AMLO y los militares: no se avizora cambio alguno

28/08/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- “El rescate del Estado implica la reconstrucción de la organización del territorio y del poder político, con la participación de los ciudadanos… proveyendo ?las condiciones necesarias para garantizar derechos humanos, individuales y sociales.”
Proyecto de Nación 2018-2024 (Morena-AMLO).
Bogotá: Del desencuentro al triunfo tutelado
Con el resguardo del Estado Mayor Presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió su constancia como presidente electo el 8 de agosto y, de no hacer un replanteamiento de fondo respecto del principio de supremacía civil (como lo muestra su visita a Lomas de Sotelo y a Coyoacán el 22 y el 23 de agosto, respectivamente), continuará su tránsito hacia el ejercicio de un poder que terminará tutelado por los militares del país.

Descalificaciones
Atrás, al menos para el presidente electo, quedaron las descalificaciones de los secretarios de Defensa y Marina, quienes lo ridiculizaban como candidato y no dudaron en expresar su desdén ante su protagonismo como “actor social” (así calificado en boletines y discursos). También quedó atrás el adjetivo de “matraquero” endilgado por AMLO al general de cuatro estrellas (en la peculiar formalidad militar mexicana sólo hay uno, el titular de la Sedena) cuando el uniformado, en su indebida campaña política, se aprestó a recibir un doctorado honoris causa por una universidad pública (bajo la “recomendación” de un sector castrense), como parte de la cobertura de propaganda a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
A diferencia del grueso de ofertas de campaña que lo llevaron al triunfo, AMLO se pronunció, por un lado, con ambigüedad (no usar la ley para reprimir movimientos sociales) respecto de las amplias atribuciones militares con la aprobación y vigencia de la LSI. Una ley severamente cuestionada e impugnada, dentro y fuera del país, por sus vicios de inconstitucionalidad y el grave riesgo que representa para las garantías ciudadanas y los derechos humanos de la población. Por otro lado, a partir del 2 de julio, AMLO ha omitido siquiera revisar su pertinencia y menos derogarla, como debería hacerlo a la luz de las demandas de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y otras, como la CNDH y la misma ONU.
Llama la atención el silencio de los críticos de la LSI, organizados y en lo individual, luego del triunfo electoral de AMLO, que no persisten en su reclamo por echarla abajo, sabedores de que el gobierno entrante continuará con esquemas fracasados, creados e impulsados por sus predecesores, como el mando único policial.
Todo indica que los mecanismos intrusivos y antidemocráticos de la LSI serán la base para aspirar al modelo estadunidense de Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security)… pero “a la mexicana” porque, además de constituir la moneda de cambio castrense de control político y social al servicio del gobierno entrante, serán los militares el factótum de la nueva hegemonía de poder sin contrapesos reales ni formales. De ahí la retórica de “esperar” a que la Suprema Corte “decida” sobre una ley que ya se aplica desde diciembre pasado (véase la entrevista: Durazo ofrece verdad y justicia. El país un panteón, Proceso 2181), olvidando que se trata de la misma Corte que aprobó la jurisprudencia que les dio el disfraz de policías a los militares bajo la coartada del confuso concepto de “seguridad interior” que figuraba sólo en leyes orgánicas castrenses.
El documento sustantivo de la campaña del presidente electo fue el Proyecto de Nación 2018-2024, cuyas 461 páginas son escasas, generales u omisas, dependiendo, en lo que atañe a la agenda de seguridad y defensa, la función militar y sobre el análisis de su desempeño.
Entre otras cosas, la LSI ni siquiera es mencionada, en tanto que la “Guardia Nacional” –ya cancelada, según señaló Alfonso Durazo, el próximo titular de Seguridad Pública, el miércoles 15– fue desvirtuada en su concepto civilista original para dejarla en manos castrenses, tal como lo habían anunciado voceros oficiosos del Ejército y la Marina (Íñigo Guevara, El Heraldo de México, 10 de julio de 2018).
El complejo Mx “sui generis”:militares intocables
En 1946, con la culminación del proceso civilista del poder en México, los militares fueron acotados del ejercicio político con prerrogativas y privilegios otorgados por el presidente mismo (con reglas escritas y no escritas). Todo a cambio de la lealtad e incondicionalidad castrense de servir al Ejecutivo federal (civil) y a su camarilla gobernante, incluso recurriendo a la fuerza represiva en nombre de la razón de Estado (ahora se dice que de la seguridad nacional e interior), y así garantizar la hegemonía y el control del país.

Gobernanza autoritaria
Ese sería el modelo sintético de la gobernanza autoritaria o semidemocrática que privó durante más de seis décadas en el país y que llevó a justificar, en el discurso y la práctica política, la ausencia de reforma del sector de la defensa (Ejército y Marina), tal y como ocurrió en el hemisferio y en otras latitudes donde se vivieron regímenes autoritarios y/o dictaduras represivas (militares o civiles con el apoyo castrense), al despuntar la ola democratizadora en los ochenta y noventa.
Se decía, y se dice, que no haber pasado por una dictadura militar (salvo el lejano golpe de Victoriano Huerta en 1913) era razón suficiente para no revisar siquiera las condiciones de los militares y su relación con el poder civil en México, el papel y el perfil que debían tener en un proceso de transición democrática y, posteriormente, en su consolidación. Esto resultó en más autonomía militar en detrimento del desarrollo democrático del país.
En la práctica, la ignorancia y/o miopía de gobernantes e intelectuales permitió, entre otras cosas, que en los últimos 25 años los militares mexicanos no sólo evitaran cambios según las exigencias de su papel en la transición política, sino que trastocaran un pacto no escrito (cuyo origen se remonta a 1928) con características clientelares y corporativas: ensancharon sus prerrogativas económicas, políticas y legales con garantías de impunidad gracias a su involucramiento, tanto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (antes lo fue contra la guerrilla rural y urbana), como en el “apoyo” a enfrentar la crisis de seguridad que ha hundido al país en la violencia.

Share Button