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28/11/2017 – Al pronunciarse en contra de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, los representantes de más de 80 organizaciones civiles que integran el colectivo Seguridad sin Guerra, demandaron que el debate se concentre en construir corporaciones de policía eficaces, que impidan la violación de los derechos humanos y fortalezcan la seguridad pública, porque existe el riesgo de que el Legislativo se precipite con un “albazo” al aprobarla tal como está.
Al señalar que no están en contra de las Fuerzas Armadas, demandaron que la atención política y legislativa se centre en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, en lugar de perpetuar y arraigar el despliegue del Ejército y la Marina.
José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicaron que la propuesta, tal como está en el Congreso, “es inconstitucional porque se legaliza la violación a los derechos humanos. De acuerdo con la ley, los militares pueden detener y poner a disposición de la autoridad competente a las personas con las que se encuentren cometiendo un delito, pueden disparar y hacer uso de la fuerza letal.
“En la Cámara de Diputados, el proceso ha seguido avanzando en condiciones de mucha opacidad, está ya citada una reunión de la Comisión de Gobernación, que preside la diputada Mercedes Guillén Vicente, para el jueves, por eso hablamos de un ‘albazo’, porque vemos una precipitación en el proceso legislativo”, dijo Santiago Aguirre, miembro del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Se alertó que de seguir dependiendo del Ejército y la Marina, no se fortalecerían las instituciones de seguridad pública, porque tan sólo se contribuirá al desgaste de las Fuerzas Armadas, además de que normalizar su intervención en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación de inseguridad.
El colectivo propuso cinco puntos que se deben considerar en la aprobación de la ley: primero, respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional.
Segundo, la “adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional”. Como tercer recomendación señaló que “es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno”.
En cuarto lugar aseguró que proponen “reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria”, y como quinto punto pidó “cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas”.
Agencias
