Así se aprobaron los recortes al campo

Como advirtió desde que era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador impuso a través de los diputados morenistas un bloqueo presupuestal a las organizaciones campesinas, a las que considera intermediarias entre los programas sociales y los productores. El gobierno federal justificó el cambio de las políticas agrarias con un análisis sobre la ineficiencia de los anteriores mecanismos de financiamiento al campo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La parálisis legislativa, motivada entre varios factores por las organizaciones campesinas que se plantaron en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, manchó el ambiente de las fiestas revolucionarias con un conflicto que retrasó la aprobación del presupuesto federal para 2020.
De manera inédita, las organizaciones Antorcha Campesina, Frente Amplio Campesino (FAC), Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Congreso Agrario Permanente (CAP), superaron sus diferencias históricas al menos unos días, para exigir a los diputados una reasignación de los presupuestos que por su conducto se destinaban al campo a través de programas federales que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no contempló.
Desde el periodo de transición, como presidente electo, López Obrador advirtió que en su gobierno se terminarían los intermediarios, de manera que organizaciones sociales y, en general, de la sociedad civil, ya no recibirían fondos federales porque el gobierno los entregaría directamente a los beneficiarios.

Se acabaron los intermediarios
El 22 de septiembre de 2018, ya con constancia de mayoría y una actividad frenética que parecía adelantar el ejercicio de gobierno, el mandatario reiteró lo que venía diciendo desde la campaña: “Se acabaron los intermediarios, nada de que vengo de la Antorcha Mundial… habrá apoyos directos con tarjeta, ya no vamos a requerir a los intermediarios”.
En el primer trimestre de gobierno, sobre todo al calor de polémicas por la cancelación de recursos para estancias infantiles, expuso que los recursos se quedaban en gran parte en los intermediarios y no llegaban a los beneficiarios últimos. Su solución sería reducir el número de programas, crear nuevos padrones de beneficiarios y entregar apoyos bancarizados directamente de la Tesorería de la Federación a cada destinatario.
A esa medida se sumó un adelgazamiento administrativo que, de 150 programas existentes hasta 2018, se redujeron a siete, con la idea de la austeridad y, en el caso concreto de las políticas agropecuarias, de evitar la dispersión de recursos y con eso ampliar la cantidad de beneficiarios.
Esas medidas se habían perfilado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y los efectos se empezaron a percibir para las organizaciones campesinas a lo largo del año, por lo que en diferentes entidades federativas, e incluso en la Ciudad de México, marcharon en demanda de fondos.
La segunda semana de agosto las organizaciones campesinas expresaron su inconformidad: el día 8 la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) marchó al Zócalo; el 9 lo hizo la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas. En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó movilizaciones prácticamente cada mes desde noviembre de 2018.
El reclamo, planteado en diferentes términos, era básicamente un incremento presupuestal para atención al campo.
Nunca todas esas organizaciones, de distinta orientación política, se habían sumado para reclamarle a un gobierno su abandono, como ocurrió desde el domingo 10, cuando iniciaron el cerco a San Lázaro para convertirse en el segundo movimiento, en apenas tres meses, con capacidad de paralizar al Legislativo y obligarlo a cambiar su sede, luego de que en septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hiciera lo mismo por la reforma educativa.

Historiales, influencia y cerco
Las dos organizaciones con mayor presencia y resistencia en el cerco a San Lázaro son históricamente antagónicas: Antorcha Campesina, de ascendente y filiación priista, y la coalición de organizaciones integradas en el FAC, más relacionado con las izquierdas partidistas que en 2018 apoyaron la candidatura de López Obrador.
Antorcha Campesina ha logrado acumular ingentes recursos, no sólo por los subsidios que gestionaba, sino también porque desarrolla actividades empresariales que van desde gasolinerías, hoteles, restaurantes, universidades y, naturalmente, cuotas de poder concedidas por el PRI, que le permiten tener representación legislativa y control de ayuntamientos en varias entidades federativas. Incluso tiene tres diputados federales: Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Campos Córdova y Eleusis Córdova Morán.
Los antorchistas, bajo el liderazgo de Aquiles Córdova, poseen al menos 40 estaciones de servicio en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México; las universidades privadas Centro Universitario Chimalhuacán y Centro Universitario Tlacaélel; incursionan en obra pública con la constructora Acabados Arquitectónicos Frank, que en el recuento más reciente realizado por Noticieros Televisa obtuvo mil 567 pequeñas obras de infraestructura en las zonas donde tiene presencia territorial: es decir, consiguió obras para sus agremiados y los contratos para construirlas.
El FAC, como también lo hicieron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón, apoyó a López Obrador en 2018. De hecho, la situación del FAC y estas dos últimas organizaciones motivaron divisiones en la bancada de Morena y sus aliados, aunque finalmente fueron superadas.
Proceso obtuvo copia del documento base de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, en el que, a partir de un análisis de los últimos 16 años, concluye que urge el cambio en las políticas.
El documento, que incluye las expectativas de las organizaciones campesinas para refutarlas, se titula Reflexiones sobre el Proyecto de Presupuesto de 2020 para el Campo Mexicano. En su tercer apartado, “Razones para el cambio de política en el campo”, justifica la decisión de recortar programas.
El análisis contempla de 2003 a 2018. Por ejemplo, a partir de una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria fechada en 2006, señala que dos de cada tres personas habían recibido un solo apoyo o ninguno, de manera que no tenía sentido mantener su estructura.
En el segundo punto, basado en estudios de Coneval y de Sagarpa, se afirma que “la influencia y poder de diversos actores” concentraba los apoyos en la atención “de sus intereses y agrupaciones”, por lo que al contrastarse con otras mediciones, no sirvieron para mejorar las condiciones de vida de la población objetivo.
Con estudios de Sagarpa, Coneval y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el documento establece que 80% de los proyectos productivos en esos 16 años superaron los tres años de permanencia; como en el caso anterior, advierte que ningún programa mejoró la calidad de vida ni la productividad de los beneficiarios.
El cuarto punto se fundamenta en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Coneval, que “observan la alta concentración de los subsidios productivos y de financiamiento”.
El estudio establece que en zonas de Muy Alta Marginación se invertían en promedio 5 mil 483 pesos por persona, mientras que en municipios de Baja Marginación, es decir, los más ricos, el apoyo promediaba 43 mil pesos.
El documento destaca que la mayoría de los recursos estaban destinados a bienes privados y no a bienes públicos: dejaba sin infraestructura y servicios a las comunidades, pero beneficiaba a un gran productor. También advierte que las reglas de operación fueron barreras para los campesinos más pobres.