los estatutos. Lograron cambios, pero nada de calado. La redacción quedó así: “La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos entre sindicatos”.
“Los ‘charros’ dijeron: ‘Ya no nos importa la reforma, lo que nos importa es nuestra sobrevivencia en el poder’. Y dan la última batalla y terminan con una victoria muy vana, muy superflua. Porque nada más les dieron una redacción donde dice que el procedimiento de elección será por sus estatutos”, añade Alcalde.
Por su parte, el sindicalismo independiente quería tres cosas: la conversión de las juntas de Conciliación a tribunales; que los trabajadores fueran consultados a la hora de redactar los contratos colectivos y que hubiera voto secreto en las elecciones gremiales, los conflictos intersindicales y a la hora de optar o no por la contratación colectiva.
“Y se cumplieron sus reclamos. Las autoridades estaban atrapadas por el condicionamiento internacional”, abunda Alcalde.
En la sesión del jueves 13, el senador priista Enrique Burgos presentó el dictamen final, que se terminó aprobando por 98 votos a favor, de un total de 128 legisladores.
El perredista Luis Miguel Barbosa Huerta registró que no fue fácil alcanzar los consensos. “Se tuvieron que estar defendiendo derechos laborales que han sido parte de toda la historia jurídica laboral. Hubo quien intentó eliminar la fracción 21 del 123 constitucional, y afortunadamente hubo la altura de miras para reconocer que debería de preservarse. Se intentó alterar la fracción 18, y con eso el derecho de huelga, y afortunadamente se alcanzó el consenso para dejarla intacta, haciéndole sólo un segundo párrafo en el que todos coincidimos. Y, finalmente, se incorporó la fracción 22 Bis, que coloca al voto personal, libre y secreto como un nuevo derecho laboral en la Constitución”.
En contraparte y antes de la votación, el senador de Nueva Alianza Manuel Cárdenas Fonseca explicó que transformar las juntas en tribunales significa crear más burocracia en el Poder Judicial, que de suyo ofrece caminos tortuosos y propensos a la corrupción. “Pero así lo quieren los líderes laborales, (así que) retiro la reserva que tenía sobre el dictamen”, indicó y votó a favor.
El priista Isaías González Cuevas, dirigente también de la CROC, resaltó que apoyaron la iniciativa presidencial porque entienden que se necesitaban cambios: “Estamos de acuerdo, también, en responder a los compromisos internacionales firmados por nuestro país, y los que están en proceso de ratificación, como el Convenio 98 de la OIT”.
En entrevista, el senador Armando Neyra (PRI) confirma que esta reforma responde a las adecuaciones requeridas por el Acuerdo Transpacífico. “Por el momento que vivimos, por el mundo globalizado, es histórica esta reforma porque van a venir bastantes empleos bien pagados. Y los trabajadores van a tener la oportunidad de nombrar a sus dirigentes y conocer sus contratos colectivos”.
Así, subraya, desaparecerán los despachos de abogados que negocian los contratos de protección con los empresarios. “Esto va a motivar que aquellos trabajadores que laboren en compañías con contratos de protección ocultos se puedan organizar sindicalmente o buscar sindicatos serios”.

“Jaloneos”
Destaca que en la CTM hubo muchos “jaloneos” para aprobarla, pero a fin de cuentas la reforma fue avalada por las siete fracciones parlamentarias.
En el texto aprobado, además, se conservó la referencia a “laudos” en el artículo 107 constitucional, que en la práctica permite mantener la figura de amparo directo e indirecto.
Para el senador del PT Manuel Bartlett se trata de una modificación legal que tendrá que demostrar su valor. “Será histórica cuando aplique la justicia laboral”, resume en entrevista. “La reforma está muy influida por una corriente internacional. Ahora lo importante es que se maneje bien ese concepto de representación, no vaya a ser que equivalga a lo mismo”.
Detalla que hay un régimen transitorio para crear los tribunales de lo laboral. “Va a requerir tiempo que el Poder Judicial se prepare, porque no es tan independiente como se dice, está dominado por intereses. No tenemos una justicia para aplaudir. Entonces, si pasa lo laboral de un lado a otro, ¿va a haber una justicia pronta, expedita, equitativa? No sabemos”.

Agencias


El estado en quiebra y Duarte, a la basura

El miércoles 12 –Día de La Raza– trabajadores del gobierno estatal inundaron las redes sociales con imágenes para mostrar que las fotografías oficiales de Duarte, descolgadas de las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la de Desarrollo Económico, la Contraloría General del Estado y del DIF estatal, entre otras, eran tiradas a la basura.

19/10/2016 – XALAPA, VER.- El lunes 10 por la mañana, el gobernador Javier Duarte comentó al conductor del noticiario Despierta, con Loret de Mola que había decidido solicitar al Congreso de Veracruz separarse del cargo.
“Lo hago por amor a Veracruz” y “por responsabilidad”, dijo, para enfrentar las 53 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y políticos de oposición –principalmente el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares– interpusieron en su contra en la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, uso indebido de funciones, desvío de recursos y presunto enriquecimiento ilícito.
También dijo a su entrevistador: “No he tomado un solo centavo del erario”, “yo no sudo calenturas que no son mías”, “es una deslealtad y una traición a la confianza depositada en mis funcionarios”.
Tres horas después, dos empleados de Acción Social descolgaron de la oficina que ocupó durante más de cinco años y 10 meses el retrato de Duarte y lo sacaron. Afuera los esperaba una camioneta de redilas para llevárselo. La oficina permaneció vacía durante 15 horas.
El miércoles 12 –Día de La Raza– trabajadores del gobierno estatal inundaron las redes sociales con imágenes para mostrar que las fotografías oficiales de Duarte, descolgadas de las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la de Desarrollo Económico, la Contraloría General del Estado y del DIF estatal, entre otras, eran tiradas a la basura.

Vacío de poder
En las escuelas, los maestros dejaron los portarretratos en blanco para evidenciar el “vacío de poder” en Veracruz.
Duarte, a quien sus correligionarios del PRI le suspendieron sus derechos como militante, dejó el cargo acompañado de sus colaboradores cercanos seis semanas antes de concluir su gestión. Entre ellos iba Flavino Ríos Alvarado, quien fungió como secretario de Gobierno y ahora es gobernador interino. Los subordinados de este último le dijeron que a él le toca “administrar el desastre” y “bajar la cortina” del sexenio duartista.
Héctor Yunes, el priista que perdió los comicios del pasado 5 de junio ante su primo, el panista Yunes Linares, fue uno de los que adelantó que su correligionario Duarte no concluiría el sexenio y que sería expulsado del PRI; incluso mencionó que saldría el 24 o 25 de octubre. Las cosas se adelantaron.

Pasivo tras pasivo
Duarte deja gravemente dañada la hacienda veracruzana, con un pasivo público de 52 mil millones de pesos y 13 mil millones de “pasivo revolvente” por facturas por pagar a contratistas, proveedores, constructores, cámaras empresariales y terceros institucionales, entre otros.
Su antecesor, Fidel Herrera Beltrán –actual cónsul en Barcelona– le había heredado una deuda de 11 mil millones de pesos. Herrera, a su vez, recibió de su predecesor Miguel Alemán Velasco una de 3 mil 500 millones.
A los números rojos de Duarte deben sumarse una deuda cercana a los 500 millones de pesos de ministraciones pendientes al Poder Judicial del Estado; mil millones de transferencias sin depositar a la Universidad Veracruzana; más de 100 millones para gasto corriente del Organismo Público Local Electoral, así como el impago de las becas de manutención correspondientes a 2016 a estudiantes de secundaria, bachillerato y nivel superior, y la retención de recursos al Instituto de Pensiones del Estado.
“Hoy ya no le pagan ni transfieren a nadie. Y aunque a Duarte le mentamos la madre, acaso se va a ir impune”, exclama Hilario Barcelata, del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana.
El académico insiste en que con Duarte se “masificó la corrupción” para “licuar” las participaciones federales y “desviar” miles de millones de pesos.
El mandatario con licencia y sus colaboradores, dice, “corrompieron prestanombres, gente de catastro, notarios públicos, del registro público, funcionarios de la Tesorería, jueces, magistrados, gente de la fiscalía… Desde el gobierno construyeron una empresa bien aceitada del crimen organizado”.
La próxima semana, la Comisión de Vigilancia del Congreso local emitirá su dictamen sobre el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015. Y aun cuando se desconoce a cuánto asciende el monto del quebranto patrimonial, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido, lo calcula en 14 mil millones de pesos.
Según el Órgano de Fiscalización (Orfis), los colaboradores de Duarte dejaron de pagar becas, desviaron partidas presupuestales para el pago del magisterio y los pensionados, y destinaron cientos de millones de pesos en pagos a medios de comunicación cuyos soportes no están justificados.
En la observación FP-027/2015/011ADM de su Informe de Resultados, el Orfis menciona 428 comprobantes fiscales para la “difusión de mensajes sobre programas y mensajes gubernamentales”, 410 facturas sin su soporte correspondiente, así como órdenes de inserción y testigos presentados como prueba documental.
Sin embargo, subraya, “no acreditan de manera fehaciente el ejercicio del gasto por un monto de 138 millones 610 mil 744 pesos”.
Y aun cuando Duarte se jactaba de la austeridad de su gobierno, los números lo desmienten. En 2015 el gasto corriente se incrementó 6.4% con respecto al año previo: de 56 mil 540 millones 900 millones de pesos etiquetados, terminó gastando 67 mil 952 millones 500 mil. Asimismo, para el pago de la deuda pública se devengaron 3 mil 328 millones 100 mil, lo que significó una reducción de 7.3% con respecto al ejercicio 2014.
Alberto Olvera Rivera, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, refiere que esta nueva oleada de “funcionarios priistas corruptos” tuvo como referencia “el mantra histórico” que heredaron de Herrera Beltrán, quien solía decir: “Todo lo que tiene precio, sale barato”.
Lo más grave es que, según Olvera, los duartistas actuaron como si los recursos fueran eternos. “Entregaron –dice– dinero a manos llenas a funcionarios de pensiones y a sindicatos magisteriales, compraron a los campesinos y cooptaron a la oposición. Hubo dinero sin control, sin cálculo; gastaron como si el dinero les fuera a durar toda la vida. Hubo un manejo clientelar masivo”.
Con respecto a las “etiquetas presupuestales” del gobierno federal, fueron sólo una ilusión óptica, pues jamás se respetaron las normas en un estado donde 95% de los recursos son federales. En resumen, “los duartistas ejercieron el dinero como Dios les dio a entender”.
El Observatorio de Finanzas Públicas, comenta Barcelata, documentó que en el último año de Herrera Beltrán y los primeros cuatro de Duarte dejaron de ejercerse 10 mil millones de pesos para seguridad, 11 mil millones de subsidios para la educación y otros tantos para el desarrollo social (combate a la pobreza y al Seguro Popular).

Duarte, creación de Herrera
Javier Duarte es creación de Fidel Herrera, quien lo reclutó muy joven en su grupo político a principios de los noventa por deferencia a su padre, Javier Duarte Franco, quien fue su amigo.
Con Herrera como mentor, Duarte estudió leyes y luego se fue a España, donde cursó diplomados en economía y administración pública, así como un doctorado en economía en la Universidad Complutense de Madrid.
Barcelata sostiene que la tesis que presentó Duarte es cuestionable. “Dudo –dice– que sea economista”.
Hoy, Duarte está solo, resumen los ­diputados priistas, sobre todo los que se oponían a que Flavino Ríos asumiera el cargo como interino. Empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por el anonimato aseguran que recientemente se “gestionó” un pasaporte para el hijo menor del mandatario con licencia, de sólo cuatro años. Es probable, dicen, que la familia completa se vaya al extranjero.
En Coatzacoalcos, los reporteros locales subieron a sus redes sociales fotografías de las residencias de las familias Tubilla y Macías, parientes de Karime Macías, la cónyuge de Duarte. “Ya preparan la huida”, ironizaron.

Agencias


Meade lanza campaña… de negar la realidad

José Antonio Meade Kuribreña ha defendido a Luis Videgaray Caso, el responsable de la situación económico-financiera del país. También ha hecho la gran defensa de la creciente deuda pública, a pesar de que por ese problema México está bajo la lupa de organismos financieros y calificadoras e inversionistas internacionales, que le han perdido confianza al país y ya no le creen a su política fiscal.

15/10/2016 – CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade­ Kuribreña, quien el viernes pasado cumplió apenas un mes en el cargo, ha llevado a la sociedad y a los especialistas de sorpresa en sorpresa.
Todos los indicadores económicos oficiales –y la interpretación que de ellos hacen los expertos– dan cuenta de que la economía está mal y que las finanzas públicas, especialmente, presentan un deterioro sin precedente en los últimos 20 años.
Pero él, como dijo Carlos Salinas de Gortari, ni los ve ni los oye. Muy por el contrario: empleando un discurso en exceso optimista ha dibujado un país que no existe para la gran mayoría de los mexicanos.
El jueves 6, en el marco de las reuniones anuales de verano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Washington, Meade aseguró que “México vive su mejor momento, en el que el impulso a las reformas estructurales detonará (un) mayor crecimiento”.
El mismo día, en entrevista para el diario La Jornada, declaró que “la economía mexicana es robusta y con finanzas públicas que tenemos que cuidar”. También, que ni ahora hay crisis en la economía ni la habrá en lo que resta del sexenio: “Por ningún lado la veo”.

Llamadas de atención
El problema es que no se sabe por qué calles suele andar el secretario. Lo que sí se sabe es que no han sido gratuitas las llamadas de atención de las calificadoras internacionales, que advierten del riesgo de bajar la nota de la deuda soberana del país por el mal desempeño de la economía nacional; ni los recientes ajustes a la baja en los pronósticos de crecimiento económico, tanto de organismos internacionales como de expertos en análisis macroeconómico.
En efecto, el jueves 6, la calificadora Fitch Ratings redujo su pronóstico de crecimiento económico para México: para 2016 la bajó de 2.4% a 2%, y, para 2017, a 2.6% desde el 2.8% anterior.
Dos días antes, el martes 4, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había hecho lo mismo: redujo su estimación de crecimiento para México: en 2016 calcula que sólo será de 2.1%, cuando en julio había pronosticado 2.5%, y en abril, 2.8%.
Y para 2017, igual. Bajó a 2.3% la proyección, desde el 2.6% que planteó en julio y 2.9% que sugirió en abril.

El lunes negro
De hecho, toda la semana fue de malas noticias económicas. Desde el lunes mismo. Ese día, el Banco de México (Banxico) publicó, como cada mes, los resultados de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente a septiembre.
En ella, los participantes de la encuesta no sólo bajan, por enésima vez, sus proyecciones de crecimiento del PIB para este año y el próximo, sino que pronostican un mayor precio del dólar, mantienen los mismos obstáculos para el crecimiento y perciben un entorno que se oscurece cada vez más.
Otra pregunta que Banxico hace a los especialistas es sobre si la economía está mejor ahora que hace un año. En agosto, 24% de las respuestas señalaba que sí. Para septiembre ese porcentaje bajó a 9%. Y entre quienes perciben lo contrario, el porcentaje pasó de 76% en agosto a 91% en septiembre.
Lo peor no fue eso, sino que las expectativas de los especialistas apuntan, en relación con el balance del sector público, a un reiterado déficit, cuando el gobierno está apostando todo para tener un superávit primario. En agosto pronosticaron, para 2016, un déficit de 2.9% del PIB, que para septiembre subieron a 2.92%.
En concreto, no le creen a la Secretaría de Hacienda y dudan de que el paquete económico que propuso para 2017 consiga las metas que se propone.

El martes negro
Pero las malas noticias se sucedieron en cascada en la semana:
El martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inversión fija bruta, un importante componente del PIB, cayó en julio pasado 1.2% respecto del mes anterior y 1.7% en relación con el mismo mes de 2015.
En términos generales, la inversión en maquinaria y equipo tuvo una caída de 1.3% mensual y de 0.3% anual. Sin embargo, tratándose de aparatos de importación, los datos dan cuenta de los efectos de la continua depreciación del peso frente al dólar: la compra de equipo de transporte registró un derrumbe de 18.5% mensual y de 7.7% anual. Y la compra de maquinaria, equipo y otros bienes intermedios, también importados, si bien subió 0.5% mensual, en su comparación anual cayó 2.8% en julio.

El jueves negro
El jueves, el Inegi publicó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que registró una caída anual de 6.8% y mensual de 1.8%. Resulta que esa caída de 6.8% anual no sólo es la más alta para un septiembre desde 2010, sino que es la más profunda desde mediados de año: en junio, el ICC bajó 1.1%; en julio, 3.4%, y en agosto, 4.1%.

El viernes negro
Por último, el viernes 7, el Inegi dio cuenta de cómo ha ido subiendo la inflación, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, desde junio pasado. Ese día reportó que la inflación de septiembre fue de 0.61% y la interanual (septiembre 2015-septiembre 2016) se disparó a 2.97%, cuando había sido de 2.73% en agosto, 2.65% en julio y 2.54% en junio.
Pero más preocupante es la inflación que ya sufren los productores por el continuo encarecimiento del dólar. El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) resultó, en septiembre, de 6.4% anual, que es el registro más alto desde que empezó la volatilidad del tipo de cambio.

El mentiroso
Ante ese panorama, el secretario de Hacienda se muestra impávido. Y por el contrario, durante su primer mes en el cargo se la ha pasado diciendo que todo está bien en la economía mexicana. Que la ruta que han seguido las finanzas públicas así estaba trazada. Y ha defendido de manera rabiosa –como lo hizo ante diputados y senadores– un paquete económico para 2017 que recibió ya impreso y en el que no tuvo injerencia alguna.
Pero el nuevo titular de Hacienda no es ningún improvisado en el área, como sí lo era Luis Videgaray. De los 47 años de edad que tiene, ha pasado más de la mitad en funciones públicas, progresivamente en cargos de mayor envergadura.
Conocidos suyos, consultados por Proceso, lo reconocen como “un extraordinario operador y negociador político” que participó en complicadas negociaciones, como la de la reforma del ISSSTE, la liquidación de Luz y Fuerza y la Ley de Asociaciones Público Privadas, entre otras.
Sin embargo, político al fin, Meade públicamente ha tenido que hacer concesiones obvias durante el tiempo que lleva en la secretaría: Elogios al gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha sido el presidente más repudiado por la población en la historia reciente.
Ha defendido a Luis Videgaray Caso, el responsable de la situación económico-financiera del país. También ha hecho la gran defensa de la creciente deuda pública, a pesar de que por ese problema México está bajo la lupa de organismos financieros y calificadoras e inversionistas internacionales, que le han perdido confianza al país y ya no le creen a su política fiscal.
De manera insólita, el secretario Meade­ ha dicho que no tenía por qué sorprender a nadie el ritmo de endeudamiento en la actual administración –que hoy tiene la deuda pública total en un tamaño superior a 50% del PIB, como no sucedía desde hace casi tres décadas– ni tampoco el que hoy se quiera lograr un superávit primario, es decir, dejar de estar pidiendo deuda para pagar sólo intereses y comisiones.
Argumentó que el ritmo de endeudamiento ya estaba planeado, que el Congreso lo sabía y lo había avalado año con año, y que el crecimiento de la deuda fue necesario para “acompañar” las reformas estructurales, creando los “espacios fiscales” necesarios para ello.
Que desde el principio de la administración se trazó esa ruta, insistió. También, que ya se sabía que ese estímulo tendría que retirarse para regresar a la sostenibilidad. “En eso estamos”, dijo. Total, defendió, la “administración responsable de la deuda” que hizo su antecesor.
Pero en este tema Meade ha mentido abiertamente. Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se planteó otra cosa: “déficit cero” desde 2013. No obstante, la realidad los rebasó y la economía sólo creció 1.4%, muy por debajo de la meta de 3.5% planteada para ese primer año de gobierno.

Déficit cero
Para el año siguiente, 2014, y ya olvidado el déficit cero, Hacienda tuvo que solicitar al Congreso autorización para ampliar el déficit con el propósito de compensar la caída de los ingresos.
Y de ahí, la ruta no trazada de déficits crecientes y endeudamiento.
Pero así ha sido el Meade político, que tampoco ha cedido a las críticas de los legisladores y los expertos nacionales e internacionales por la mala conducción de la economía y los recortes draconianos en algunas partidas presupuestales el próximo año; que defiende las condonaciones multimillonarias de impuestos recientemente reveladas y que se burla del jefe de gobierno capitalino, Miguel Mancera, quien gruñe porque dice que el gobierno federal quiere asfixiar a la Ciudad de México.

Un secretario de Hacienda que tampoco escucha.
Tenía ocho días en el cargo cuando el Banco de México, de manera oblicua, le mandó un mensaje en voz del subgobernador Manuel Sánchez González, quien el 15 de septiembre, en una conferencia en Texas, dijo: “Las finanzas públicas de México se encuentran en una trayectoria insostenible, y la razón deuda a PIB parece haber alcanzado su límite, con un nivel que no resulta saludable”.
Pero Meade minimiza los efectos de la depreciación y del reciente aumento en las tasas de interés. El lunes 3 apuntó que sólo son “marginales”.
El secretario también ha sorprendido porque apenas habla de crecimiento económico. Ese día, en conferencia con medios, se dijo convencido de que habrá avances pese al ajuste del gasto. Pero dejó entrever que las bases de la economía seguirán estando fuera del país y de nuestras manos:
En suma, podría inferirse, todo seguirá igual para la economía mexicana: su conducción y sus resultados.

Carlos Acosta/Proceso


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