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Barcelona, 07/12/18.- La Agencia Tributaria de España cerró el caso sobre las cuentas de Shakira y determinó que la cantante defraudó presuntamente 14.5 millones de euros a Hacienda, entre 2012 y 2014, por lo que deberá enfrentar causa penal.
La Fiscalía que lleva el caso informó a los representantes legales de la artista que en próximos días presentará una demanda ante un juez por tres delitos de fraude fiscal.
En el proceso que ha llevado hasta ahora la cantante, se argumenta que desde 2011 la colombiana radica en España y la ley determina que, si un ciudadano pasa la mitad del año en ese país, se le debe considerar residente a efectos fiscales, pero ella evadió esa obligación al simular radicar en Las Bahamas.
La defensa de la intérprete está en desacuerdo, ya que la Fiscalía no ha podido comprobar que ella pasa más de la mitad del año en España, pues ha tenido ausencias esporádicas que son consideradas en el artículo 9 de la ley tributaria y que la autoridad no está tomando en cuenta.
“Es la primera vez que se interpreta de esta forma. Primero tendrían que haber probado que vivía aquí, y no lo han hecho”.
En un comunicado, los voceros de la estrella pop negaron que haya alguna deuda y expresaron la disposición de la artista a resolver el problema.
“(Shakira) tiene una actividad profesional muy intensa y fuera de España. Su estructura familiar es muy diferente de los modelos convencionales y ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar”.
Shakira se defiende
La cantante colombiana Shakira ha defendido este viernes que ha cumplido “con todas sus obligaciones tributarias” con España y no tiene ninguna deuda con la Hacienda española, ante las discrepancias de criterio con el fisco respecto a su situación fiscal y una posible querella de la Fiscalía, según un comunicado.
Según ha informado la Fiscalía de Barcelona en una nota este viernes, por el momento no ha ejercido acciones respecto a la artista y en estos momentos se encuentra en estudio de las presuntas irregularidades fiscales en que hubiera podido incurrir a fin de tomar una decisión, en unas diligencias cuyo plazo expira este diciembre.
En un comunicado, la cantante ha recordado que tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria debía abonar, procedió “a pagarlo en su totalidad y, por tanto, actualmente no existe ninguna deuda” y ello demuestra su disposición a solucionar la discrepancia.
Argumenta que su caso es único porque es una ciudadana extranjera en España cuyos ingresos proceden en su práctica totalidad (96 por ciento) del extranjero, y asegura que siempre ha mantenido una conducta “intachable”.
“Hay que tener en cuenta que Shakira tiene una actividad profesional muy intensa y fuera de España y, por tanto, su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales”, dice el comunicado, y por eso hasta 2015 nunca pasó más de 183 días en España, lo cual está comprobado, e incluso pasaba largas temporadas con sus hijos en otros países y singularmente en Estados Unidos, de donde procede la mayor parte de sus compromisos laborales.
Según ella, al no existir ya deuda tributaria pendiente, “el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España”.
Según Hacienda, a partir de 2011 Shakira debería haber declarado como residente en España y tributado al fisco español, por lo que considera que puede haber incurrido en un presunto delito agravado por el importe defraudado y gravado con dos años de condena, pese a que en el caso del año 2011 ya habría prescrito.
Un año de investigación
A partir de las conclusiones de Hacienda, la Fiscalía abrió una investigación hace un año, y se prevé que en breve informe de si presenta una querella contra ella por delito fiscal o si archiva el caso.
Según explicó en su día la Fiscalía, la cantante afirma haber residido más de seis meses al año durante el periodo investigado en determinados paraísos fiscales “cuando es de conocimiento público que no es así”.
Las diligencias parten de una denuncia de la Agencia Tributaria de finales de 2017, cuando la inspección decidió remitir la información a los fiscales.
La acusación se centra en la residencia fiscal de Shakira, ya que entre 2011 y 2014 se mantuvo como residente fiscal fuera de España, hasta que en 2015 estableció su residencia en España a todos los efectos.
Agencias
