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14/02/2019 – Del total de presos en cárceles federales, poco menos de la mitad está en las 13 prisiones administrados por el Estado. La otra mitad está recluida en ocho penales privados, el sistema creado por el gobierno de Felipe Calderón en 2010, cuando la guerra contra el crimen organizado disparó el número de detenidos por delitos federales.
A poco más de seis años de aquel plan que prometía bajar de 690 a 230 pesos el costo diario por preso, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encontró una realidad distinta.
“El presupuesto actual de este órgano oscila entre los 2 mil millones de pesos, pero 80 por ciento se va en pago de los ocho Ceferesos privados”, aseguró. De modo que con el 20 por ciento del presupuesto restante, el órgano debe administrar las otras 13 cárceles federales a pesar de que tienen una población de tamaño similar.
La disparidad entre lo que se gasta en los Ceferesos públicos y privados tiene una explicación, según Garduño Yáñez: “El monto de la inversión que hicieron los gobiernos anteriores estuvo correcta, solamente que el modelo no porque se privatizaron las prisiones y entonces es un modelo neoliberal (al que) ya nada más le faltó privatizar el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República”.
El proyecto del gobierno calderonista, seguido luego por Enrique Peña Nieto, tuvo una inversión de 4 mil millones de pesos para la construcción de penales federales privados en Sonora, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Michoacán y Chiapas.
Se debe cumplir con ese proyecto que generó lo que se conoce como Contratos de Prestación de Servicios, los cuales tienen ahogado al presupuesto del sistema penitenciario federal, lamentó el comisionado.
“Nosotros tenemos los custodios, las reglas, las políticas y el sistema de seguridad. Lo que pagamos a los privados es la infraestructura, la instalación la tecnología. ¿El problema? Son contratos a 25 años”, explica el funcionario.
Agencias
