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Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en materia migratoria ante los riesgos que implica el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país.
La organización advirtió que la detención masiva de migrantes y solicitantes de asilo sin una evaluación previa individualizada viola el derecho internacional, pues socavan las garantías de las personas que huyen de su país a buscar protección internacional y también su derecho al debido proceso.
De igual forma plantea que la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro, viola el derecho internacional, por lo que estas medidas ponen en un grave riesgo a familias y niños y niñas migrantes.
Amnistía Internacional ha recibido información basada en testimonios de personas detenidas en este tipo de operaciones, quienes relatan que fueron detenidas en los autobuses en el aparcamiento de la estación migratoria durante al menos ocho horas sin comida ni agua, sólo para ponerlas bajo custodia de las autoridades competentes.
Esto resulta especialmente inquietante por los cientos de niños, niñas y bebés que corren peligro de ser detenidos en condiciones que pondrían su salud física y mental en grave peligro y violarían las leyes mexicanas que prohíben detener a menores en centros para migrantes.
Estas tácticas de “mano dura” vienen a sumarse a una serie de respuestas cada vez más rígidas a las miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México en las últimas semanas, que han incluido mantener a las personas solicitantes de asilo detenidas durante meses en celdas concebidas para estancias de 48 horas y deportaciones aceleradas, sin permitir que los migrantes accedan a asistencia letrada o conozcan adecuadamente sus derechos.
El 6 de junio, el gobierno mexicano anunció que las tácticas de mano dura continuarán con el despliegue de 6 mil agentes de la Guardia Nacional en su frontera sur para responder a la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se calcula que entre 400 mil y 500 mil personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas.
Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo, quienes huyen a causa de las situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países.
Agencias
