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2/05/2018 – Hermosillo.— A través de una serie de juicios de extinción de dominio, el gobierno de Sonora buscará expropiar más de 561 millones de pesos en propiedades al ex gobernador panista Guillermo Padrés y sus funcionarios del sexenio pasado, informó el Fiscal General de Justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca.
Fuentes del caso detallaron que entre estas propiedades se encuentra Rancho Pozo Nuevo, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe, valuado en 165 millones 158 mil 115 pesos, el cual fue centro de polémica en 2015 por una presa que construyó indebidamente el ex mandatario y que posteriormente hizo desaparecer.
La versión del ex gobernador fue que el huracán Odile la derrumbó con una sobrecarga de agua; sin embargo, los moradores del lugar aseguraron que escucharon un fuerte estruendo y siempre han sospechado que el ex gobernador dinamitó la obra para obstaculizar la investigación de personal de Conagua y Profepa.
Otras de las propiedades que están en la mira de las autoridades sonorense es El Derrumbadero, que se encuentra en Arizpe, con valor de 87 millones 375 mil 502 pesos y la Hacienda Rústica Caballerizas, en el Ejido San Pedro, municipio de Hermosillo, con avalúo de 39 millones 094 mil 701 pesos. Todas son propiedad del ex gobernador Guillermo Padrés Elías.
Los otros funcionarios. También se buscará expropiar la Hacienda Turística Temporal de Pascual Díaz, del ex Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, con un valor de 37 millones de pesos, el cual se encuentra ubicado en el ejido La Victoria, municipio de Hermosillo.
A Mónica Paola Robles Manzanedo, ex diputada panista y esposa del ex secretario de Gobierno, se le interpondrá juicio de extinción de dominio de una casa habitación ubicada en el Fraccionamiento Tosali, en Hermosillo, valuada en un millón 825 mil pesos, así como un predio rural a la altura del kilómetro 11 de la carretera estatal 362 Navojoa-Huatabampo, con valor de 12 millones de pesos y una vivienda en Navojoa con valor de 820 mil 950 pesos.
Al ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Villalobos Organista, se le buscará expropiar en total cinco inmuebles. Un predio comercial, con valor en escritura de 47 millones 880 mil 600 pesos, un condominio de 2 millones 654 mil 540 pesos, y tres casas. Una por un millón 357 mil pesos, otra de un millón 357 mil pesos y una más, po 3 millones 800 mil pesos, en Hermosillo.
Al ex dirigente del PAN en Sonora, Juan Bautista Durazo, se le interpondrá juicio por un predio urbano en Paseo Río Sonora, de Hermosillo, valuado en 4 millones 410 mil 406 pesos.
El anuncio de los juicios de extición de dominio lo realizó el fiscal sonorense en marco de la puesta en marcha de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (UNIPAF) de la Fiscalía de Justicia del Estado, que encabezó la gobernadora Claudia Pav- lovich Arellano; el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez; el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza, y la titular de la nueva unidad, Alejandra Santiago Sainz.
El fiscal estatal enfatizó que ante el patrón replicado por las diversas personas investigadas de promover amparos ante jueces federales, entorpeciendo así la procuración de justicia, se buscaron nuevos instrumentos para dar respuesta.
“Como han de imaginar en el curso de esos amparos los quejosos promueven abundantes recursos, que retrasan a lo largo de mucho tiempo la emisión de la resolución del fondo, y por tanto ha impedido que la Fiscalía Anticorrupción haya podido ejercitar acción penal en múltiples casos, con lo cual se ha entorpecido y obstaculizado la procuración de justicia”, afirmó al señalar que esta nueva Unidad no tendrá ningún costo adicional al erario.
El Fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza Valdez, señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ofrece como una de sus ventajas la reparación del daño, lo cual es fundamental en los casos de corrupción que se investigan “recuperar lo que indebidamente se llevan los que traicionan la confianza de los ciudadanos, es lo justo”.
Extinción de dominio. El jueves 26 de abril, la gobernadora Claudia Pav- lovich Arellano promulgó el decreto por el cual se reconoce la competencia de jueces en materia de extinción de dominio, luego de ser aprobado por el Congreso de Sonora.
Con esta promulgación, Sonora adopta una de las medidas más contundentes en la persecución de delitos cometidos por servidores públicos, puesto que con la extinción de dominio se podrá perseguir los bienes que se hayan adquirido de manera ilícita con recursos públicos.
Agencias
