Tráfico de armas: ningún interés en detenerlo

En un recorrido por las armerías del sur de Estados Unidos, Proceso comprobó que las constantes exhortaciones del gobierno mexicano a la administración de Donald Trump no surten efecto: ahí se puede adquirir todo tipo de armamento. Además, se confirmó que México no tiene recursos tecnológicos ni personales en los puentes fronterizos para detectar el ingreso de esa mercancía letal. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a la autoridad estadunidense realizar un operativo conjunto para detener el contrabando de armas, en un esfuerzo equiparable al que se despliega contra la migración ilegal.

Nogales, Arizona/Cd. Juárez, Chihuahua.– El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le exige al de Donald Trump que “congele” el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, pero la realidad en la frontera común expone un desinterés de Washington por hacerlo y la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas para contenerlo.
El tráfico hormiga, como se conoce a la táctica usada por los traficantes para meter ilegalmente armamento a México, sigue vigente en los principales puentes trasfronterizos y, como pudo corroborar Proceso, este método parece pasar inadvertido para el gobierno de López Obrador.
“Hormigas” llaman los traficantes de armas a los miles y miles de mexicanos que todos los días cruzan caminando la frontera al salir de trabajar en Estados Unidos, tras realizar compras en supermercados o en los malls y que casi nunca son revisados por los aduaneros mexicanos encargados de cribar paquetes, bolsas y bultos.

Vehículos
En el tráfico hormiga se cuenta también a los mexicanos o personas de distinta nacionalidad que ingresan al territorio mexicano por Estados Unidos en su auto con placas de algún estado de la frontera norte, y que extrañamente son sometidos a escrutinio por la aduana mexicana.
En vehículos privados, camiones de carga comerciales, bolsas de mandado, mochilas, cajas de cartón y cualquier otro embalaje, todos los días entran a México ilegalmente cientos, si no miles, de armas procedentes de Estados Unidos.
Para corroborar que el tráfico hormiga está más latente que nunca y que el gobierno de Trump –pese a las promesas que le ha hecho al de AMLO– no asume como responsabilidad propia revisar a las personas y autos que cruzan a México, Proceso realizó un recorrido en armerías y puentes trasfronterizos a lo largo de la frontera sur de Arizona y de Texas.
La Oficina para la Rendición de Cuentas Gubernamentales (Government Accoun­tability Office, GAO) del Congreso federal de Estados Unidos sostiene en su más reciente reporte que 70% de las armas confiscadas en México son de manufactura estadunidense. En el documento, fechado en junio de 2019, la GAO indica que la “vulnerabilidad de las fronteras del norte mexicano facilita el trasiego de armamento”.
Se refiere a que el gobierno mexicano carece de personal de aduanas y de tecnología en los puentes transfronterizos para revisar a las personas y automóviles que ingresan desde Estados Unidos.
Esta situación no es nueva, ha prevalecido durante décadas en la frontera norte del país y tuvo un auge en el sexenio de Felipe Calderón, con su guerra contra los cárteles de las drogas: los narcos respondieron aterrorizando al país y asesinando a decenas de miles de personas con su poder de fuego.
López Obrador, con la colaboración de Trump, prometió contener el tráfico ilegal de armas, algo que todavía no se palpa en la zona limítrofe.
Portando una maleta grande y pesada que contenía equipo y cámaras de fotografía, el corresponsal y un reportero gráfico de Proceso registraron la ausencia de revisión aduanal a los mexicanos y personas de otras nacionalidades que ingresan caminando al país desde Estados Unidos.

El Paso
Luego de visitar varias armerías en la ciudad de El Paso, Texas, simplemente para mostrar la facilidad con la que se adquieren rifles, pistolas y municiones de alto calibre, los reporteros ingresaron a México por el Puente Internacional Paso del Norte.
Cargando la maleta repleta de equipo fotográfico, los reporteros salieron del territorio estadunidense sin ser revisados por autoridades de ese país, ya que no es su responsabilidad, e ingresaron al mexicano por el puente que desemboca en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Junto a mujeres y hombres con bolsas de mano, mochilas y otros bultos, los reporteros incluso pasaron al lado de un soldado mexicano que ni se molestó en observar la mochila que el corresponsal portaba en la mano izquierda.
La entrada peatonal a México desde Estados Unidos es una ignominia. No existe ni siquiera un simple detector de metales que dificulte un poco el ingreso de armas completas o en partes.
Estas fallas las han aprovechado los cárteles de la droga y los contrabandistas de armas. En ciudades norteñas, como Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nogales, Sonora, la población conoce el negocio. Los traficantes pagan cuotas de entre 30 y 2 mil dólares a los civiles que se presten a cruzar armas entre su equipaje y sus bultos.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, muchas personas saben que por pasar una caja de balas de cualquier calibre con 50 unidades de El Paso a México por alguno de los puentes, les pagan hasta 100 dólares.
Meter partes de una pistola entre las bolsas de mandado, mochilas con útiles escolares o bultos con ropa o en muebles significa una ganancia de entre 30 y 200 dólares. Pasar, igualmente en partes, un rifle semiautomático de alto poder, puede implicar un pago de hasta 2 mil dólares, si se trata de un calibre .50.
No existe riesgo alguno porque no se hace un contrato con ninguna organización criminal. Son simplemente bisnes.
Con la misma facilidad se pueden adquirir pistolas, rifles y municiones de cualquier calibre en las decenas de armerías dispersas en el sur de Estados Unidos. Los reporteros visitaron varios de esos establecimientos en El Paso y en Douglas, Arizona, para comprobar que a los vendedores estadunidenses no les interesa el lugar a donde vayan a parar sus mercancías.
En algunas armerías los reporteros preguntaron precios: desde una pistola calibre .22 (para damas) hasta los rifles calibre .50. En una de las tiendas, cuando el reportero le preguntó al vendedor si había un descuento en la compra de dos pistolas calibre 9 milímetros, éste se apresuró a responder que sí, aunque debía consultarlo con el dueño.
El único requerimiento para comprar armamento en las ciudades y poblaciones fronterizas de Arizona y Texas es que el interesado no tenga antecedentes penales, lo que se puede obviar si la adquisición se paga inmediatamente y en efectivo.
El 21 de julio de 2019, en su reunión con el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard pidió que el gobierno estadunidense, en colaboración con el mexicano, desplegara un operativo para contener el flujo de armamento de norte a sur en los puntos fronterizos estratégicos; San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.
Para tal efecto, el gobierno de López Obrador desplegó efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional y de otras dependencias federales. Por el lado estadunidense colaborará personal de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), ATF y el Buró de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior (HSI).

Puntos fronterizos
El operativo conjunto se basa en el compromiso de que “el gobierno de México no va a descuidar el esfuerzo de control migratorio que ha desplegado en todo el país” y se llevará a cabo en los siguientes puntos fronterizos:
–En el puesto “El Centinela”, en Tijuana, Baja California, se desplegarán 41 elementos y ocho vehículos por turno. Del lado estadunidense estará en San Ysidro, California.
–El puesto “Samalayuca”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, contará con 58 efectivos y 10 vehículos por turno. Del lado de Estados Unidos se ubicará en El Paso.
–En Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, se ubicará el puesto “La Antigua Garita”, con 37 elementos y ocho vehículos por turno.
–El puesto de “El Encanto” (jurisdicción de Nuevo León) estará en China (NL) y la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con 37 efectivos y ocho vehículos por turno. Del otro lado de la frontera estará en McAllen, Texas.
–Por último, el puesto “Pancho Villa la Y” (también en jurisdicción nuevoleonesa) se instalará en Matamoros y en San Fernando, Tamaulipas, con un despliegue de 37 elementos y ocho vehículos por turno, mientras del lado norte se ubicará en Brownsville, Texas.
“El gobierno de México no está solicitando donaciones de equipo para este esfuerzo de cooperación, sino la acción decidida de las autoridades estadunidenses en su propio país para frenar el tráfico de armas hacia México”, concluye la SRE.

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Oleada feminicida en los primeros 11 meses de AMLO

Ni el despliegue de la Guardia Nacional ni las reuniones del Gabinete de Seguridad han logrado que los feminicidios y los homicidios dolosos disminuyan en el gobierno de la 4T. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública admite que de enero a noviembre de 2019 hubo 2.43 feminicidios por día. Hoy, según las estadísticas, 10 ciudades –con Veracruz a la cabeza– concentraron más de 50% de los feminicidios; eso sin considerar los subregistros, que impiden conocer la dimensión del problema.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador hubo 2.43 feminicidios por día, la cifra más alta en los últimos cinco años –fecha en la que las autoridades federales iniciaron los registros de este tipo de ilícito–, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pese a la creación de la Guardia Nacional, la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, la declaratoria de alerta de género en varias entidades y las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, la ola criminal no se detiene.
Y aun cuando el índice de homicidios de varones es elevado, el de las mujeres –en su mayoría jóvenes y dedicadas al hogar– se disparó de manera dramática en Veracruz, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Colima, Quintana Roo, Puebla y Chihuahua.
Este 2019 esas entidades concentraron más de 50% de los feminicidios, según los reportes entregados por los Ministerios Públicos al SESNSP; mantienen tasas de entre 1.43 a 3.37 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 1.16.
Veracruz, donde se cometieron 152 feminicidios, es el estado más peligroso para las mujeres. Le siguen las ciudades de Monterrey, 17 casos; Culiacán, 14; la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, 13; Ciudad Juárez y la capital de San Luis Potosí, 12 en cada una; Puebla y Tijuana, con 11 por ciudad.
Según el SESNSP, los delitos contra la “libertad y seguridad sexual” se incrementaron 51.89% entre enero de 2015 y noviembre de 2018. De enero a noviembre de 2015, las carpetas del secretariado –que incluyen abusos sexuales, acosos, hostigamiento, violaciones, incesto y otros ilícitos– fueron 31 mil 171, mientras que en periodo similar de 2019 se elevaron a 47 mil 348.
Las propias autoridades advierten sobre la existencia de un subregistro que impide conocer a cabalidad ese fenómeno. La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), por ejemplo, sostiene que de los 600 mil casos de abuso sexual que en promedio se cometieron cada año durante el periodo mencionado, 94% no fueron denunciados.

Veracruz, el estado más violento
Veracruz, la entidad más violenta del país para las mujeres, concentró 152 feminicidios durante los primeros 11 meses de este 2019, según los reportes del SESNSP.
Dos casos resultan emblemáticos. Uno es el de Silvia Jazmín “N”, de 25 años, quien fue asesinada el 18 de agosto en el municipio de Coatzacoalcos. Ella salió de su casa a bordo de su auto, un Honda Accord; al día siguiente un grupo de pepenadores del basurero municipal de Minatitlán encontraron el cuerpo de la joven.
Con excepción de las piernas, la parte superior estaba completamente calcinada. Los peritos lograron identificar a la víctima al analizar la piel que no fue afectada.
El segundo es el de Elizabeth “N”, de 34 años, ultimada en la colonia El Campanario, del municipio de Veracruz. El autor fue su esposo Dionisio, alias Toretto, en su domicilio conyugal. El hombre llegó alcoholizado y tras una discusión, arremetió a golpes contra Elizabeth hasta dejarla sin vida. Toretto intentó huir, pero la Policía Naval lo detuvo en el puerto jarocho.
Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz forman parte de un corredor en el que se han cometido al menos una tercera parte de los feminicidios en el estado de Veracruz; en esa ruta se encuentran también Xalapa, Córdoba, Tuxpan, Emiliano Zapata y Minatitlán.

La zona metropolitana de la CDMX
En el centro del país dos asesinatos llamaron la atención en 2019: el de Camila “N”, de nueve años, en la colonia Poder Popular, municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, y el de Nazaret Bautista Lara, de 15 años, estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo.
La tarde del 1 de enero Camila salió a tronar cuetes cuando fue secuestrada por Marcial “N”, un agente de seguridad privada, quien después de violarla la mató.
Cuatro horas después la policía municipal encontró el cuerpo de Camila cerca de la zona en que fue vista por última vez. Estaba dentro de una caseta policiaca, con la ropa hecha jirones y marcas de asfixia en el cuello.
La muerte de Nazaret ocurrió el pasado martes 24. Su cuerpo fue encontrado en las instalaciones donde estudiaba, dentro de un contenedor de agua pluvial utilizada para el riego del campo agrícola aledaño.
Sus compañeros la vieron por última vez a las 17:00 horas del jueves 19, cuando tuvo contacto con un estudiante del plantel. Las autoridades universitarias reportaron su desaparición al día siguiente.
El primer semestre de 2019 al menos 927 mujeres –58% de ellas menores de 17 años– fueron registradas como desaparecidas en la Ciudad de México y la zona metropolitana, según estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco son los lugares más peligrosos para las mujeres. Por lo que atañe al Estado de México, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la concentración de feminicidios: 108, cometidos en sus 125 municipios y con una densidad de crímenes de 1.08 por cada 100 mil habitantes.
A decir de la SESNSP, Toluca, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Valle de Chalco aparecen en la lista de los municipios del área conurbada más inseguros para las mujeres.

Negro panorama
El martes 24 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en las investigaciones sobre la muerte violenta de alguna mujer, además de realizar las diligencias, las autoridades deben identificar la posible presencia de motivos o razones de género en el ataque.
El máximo tribunal del país instruyó a los Ministerios Públicos para que lleven a cabo peritajes para determinar si los cuerpos de las víctimas tienen signos de defensa y lucha o indicios de maltrato crónico anterior a la muerte.
La instrucción llegó después de que la Primera Sala atrajo el caso de una mujer ultimada por su esposo, quien era policía. El agresor participó en la recaudación de pruebas, en la cadena de custodia y en la protección de evidencia de la escena del crimen. Así, hizo pasar como suicidio por asfixia lo que en realidad fue un feminicidio.
Frente al aumento de las estadísticas de este tipo de delitos, organizaciones dedicadas a observar su evolución y su impacto en la sociedad mexicana sostienen que aún queda un gran trecho por recorrer.
Según ellas, las cifras que manejan los Ministerios Públicos federales no son fiables. De acuerdo con datos del OCNF, sólo 726 (25.6%) de los asesinatos de mujeres fueron investigados como “feminicidios”, mientras que otros 2 mil 107 casos fueron considerados “homicidios dolosos”.
Ese subregistro, señala la organización feminista, sólo será subsanado cuando haya un servicio de peritos y Ministerios Públicos “con perspectiva de género”.

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CDMX: La desaparición de mujeres y niñas “no es prioridad”

Familiares de víctimas de desaparición y defensoras de los derechos humanos denuncian que el gobierno?de Claudia Sheinbaum está “ocultando” y “silenciando” la magnitud del problema en la Ciudad de México, pues, por ejemplo, admite que no sabe cuántos desaparecidos hay en la capital del país. Por lo demás, datos de organizaciones no gubernamentales estiman que las mujeres y las niñas se ubican entre los grupos de la población capitalina más afectados.

CIUDAD DE MÉXICO.- Considerada durante los últimos 10 años como una urbe con escaso índice de desapariciones de personas, la Ciudad de México está sumándose a la lista negra de entidades en donde la tragedia se agudiza, con mujeres y niñas como un sector especialmente vulnerable.
En entrevistas por separado, familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos que las acompañan coinciden: en la Ciudad de México persisten omisiones y fallas que revictimizan y reflejan la falta de mecanismos efectivos de búsqueda, como ocurre en otros estados.
Unos de los casos que desnudan la situación que vive la capital del país son los de Tania Karina Domínguez Morales y Natali Carmona Hernández, cuyas desapariciones ocurrieron en la administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.
Víctor Hugo Aguilar Morales, hermano de Tania, y Aidée Hernández Ávila, madre de Natali, denuncian que los funcionarios de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede), creada el año pasado y dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, carecen de la capacidad para resolver los casos. Ambas personas también lamentan el incipiente esfuerzo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la ciudad (CBPCDMX), creada en junio último.
Chef de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aguilar Morales narra que su familia se involucró de lleno en la búsqueda de Tania Karina, de 38 años, madre de un adolescente. De ella no tiene noticias desde el 28 de julio pasado, cuando salió a convivir con sus amigos en las inmediaciones del tianguis de El Chopo, en la colonia Buenavista.
La familia de Tania Karina decidió esperar al menos un día para recibir noticias de ella, puesto que en su adolescencia solía quedarse con amistades y no avisar. El 30 de julio presentó la denuncia formalmente ante la Fipede. Mediante testimonios se logró reconstruir el día en que Tania desapareció; para ello se fijó en un croquis la ubicación de cámaras de seguridad, localizando a su pareja y a sus exparejas, amigos y conocidos, entre otras personas.
En los primeros 15 días posteriores a su desaparición, los familiares de Tania advirtieron que la única información que había en el expediente era la que habían aportado ellos mismos, y lamentaron el hecho de haberle confiado a la autoridad que la joven tuvo problemas de adicciones en la adolescencia, “porque esa información fue usada como pretexto para no buscarla”.
Pese a haber contado en su momento con el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante la gestión de Luis Raúl González Pérez y de la organización civil Justicia Pro Persona, los familiares de Tania Karina no vieron que la Fipede acelerara sus esfuerzos por investigar y agotar las líneas de investigación que ellos mismos le iban dictando a la autoridad.

Indolencia
Aidée Hernández Ávila perdió la tranquilidad el 27 de enero de 2019 cuando su hija Natali, de 31 años, no regresó de un viaje que realizó a Puebla con su pareja, Víctor Macías Moreno, de 47 años.
Sin el apoyo de la familia de Macías Moreno, quien habría aparecido muerto el 10 de febrero en Puebla, ni de la Fipede, que declinó su competencia en el caso, además del extravío del expediente durante tres meses y sin avances significativos, Hernández Ávila se sumó al colectivo Hasta Encontrarles CDMX. El propósito: presionar a la fiscal Ernestina Godoy para que se retomara el caso.
Aidée explica que cuando le anunciaron que la carpeta de su hija se iba a Puebla, le dijo a la agente del Ministerio Público Cristal Bobadilla que habían localizado a Víctor, pero no a Tania.
Hernández Ávila ahora tiene el respaldo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En entrevista con Proceso, revela que ha recibido “advertencias” de varios conocidos de la pareja de su hija. “Ya no le mueva al agua”, le han dicho.

Datos dispersos
La falta de información confiable que ayude a dimensionar el problema es uno de los retos que enfrenta Fernando Elizondo García, nombrado el 21 de junio último titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, instancia que tiene un presupuesto de sólo 7.3 millones de pesos y 10 personas como equipo de trabajo.
En entrevista con Proceso, Elizondo explica que en la capital del país se generó una narrativa en el sentido de que en esta ciudad no hay desapariciones porque no se han registrado hechos violentos de la magnitud que ocurren en otros estados.
“Hay una dispersión de fuentes y no sabemos cuántos desaparecidos hay”, agrega Elizondo.
De acuerdo con la información más reciente del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta abril de 2018 había 797 casos en la Ciudad de México. De ellos, 747 fueron catalogados del fuero común y 50 del fuero federal, pero esta información no ha sido depurada.
Los registros que se han recibido de Locatel, por ejemplo, es que al día se generan 200 denuncias por desaparición; de ellas, 60% resultan en la aparición de la persona sin que se tenga claridad de qué ocurrió con el resto.
El jueves 5, la Fipede informó que al 20 de agosto se integraron 2 mil 272 carpetas, de las cuales 85% estaban cerradas por localización.
En el caso de la CBPCDMX, del 20 de junio al jueves 12 se registraron 195 casos de desapariciones o no localizados. De ellos, 110 corresponden a hombres: 88 adultos y 11 menores, y 85 a mujeres: 30 menores de edad y 47 adultas. Sin embargo, existen casos en los que no se identificó la edad de las víctimas.
De los 195 reportes de desapariciones, 146 personas siguen sin ser localizadas; de las 49 localizadas, 34 fueron reportadas con vida, ocho sin vida y de siete no se tiene el registro de su situación.
La mitad de los casos que ha registrado la CBPCDMX ocurrieron en 2019, casi 10% se reportó entre 2016 y 2018, mientras que el resto es de 2003 a 2009 y de 2010 a 2015.
“Nos están llegando algunos casos de larga data o que las familias llevan tiempo peregrinando por las instituciones. Son casos complicados o que en su momento la averiguación previa se archivó porque no hubo indicios de delito; estamos haciendo planes de búsqueda individualizada, pero sin partir de cero”, dijo Elizondo.

Opacidad
Las defensoras de los derechos humanos María de la Luz Estrada, Omaira Ochoa Mercado y Mitzi Robles Rodríguez coinciden en que las autoridades de la Ciudad de México han fallado en aportar la información necesaria para dimensionar la magnitud de las desapariciones y el impacto del fenómeno en mujeres y niñas.
Estrada y Ochoa forman parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y de Justicia Pro Persona, respectivamente. Son organizaciones que con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitaron la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México en septiembre de 2017.
Ganaron ante tribunales federales la solicitud contra la que ha litigado la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa.
Ambas defensoras recuerdan que una de las causas de la solicitud era el número de desaparición de mujeres y niñas, pues, de acuerdo con datos oficiales, de enero de 2015 a diciembre último se reportaron 2 mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales 644 seguían sin localizar; 60% de ellas tienen entre cero y 17 años.
El último registro que el OCNF obtuvo de la Fipede refiere que en los primeros seis meses del presente año 927 mujeres y niñas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 492 eran menores de edad. De esa cifra, 279 continuaban sin ser localizadas.
Estrada dice que su experiencia con víctimas las ha ayudado a identificar que varias mujeres han desaparecido al contratarse como modelos o para sesiones de fotografía, y que otros casos se deben a sustracciones en el Metro.
“A partir de los casos registrados en el Metro nos reunimos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su primera reacción fue que ‘era un tema político para desacreditar a su gobierno’. Le dimos datos de los casos que tuvimos y le pedimos que hiciera cruces con las desapariciones de mujeres que tenían registrados. Hasta ahora no nos ha dado la información. Ella sabe que el tema es grave y por eso emitió una alerta de violencia de género por violencia sexual; en tanto, el litigio de nosotras con Conavim sigue.”
Para Omaira Ochoa no cabe duda que la desaparición de mujeres “no es un problema que el gobierno de la ciudad esté viendo como una prioridad”. Destaca que Justicia Pro Persona recibe todos los días llamadas de auxilio de familiares de mujeres desaparecidas.
Contrariamente al gobierno capitalino, considera Ochoa, las redes sociales han roto el silencio de las autoridades, pues han puesto en evidencia que “es un tema urgente de atender, no sólo por el número, sino por las implicaciones de estar en la zona dorada de la trata, que abarca Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México”.
Mediante el monitoreo de fichas de desaparición, el colectivo ha podido establecer que las alcaldías con más casos, sobre todo de adolescentes, son Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. No obstante, se trata de datos que no han podido ser sistematizados, ante la negativa de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a precisar cuántos casos se han desactivado por localización.

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Riesgo de descarrilamientos en tierras ejidales

El proyecto clave del presidente López Obrador para el sureste, el Tren Maya, enfrenta dificultades en aspectos básicos, como los terrenos que cruzará. Las negociaciones con los propietarios. Autoridades ejidales entrevistadas por Proceso manifiestan desacuerdos y dudas respecto de la propuesta del gobierno federal de convertirlos en “socios” de los polos de desarrollo, a cambio de que aporten sus tierras. Entre otras cosas, dicen no tener la certeza de la forma y la cuantía de los beneficios que obtendrían los campesinos.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya necesita tierras: además de los 20 metros en ambos lados de los mil 425 kilómetros de vía, el megaproyecto requiere mil hectáreas alrededor de las 18 estaciones esparcidas en el recorrido del tren, donde se planea erigir nuevas ciudades turísticas y comerciales para cerca de 50 mil personas.
Para conseguirlo, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se ha reunido en privado en los últimos meses con comisarios ejidales de la Península de Yucatán.
En varios encuentros, el funcionario se percató de que las negociaciones no resultarán sencillas: algunos ejidos le impusieron condiciones para autorizar el tren y expresaron desconfianza hacia el modelo de fideicomisos que el Fonatur pretende aplicar para los desarrollos inmobiliarios, en los cuales los ejidatarios pondrían sus tierras mientras que los inversionistas aportarían capital.
En el municipio de Bacalar, ubicado a 20 kilómetros de Chetumal, en el sur de Quintana Roo, Jiménez Pons se topó con el comisario ejidal Luis Chimal Balam, quien le advirtió que el gobierno federal deberá resolver dos problemas del ejido si quiere que el Tren Maya tenga una estación en esta zona, entre otras condiciones.

Contaminación
Los 165 ejidatarios de este municipio de 11 mil habitantes –cuyo atractivo turístico, la laguna de “siete colores”, padece un alto grado de contaminación– buscan recuperar parte de las tierras que les fueron expropiadas hace cinco décadas, además de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les permita explotar una zona arqueológica o los indemnice.
En entrevista con Proceso, Chimal, un campesino maya de 56 años, dice que el problema de las tierras de Bacalar se remonta a 1971, cuando el gobierno de Quintana Roo solicitó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que le entregara por decreto 354 hectáreas ubicadas en la orilla de la laguna; las “mejores tierras que tenemos”.
Cuatro décadas después, esta zona se encuentra cubierta por casas y hoteles de lujo, cuyo valor se cuadruplicó a raíz de la consolidación del turismo, desde hace 10 años hasta la fecha. “Ningún ejidatario tiene siquiera un metro de tierra ahí; puro funcionario, puro político”, se queja el entrevistado.
En 2014 el ejido interpuso una demanda para recuperar parte de estas tierras, pues afirma que el acta que concretó la cesión no tenía validez legal, que el ejido “nunca recibió una indemnización” y que las tierras fueron expropiadas “mañosamente”. La propuesta del ejido consiste en respetar “todo lo que tiene casa” y recuperar “todo lo que está en breñas”.
La asamblea ejidal de Bacalar se reunió el pasado 1 de diciembre para platicar sobre el Tren Maya. Decidió que “lo más primordial es que el gobierno federal resuelva las 354 hectáreas y que se abra la zona arqueológica; así sí firmamos el Tren Maya; si no, no firmamos”, sentencia Chimal.

Destino turístico de lujo
En la última década, la zona costera de Tulum se consolidó como un destino turístico de lujo para una clientela extranjera y adinerada. Cientos de hoteles y tiendas exclusivas privatizaron y cerraron kilómetros de la playa caribeña hasta el interior de la reserva de la biósfera de Sian Ka’an.
A la par, los precios inmobiliarios se dispararon –incluso las recién estrenadas viviendas del Infonavit rebasan los 400 mil pesos–, los rellenos sanitarios se desbordaron y surgieron varios grupos criminales para vender drogas a los turistas, lo cual detonó los homicidios e impuso la práctica del cobro de piso y la extorsión.
Este municipio es clave en el proyecto del Tren Maya: conecta la ruta de Yucatán con Quintana Roo y es el punto de partida de la ruta turística que pasa por Playa del Carmen y Cancún, de la que el Fonatur espera grandes ganancias. Sin embargo, Tulum se convirtió en un rompecabezas para Jiménez Pons: las tierras donde pensaba edificar la estación y su “polo de desarrollo” ya tienen dueños. Y son muchos.
En el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los ejidatarios de Tulum –descendientes de las familias fundadoras que huyeron de Yucatán durante la Guerra de Castas– “cortaron” y repartieron parte de sus 22 mil hectáreas de tierras, que vendieron a particulares con el paso de los años.
Actualmente los 119 ejidatarios de Tulum tienen cerca de 10 mil hectáreas de tierra, sobre todo en el sur y poniente del municipio; las 12 mil restantes fueron fragmentadas y muchas de ellas vendidas durante el auge inmobiliario en la zona.
A principios del pasado septiembre don Nicacio Canché, comisario ejidal de Tulum, desplegó el plano del catastro ejidal ante Jiménez Pons; en él se observaban miles de parcelas fragmentadas con una superficie 20 veces más vasta que la cabecera municipal.
Tras un breve vistazo, el funcionario preguntó: “¿Todo este monstruo tiene documentos?”.
Canché le contestó que sí, todas las parcelas tenían papeles. De manera abrupta, Jiménez Pons se levantó de la mesa y soltó, enojado: “Pues entonces no va a haber tren”. Sorprendido, Canché le preguntó por qué. “Porque ustedes tienen un monstruo en su ejido y tú no sabes qué es esto”, le contestó el funcionario. Sin más, se levantó y salió de la casa ejidal.
“Nosotros estamos de acuerdo con el Tren Maya, pero llega y me dice, solamente al mirar nuestro plano, que no hay tren; pues no pasa nada. Como a los dos meses regresa el ingeniero Rodolfo Galindo y me ha pedido mis documentaciones. Él tiene mucha paciencia, pero nunca me dijo si dentro del ejido va a haber una estación de tren.”
Canché es nieto de uno de los hombres que huyó de la guerra de castas en Yucatán, se asentó aquí y fundó Tulum. Heredó tierras en la zona costera y opera un pequeño hotel en la reserva de la biósfera; de hecho, en las negociaciones sobre las tierras del Tren Maya, dice que planteó al gobierno federal que le “agilice” el ingreso de ciertos insumos a la reserva.

“Polos de desarrollo”
Aparte, el comisario ve con suspicacia el modelo que ofrece el Fonatur para desarrollar los “polos de desarrollo”. No entiende de qué manera hacerse socio a través de fideicomisos beneficiaría al ejido: “Para nosotros es mejor que, si quieren estas tierras, se las podemos vender y ya. Ellos podrían hacer su proyecto como a ellos les gusta.
“Nos dicen: ustedes dan las tierras, nosotros construimos las viviendas y las calles, porque el tren se estaciona por aquí. Nos mostraron en un video cómo son los modelos de la casa, hay lugar con bicicletas y todo. Es un proyecto muy bonito, son bastantes casas. A mí me dijo Pablo Carreaga (el enlace de Fonatur en Quintana Roo) que podemos ser socios. Pero yo le dije que yo no puedo ser socio de este tren ni los ejidatarios, porque si el día de mañana cambia la administración, la nueva va a pensar otras cosas.”
Otro factor es el de la administración federal, dice Canché: “Le pregunto: ¿En cuánto tiempo sale el señor presidente? En este caso ahorita vamos un año, a los dos o tres años puede ser que el tren esté funcionando. Entonces al presidente le quedarán tres años (…) ¿Qué va a pasar cuando termine su administración? ¿Será que otro va a llevar el mismo camino?
“Por esto le dije a Carreaga: no quiero ser socio del tren, porque van a llegar y me van a decir ‘ya no eres socio’. Y me buscarán lo más pequeñito de esto para sacarme como socio en esta agrupación.”
Sostiene que el gobierno “tiene que indemnizar por la tierra que va a afectar… Pero también nos han comentado que nos quiere hacer socios del proyecto, pero no sabemos cómo nos puede beneficiar a nosotros como socios. ¿Socios, como que nosotros estaríamos dando la tierra? ¿Pero a cambio de qué? Sólo nos dijeron que el gobierno no puede indemnizar por las tierras”.

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Así se aprobaron los recortes al campo

Como advirtió desde que era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador impuso a través de los diputados morenistas un bloqueo presupuestal a las organizaciones campesinas, a las que considera intermediarias entre los programas sociales y los productores. El gobierno federal justificó el cambio de las políticas agrarias con un análisis sobre la ineficiencia de los anteriores mecanismos de financiamiento al campo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La parálisis legislativa, motivada entre varios factores por las organizaciones campesinas que se plantaron en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, manchó el ambiente de las fiestas revolucionarias con un conflicto que retrasó la aprobación del presupuesto federal para 2020.
De manera inédita, las organizaciones Antorcha Campesina, Frente Amplio Campesino (FAC), Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Congreso Agrario Permanente (CAP), superaron sus diferencias históricas al menos unos días, para exigir a los diputados una reasignación de los presupuestos que por su conducto se destinaban al campo a través de programas federales que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no contempló.
Desde el periodo de transición, como presidente electo, López Obrador advirtió que en su gobierno se terminarían los intermediarios, de manera que organizaciones sociales y, en general, de la sociedad civil, ya no recibirían fondos federales porque el gobierno los entregaría directamente a los beneficiarios.

Se acabaron los intermediarios
El 22 de septiembre de 2018, ya con constancia de mayoría y una actividad frenética que parecía adelantar el ejercicio de gobierno, el mandatario reiteró lo que venía diciendo desde la campaña: “Se acabaron los intermediarios, nada de que vengo de la Antorcha Mundial… habrá apoyos directos con tarjeta, ya no vamos a requerir a los intermediarios”.
En el primer trimestre de gobierno, sobre todo al calor de polémicas por la cancelación de recursos para estancias infantiles, expuso que los recursos se quedaban en gran parte en los intermediarios y no llegaban a los beneficiarios últimos. Su solución sería reducir el número de programas, crear nuevos padrones de beneficiarios y entregar apoyos bancarizados directamente de la Tesorería de la Federación a cada destinatario.
A esa medida se sumó un adelgazamiento administrativo que, de 150 programas existentes hasta 2018, se redujeron a siete, con la idea de la austeridad y, en el caso concreto de las políticas agropecuarias, de evitar la dispersión de recursos y con eso ampliar la cantidad de beneficiarios.
Esas medidas se habían perfilado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y los efectos se empezaron a percibir para las organizaciones campesinas a lo largo del año, por lo que en diferentes entidades federativas, e incluso en la Ciudad de México, marcharon en demanda de fondos.
La segunda semana de agosto las organizaciones campesinas expresaron su inconformidad: el día 8 la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) marchó al Zócalo; el 9 lo hizo la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas. En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó movilizaciones prácticamente cada mes desde noviembre de 2018.
El reclamo, planteado en diferentes términos, era básicamente un incremento presupuestal para atención al campo.
Nunca todas esas organizaciones, de distinta orientación política, se habían sumado para reclamarle a un gobierno su abandono, como ocurrió desde el domingo 10, cuando iniciaron el cerco a San Lázaro para convertirse en el segundo movimiento, en apenas tres meses, con capacidad de paralizar al Legislativo y obligarlo a cambiar su sede, luego de que en septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hiciera lo mismo por la reforma educativa.

Historiales, influencia y cerco
Las dos organizaciones con mayor presencia y resistencia en el cerco a San Lázaro son históricamente antagónicas: Antorcha Campesina, de ascendente y filiación priista, y la coalición de organizaciones integradas en el FAC, más relacionado con las izquierdas partidistas que en 2018 apoyaron la candidatura de López Obrador.
Antorcha Campesina ha logrado acumular ingentes recursos, no sólo por los subsidios que gestionaba, sino también porque desarrolla actividades empresariales que van desde gasolinerías, hoteles, restaurantes, universidades y, naturalmente, cuotas de poder concedidas por el PRI, que le permiten tener representación legislativa y control de ayuntamientos en varias entidades federativas. Incluso tiene tres diputados federales: Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Campos Córdova y Eleusis Córdova Morán.
Los antorchistas, bajo el liderazgo de Aquiles Córdova, poseen al menos 40 estaciones de servicio en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México; las universidades privadas Centro Universitario Chimalhuacán y Centro Universitario Tlacaélel; incursionan en obra pública con la constructora Acabados Arquitectónicos Frank, que en el recuento más reciente realizado por Noticieros Televisa obtuvo mil 567 pequeñas obras de infraestructura en las zonas donde tiene presencia territorial: es decir, consiguió obras para sus agremiados y los contratos para construirlas.
El FAC, como también lo hicieron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón, apoyó a López Obrador en 2018. De hecho, la situación del FAC y estas dos últimas organizaciones motivaron divisiones en la bancada de Morena y sus aliados, aunque finalmente fueron superadas.
Proceso obtuvo copia del documento base de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, en el que, a partir de un análisis de los últimos 16 años, concluye que urge el cambio en las políticas.
El documento, que incluye las expectativas de las organizaciones campesinas para refutarlas, se titula Reflexiones sobre el Proyecto de Presupuesto de 2020 para el Campo Mexicano. En su tercer apartado, “Razones para el cambio de política en el campo”, justifica la decisión de recortar programas.
El análisis contempla de 2003 a 2018. Por ejemplo, a partir de una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria fechada en 2006, señala que dos de cada tres personas habían recibido un solo apoyo o ninguno, de manera que no tenía sentido mantener su estructura.
En el segundo punto, basado en estudios de Coneval y de Sagarpa, se afirma que “la influencia y poder de diversos actores” concentraba los apoyos en la atención “de sus intereses y agrupaciones”, por lo que al contrastarse con otras mediciones, no sirvieron para mejorar las condiciones de vida de la población objetivo.
Con estudios de Sagarpa, Coneval y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el documento establece que 80% de los proyectos productivos en esos 16 años superaron los tres años de permanencia; como en el caso anterior, advierte que ningún programa mejoró la calidad de vida ni la productividad de los beneficiarios.
El cuarto punto se fundamenta en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Coneval, que “observan la alta concentración de los subsidios productivos y de financiamiento”.
El estudio establece que en zonas de Muy Alta Marginación se invertían en promedio 5 mil 483 pesos por persona, mientras que en municipios de Baja Marginación, es decir, los más ricos, el apoyo promediaba 43 mil pesos.
El documento destaca que la mayoría de los recursos estaban destinados a bienes privados y no a bienes públicos: dejaba sin infraestructura y servicios a las comunidades, pero beneficiaba a un gran productor. También advierte que las reglas de operación fueron barreras para los campesinos más pobres.

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A García Harfuch no le pesan las sombras de su abuelo o de su padre

Omar Hamid García Harfuch asegura que “no le pesa” ese oscuro pasado familiar porque, simplemente, no lo vivió ni influyó para obtener el cargo que hoy ostenta. De hecho, rechaza toda clase de represión y tortura como método contra la inseguridad y violencia en la ciudad y el país. Por el contrario, destaca la disciplina, el patriotismo y el “amor por México” que aprendió de su línea paterna.

CIUDAD DE MÉXICO.- La estirpe de sus ancestros por la vía paterna marca a Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México: su abuelo, el general Marcelino García Barragán, fue jefe del Ejército en 1968; su padre, Javier García Paniagua, estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante la Guerra Sucia y fue jefe de la policía del Departamento del Distrito Federal en 1988.
En entrevista con Proceso, García Harfuch asegura que “no le pesa” ese oscuro pasado familiar porque, simplemente, no lo vivió ni influyó para obtener el cargo que hoy ostenta. De hecho, rechaza toda clase de represión y tortura como método contra la inseguridad y violencia en la ciudad y el país. Por el contrario, destaca la disciplina, el patriotismo y el “amor por México” que aprendió de su línea paterna.
“El Tigre”, García Barragán
A Marcelino García Barragán le decían El Tigre o El General. Nació el 31 de mayo de 1895 en El Aguacate, Cuautitlán, Jalisco. A los 18 años se enroló como soldado en la Revolución en las tropas de Francisco Villa en Chihuahua, y en 1920 ingresó al Colegio Militar.
Combatiente en la Guerra Cristera, ocupó jefaturas del Ejército en distintos estados. De 1940 a 1942 dirigió el Colegio Militar, donde permitió “tradiciones” de bienvenida a los cadetes como envolverlos en alfombras o colchones viejos y lanzarlos a la alberca de agua helada, sin importar si sabían nadar.
Gobernó Jalisco de 1943 a 1947. En 1960, Adolfo López Mateos lo reincorporó al Ejército como jefe de la zona militar en Toluca y Querétaro. En 1964 Gustavo Díaz Ordaz lo puso al frente de la Sedena. Integrantes del Comité 68 lo señalaron como uno de los responsables de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.
En su libro Parte de Guerra. Tlatelolco 1968 (Editorial Nuevo Siglo Aguilar, 1999), Julio Scherer García, director fundador de Proceso, y el escritor Carlos Monsiváis revelan que García Barragán responsabilizó al general Luis Gutiérrez Oropeza, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, de colocar, sin su consentimiento, a 10 francotiradores vestidos de civil en los edificios con la orden de disparar contra los estudiantes y soldados que estaban en la plaza en el mitin de aquella tarde.
Tras la matanza García Barragán se retiró de las Fuerzas Armadas, aunque en los setenta influyó en los nombramientos de generales que participaron en la Guerra Sucia. Murió de cáncer en el Hospital Militar el 3 de septiembre de 1979. Tenía 84 años.
Para el nieto del Tigre, el 2 de octubre de 1968 “es una fecha sumamente dolorosa. Más que la fecha, lo que sucedió. Los hechos, jóvenes con ideales reales. Y es inaceptable, por supuesto, cualquier tipo de represión del gobierno, que no necesariamente podemos culpar al Ejército, como lo documentan en varios libros, no sólo la responsabilidad fue del Ejército… La historia se conoce y creo que no hay una sola persona en este país que pueda sentirse cómodo con lo que pasó ese día”.
Lo ocurrido hace 51 años representa, para García Harfuch, “profunda tristeza como ciudadano, pero como autoridad (nos toca) asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. La responsabilidad de las personas que estamos en un puesto de autoridad como éste, donde hay involucradas fuerzas del orden, es que no vuelva a ocurrir ningún tipo de represión en nuestro país”.

Casi presidente, García Paniagua
Javier García Paniagua siempre estuvo cerca del poder, como político y funcionario; incluso se quedó en la línea para ser candidato presidencial del PRI en 1981. Un año después nació su hijo Omar Hamid.
Jalisciense como su padre, García Paniagua nació el 13 de febrero de 1935 y creció con el ejemplo militar. Conocedor del ramo agropecuario, se desempeñó en varias empresas públicas, fue gerente de la Mutualidad del Seguro Agrícola en Colima y gerente del Banco Regional Agrícola Michoacano. Militante del PRI, fue senador de 1970 a 1976 y delegado en 15 estados.
Dirigió la DFS, conocida como la policía política del Estado, encargada de la Guerra Sucia en los setenta y caracterizada por la persecución política y las desapariciones forzadas. En 1978 fue subsecretario de Gobernación, donde se hizo acompañar de Miguel Nazar Haro, creador de la temible Brigada Blanca, perseguidora de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Entre 1980 y 1981 fue secretario de la Reforma Agraria; presidente nacional del PRI y secretario del Trabajo y Previsión Social. Entre la “mano dura” de García Paniagua y la experiencia financiera de Miguel de la Madrid, José López Portillo prefirió a éste como candidato presidencial.
Siete años después, en 1988, por invitación del presidente Carlos Salinas de Gortari, el regente Manuel Camacho nombró a García Paniagua titular de la Secretaría de Protección y Vialidad en el Departamento del Distrito Federal; de inmediato llamó a su lado a Nazar Haro. Los entonces asambleístas Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra se opusieron a la designación. El 24 de noviembre de 1998, a los 63 años, García Paniagua murió de un infarto en Guadalajara. Su hijo Omar Hamid tenía 16 años.

“Tortura es ilegal e inútil”
El actual jefe de la policía de la Ciudad de México cree que su padre no lo habría imaginado en el mismo puesto que él ocupó 31 años atrás. Cuando eso pasó, Omar Hamid tenía sólo seis años, corta edad para entender cómo funcionaba la policía en aquel entonces.
Dice: “Hay cosas que no conozco. Sé más de la carrera política de mi padre que de cuando ocupó dos puestos en la policía, donde no estuvo mucho tiempo porque no era algo que él disfrutara mucho. Sería mentir si digo que me pesa algo que no conozco. Hay cosas de las que no puedo ni siquiera emitir una opinión porque no sé ni cómo trabajaban en esa época”.
–Hay muchos libros sobre el tema… –se le comenta.
–Sí, pero yo nunca escuché de mi papá una aprobación a la tortura, a la represión, sino todo lo contrario. El ejemplo que tengo de mi papá es de preservar el orden, respetar las leyes, amar a México. No tengo el ejemplo contrario donde yo podría emitir una opinión que me avergonzara o que fuera dolorosa para mí.
García Harfuch asegura que en el método de investigación que aplica su equipo de trabajo “no está ni siquiera considerado cualquier método de tortura”. Su proceder, añade, es hacer investigaciones “muy profundas, robusteciendo carpetas de investigación para que cuando sean detenidas las personas, no tengamos que preguntarles absolutamente nada”.
Sobre el hecho de que su padre pudo ser presidente de la República, dice que no recuerda mucho. De hecho, afirma: “nunca me habló de la posibilidad de ser candidato. Nunca. Si bien era muy cariñoso con nosotros, también era enérgico y estricto. Era un hombre muy reservado”.
–¿Sí era de mano dura?
–Aunque mucha gente no lo sepa, era un hombre sumamente generoso. Sí era duro, estricto. Pero el mayor ejemplo que vi de mi papá lo resumo en generosidad. Definitivamente. Un hombre con una sensibilidad social muy aguda y con un amor a México que pocas veces se ve. Le tocó un México complicado, de mucha inestabilidad en ciertos rubros de la seguridad.
–¿Le pesa la historia familiar?
–No. Yo tengo una ventaja: cuando entré a la Policía Federal ni quien preguntara por mi papá, porque nadie sabía quién era. Cuando me empieza a ir bien y tomo cargos importantes, me dicen: “¡Ah!, es por su papá y por su abuelo”. Cuando entré, mi papá tenía 10 años de fallecido. No veo cómo me ayudara en una generación nueva, donde nadie de la policía había trabajado con él, los mandos eran muy jóvenes. No podía haber influencia de mi papá, mucho menos de mi abuelo.
–Hay quien menciona que tiene la sombra de ambos. ..
–Con mucho respeto a quien opine eso, creo que es una opinión muy injusta. Juzgar nada más por ser hijo o nieto de alguien sí sería complicado.


La de Medina Mora, otra comedia de errores

Eduardo Medina Mora, si bien en su escrito de renuncia (que carece de lugar y fecha, lo que denota precipitación o ligereza) invocó el párrafo tercero del artículo 98 constitucional, no dio cumplimiento a lo mandado por él. La renuncia era omisa; no debió haber sido aceptada por el presidente de la República.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los Estados Unidos de América corre el dicho de que los ministros de la Corte Suprema nunca renuncian y que rara vez se mueren. No hay renuncias; los que acceden a un sitial en ese cuerpo colegiado consideran que es el máximo honor al que pueden aspirar como abogados. En cuanto a la muerte, es preciso reconocer que son longevos.
En México se presenta un fenómeno diferente: los ministros frecuentemente piden licencia, algunas veces renuncian y también ocurre que mueren durante el periodo de su encargo.
En la Suprema Corte de Justicia anterior a 1994 fue frecuente ver que los ministros pidieran licencia para aspirar a una gubernatura; no les daba para más. Hubo excepciones. Uno de ellos llegó a pedirla para ocupar una secretaría general de gobierno de un estado; otro dejó el cargo para investigar un crimen, el de Luis Donaldo Colosio.

Renuncias
Hubo renuncias; una de ellas muy digna, la de don Alberto Vásquez del Mercado, en 1931, en protesta por violaciones a amparos concedidos. Otra, indigna por cierto, la del ministro Ernesto Díaz Infante, acusado de recibir dinero para facilitar la salida de alguien que había sido acusado del delito de homicidio.
Del ministro Eduardo Medina Mora, ahora renunciante, se dijeron muchas cosas, mayormente malas y algunas muy malas. No era para menos. Se ganó el repudio de muchos y, sobre todo, de aquellos que podían decidir respecto de su permanencia en el cargo.
Nunca debió haber llegado al cargo. Fue la frivolidad del presidente Enrique Peña Nieto la que lo llevó a incluirlo en la terna, y la irresponsabilidad del Senado la que permitió su elección.
Cuando se hizo pública la terna, yo fui uno de los que puso en duda la idoneidad de Medina Mora para ocupar el cargo. No lo cuestioné en secreto. Lo hice de manera pública (Proceso 2002, p. 18). Di mis razones. Invoqué la fracción V del artículo 95 constitucional; alegué que el candidato no había residido en el país durante los dos años anteriores a la fecha en que fue propuesto.
La razón de que exista el requisito es evidente: quien ha estado ausente del territorio nacional no puede conocer las leyes, los criterios interpretativos de ellas y el contexto en que se han dado. Eduardo Medina Mora, por su ausencia en razón de ser embajador, no podía conocer y, al parecer, no conoce las leyes de México. Pronto dio muestras de su ignorancia y de los compromisos que lo ataban a la clase gobernante de ese entonces y que ahora precipitaron su salida.
El precepto constitucional no distingue entre ausencias en servicio de la nación y ausencias por otras razones. En el caso era y es aplicable el principio de que cuando la ley no distingue, no debemos distinguir. La prohibición era absoluta e imponible al candidato a ministro. No se podía alegar extraterritorialidad.

Nuevo argumento
Ahora agrego un nuevo argumento: tratándose de prohibiciones, en caso de duda, el intérprete o aplicador más bien debe inclinarse por aquella interpretación que haga efectiva la prohibición, que por la que la desvirtúa o pasa por alto. El renunciante no podía ser propuesto por el presidente de la República ni electo por los senadores.
Eduardo Medina Mora, si bien en su escrito de renuncia (que carece de lugar y fecha, lo que denota precipitación o ligereza) invocó el párrafo tercero del artículo 98 constitucional, no dio cumplimiento a lo mandado por él. La renuncia era omisa; no debió haber sido aceptada por el presidente de la República.
Ciertamente el cargo de ministro es renunciable, pero sólo lo es por causas graves. El precepto, al exigir este requisito, procura evitar que detrás de una renuncia no exista una presión indebida de un poder, legal o extralegal, que orille al funcionario a abandonar el cargo. Todos teníamos derecho a saber las razones que lo llevaron a adoptar una determinación tan grave.
El requisito, como todos los que aparecen en la Constitución Política, también persigue dar certeza y claridad a la acción gubernativa; la ciudadanía en particular y la opinión pública, en general, tienen derecho a saber las razones de la renuncia de un ministro. El presidente de la República y el Senado, con su aceptación y aprobación precipitada violaron ese derecho.
La Constitución Política señala un trámite a seguir para hacer operante una renuncia como la presentada por el ciudadano Medina Mora: el presidente la acepta, en su acepción de recibirla a trámite y darle curso. Es el Senado el que la aprueba o la rechaza.
Si bien el presidente de la República aceptó la renuncia sin que se hubiera cumplido con el mandamiento constitucional, el Senado no podía ser remiso en el cumplimiento de sus obligaciones; debió haber exigido al renunciante, en una comparecencia pública o privada, que hiciera saber de manera clara y terminante cuáles eran las razones que lo orillaron a tomar su grave decisión.
Los senadores no debieron haber aceptado la renuncia mientras tanto no se cumpliera con el mandamiento constitucional y tampoco sumarse a esa comedia de errores. No fueron electos para eso.
Ciertamente el Senado, el presidente de la República y la ciudadanía carecen de facultades o derechos para obligar al ministro Medina Mora a seguir en el cargo, pero todos contamos con el derecho a saber por qué lo deja.
Con la aceptación y aprobación de la renuncia, estamos frente a otro caso en que prevaleció lo político sobre lo jurídico.
Mientras el Senado no había aprobado la renuncia, el licenciado Medina Mora seguía siendo ministro de la Suprema Corte; no podía dejar de presentarse a desempeñar sus funciones y, con su ausencia, desarticular el quórum del pleno y de la sala a la que estaba adscrito, so pena de ser acusado de abandono de empleo o comisión; el presidente de la República no podía hablar de que preparaba la terna de candidatas; y éstas, por su parte, no debían haber iniciado el indebido cabildeo ante los senadores para salir beneficiadas. Estaban urgidas de enterrar al supuesto difunto.
Ante lo hecho cabe preguntarse: ¿la Cuarta Transformación se hará conforme a la Constitución Política, al margen de ella o en contra de lo que su texto dispone?


Inicia el pedregoso camino de la destitución

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio inicio a un proceso que podría resultar en la destitución del presidente Donald Trump, acusado de traición a la patria. El juicio político al mandatario sería posible –aunque los resultados sean inciertos, debido a que los republicanos tienen mayoría en el Senado– gracias a que un “soplón” de los servicios de inteligencia reveló la existencia de una conversación entre el habitante de la Casa Blanca y el presidente ucraniano, a quien el primero pidió ayuda para investigar y desacreditar al posible próximo candidato demócrata: Joe Biden.

WASHINGTON.– Donald Trump está en el banquillo de los acusados. El liderazgo demócrata en el Capitolio lo responsabiliza de traición a la patria y por ello se puso en marcha de inmediato el proceso legislativo de investigación para someterlo a un juicio político.
“Las acciones que el presidente ha tomado hasta la fecha violan seriamente la constitución. Debe ser sometido a la rendición de cuentas; nadie esta por encima de la ley”, sentenció Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes al anunciar el inicio del proceso para juzgar a Trump.
La decisión de Pelosi de enjuiciar a Trump se genera del reporte publicado por el diario The Washington Post el pasado martes 17, sobre una denuncia anónima de que Trump solicitó a un gobierno extranjero interferir en las elecciones presidenciales estadunidenses de 2020.
El denunciante, una o un integrante de los servicios de inteligencia, alertó a sus jefes bajo la condición del anonimato (Whistleblower, se dice en inglés) del presunto abuso de poder por parte de Trump con el fin de reelegirse el 3 de noviembre de 2020.
Acorralado por los reporteros, el jueves 19, Trump admitió haber hablado telefónicamente con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pero negó que hubiese algo ilegal en dicha conversación.
En seguimiento a su propia noticia, el Washington Post precisó que el denunciante cívico (soplón, como también se puede traducir whistleblower), denunció que Trump pidió a Ucrania investigar a Joe Biden.
“Fue una llamada amistosa, adecuada y sin nada ilegal”, admitió Trump el sábado 21, obligado por los cuestionamientos de los reporteros.
Los hechos subsecuentes ocurrieron en cascada. Los demócratas, encabezados por su líder, Pelosi, exigieron Trump y a la Casa Blanca la develación del informe de alerta del soplón y la transcripción de la llamada a Zelensky.
Como era de esperarse la reacción inmediata de Trump fue acusar a los demócratas de una cacería de brujas y hacerse la víctima. Mientras tanto, en el Congreso federal estadunidense aumentaban las voces que pedían enjuiciar políticamente al presidente.
Los reportes periodísticos insistían en que Trump presionó al gobierno de Ucrania para que indagara un presunto caso de corrupción que involucraba a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden –aspirante, éste, a la nominación presidencial demócrata–.
The Washington Post y The New York Times citaban fuentes gubernamentales asegurando que la intención del presidente con la pesquisa en Ucrania era “echarle tierra” a Biden para minar sus posibilidades de ser el candidato presidencial demócrata y su contendiente el 3 de noviembre de 2020.
El lunes 23 por los pasillos del Capitolio corrió como reguero de pólvora la noticia de que Pelosi anunciaría el juicio político contra Trump. El mandatario quiso actuar en consecuencia y anunció en su cuenta de Twitter que el martes 24 liberaría, sin editar, la transcripción de la conversación con Zelensky que se llevó a cabo el pasado 25 de julio.
El Post y el Times reportaron que ocho días antes de la llamada, el 18 de julio, el mandatario estadunidense ordenó al Departamento de Estado y al de Defensa suspender un paquete de asistencia militar a Ucrania por unos 400 millones de dólares.
La decisión fue una estratagema de quid pro quo (me das y te doy) que sería usada por Trump para presionar a su par ucraniano para que cumpliera su deseo de investigar el caso de Biden. El hijo del exvicepresidente demócrata trabajó cinco años como miembro de la junta directiva de una empresa de gas de Ucrania que estaba bajo investigación por corrupción.
Aunque a Hunter Biden nunca se le acusó de corrupción en Ucrania, el Post y el Times reportaban que Trump prometió a Zelensky que si le ayudaba a echarle tierra al exvicepresidente, liberaría el paquete de apoyo militar.
La Casa Blanca desclasificó el contenido de la conversación el martes 24, como lo prometió Trump; no obstante Pelosi y su partido ya habían tomado el camino sin retorno y anunciaron el inicio del juicio político.
En un fragmento de la plática, Trump dice a Zelensky: “(Rudy) Giuliani es un hombre muy respetado; fue alcalde de Nueva York, un gran alcalde, y quiero que él te llame. Que te llame junto con el procurador general (William Barr)… la otra cosa: se habla mucho del hijo de Biden, que Biden paró la investigación y mucha gente desea saber sobre ello; lo que puedas hacer con el procurador general sería grandioso. Biden presumió por ahí que detuvo la investigación, lo que puedas hacer al respecto… suena horrible para mí”.
En este párrafo la líder demócrata encontró lo que deseaba: la evidencia de que Trump solicitaba la intervención de una entidad extranjera para manipular a su favor el proceso electoral estadunidense, ya en marcha, y socavar las aspiraciones y posibilidades de Biden de ser su contrincante.

La acusación
La transcripción desclasificada por la Casa Blanca era más de lo que podían pedir Pelosi y sus correligionarios demócratas. Trump no sólo solicitaba la injerencia foránea al proceso electoral y democrático estadunidense, sino que usaba al fiscal de la nación como su abogado personal para el hecho anticonstitucional, amén de ya contar con los oficios de Giuliani, su representante personal en asuntos legales.
Desoyendo las denuncias del presidente que se hacía la víctima de un “ACOSO PRESIDENCIAL” como lo escribió en Twitter, el jueves 26 el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes comenzó la investigación con miras al juicio que seguirían otros cinco comités involucrados.
A la sesión legislativa fue citado Joseph Maguire, director nacional de Inteligencia interino, para hablar del reporte de alerta redactado por el soplón y que, por intervención de la Casa Blanca, no se entregó al Congreso en su momento.
Minutos antes de que arrancará la audiencia con Maguire como testigo hubo otra bomba: se desclasificó el acta del soplón.
El soplón denuncia otro presunto ilícito que incremente la gravedad del abuso de poder por parte de Trump y expone una violación flagrante a las leyes: la intención de la Casa Blanca de ocultar el audio y la transcripción de la conversación con Zelensky.
“Funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que recibieron la orden de los asesores legales de la Casa Blanca de remover la transcripción electrónica del sistema computarizado en el cual se almacenan dichas transcripciones para su coordinación, finalización y distribución a integrantes del gabinete”, expone el denunciante.


La Estafa Maestra, desde el primer año del gobierno de Peña Nieto

Las fechas de los desvíos presupuestales de la llamada Estafa Maestra en la Sedesol y en la Sedatu muestran que el esquema fraudulento comenzó desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, las irregularidades coinciden con la gestión de Rosario Robles como titular y la de Emilio Zebadúa como oficial mayor de ambas dependencias federales, así como con la intervención de un puñado de empresas, entre ellas dos relacionadas con la exfuncionaria hoy presa, otras firmas fantasmas… Una revisión de las auditorías describe con detalle la ilegal triangulación financiera.

Ciudad de México.- El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.
A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.
El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente ­mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.
La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.
Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías –a las que tuvo acceso este semanario– que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.
Dichas auditorías arrojan indicios de un desvío por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Del total de auditorías, 17 corresponden al periodo de Robles en la Sedesol y las otras ocho al tiempo en que fue titular de la Sedatu. El primer grupo suma 3 mil 178 millones 606 mil 129 pesos y las más abultadas son las identificadas con los números consecutivos de 1636 a 1639, pues suman 701 millones 563 mil pesos.
Estos recursos fueron transferidos a través de convenios con las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Politécnica de Texcoco y Tecnológica de Nezahualcóyotl, localizadas en territorio mexiquense y las cuales a su vez los repartieron a dos empresas que las distribuyeron entre otras más.
En las cuatro auditorías consecutivas que se mencionan, con fecha de presentación del 20 de diciembre de 2017, destaca que esas universidades transfirieron sus recursos a las firmas Integrasoft y Grupo Corporativo Integral Vazme (esta última disuelta en 2016). Éstas depositaron la mayor parte de los recursos a las cuentas de cinco empresas: 163.6 millones a Srevint; 81 millones a Factores y Servicios Humanos; 30.5 millones a Elevait; 20.1 millones a CMA de Servicios Estratégicos, y 12.9 millones a Corporativo Kukmu. En tanto, 10 millones más se repartieron entre tres personas no identificadas.
La ASF encontró que las empresas mencionadas no debieron ser contratadas, ya que desde el convenio entre la Sedesol y las universidades se establecía que éstas tenían capacidad para realizar el objeto de los contratos y no tenían que subcontratar a nadie.
Los montos otorgados a Srevint y Factores y Servicios Humanos son los mayores y dichas empresas han sido señaladas de tener vínculos con la propia Robles (Proceso 2233).
En el trámite para la renta de su departamento en Reforma 222, en la Ciudad de México, la entonces funcionaria se identificó aportando como domicilio uno localizado en Torreón, Coahuila, propiedad de su prima política Susana Islas (accionista de una de las empresas), que a su vez es hermana de Alejandro Islas, accionista de otras dos que, en conjunto, y sólo por este caso, obtuvieron injustificadamente cerca de 245 millones de pesos.
De las dos intermediarias entre las universidades mexiquenses y las empresas que finalmente recibieron los recursos, también sobresale Grupo Corporativo Integral Vazme, fundado por José Andrés Méndez Vázquez y Francisco Javier Damián Alvarado. En aquel tiempo este último se desempeñaba como primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Desvíos de cientos de millones
En Hidalgo se ubica el segundo caso de mayor cuantía encontrado por la ASF. Se trata de los convenios entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo. El monto marcado como irregular en la auditoría D17002 es de 601 millones 658 mil 806 pesos.
En este procedimiento se halló que, además de las instituciones de educación superior utilizadas en el esquema fraudulento, éste se amplió a la contratación de entes estatales de comunicación social, que repetían el esquema: hacían convenios con la Sedesol y contrataban compañías que a su vez subcontrataban a otras, algunas de las cuales resultaron ser empresas fantasmas.
Radio y Televisión de Hidalgo contrató a 21 empresas para ejercer el monto convenido con la Sedesol, a fin de realizar campañas publicitarias sin sujetarse a la normatividad. El ente estatal pagó por servicios que no se comprobaron o ya se habían obtenido. Al menos cinco de las empresas favorecidas no tenían otra actividad y sus domicilios no corresponden al asentado en su trámite fiscal.
Este esquema de defraudación se reprodujo en la Sedatu. Con las ocho auditorías a partir de las cuales se abrió el expediente de la FGR suman mil 726 millones 364 mil 268 pesos defraudados en esa dependencia durante la gestión de Robles.
El caso que involucra el mayor monto de esa carpeta de investigación ­corresponde a los 450 millones que se le entregaron mediante un convenio al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
La denuncia por ese caso se fundó en la auditoría 1791-DSGF, que se destinó a proyectos de difusión y publicidad en los que, a decir de la ASF, se transfirieron recursos a las cuentas de las empresas Publicidad Natnit, Desarrollo Publicitario ADp, Agatha Líderes Especializados y Servicios NLMK, entre otras.
Las mismas compañías aparecen prácticamente en todas las auditorías a los ejercicios presupuestales en comunicación social donde se detectaron desvíos.


La oscilación del discurso

El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es su discurso. Si hipotéticamente mañana se viera obligado a callar, su poder se evaporaría de inmediato. En sus palabras reside la capacidad que tiene de influir, de modificar mentalidades, de provocar los pensamientos, las actitudes, las opiniones, la ideología; en fin, la conciencia de sus gobernados.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene obsesión con las palabras y por ello el discurso es su principal herramienta política. A diferencia de otros, él no acumuló poder a partir del dinero, las relaciones, las propiedades o los conocimientos: Andrés Manuel López Obrador le debe prácticamente todo a su discurso.
Suele decir que la honestidad es hoy un acto radical, en oposición a la falsedad que se nos había vuelto, al menos en la política, un lugar común.
Honestidad con los recursos públicos, pero sobre todo con el arco que reúne a las palabras con los actos.
Por eso la campaña de promoción alrededor de su primer informe de gobierno borda sobre la consistencia entre lo que prometió y lo que como gobernante estaría cumpliendo.
Es ingenuo afirmar que en estos pocos meses de su mandato se haya transformado al país, pero nadie podría escatimar el logro de haber revolucionado los términos del debate público.
El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es su discurso. Si hipotéticamente mañana se viera obligado a callar, su poder se evaporaría de inmediato. En sus palabras reside la capacidad que tiene de influir, de modificar mentalidades, de provocar los pensamientos, las actitudes, las opiniones, la ideología; en fin, la conciencia de sus gobernados.
Sus palabras son más importantes que las leyes que promueve, que las políticas públicas impulsadas, tienen más impacto que sus actos concretos de gobierno.
Los símbolos bíblicos le son próximos y por ello sabe que el discurso no sólo reproduce, sino también reinventa la realidad. La socióloga Estela Serret añadiría que la realidad se produce una y otra vez por mediación de las palabras.

Discurso
El discurso de Andrés Manuel López Obrador oscila, casi en simetría, entre dos polos opuestos: por un lado, el de la guerra por ganar la interpretación de los hechos y, por el otro, en el argumento de un país incluyente.
Ese viaje discursivo, aparentemente contradictorio, descarrila con frecuencia el entendimiento. El día que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia pronunció un discurso memorable sobre un gobierno para todas las personas. Sin embargo, no transcurrió demasiado tiempo para que volviera a separar a las personas entre privilegiados y desposeídos, liberales y conservadores, neoliberales y juaristas, en fin, entre chairos y fifís.
Esta oscilación es la esencia fundamental del discurso lopezobradorista, o más precisamente, de la realidad que López Obrador recoge y luego reproduce.
México es un país dividido que aspira a no serlo y el discurso presidencial no está dispuesto a negar la obvia realidad, pero tampoco quiere impedir la consecución de tan legítima aspiración.
Quienes lo observamos discursar nos sentimos todo el tiempo aludidos por los extremos de su narrativa. Enfada sentirse interpelado por sus trazos divisorios, que algunas veces pecan de arbitrariedad, pero también reconforta cuando el presidente se coloca por encima de las fracturas.
Una clave para comprender su estilo personal de discursar sería comprender cuándo y por qué se remite a un polo o al otro en el uso de su lenguaje.
Andrés Manuel López Obrador es un hombre de izquierda, hasta en el más remoto de sus ademanes: es oposición, aunque esté en el poder; es resistencia, aunque desde Palacio Nacional podría ya relajarse; es radical, aunque tenga a la mayoría de su lado; es provocador, aunque la banda presidencial habría de moderarlo.
En su concepción de las cosas el poder siempre está en pugna, jamás se asienta, se estabiliza, se armoniza. El poder es batalla, es confrontación, es desequilibrio. Su retórica parte de esa realidad: ingresa al campo en disputa con sus palabras, organiza su pensamiento con una narrativa que reconoce las diferencias, las oposiciones y la contradicción.
Su discurso sirve para organizar, seleccionar, apartar, jerarquizar. Como diría Michael Foucault, es su táctica para lidiar con aquellas relaciones humanas que hacen tracción en direcciones adversas.
Por ejemplo, López Obrador tiene como argumento favorito limitar las pretensiones de los privilegiados. El presidente guillotina con las palabras a los representantes del antiguo régimen. Se esmera acusando al monarca en desgracia por sus silencios previos, por su desinterés, por su vacuidad, por sus frivolidades.
Sin importarle a quién pueda quedarle el saco, crea con las palabras ambientes adversos a la narrativa del privilegiado. La nombra cuanto puede, se burla de los manierismos, de las modas, de las obsesiones de aquellos que viven en el penthouse social.
Andrés Manuel López Obrador quiere que nada de lo anterior sobreviva intocado. Sobre todo, aquello que durante demasiado tiempo oprimió, marginó y excluyó a los desposeídos.

Discurso disciplinario
En este sentido puede decirse que el discurso del presidente es esencialmente disciplinario. Castiga cuanto puede con las palabras, reclama por las omisiones y también por las acciones inmorales. Salvo excepciones, elude mencionar nombres. Es su convicción que hay responsabilidades individuales en el desastre de país, pero prefiere –otra vez con ecos materialistas– repudiar las prácticas políticas normalizadas de corrupción, impunidad y abuso de poder.
Aún si el discurso presidencial se nos ha vuelto narrativa dominante, el poder en una sociedad como la mexicana no descansa en una sola persona. No importa cuanto de lo público gire alrededor del micrófono presidencial, en la realidad el poder está diseminado en miles de enclaves donde aún continúa reproduciéndose la tonada del viejo régimen.
No es verdad que el poder económico y el poder político ya tengan en México­ una jurisdicción distinta, tampoco que el poder criminal y los gobiernos se hayan por fin divorciado, mucho menos que los nuevos actores puedan distinguirse nítidamente de los anteriores.
El país ha cambiado en los términos de su debate, pero aún se debate agresivamente por los términos que prevalecerán. Diría Montaigne que nos encontramos en una época en que la interpretación de la interpretación es más importante que la mera interpretación de las cosas.
Un ejemplo magnificado de esta disputa por los términos se da hoy en la interpretación de la ley. Para López Obrador no hay duda: si su gobierno tiene que elegir entre la ley y la justicia deberá inclinarse por la segunda. Esta instrucción la repite todo lo que puede cuando está con sus subordinados.
En esto también se aparta de sus antecesores, más legalistas que justicieros. El problema surge cuando, producto del choque provocado por los discursos en pugna, cabe que terminen estallando aquellas instituciones responsables de administrar, a la vez, la ley y la justicia.
Un ejemplo palmario de esta batalla sobre la interpretación de la ley lo ofrece el pleito a propósito del cierre del aeropuerto de Texcoco y la construcción de las nuevas pistas en Santa Lucía.
Quizá nada, hasta hora, ha sido más emblemático del antagonismo entre narrativas que ese mentado aeropuerto. Una infraestructura que no se reubicó, probablemente, por razones técnicas ni de corrupción, sino como elemento máximo de la corona ostentada por el nuevo discursante.
La cancelación del NAIM no tuvo otro propósito que dotar de significado a la naciente retórica presidencial. Esa narrativa, administrada en el momento justo –antes de ascender al trono–, enfureció a quienes tenía que enfurecer y contagió a quienes esperaba conmover.  Salió caro a todos los mexicanos, pero, cabe repetir, no es el dinero, sino el discurso, el capital principal con el que López Obrador ha hecho política.
Después de esa señal tan ostentosa han desfilado muchos otros signos emparentados: una refinería en Tabasco que será un pésimo negocio nacional, pero permitirá derramar empleos para esa entidad; 100 universidades para jóvenes descartados por la educación pública superior; becas para quienes, por su poca edad, no estaban participando en la construcción de su futuro; la conversión de Los Pinos en un parque popular; la desaparición del Estado Mayor Presidencial, y así un etcétera de políticas y acciones que respaldan un discurso destinado a transformar realidades.
El otro polo del discurso lopezobradorista es el que apuesta por la inclusión. Cinco de cada 10 adultos mexicanos confiesan estar al pendiente, las mañanas, de la conferencia presidencial. Estaríamos hablando de por lo menos 40 millones de almas que cotidianamente atienden el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

Debate público
Este logro es la prueba más contundente de que el presidente cambió los términos del debate público. México no es un país donde la mayoría soliera ocuparse de los asuntos políticos. Muy al contrario, la religión y la política eran cuestiones que debían apartarse para no pelear.
Según sondeos, como el Latinobarómetro, ocho de cada 10 mexicanos se veían al margen de las principales discusiones sobre el poder. Esta cifra que todavía era válida hace seis años, ha quedado atrás. Ocurrió así por la crisis de violencia y corrupción que aún prevalece, pero también porque el discurso del actual presidente se esmeró en salir al encuentro de las mayorías.
Siete de cada 10 habitantes de México aprueban la gestión de Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente porque coinciden con su discurso, con su narrativa de las cosas, con su capacidad para confrontar, reinventar y al final reunir la realidad.
Se quejan los historiadores más académicos del abuso que hace el presidente respecto a las metáforas y las anécdotas del pasado. Y es que, en efecto, cita sin discriminación episodios, sobre todo del siglo XIX, de la historia nacional.
Pero son esas metáforas, distantes en el tiempo, las que mejor servicio le prestan al discurso lopezobradorista cuando quiere señalar los elementos que fracturan y desigualan a México, desde su fundación, para luego insistir con aquello que podría significar la retórica de un horizonte compartido.


La de Rosario, una vida política de bandazos

La vida política de Rosario Robles ha sido un péndulo: activista en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), militó después en la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, de corte maoísta, de la que pasó abruptamente a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, quien encabezaba la Corriente Democrática del PRI. Vino luego su paso por el gobierno del Distrito Federal y su militancia en el PRD, que llegó a presidir, así como un impasse de algunos años para finalmente colarse en el gabinete de Enrique Peña Nieto, desde donde se habría prestado para desviar 5 mil millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 17 años Rosario Robles Berlanga ya era reconocida por su discurso de izquierda bien armado y estructurado. Su ideología, que después se identificó como de izquierda maoísta, sobresalía cada vez que participaba en las asambleas de la UNAM.
Pero desde aquellos años en los que militó en la izquierda y formó los Comités de Desarrollo Popular en el norte del país –como parte de los proyectos de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM)–, y luego, cuando fue presidenta del PRD, las cosas han cambiado. Hoy enfrenta en tribunales graves acusaciones de corrupción por el desvío para fines electorales de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas de combate a la pobreza y ha tenido que pedir un amparo para no ser encarcelada.
La vida política de Robles es un péndulo que fue de la izquierda radical –en la que militó en su vida universitaria y sindical–, pasó por una postura más moderada en el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador y terminó apoyando al PRI en el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el cual estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En una entrevista realizada por este reportero en 2002, Julio Moguel, su exesposo y padre de su hija, recordó que en 1987, durante una cena en el departamento del profesor de sociología Óscar Pintado, conoció a Cuauhtémoc Cárdenas y a su hijo Lázaro. A partir de ese encuentro la vida de Robles cambió radicalmente.
Ese año ya se delineaba la fractura del PRI. Pintado, coordinador del Departamento de Sociología de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, pertenecía a la Corriente Crítica priista encabezada por Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
Moguel, profesor de sociología rural en el mismo plantel, contó en esa entrevista a Proceso que su ocurrencia de llevar a la cena a Robles propició el primer encuentro y el inicio de una estrecha relación política con Cárdenas, que la llevaría hasta la dirección nacional del PRD y a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Pasado maoísta
“En el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, Rosario Robles era conocida por sus activas participaciones en las asambleas estudiantiles, junto con su hermano Paco. Era una chavilla que tenía actividad política”, recordaba en aquella entrevista Moguel, quien la conoció en una conferencia que dio en 1973 en ese plantel.
A partir de ese encuentro Robles fue invitada a participar en el grupo Síntesis, que tenía una amplia presencia en las facultades de Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y Filosofía de la UNAM, y que en 1982 formó parte de la OIR-LM, una agrupación de corte maoísta que se separó de Adolfo Orive, futuro asesor de Francisco Labastida en la Secretaría de Gobernación y durante la campaña presidencial de 2000.
Orive estudió el doctorado en economía política en la Universidad de París y ahí se adhirió al maoísmo. Fue fundador y dirigente de Política Popular y de Línea Proletaria durante dos décadas, hasta que en 1976 hubo una ruptura que dio lugar a la OIR-LM.
Gabino Martínez Guzmán, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, reseña en el libro CDP, El Poder del Pueblo la creación de la OIR-LM y sus principales objetivos, y cita entre los integrantes a Robles y Moguel:
“Después del rompimiento con la corriente de Adolfo Orive Bellinger en 1976, los populistas del Comité de Defensa Popular (CDP) andaban huérfanos de teoría. Parecía que el CDP se deslizaba como en un tobogán hacia los brazos del gobierno. Sin embargo, la fundación de la OIR evitó lo que parecía inevitable. Los días 5, 6 y 7 de febrero de 1982 se celebró el congreso de fusión de cuatro pequeñas fuerzas sociales: el Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil Revolucionario (MOCER) de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL) de Monterrey, el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango, y el seccional Ho Chi Minh, del DF.
“El FPTyL y el CDP eran residuos de la corriente de Política Popular que se habían deslindado de la dirección de Adolfo Orive y que en 1978 formaron la coordinadora Línea de Masas. En esas circunstancias nació la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM). Los principales dirigentes eran: por Nuevo León, Alberto Anaya y su esposa; por Zacatecas, José Narro y su esposa; por Durango, Marcos Cruz, Gonzalo Yáñez y Alfonso P. Ríos; por el Distrito Federal, Julio Moguel, Luis Hernández Navarro, Saúl Escobar, Jesús Martín del Campo, Francisco González Gómez, Armando Quintero, Benjamín Hernández Camacho, Rosario Robles y Jorge Issac.”
El mismo autor cita que la línea populista maoísta del CDP y del FPTyL había sido desplazada por el grupo del Distrito Federal. No obstante, había rasgos de esa tendencia ideológica en puntos importantes de los documentos básicos aprobados, entre ellos el objetivo estratégico: “La desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, la abolición de las clases sociales, del Estado y de toda forma de explotación y opresión política, en una palabra: la construcción de una sociedad comunista igualitaria y democrática, cuya etapa de transición será la sociedad socialista de nuestro país”.
Robles entró a la OIR-LM desde el principio, pero ya en 1974, al mismo tiempo que ingresa a la Facultad de Economía de la UNAM, se involucró con el grupo de izquierda popular conocido como Síntesis.
“Cuando se incorpora lo hace primero como activista estudiantil en nuestro grupo, que del 74 al 76 establece algunos vínculos con el movimiento popular más allá de la Universidad”, comentaba Moguel.

La conversión
En aquella entrevista Moguel decía que entre 1985 y 1987 Robles se mantuvo en el activismo universitario; cuando la OIR-LM entró en crisis dejó atrás el maoísmo e influida por el movimiento de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que encabezaba Rafael Galván, cambió su tendencia política por una más moderada.
“Lo que pudimos rescatar de esa experiencia fue el vínculo con la gente; si algo dejó la experiencia de Línea Popular fue la revisión en contra de los grupos especulativos.
Teníamos un chiste que era: ‘Es la hora de cuidar los cochinos’. Significaba que no podíamos llegar a una comunidad a tirar la línea, el rollo, sin haber cuidado a los cochinos. Creíamos mucho en la organización de la gente, éramos muy críticos de los grupos que formaban su célula popular y pasaban felices cinco años tirándole línea a un grupo de cinco campesinos que los escuchaba embelesados. No, nosotros no. Teníamos más la idea de la red social, de la red popular; creíamos en esas cosas y participábamos en los sindicatos, en las huelgas, nos movíamos en la lógica no del núcleo que va a tirar línea, sino del que se liga y se reconvierte en la red. Así fuimos configurando o cambiando nuestra propia lógica organizativa”, recordaba Moguel.
Después de que en 1987 conoció a Cárdenas, el ingeniero les descubre que el nacionalismo tenía una vena de lucha democrática y entonces la pareja Moguel-Robles comienza a colaborar con el cardenismo hasta llegar a la fundación del PRD en 1989.
“La relación es más familiar, directa, estrecha, por la vinculación de Rosario con Adolfo Gilly, principal asesor de Cárdenas y del CEU, que le dio a Rosario un aire mayor en cuanto a su presencia política”, señalaba Moguel.
Pero no fue hasta 1997, cuando Cárdenas Solórzano se convirtió en el primer jefe de Gobierno, que comenzó el ascenso político de Robles, al ocupar la Secretaría de Gobierno.
Dos años después, luego de la renuncia de Cárdenas para lanzarse como candidato presidencial del PRD, Robles ocupo la Jefatura de Gobierno capitalino de septiembre hasta el 5 de diciembre de 2000, cuando le entregó la administración a Andrés Manuel López Obrador, con quien entonces se identificaba.
“Tenemos la misma visión de país y de partido. Me siento muy tranquila porque sé que en esa plataforma, que es estratégica, hay un hombre con ideas muy claras, con convicciones y una claridad de cómo debemos perfilar una propuesta de izquierda moderna en este periodo”, dijo entonces de López Obrador (Proceso 1268).

La seducción del poder
Durante el tiempo que ejerció como jefa del gobierno capitalino, Robles comenzó a mostrar su fascinación por el poder. En la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000 se reveló cómo dispuso discrecionalmente de recursos y privilegió el gasto en particular en dos áreas neurálgicas bajo su mando: comunicación social y asesorías.
La información fue publicada por el diario Reforma al cual Robles demandó sin éxito, pero diciendo que había sido traicionada por alguien que filtró los documentos.
Líder del PRD en 2002, Robles empezó entonces un proceso de empoderamiento. Ya no era la militante de izquierda maoísta que pensaba en darle el poder a la comunidad, sino que inició una ruta personal que la alzaría aún más, poniéndola a la par de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún; de la dirigente nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo; y de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, entre otras, al celebrar los 50 años del voto femenino.
Pero fue a partir de entonces que también emergieron los escándalos de abuso a las finanzas públicas y del partido, sus gustos por los lujos y sus relaciones personales con el empresario Carlos Ahumada, que la llevarían a un exilio a España.
En 2001 los diputados panistas Federico Döring y Walter Widmer acusaron a Robles de adjudicar contratos de publicidad por 82 millones de pesos a la empresa Publicorp cuando ella era jefa del gobierno capitalino. Después, cuando estuvo al frente del PRD (2002-2003) pidió un préstamo de 200 millones de pesos a Carlos Ahumada. Hasta ahora sigue abierta una demanda del argentino que alega que no se le pagó ese préstamo.
En 2004 Ahumada videograbó a René Bejarano, Carlos Ímaz y Ramón Sosamontes recibiendo fajos de dólares para las campañas políticas del PRD. Por este caso Robles tuvo que declarar ante la PGR en calidad de testigo y surgió el escándalo de su rompimiento con Ahumada, ya en la cárcel.
En su exilio voluntario y temporal en Madrid, y en un intento por superar los efectos de los videoescándalos, escribió el libro Con todo el corazón, en el que ofrece su verdad sobre el caso Bejarano, sus enfrentamientos con López Obrador, su trayectoria política y su relación con Ahumada.
“Sigo pensando que el amor y la vida privada son cosas de dos, como dice la canción. Por eso, frente a todo lo que ha pasado, sólo puedo decir que aquí está mi verdad. Sé que tan sólo es una parte de esta dolorosa historia. La que yo viví. La que tiene que ver con mi actuación como política. Lo hago con todo el corazón”, dice uno de los últimos párrafos de su texto autobiográfico, publicado por Plaza & Janes (Proceso 1474).
En 2004 abandona el PRD y su péndulo político queda en suspenso. En casi ocho años de pausa se dedica a escribir artículos semanales en el periódico Milenio. En enero de 2007 participa en la fundación de la alianza empresarial SOSTÉN Centro de Inteligencia, orientada a campañas políticas de mujeres, y su primer trabajo como consultora política privada fue apoyar a Ivonne Ortega Pacheco en el gobierno de Yucatán. En mayo de ese mismo año llegó a incursionar en el teatro, participando en el elenco de Monólogos de la vagina.
No es sino hasta 2011 cuando su péndulo político comenzó a oscilar nuevamente y se dirigió hacia Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México al que ayuda a detener la alerta de género ante el crecimiento de los feminicidios en la entidad.
“Yo soy política (….) estoy donde quiero estar, haciendo política, aquí se me abrió espacio y creo que debo aprovecharlo”, justificó en una entrevista radiofónica con Denise Maerker en 2012.
Gracias a esa labor Peña Nieto, ya presidente, incluyó a Robles en su gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Social; y la defendió ante las acusaciones de que había desviado recursos con fines electorales a favor del PRI en Veracruz. “Rosario, no te preo­cupes, hay que aguantar porque están empezando las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes le ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros, este gobierno, tiene un objetivo claro, que es acabar con el hambre”, la defendió en 2013.
Pero ante el embate político y mediático Peña Nieto decidió cambiarla a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 2015, y ahí una vez más Robles estuvo implicada en el presunto desvío de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales pero se fueron a otros fines político-electorales para el Estado de México.
Después de poco más de cuatro décadas de una trayectoria política que inició en 1978 con la OIR-LM, parece que el final de Robles está cerca, con la amenaza de llevarla a la cárcel acusada de “ejercicio indebido en el servicio público”.
El péndulo que se inició con el maoísmo en su juventud, dio el bandazo al lado opuesto, hacia el priismo más corrupto.


Y al final nos convertimos en la guardia fronteriza de Estados Unidos

En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.

CIUDAD DE MÉXICO.– En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.
El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.
En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.
A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.
López Obrador se negó a enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes.
Éstas incluyen redadas para deportar a 1 millón y medio de indocumentados y la entrada en vigor de una nueva orden que impide a los extranjeros pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos si no lo hicieron antes, al menos, en México. Esta última medida fue abiertamente criticada por el parlamento de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Este lunes 22 vence el plazo de 45 días que Trump otorgó a México el pasado 7 de junio, y durante el cual el gobierno de López Obrador se comprometió a reducir “significativamente” la llegada de migrantes centroamericanos a su frontera, a cambio de que el presidente estadunidense no cumpla su amenaza de imponer un arancel general sobre los productos mexicanos.
Un día antes, el domingo 21, el secretario de Estado Mike Pompeo pasará por México, en una etapa relámpago de la gira que está realizando por la región. Se reunirá a puerta cerrada con Ebrard y le informará si Trump determinó “a su discreción” que el gobierno mexicano hizo un trabajo suficiente para frenar la migración centroamericana, que desde enero pasado creció de manera vertiginosa: más de 400 mil personas de ese origen llegaron a la frontera de Estados Unidos, la mayor parte de ellos en familia.

Abrir negociaciones
En el caso de que Trump considere que México no hizo lo suficiente, Washington obligará al gobierno federal a abrir negociaciones para llegar a un acuerdo de Tercer País Seguro.
Hasta el momento Trump parece satisfecho con el desempeño del gobierno mexicano: en su cuenta de Twitter ha escrito que México “lo está haciendo muy bien en la frontera” y que “está haciendo un muy buen trabajo en detener personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera”.
La de Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados por Morena, fue la única voz disonante en la llamada Cuarta Transformación sobre la gestión de la crisis migratoria, pues deploró que Trump “se jacta de que ganó”.
El pasado lunes 15 el legislador arremetió contra las concesiones del gobierno mexicano ante Trump: declaró que México se convirtió “no de hecho, sino de derecho”, en Tercer País Seguro, equiparó los centros de detención migratoria de México con “campos de concentración nazis” y criticó: “No se vale pagar aranceles con migrantes; es decir, carne humana por una medida económica”.


Revés a la FGR: Un dudoso caso de tráfico de migrantes

El caso contra Irineo Mujica Arzate quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después. En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana.

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 12 por la noche, Héctor Manuel Cervantes Martínez, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la cárcel de Tapachula, en Chiapas, asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR): determinó la presunción de inocencia de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica Arzate y negó que se les vinculara a proceso por el delito de tráfico de personas.
En el caso de Sánchez, su defensa mostró que su cliente se encontraba en la Ciudad de México la noche del 29 de marzo último, con lo cual derrumbó la versión de la FGR según la cual ese día estaba en Tapachula –a mil 200 kilómetros de distancia de la capital–, donde supuestamente traficaba a costa de cinco personas de origen hondureño por 8 mil dólares.
En el caso de Mujica, el juez aceptó las evidencias de acuerdo con las cuales el activista se encontraba en el municipio de Chahuites, Oaxaca, la mañana del 27 de febrero. Ese dato desmintió también la versión de la FGR de que el director de la organización Pueblo Sin Fronteras estaba en ese mismo momento en Mapastepec, pueblo chiapaneco ubicado a dos horas y media de distancia, donde presuntamente cobraba 7 mil pesos a una familia hondureña.
Las carpetas de investigación abiertas contra Sánchez y Mujica se basan en supuestas denuncias que los integrantes de dos familias provenientes de Honduras interpusieron en la delegación de la FGR en Tapachula en abril y mayo pasado por hechos ocurridos meses antes.
Y aun cuando las denuncias incluidas en esas carpetas, cuyas copias obtuvo Proceso, contienen contradicciones en cuanto a fechas, hechos y lugares, la delegación de la FGR en Tapachula las consideró válidas y no aportó elementos adicionales para demostrar la culpabilidad de los imputados. En las audiencias realizadas la noche del miércoles 12, ninguno de los denunciantes acudió a declarar.

“Una fabricación muy pobre”
En su primera aparición en público, los activistas denunciaron la “fabricación de delitos” por parte de la FGR; estratagema que resultó “muy pobre”, dijo Sánchez, quien empezó su activismo en 1999 durante la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de ese año y posteriormente se dedicó a la atención de los migrantes.
Egresado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sánchez condenó las “viejas prácticas de parte de unos fiscales” y celebró que “esta fabricación de delitos” se haya derrumbado.
“Si hicimos algo malo, que se nos juzgue para alguna cuestión de este tipo, pero no por un invento”, declaró Mujica, quien al frente de Pueblo Sin Fronteras acompañó varias caravanas, entre ellas el Viacrucis del Migrante y el “éxodo centroamericano” en octubre pasado.
El activista asegura que continuará su labor de acompañamiento. “Si paramos –dice– esto se convierte aún más en un infierno”.
Las órdenes de aprehensión contra los activistas fueron emitidas el sábado 1, pero las detenciones ocurrieron el miércoles 5. La de Sánchez se efectuó en la Ciudad de México, mientras a Mujica lo arrestaron en Sonoyta, Sonora, donde opera un albergue para migrantes.
En ese momento en Washington arrancaron las arduas negociaciones de tres días, al cabo de los cuales el gobierno mexicano se comprometió a incrementar sus esfuerzos para impedir el paso a la migración irregular y para luchar contra el “tráfico de personas”. La finalidad era convencer al presidente Donald Trump de que no impusiera aranceles a las exportaciones de productos mexicanos.
Ambas detenciones levantaron una ola de indignación entre las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los migrantes, las cuales denunciaron el lunes 10 que existe una campaña de “criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos”.
La decisión de la justicia permitió que los dos activistas recobraran su libertad después de una semana tras las rejas. Sin embargo, los casos en su contra siguen abiertos y la FGR tiene la facultad de investigar más para imputarles los delitos. El jueves 13 la institución incluso anunció que apelará la decisión del juez con respecto a Mujica.
En los dos casos, los supuestos denunciantes acudieron a la FGR con fotografías que, según los relatos, encontraron en internet, y con las cuales identificaron formalmente a los dos activistas, con nombres y apellidos.
“Cuál fue mi sorpresa que al abrir la página (…) reconozco como la persona a la que el día 29 de marzo de este año le entregué la cantidad de 8 mil dólares”, planteó uno de los presuntos extorsionados por Sánchez; el otro señaló que en un cibercafé encontró “varias fotografías de Irineo Mujica, así como información de que es el líder de la asociación Pueblo Sin Fronteras, por lo que imprimimos tres fotografías de Irineo Mujica, las cuales presentamos ante esta autoridad”.

Incoherencias
La denuncia contra Sánchez se basa en los testimonios de cuatro integrantes de una familia hondureña, quienes comparecieron ante la autoridad el pasado 16 de abril, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0000729/2019.
Los testigos –una pareja y dos primos originarios de San Pedro Sula– sostuvieron que tomaron la decisión de salir rumbo a Estados Unidos días después que pandilleros de la Mara trataran de reclutar a los tres varones.
La mujer, de 28 años, llamada Nancy, aseguró que se comunicó con la organización Pueblo Sin Fronteras el pasado 22 marzo y que habló con Mujica, quien ofreció moverlos desde Guatemala hasta Tijuana por 2 mil dólares por persona. Según las mismas declaraciones, no hubo cobro por la niña de 8 años, quien viajó con ellos.
Los cuatro relatos coincidieron en que la familia viajó al municipio guatemalteco de Tecún Umán el 29 de marzo, y que en la noche los estaba esperando un tal “Cristóbal” en la terminal de autobuses Maya de Oro, en la ciudad fronteriza, quien les indicó que venía “de parte de Ireneo (sic) Mujica”. Afirmaron que Sánchez presuntamente cobró el dinero en ese momento.
Según las declaraciones, “Cristóbal” ayudó a los familiares a cruzar el río Suchiate en balsa, y del lado mexicano tomaron una combi rumbo a Tapachula. En la carretera, abundaron, se toparon con un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y tres agentes los obligaron a bajar; aseguran que éstos les robaron sus pertenencias –celulares y dinero en efectivo–, hablaron con el tal “Cristóbal” y los dejaron seguir caminando, tras decirles que “ahí no había pasado nada”.
Los hondureños narraron que “Cristóbal” se subió a la combi y desapareció. En ninguna parte de las declaraciones se identifica a Sánchez por su apellido; los relatos lo describieron como “una persona de baja estatura, aproximadamente 1.60 metros, medio fornido, con barba de candado, trigueño”, vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa.
El mismo 29 de marzo, Cristóbal Sánchez comió con su novia en un restaurante de Coyoacán, en la Ciudad de México, y posteriormente acudió a una fiesta cerca de la colonia Condesa. Resultó imposible, según el juez, que el mismo hombre esté cometiendo un delito en Chiapas y que en el mismo momento se divierta en una fiesta, mil 200 kilómetros más al norte.
El caso contra Mujica quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después.
En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana. Ahí, un cubano les indicó que viajar a Monterrey costaría 10 mil pesos por familia y que “Irineo Mujica y él tenían arreglado todo para llevarnos hasta allá”.
Según el relato, la pareja conoció a Mujica en el mismo parque; lo identificó como el líder de la caravana que partió de Tapachula en la madrugada del 23 de febrero. No existen registros de una caravana que haya salido ese día del municipio chiapaneco, por una simple razón: nunca existió esa caravana, declaró Mujica.
Los mismos relatos refieren que la caravana caminó durante cuatro días, con pausas de 20 minutos, pasó retenes del INM y del Ejército y, en la mañana del 27 de febrero, se acercó a Mapastepec. Alrededor de las nueve de la mañana, Mujica presuntamente dijo a la pareja “que era el momento de que le diéramos el dinero que hacía falta; es decir, 7 mil pesos. Acto seguido, guardó el dinero en una bolsa tipo mariconera que siempre llevaba colgada”.
De acuerdo con la pareja, una vez en Mapastepec Mujica se esfumó. Ellos se quedaron en el campo de refugiados improvisado en el auditorio hasta el mes de abril, cuando se ­desesperaron y decidieron seguir el viaje solos. Fueron detenidos kilómetros más adelante y deportados dos días después a su país.
La defensa sostiene que la mañana del 27 de febrero Mujica no pudo estar en el puente de Mapastepec, puesto que se hallaba en Chahuites, a 185 kilómetros de distancia. De hecho, el 26 de febrero estuvo con un grupo de más de mil personas en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, que se encuentra en un punto más avanzado de la carretera costera.


Miles de migrantes atrapados entre dos gobiernos en tensión

En medio de inéditas tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, miles de migrantes –sobre todo centroamericanos– continúan arribando a la frontera entre los dos países para solicitar asilo al gobierno de Donald Trump. Y aunque se trata de un asunto de vida o muerte, poquísimos lo consiguen. A las dificultades del prolongado trayecto se suman los obstáculos burocráticos de las autoridades estadunidenses, la dificultad de sobrevivir en Baja California sin dinero, familia ni trabajo, y las acciones del Instituto Nacional de Migración para evitar el ingreso de las caravanas por la frontera sur.

ENSENADA, BC.

.- “Del miedo a morir y a que maten a tu familia… y también de sufrir tanta hambre, de ahí sale la fuerza para arriesgarse a todo”, explica María Carmen Flores cuando se le pregunta de dónde sacó el valor de arrojarse contra la barda fronteriza desde Tijuana para caer en territorio estadunidense. Lo hizo con su hijo de nueve años en brazos y otro, ya adolescente, de la mano.
Esa madre hondureña y sus dos vástagos ya se encuentran en Denver, Colorado, con un juicio en proceso para obtener asilo en Estados Unidos.
María Carmen tuvo suerte. Alcanzó a “tirarse contra la barda” antes del pasado 29 de enero, fecha a partir de la cual el presidente Donald Trump impuso el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que obliga a los solicitantes de asilo a retornar a México mientras se desahogan los juicios correspondientes, que pueden prolongarse varios años.
Baja California tiene registro oficial de 3 mil 213 migrantes centroamericanos, incluidas 980 familias. Todos solicitan asilo al país a través de dos puertos fronterizos: El Chaparral, en Tijuana, y la garita de Mexicali.
La mayoría de migrantes, 2 mil 159, se concentra en Tijuana; otros mil 54 están en Mexicali. Provienen sobre todo de Guatemala (mil 437), Honduras (mil 164) y El Salvador (524), según los datos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el 12 de mayo pasado.
Gobernación y el INM precisan que la población de centroamericanos en tránsito es de mil 75 hombres y 784 mujeres, 916 niños y niñas de cero a 12 años, y 356 adolescentes de 13 a 17 años.
La mayoría de ellos (mil 851) vive en albergues, otros 733 han logrado conseguir casas o habitaciones que rentan en grupos y más de 300 consiguieron hospedaje con amigos, muchos de ellos personas altruistas o activistas de derechos humanos.
Todos cuentan con documentos expedidos por el gobierno mexicano: 2 mil 798 con Forma Migratoria Múltiple (FMM); 377 tienen la Tarjeta Visitante Razones Humanitarias (TVRH) y seis la Tarjeta Residente Permanente.
Soraya Vázquez Pesqueira dirige el capítulo mexicano de la organización Families Belongs Together, que apoya a solicitantes de asilo en Estados Unidos y busca en Centroamérica a los padres de los menores que están solos en centros de detención estadunidenses, al conseguirles visas humanitarias para reunir a las familias.
–¿Cuántos migrantes, de los más de 3 mil “retornados” que están en la frontera norte de Baja California, han logrado que el gobierno estadunidense les conceda asilo? –se le plantea a Vázquez Pesqueira.
–¡Ninguno!
–¿Está fallando el programa de Trump?
–Al contrario, está cumpliendo su objetivo: impedir que entren los migrantes a Estados Unidos, aun cuando demuestren que sus vidas están en peligro, que huyen de la violencia política y social de sus países.
Cita el caso de María Carmen Flores:
“Ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena. Un día vio a los sicarios de la pandilla de Los Maras (Salvatruchas) matar a sangre fría a unos hombres en la casa vecina. Intentaron matarla porque fue testigo del multihomicidio, pero ella logró huir de su país. Pidió a uno de sus hermanos que le llevara a sus hijos a la frontera sur de México. En el camino se unió a la caravana que ya venía de Honduras y así llegó hasta Tijuana sin saber nada de su familia.
“Acá la conocí por mi trabajo en favor de los migrantes. Me movilicé y pude localizar a sus niños; los habían detenido en un retén de Chiapas. Logramos reunirla con sus hijos. Después recibí una llamada en mi celular. Era ella. ‘Estoy en Denver’, me dijo. ‘¿Cómo pudiste cruzar la frontera?’, pregunté. Y ella: ‘Me tiré por la barda’.
“Enfrentó un proceso por su entrada ilegal a Estados Unidos, pero ya inició su juicio de asilo en Denver, Colorado, donde tiene amistades. Los Maras mataron a uno de sus tíos que no pudo salir de Honduras.”

Tercer país seguro
Soraya Vázquez, abogada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y candidata a doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, afirma que actualmente la migración tiene características inéditas.
Con más de 20 años como activista de organismos mexicanos –como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– e internacionales defensores de los migrantes, agrega que antes éstos solían esconderse, mientras que hoy se visibilizan en caravanas para protegerse de asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Emigrar se convirtió en un asunto de vida o muerte.
Otro aspecto inédito y “bastante perverso” –dice– es que, a diferencia de lo que sucedió con María Carmen Flores, ahora a los migrantes se les obliga a retornar a México para seguir desde este país juicios de asilo que nunca se resuelven.
Como Estados Unidos presiona a México con todo, incluida su reciente amenaza de fijar aranceles especiales a sus productos, a fin de que el gobierno de López Obrador frene el flujo migratorio hacia su frontera norte, se le plantea a la especialista si Trump pretende convertir a México en el “tercer país seguro” para los migrantes.
–¡Claro, pero eso es imposible! Nuestro país no es seguro ni para nosotros. Y menos Tijuana, la ciudad con mayor tasa de asesinatos en el mundo.
–¿Cuál es la salida a esta crisis humanitaria de miles de migrantes que impacta a las ciudades fronterizas del norte de México?
–Estados Unidos debe recibir a esos migrantes. Tiene cuantiosos recursos, pero debe reorientarlos. En vez de invertir millonadas en centros de reclusión, debiera permitir que la gente espere su proceso de asilo en libertad, trabajando.
“Resulta muy costoso criminalizar la migración. Respetar el derecho de asilo a todas las personas es más barato. El problema es que han convertido la migración en una industria. Al criminalizar la migración, un puñado de inversionistas se enriquece construyendo y administrando centros de retención de migrantes, que son cárceles para quienes están esperando que les concedan asilo y no son criminales.”

La Pequeña Haití
Al preguntarle a la abogada Soraya Vázquez cuántos migrantes “retornados” podrían conseguir asilo en un futuro cercano, no es optimista:
–El caso más cercano al éxito que conozco es el de un hondureño que se entregó a la Migra (policía migratoria) en San Diego. Solicitó asilo a principios de febrero. Lleva dos audiencias en la Corte y en mayo le dieron cita para una tercera audiencia que se efectuará en diciembre. No sabemos a cuántas audiencias más será citado, tampoco podemos saber si el fallo será favorable o le negarán el asilo.
Vázquez, también fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana BC, que surgió hace tres años ante el arribo masivo de migrantes al estado, indica que muy pocos de los más de 16 mil haitianos que arribaron entre mayo y diciembre de 2016 obtuvieron asilo en Estados Unidos.
La mayoría se dispersó por América Latina, pero más de 3 mil aún esperan en Baja California la respuesta de los jueces estadunidenses y en tanto se integraron a la sociedad tijuanense. Crearon, incluso, un asentamiento denominado La Pequeña Haití, con casitas construidas en terrenos de 36 metros cuadrados, en un predio donado por Zaida Guillén y su esposo Gustavo Banda, pastor de la Iglesia evangélica Embajadores de Jesús.
La Pequeña Haití se ubica a 10 kilómetros al sureste de Tijuana, en el Cañón del Alacrán. Christopher Faustin y su esposa fueron los primeros en construir su pequeña casa de madera, donde viven con su bebé. “Fue dificilísimo llegar hasta aquí”, dice Faustin al recordar cómo cruzaron a pie la selva entre Colombia y Panamá.
Al preguntarle a la abogada y activista Vázquez si existen cuellos de botella en los trámites migratorios de haitianos y centroamericanos, contesta que sobre todo se muestra “crueldad”, ya que se obliga a los migrantes a retornar por Mexicali y se les fijan audiencias en la Corte de San Diego, a más de 330 kilómetros de ahí, lo que implica una inversión de tiempo, pasajes por 700 pesos, así como gastos de alimentación y hospedaje.
“Si no tienen recursos para acudir a la audiencia, pierdan la oportunidad y su caso se empantana”, comenta.
El proceso que enfrenta un solicitante de asilo exige infinita paciencia. Los migrantes elaboran listas de solicitantes en un cuaderno; cada quien recibe su nombre en un trozo de papel, como un boleto, con el número que le corresponde. El Grupo Beta, policía no armada que auxilia al INM, elabora esa lista en Mexicali; en otros lugares es tarea del Centro de Atención a Migrantes.
Cada migrante pregunta cuándo debe presentarse a solicitar asilo. Transcurren de dos a tres meses para que sea su turno. En ocasiones llaman a 10 y en otras a 40 personas para que acudan al mismo día a la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) para iniciar el proceso.
La persona solicitante de asilo espera a que la CBP le comunique cuándo es su primera audiencia ante una Corte. Pueden pasar dos meses, y cuando al fin se presenta a la Corte, va sin abogado y el juez “otorga” otro bimestre para que consiga uno.
Mientras procesan la solicitud, el migrante permanece en un centro de detención, luego lo regresan al puerto fronterizo de entrada, donde se le hace entrega de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) que regula su ingreso al país en calidad de “retornado” a México. Con ese documento puede estar legalmente en este país, pero no se le permite trabajar. En esas condiciones espera la segunda, tercera y cuantas citas ordenen los jueces de migración.
–¿Cuánto tarda ese proceso y de qué viven mientras tanto?
–Puede tardar años. ¿De qué viven? Unos consiguen chambitas limpiando cebolla en los mercados, lavando autos, vendiendo chucherías en la calle. Ganan una miseria y, para colmo, algunas veces son extorsionados por policías municipales. Viven recluidos en albergues, con carencia de alimentos, ropa y medicinas. En Tijuana existen entre 25 y 30 albergues, por lo general de congregaciones religiosas, que son una bendición para los migrantes.
–¿Y el gobierno?
–Como si no existiera. Peor aún, estorba, como fue el caso del alcalde Juan Manuel Gastélum, El Patas, quien discriminó y criminalizó a los migrantes incitando al odio de la gente en contra de ellos, motivo por el cual fue reconvenido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Algunas personas asumieron una actitud deleznable ante los migrantes hondureños, en contraste con la empatía hacia los haitianos, porque el largo trayecto de la caravana desde Honduras abrió espacio a que fuesen criminalizados mediáticamente.”
Añade que incluso vinieron a Tijuana simpatizantes de Trump a hostigar a los migrantes en el estadio Benito Juárez. “Eran pronazis, hombres de cabezas afeitadas, y con ellos venían un tipo de un programa de radio y una mujer que aparecía como Paloma for Trump”, relata la especialista.
–¿Cuáles deben ser las acciones inmediatas del gobierno mexicano ante las difíciles condiciones en que sobreviven los migrantes retornados?
–Entregar visas humanitarias a todos para que puedan conseguir un trabajo mientras se resuelve su juicio de asilo. También, incorporarlos a la sociedad en condiciones dignas y de pleno respeto a sus derechos humanos, como manda nuestra Carta Magna.

Chivos expiatorios
Organizaciones defensoras de migrantes en Baja California exigen la liberación de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, activistas detenidos el pasado 5 de junio, cuando la Guardia Nacional también impidió que una caravana de centroamericanos ingresara al país.
Mújica es uno de los líderes de Pueblo Sin Fronteras, que ha acompañado a las caravas de migrantes desde hace muchos años.
“A veces no comulgamos con sus métodos en la exigencia de derechos de los migrantes, pero eso no lo convierte en ningún criminal ni en un traficante de personas: es una injusticia la que están cometiendo contra estos líderes. Es absurdo, por ejemplo, que congelaran sus cuentas porque dicen que detectaron cinco transacciones bancarias a Querétaro. Yo también envío dinero a migrantes y no por eso soy una traficante de personas”, dice la abogada Vázquez.
Y concluye:
“Irineo Mújica tuvo un desacuerdo con el padre (Alejandro) Solalinde, quien parece ser el más autorizado en el tema migratorio para el gobierno federal. A partir de entonces el padre Solalinde criminalizó a Irineo y la ministra (la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) ha expresado comentarios criminalizando la labor de Irineo y de Pueblo Sin Fronteras. No queremos pensar que pretenden utilizarlo como chivo expiatorio en la mesa de negociaciones con Trump. Vamos a defenderlo.”


Michoacán, una guerra con mil cabezas

Es difícil imaginar que, con más de 100 mil muertes en su haber, la guerra criminal mexicana podría empeorar. Pero una investigación patrocinada por la organización Crisis Group en las entrañas de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, hace evidente que por lo menos en esa zona la situación de violencia aún no ha llegado a su límite. En la medida en que las organizaciones criminales se fragmentan, aumenta el número de ejecuciones.

TIERRA CALIENTE, Mich. (proceso).– El cuerpo calcinado, tirado bajo un puente en la carretera, resulta imposible de reconocer. Tardan cuatro días en identificarlo en la morgue. Un día más y las autoridades lo habrían enviado a una fosa común, como ha ocurrido con docenas, quizá centenares de cuerpos sin reclamar.
Pero los padres de Josefina, de 19 años, sospechan que el cuerpo puede pertenecer a su hija desaparecida. Una pequeña parte interior del labio inferior sobrevivió a las llamas. El tejido es suficiente para una muestra de ADN, que se corresponde con el de su hermana. Ahora, al menos, Josefina tendrá un velorio y funeral apropiados.
Encontrar al asesino resulta más complicado. En México la gran mayoría de los asesinatos no son investigados y mucho menos resueltos: la tasa de impunidad se mantiene estática por encima de 95%. Una investigación es incluso menos probable si, como en este caso, todo indica que se trata de una ejecución al estilo narco. Para las autoridades, este sería el punto final.
No lo es para la familia de Josefina. Hay rumores sobre los asesinos y sus motivos. Era una puntera (vigía) para uno de los más de 20 grupos criminales que luchan por el control de la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Es una forma común de ganarse la vida entre los jóvenes de esta región semiárida de 120 por 50 kilómetros, pero el solo hecho de ser puntera no explica su destino.
El padre de Josefina también estaba en el negocio, sobrevivía trabajando como sicario o soldado de algunos contras (como se llaman entre grupos criminales rivales). Sólo por este hecho, los jefes de Josefina empezaron a sospechar que ella podría estar filtrando información. Por paranoia la asesinaron y para enviar un mensaje quemaron su cuerpo y lo dejaron donde pudiera ser encontrado fácilmente. El intento de venganza del padre lo lleva a su muerte poco después. Convence a su comandante de mandarlo a luchar contra los jefes de Josefina y recibe un disparo. Sus vecinos comentan que sólo se podía ver un pequeño orificio de entrada en su pecho, pero sus pulmones se llenaron de líquido hasta que dejó de respirar.

La Zona Cero
Más de 100 mil personas han muerto de manera violenta en México desde que el gobierno declaró la guerra al crimen organizado en 2006, presentándola como una batalla entre el bien y el mal. Durante su visita en abril, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se refirió a las cifras de muertes de México como las de un país en guerra.
Y todo indica que la guerra está empeorando. Hasta el momento, 2019 se perfila como el tercer año consecutivo en el que México rompería los récords históricos de homicidios en su historia.
Tierra Caliente es la zona cero de la guerra, su punto de inicio. Es el primer lugar donde el ejército se desplegó en masa contra los narcos, un laboratorio para los diversos métodos con los cuales gobiernos sucesivos han dicho que erradicarían a los capos del narcotráfico. Y un único cártel, los Caballeros Templarios, ostentaba el poder en Tierra Caliente. Terminó fracturado por el gobierno, que actuó de la mano de las autodefensas.

Desorden perpetuo
De acuerdo con El Toro, un combatiente robusto cuya trayectoria de dos décadas lo ha llevado a ser teniente, una nueva crisis de lealtad entre los narcos ha generado una sensación de desorden perpetuo. “Es como en el futbol”, dice. “Un día juegas para el América, al día siguiente te pones la camiseta de Monarcas”. Los jefes locales pueden cambiar su lealtad en un abrir y cerrar de ojos ante la promesa de mayores ganancias territoriales y económicas. La confianza, la columna vertebral de cualquier asociación, se ha esfumado.
Es difícil mantenerse al tanto de quién es quién y quién está luchando contra quién, mucho más, saber quién está al mando.
Los Caballeros Templarios que quedan han cambiado de bando tres veces en una gran batalla, pasando de enemigo mortal a aliado y de nuevo a enemigo mortal del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la supuesta nueva central criminal mexicana que busca transformar a Michoacán en uno de sus satélites. En el mismo periodo, los Templarios han cambiado de posición cuatro veces (enemigo, aliado, enemigo, aliado) respecto a Los Viagras, otro de los actores criminales de la región.
Y esto es sólo los Templarios y sus fracciones. En general, ha habido docenas de fragmentaciones en el mundo criminal michoacano en los últimos seis años. La proliferación de bandos en conflicto confunde a los propios combatientes, dicen algunos. Lo único que es claro, me dice alguien cercano a una familia de traficantes de larga trayectoria, es que “todos son narcos”.
Cada fisura redibuja las líneas de combate, marcando el comienzo de nuevas olas de asesinatos. Y con cada división, el conflicto penetra cada vez más profundamente en la sociedad. Amigos y vecinos, o incluso familiares, como sucedió en el caso de Josefina, se encuentran repentinamente en bandos opuestos. La violencia se vuelve íntima, a menudo impulsada por venganzas personales más que por competencia por los mercados ilícitos, haciendo que el ciclo sea cada vez más difícil de romper.
Los templarios y extemplarios se enfrentaron durante cuatro años en batallas por un puñado de puentes y poblados, trayendo un flujo constante de muertes a cambio de avances territoriales temporales. En algunos momentos los enfrentamientos aislaron del mundo exterior a los civiles al sur del río. Los contras bloqueaban el paso de comida, agua, medicina y hasta al sacerdote local, con el fin de sofocar a sus enemigos.

“¿Para qué?”
Ahora, los bandos enfrentados se han unido nuevamente para enfrentar una amenaza común. Los Jaliscos, como llaman en la zona a los integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, están presionando desde el oeste. Los soldados templarios y extemplarios tienen que dejar de lado las traiciones y el dolor. O al menos esa es la orden de los jefes cada vez que pasan de contras a compañeros en armas.
Puede ser difícil de aceptar para los que están al pie del cañón, luchando y muriendo. Un combatiente de amplia trayectoria, suficientemente amplia como para haberse despedido de los capos, es Ramón. La última vez que nos encontramos, hace dos años, él y siete sicarios jóvenes, así como un exfrancotirador de las fuerzas especiales mexicanas bajo su comando, habían sido desplegados como última línea de defensa de los templarios para proteger la ribera sur del río de los recurrentes ataques de los contras.
El equipo de batalla que exhibía en ese entonces, un rifle semiautomático AR-15, un chaleco táctico con cartuchos adicionales y un radio, ha desaparecido. En su lugar, ahora viste una camisa elegante, jeans de diseñador y zapatos negros brillantes Lacoste. “Las cosas han cambiado desde la última vez que viniste”, me dice, mientras un joven sicario, siguiendo sus órdenes, me sirve una cerveza fría.
La rabia florece en la medida en que Ramón expone las razones que lo llevaron a convertirse en la mano derecha de alguien, “haciendo cosas con el gobierno”, un emisario de cuello blanco del mundo criminal al oficialismo. “Nunca me quejé de la vida aquí”, dice. Pasó incontables noches escondiéndose en los cerros desolados que se asoman en el fondo, abrazando su rifle, acurrucado bajo una cobija, tambaleándose entre dormido y despierto, incluso bajo la fuerte lluvia.
“Inicialmente sólo estábamos recuperando lo que era nuestro”, recuerda, “pero luego ellos (los jefes) querían tomar áreas de otros. Era como Vietnam para los gabachos. No era nuestra gente, no teníamos su apoyo, no podía funcionar. Sufrimos muchas, muchas bajas. Y ¿para qué? Ambición. Nada.”
Lo que más pesaba en su mente era la decisión desde arriba de forjar un pacto justo con las personas que previamente le habían ordenado borrar del mapa. “Maté a 15 de ellos en una emboscada”, Ramón dice sin rodeos, “pero después de eso se metieron con mi familia, llegaron a mi casa y trataron de llevarse a mis hijos pequeños. ¿Cómo es posible? ¡No te metes con las familias!”.
Debido a su nuevo cargo, ahora sólo visita esporádicamente la región. Pero de ninguna manera ha olvidado sus rencores del pasado. Se refiere al caso de Josefina, cuya familia conoce, como un claro ejemplo. “Voy a ser franco contigo”, dice resumiendo. “Quizás los patrones los hayan perdonado, pero yo nunca lo haré. Si me topo con uno de esos hijos de su perra madre… ¡a la verga! Igual y me matan, pero no antes de que yo mate a tres de ellos. Mínimo”. Por eso, dice mientras señala la camioneta SUV en la que trajo a su familia hasta aquí, mantiene una pistola junto a su pierna derecha en todo momento.
Muchos otros se rinden rápidamente ante el sufrimiento y las dudas morales, y simplemente nunca regresan de sus cuatro días mensuales de descanso. A pesar de la deserción, a los grupos armados ilegales de Tierra Caliente les resulta fácil reponer las filas.
Una razón es la falta de alternativas legales viables, tal como me dice la madre de Emilio, un sicario de 22 años, mientras fríe un pescado entero para el almuerzo en su estufa de leña, en una población a poca distancia de donde me reuní con Ramón. Emilio también renunció un tiempo. Pero cuando el salario por medio día de cosecha de limones, bajo el sol inclemente de Tierra Caliente, bajó a menos de 200 pesos, le pidió al comandante volverse a integrar.
Jóvenes como Emilio aportan el combustible sin el cual la máquina de guerra de los jefes rápidamente se detendría. Pero, también debido a la falta de disciplina de algunos, muchos no duran.

* Analista senior de la organización International Crisis Group


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