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El Comité de Supervisión de la Cámara Baja de EU aprobó una resolución de desacato en contra del secretario de Comercio, Wilbur Ross y del fiscal general de EU, William Barr, por haberse negado a entregar al Congreso información relativa a una nueva pregunta sobre ciudadanía incluida en el censo.
La medida fue aprobada por una votación del comité que se saldó con 24 votos a favor -todos demócratas y un republicano, Justin Amash, y 15 en contra -todos republicanos-.
Ross reaccionó a la votación emitiendo un comunicado en el que calificaba de «vergonzosos» los supuestos «ataques» contra la Administración que cada semana lleva a cabo la oposición.
«Ni siquiera creo que los miembros del Congreso puedan saber qué comité está llevando a cabo otro juicio espectáculo en un día cualquiera», criticó el titular de la cartera de Comercio.
Ahora esta resolución deberá pasar al pleno de la Cámara Baja y, en caso de ser respaldado por la mayoría, el presidente del comité de Supervisión, Elijah Cummings, podría pedir a un tribunal federal que obligue a esos funcionarios a entregar al Congreso los documentos sobre la pregunta de ciudadanía en el censo.
Esta posibilidad supondría un revés para el presidente Donald Trump, que invocó el «privilegio ejecutivo», una doctrina que permite al presidente de EU evitar la difusión de materiales que utiliza la rama ejecutiva, para vetar la entrega de dichos documentos, según confirmó el Departamento de Justicia.
La inclusión de esa cuestión en el formulario ha inquietado a los demócratas, que temen que intimide a los inmigrantes indocumentados y provoque una disminución de la participación en el censo de la población de Estados Unidos, que se elabora cada diez años.
Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EU y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La polémica se ha visto avivada en las últimas semanas a raíz de que saliera a la luz un informe elaborado hace años por un asesor republicano ya fallecido en el que precisamente recomendaba la inclusión de esta pregunta para poder rediseñar algunos distritos electorales de manera que beneficiara al partido conservador.
El tema está en manos del Tribunal Supremo, que espera tomar una decisión pronto al respecto, y mientras tanto, el gobierno de Trump comenzó este martes un programa piloto para el censo con dos formularios distintos: uno que incluye la pregunta de ciudadanía y otro que no la contiene.
Agencias
