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Carolina del Norte, 21/02/17.- Los legisladores de Carolina del Norte están sopesando de nuevo si castigarán a los gobiernos locales en caso de que no cumplan con las leyes federales de inmigración, o si tienen políticas que desalienten a la policía de recolectar datos sobre el estatus migratorio de sospechosos y de otras personas.
Varios republicanos de la Cámara de Representantes han interpuesto un proyecto de ley que les ordenaría a las autoridades estatales retener gran cantidad de dinero de los contribuyentes para que no llegue a los gobiernos municipales y de los condados que no se apeguen a una ley estatal de 2015 que prohíbe las llamadas políticas «santuario».
«Todo lo que este proyecto de ley hace aquí es establecer las consecuencias», dijo el representante republicano Harry Warren, uno de los patrocinadores de la legislación, el martes a una comisión judicial de la Cámara Baja.
El panel analizó la medida, recibió comentarios públicos de varios opositores, pero no la sometió a votación. El proyecto de ley llega en momentos en que hay un debate nacional sobre el decreto del presidente Donald Trump acerca de la inmigración, cuyo gobierno anunció el martes amplias reestructuraciones a las políticas para aplicar las leyes en ese sentido.
La propuesta legislativa también incrementaría las sanciones de tipo penal para las personas que vendan licencias de conducir falsas o fraudulentas u otras tarjetas de identificación, y también dificulta que las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos sean liberadas de la cárcel antes de que se le enjuicie penalmente.
Warren dijo que su proyecto de ley y las medidas para controlar la inmigración aplicadas en el pasado pretenden un «equilibrio entre encargarse de aquellos en la comunidad indocumentada que están involucrados en actividades delictivas y los que su único delito es acudir al país sin documentos».
Agencias
