A partir de este jueves, el consumo de productos comestibles elaborados con cannabis es legal en Canadá, un año después de que elgobierno canadiense aprobara la legalización del consumo recreativo de la mariguana.

Pero aunque el consumo de productos comestibles y bebidas que contengan cannabis es legal, los consumidores canadienses no podrán comprarlos al menos hasta dentro de dos meses, ya que el Ministerio de Sanidad de Canadá requiere 60 días para aprobar la venta de productos.

Además de comestibles, a partir de hoy también son legales los extractos de cannabis, como los utilizados para vapear, y cremas derivadas de la droga.

El Ministerio de Sanidad de Canadá ha establecido un límite de diez miligramos de tetrahidrocannabinol (THC, el componente psicoactivo del cannabis) por paquete de producto para comer o beber.

Algunos expertos, como la Asociación Médica de Canadá, consideran que esta cifra es muy elevada y recuerdan que a diferencia de fumar mariguana, la ingestión de cannabis retarda el efecto de la droga hasta seis horas después de su consumo.

Por ello, el riesgo de consumir en exceso es mayor con productos comestibles y bebidas.

Un año después de la legalización del consumo recreativo de mariguana, las últimas cifras del organismo público Estadísticas Canadá (EC), señalan que sólo el 29 por ciento de los usuarios de cannabis en el país obtienen la droga de forma legal.

Una de las razones dadas por las autoridades canadienses para legalizar el consumo de mariguana fue acabar con el mercado negro de la droga y eliminar una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

Pero la diferencia de precio entre la mariguana legal y la ilegal, y la escasez de productos legales en algunas provincias, como Ontario, la más poblada del país, han hecho que el mercado negro del cannabis siga dominando en Canadá.

Por ejemplo, en Ontario, donde viven más de 8 millones de personas, las autoridades provinciales sólo han aprobado la apertura de 25 tiendas para la venta de mariguana legal.

Y un gramo de mariguana legal cuesta un promedio de 10.23 dólares canadienses (unos 7.67 dólares) la mitad que la mariguana ilegal.

El conjunto del mercado canadiense de la mariguana está valorado en unos 5 mil 700 millones de dólares (unos 4 mil 560 millones de dólares estadounidenses).

Agencias

El secretario de Energía de EU, Rick Perry, comunicó al presidente estadounidense, Donald Trump, que abandonará pronto su cargo, en un momento de creciente polémica sobre su papel en las presiones de la Casa Blanca a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joseph Biden.

Medios locales informaron que Perry avisó a Trump de su renuncia en el avión presidencial que llevaba al mandatario a Texas, aunque la dimisión no tiene un efecto inmediato y no está claro cuándo abandonará el cargo.

Perry, uno de los pocos miembros del gabinete original de Trump que siguen con él, llevaba tiempo pensando en dejar el puesto, incluso desde antes de que estallara la controversia relacionada con Ucrania, que han motivado la apertura por parte de los demócratas de una investigación previa a un posible juicio político a Trump.

Sin embargo, Perry ha acaparado titulares en las últimas semanas por haber formado parte del trío encargado de la política estadounidense en Ucrania, conocido popularmente como los «tres amigos» e integrado también por el embajador de EU ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, y el exenviado especial para Kiev Kurt Volker.

En una entrevista este miércoles con el diario The Wall Street Journal, Perry reconoció que estaba en contacto con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en los temas relacionados con Ucrania, lo que ilustra el grado de influencia de ese letrado en la política exterior estadounidense hacia ese país.

Perry explicó que él estaba tratando de facilitar una reunión entre Trump y el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, pero el mandatario se negaba a ello y le pidió contactar a Giuliani para que éste le explicara sus preocupaciones relativas a la «corrupción» en Ucrania.

Sin embargo, Perry afirmó que ni Trump ni Giuliani ni el gobierno ucraniano hablaron con él sobre la posibilidad de investigar a Biden o a su hijo Hunter, algo que el mandatario estadunidense planteó durante una llamada telefónica con Zelenski en julio.

El aún secretario de Energía está bajo la lupa de los investigadores demócratas en la Cámara Baja y tiene hasta este viernes para cumplir con citaciones judiciales para entregarles documentos sobre su papel en la política hacia Ucrania.

Sondland compareció hoy a puerta cerrada ante esos investigadores y confirmó el destacado papel en la política hacia Ucrania de Giuliani, el principal instigador de la teoría de que Biden y su hijo incurrieron en corrupción en Ucrania.

«Nos decepcionó la orden del presidente de que involucráramos a Giuliani», indicó Sondland en su testimonio, filtrado a la prensa.

Perry aseguró este miércoles al diario neoyorquino que planeaba permanecer en su cargo al menos hasta finales de noviembre, pero no dio garantías de seguir más allá, y fuentes cercanas a él aseguraron al periódico The New York Times que el funcionario planea buscar oportunidades en la industria energética que ahora supervisa.

De 69 años, Perry fue gobernador de Texas a comienzos de esta década y ha mantenido una buena relación con Trump, que llegó a considerarle en los últimos dos años como posible jefe de gabinete y secretario de Seguridad Nacional.

Agencias

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la liberación de 24 personas que fueron detenidas por la oposición y organizaciones de derechos humanos, catalogadas como presos políticos entre 2014 y 2017.

El fiscal adelantó que en los próximos días seguirán revisando nuevos casos para llevar ante el sistema de justicia y recordó que desde agosto de 2017 la Comisión de Justicia, creada a instancias de la Presidencia, ha conseguido 222 liberaciones de venezolanos considerados presos políticos.

«Este es un esfuerzo sumamente importante que lanza un mensaje claro al país y a la comunidad internacional (…) damos un paso adelante para lograr la convivencia pacífica, el debate democrático, alejar la violencia como mecanismo de combate para dirimir las diferencias», expresó.
Saab también calificó las liberaciones como un gesto del Estado y del sistema de justicia «para que Venezuela marche por un camino de cordialidad».

Después de las declaraciones del fiscal, al menos dos venezolanos salieron de su imprisionamiento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) al el oeste de Caracas.

Agencias

China pidió a Washington poner fin rápidamente a la guerra comercial entre ambos, pero sin indicar cuáles serían sus condiciones para cumplir lo que según el presidente Donald Trump es la promesa de comprar productos agrícolas a Estados Unidos por valor de 50 mil millones de dólares.

Trump aceptó demorar un aumento de los aranceles a cambio de que China compre bienes estadounidenses. Pekín dice que lo hará, pero sin confirmar las condiciones. En esta situación, las empresas se preguntan si el gobierno chino presentará otras condiciones, tales como el fin de los aranceles punitorios.

Los negociadores “tratan de llegar a un consenso sobre el texto del acuerdo lo antes posible”, dijo Gao Feng, vocero del ministerio de comercio. “No puedo revelar los detalles concretos”.

Las empresas elogiaron el acuerdo como un posible paso, pequeño pero prometedor, para superar el enfrentamiento en torno al superávit comercial chino y las ambiciones tecnológicas del país asiático, que ya lleva 15 meses.

Los aranceles recíprocos por valor de miles de millones de dólares han golpeado a fábricas y agricultores y lastrado el crecimiento económico global. Trump aplazó un aumento de los aranceles que estaba previsto para el martes, pero hay otro aumento previsto para el 15 de diciembre sobre productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares.

Agencias

Abogadas españolas presentarán una queja ante la sede de Relaciones Exteriores de México si no reciben en 15 días respuesta oficial por la falta de apoyo consular a la joven mexicana que fue violada el pasado mes de septiembre en un hostal del centro de Madrid.

“A la víctima se le vulneraron sus derechos, no se la tomó en cuenta para defender estos derechos y no recibió ningún tipo de ayuda por parte del Consulado [mexicano], ni siquiera para ayudarla en su regreso a México. Nada”, señala la abogada Fátima Boitel, quien defiende a la mexicana de 26 años que fue agredida sexualmente en el Hostal Motion del barrio de Chueca por un hombre oriundo de Senegal, que se halla en busca y captura tras ser identificado por la policía española.

“Lo que esperamos con la queja es que el Consulado realice las funciones que tiene que hacer, como tutelador de los derechos de los extranjeros aquí en Madrid, que se preocupe de proteger (a los mexicanos) y de colaborar con todo lo que necesiten dentro de sus posibilidades. Pero no tratarlos con indiferencia y como que aquí no ha pasado nada”, agrega la letrada, luego de enfatizar que la joven está devastada anímicamente porque vino a conocer Madrid, sufrió una brutal agresión y no recibió el apoyo de ninguna autoridad.

“Lo que ella no quiere es que el caso se archive y agredan a otras mujeres o niñas, es lo que ella nos ha encargado. A ella no le interesa dejar mal al Consulado ni mucho menos. Quiere que se haga justicia, porque cada quien tiene una responsabilidad que debe asumir”, agrega la abogada mexicana Griselda Herrera, quien acompañó en sus trámites administrativos a la paisana, que quiere preservar su identidad.

En el oficio presentado por Rosa (nombre ficticio) ante el Consulado, con sello oficial de recibido el 30 de septiembre, la joven estudiante que perdió su vuelo de regreso a México por la agresión sufrida, solicitó respaldo económico al organismo diplomático para sufragar su estancia en Madrid durante el juicio y, de ser posible, recibir apoyo en el retorno asistido para poder regresar a México cuando procediera.

“Mis circunstancias personales y la situación a que me enfrento, justo cuando tenía el boleto de regreso a México, me toman en un estado de necesidad urgente que no me deja cubrir mis necesidades básicas tales como alimentación, transporte y hospedaje”, indicaba Rosa en su escrito, luego de subrayar que el 27 de septiembre fue recibida en la Embajada de México por una integrante de la delegación diplomática que rechazó verbalmente su solicitud argumentando que no existía apoyo económico para este tipo de situaciones.

“El consulado me trató muy mal. Me dieron cita, me trataron con indiferencia y desprecio en todo momento. Me dijeron que llamara al 016 y me dieron un número de teléfono, el de la Asociación de Mexicanas en Madrid”, relataba Rosa al diario Público sin revelar su identidad días después de la agresión.

Tras la falta de respuesta oficial por parte del Consulado la joven mexicana, con el apoyo económico de una organización altruista que costea la repatriación de personas sin recursos con la condición de que no pueden volver a España en los cuatro años siguientes a su partida, tomaba un vuelo hacia México sintiéndose desamparada y con la intención de no retornar al país ibérico, ya que sigue traumatizada por lo sucedido. Rosa se encuentra ya en México y podría intervenir mediante videoconferencia en el juicio que previsiblemente se celebrará en España cuando la policía haya capturado al agresor, que ya ha sido plenamente identificado.

Medios intentaron recabar la versión del Consulado de México en España a través de la Embajada, pero esta fue la respuesta institucional: “De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), los datos de una persona física identificada o identificable se consideran confidenciales y por lo tanto no pueden ser proporcionados sin el consentimiento expreso del titular de dichos datos, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de dicha ley”.

Según las abogadas, la víctima tenía derecho a los programas de protocolo de atención consular por violencia de género activados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Aunque el protocolo está dirigido específicamente a mujeres migrantes, ella (Rosa) es una extranjera, y es una mujer. Y sobre todo es una persona a la que se vulneraron sus derechos», argumenta la abogada Boitel, quien también es apoderada de la víctima.

La violación de la estudiante mexicana que trabaja en su tesis y que viajó a España como turista se llevó a cabo en la madrugada del 23 de septiembre, cuando de regreso al hostal fue abordada por un individuo que se alojaba en el mismo establecimiento que ella. Tras conversar y tomar unas cervezas, él intentó propasarse a lo largo del recorrido. Una vez dentro del hostal, el hombre consiguió forzarla y llevarla hasta un recinto donde perpetró la violación.

“Me arrastró a la fuerza a un cuarto que había. Cerró la puerta y allí sucedió todo. Le dije que no. Traté de quitármelo de encima pero no pude. Sentía que mi fuerza no era suficiente para detenerlo y es cuando entré en pánico y me paralicé”, relató Rosa al diario español Público poco antes de retornar a México.

La joven consiguió escapar en un momento dado para ocultarse en uno de los baños donde fue auxiliada por los empleados del hotel que de inmediato reportaron los hechos a la policía que, con la ayuda de Rosa y las imágenes de las cámaras del hostal que grabaron varias escenas de lo sucedido, logró identificar al agresor de origen senegalés, por lo que su captura puede ser cuestión de días.

La estudiante mexicana ha optado por permanecer en el anonimato, temerosa del daño que la situación puede provocar a su familia, en un estado de México muy conservador, según sus abogadas.

“Tengo miedo por ellos. Si lo cuento públicamente van a ser criticados y van a decirles que me pasó por dejarme venir sola. También pueden decir que me lo he inventado todo. La misma sociedad mexicana es así. En lugar de defender a la víctima, te cuestionan”, confesaba al diario español.

Agencias