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24/09/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- Presos desde noviembre de 2014 acusados por la Procuradurá General de la República (PGR) de haber ordenado la detención de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, podrían quedar en libertad gracias a la sentencia sobre el caso Ayotzinapa emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas el pasado 4 de junio.
El fallo determinó que las declaraciones de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en las cuales se sustentó “la verdad histórica” del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fueron obtenidas a base de torturas; incluso uno de ellos ya obtuvo su libertad.
En entrevistas por separado, Luis Argüelles Meraz, abogado del matrimonio Abarca-Pineda, y la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, quien está emplazada para ser la secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, están de acuerdo con la resolución del tribunal, pues coinciden en que la tortura se volvió una práctica cotidiana en el país.
La resolución, que comprende la orden de reponer el poceso y crear la Comisión de la Verdad y la Justicia, faculta a los familiares de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para intervenir en la investigación que deberá de llevar un nuevo Misterio Público. La PGR argumentó que por mandato constitucional sólo a ella le corresponde la investigación de los delitos.
Además, la resolución ordena al presidente Enrique Peña Nieto destinar recursos a los fines mencionados y sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones cometidas durante la investigación.
En respuesta, el gobierno de Peña Nieto movió a todo el aparato de Estado en contra del fallo y el pasado 18 de junio logró que el magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, lo declarara improcedente.
Ahora, el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los cuatro detenidos que involucraron al matrimonio Abarca-Pineda son Marco Antonio Ríos Berber, alias El Cuasi o La Pompi; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro; el policía municipal Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, y Luis Alberto José Gaspar, El Tongo.
El problema es que, según la resolución del Primer Tribunal, ellos declararon bajo tortura. Incluso, nueve días después del fallo, El Tongo fue liberado porque esta era la única carpeta de investigación en su contra.
De acuerdo con Murillo Karam, la noche en que desaparecieron los normalistas éstos se encontraban en Iguala para “botear” y conseguir dinero para la manifestación del 2 de octubre.
Según él, los cuatro detenidos declararon que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra el grupo de estudiantes con el fin de impedir que sabotearan el informe de actividades que ese día rendía su esposa como presidenta del DIF municipal, pues en julio de 2013 los normalistas “ya habían atacado la Presidencia Municipal”.
“Los cuatro testigos también llevaron a la PGR a la detención del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. Él, junto con El Cuasi, El Becerro, El Patachín y El Tongo, declararon que este cártel recibía de Abarca hasta 3 millones de pesos de manera regular, y al menos 600 mil pesos eran utilizados para comprar policías municipales.”
El 5 de julio, a un mes de la liberación de El Tongo, Óscar García Vega, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, consideró que los dos testimonios de Casarrubias tampoco tienen ningún valor probatorio, por las condiciones en las que fueron obtenidos. Sin embargo, Casarrubias no quedará en libertad, puesto que tiene un caso abierto por delincuencia organizada.
Agencias
